¿Quien cede la sede?

 

Estamos a pocos días del cabildo paceño, para evitar el traslado de la sede, se dice. O para evitar que se discuta este tema en la Asamblea, porque dividiría a la nación (?). Se quiere un millón de personas, pero eso de un cabildo de a millón me sabe a copia y no le gusta a mi paladar político, acostumbrado a degustar aciertos, antes que guisados con poca sazón.

Debo decir que como paceño a mi no me gusta tampoco el que se plantee un cambio de sede del gobierno nacional. Quiero aclararlo, para evitar interpretaciones distintas por lo que voy a escribir ahora y repetiré hacia delante. Yo, Aliaga de los de Sorata, nacido en Chuquiago Marka a los pies del Illimani, estoy de acuerdo con defender la sede de gobierno en La Paz. Pero debo preguntarme el por qué hemos llegado al extremo de tener que llamar cabildos y hacer movilizaciones, que más que fortalecidos nos muestran preocupados, temerosos y aislados; sobre todo aislados.

Todo constituyente tiene el derecho de plantear alternativas de organización estatal hacia el futuro, los hemos elegido para eso, para que las planteen, las discutan, las defiendan y logren consensos alrededor de sus iniciativas; querer callar una propuesta sería un desatino. Por ejemplo algún constituyente podría plantear sin problemas que la próxima capital sea Capinota o Monteagudo, en circunstancias normales una propuesta así no tendría repercusiones y quedaría como una más, hasta interesante, porque vendría acompañada por argumentos que valdría la pena escuchar y conocer.

Lo que debemos preguntarnos los paceños es qué ha sucedido para que el planteamiento de retornar la sede de gobierno a Sucre haya contado con un apoyo sustancial, que ha fracturado la unidad del MAS en la Asamblea, y ha colocado a La Paz en una difícil situación, ya que parece que se podría conformar una mayoría sustantiva a favor de Sucre, lo que llevaría el tema por lo menos a ser consultado nacionalmente en un referéndum. Yo no dudo que en un caso así existirían condiciones objetivas para que el cambio de sede logre conseguir una mayoría de votos. ¿Lo hicimos tan mal los paceños para merecer esta suerte?

Lo que sucede es que La Paz es el centro de lo que mi amigo Lauro Ocampo llama una asimetría política que impide una solución a la crisis de Estado que vivimos desde hace años, lo que no permite el desarrollo de acuerdos sustanciales, menos aún el concertar un nuevo Pacto Social e institucional hacia el futuro. Es ya imposible sostener una situación en la que desde las laderas y la periferia paceña se imponen autoridades, decisiones y políticas estatales que afecta al conjunto nacional. El gobierno boliviano es un gobierno atrapado en La Paz, donde sesenta mil personas pueden derrumbar un presidente y poner otro, mientras que un millón de ciudadanos pueden manifestarse en otras regiones del país, sin que suceda nada sustancial.

El factor de asimetría, de desequilibrio está dado por la ciudad de El Alto, que rodea, bloquea cuando quiere, y presiona sobre La Paz y su gobierno, que es el gobierno de todos. Ya lo vimos en el voto hace 25 años, cuando la UDP logró imponerse tres elecciones seguidas solo con el voto paceño, cuyo epicentro principal era el voto alteño, lo que significó la inviabilidad del gobierno de Hernán Siles Zuazo. O a la inversa, cuando Carlos Palenque terminó aislando electoralmente a La Paz, frente al país que votaba en otra dirección.

Desgraciadamente y así como en Santa Cruz se ha concentrado un núcleo de personas y grupos que sostienen intereses propios, amparados en un discurso poco democrático en cuanto se expresa a través de organizaciones corporativas (comités, juntas, uniones, etc.) y no se incorpora en las disputa política entre partidos, en El Alto ocurre algo similar. Los intereses legítimos de quienes viven en esa ciudad se expresan a través de instituciones no democráticas y con discursos menos democráticos aún, donde la demanda legítima de un grupo humano asentado en una ciudad, termina por expresarse como una consigna caprichosa de intereses particulares, en este caso étnico-culturales, frente a los cuales es difícil el dialogo y menos el consenso. Peor aún cuando, como ahora, existe un gobierno más allá que complaciente con esa forma de intervención política, sino hasta cómplice con esa vocación.

Si las demandas sociales se expresan a través de las juntas vecinales, o de los comités cívicos, o de los sindicatos, el escenario de la propuesta no es el Parlamento, la Asamblea Constituyente, o el Gabinete gubernamental, porque las asociaciones corporativas no pertenecen a esos escenarios, donde debieran confrontarse con otras organizaciones similares portadoras de otros discursos e intereses. Entonces queda la calle y en la calle no hay dialogo posible.

La defensa de la sede de gobierno desde la ceja de El Alto sobredetermina la voluntad del gobierno nacional, sea porque depende de su apoyo, sea porque debe defenderse de sus ataques. Por eso la actual argumentación paceña es débil, carece de sustento, porque no se puede sostener el derecho paceño de ser y seguir siendo la sede de gobierno porque nos gusta o nos place, porque nos sentimos con el derecho histórico de una imposición violenta hace más de un siglo en la historia, peor aún, porque significa un ingreso de dinero adicional que legítimamente todos tiene el derecho a disputar. O porque costaría mucho el traslado, como si una victoria electoral que lo decidiera no muestre a las claras que quienes votaran estarían dispuestos a solventarla.

La Paz está sola en esta pelea. Si quiere salir de ello debe empezar por reconocer antes que nada, que su proyecto de gestión administrativa nacional se asienta en la capacidad política de la ciudad para garantizar un horizonte plural, multifacético, abierto a las iniciativas que vengan desde todas partes, democrático por excelencia. La Paz ha demostrado con creces tener esas características que le han valido y otorgado el lugar que se merece entre todas las ciudades del país, pero ha producido también un contraproyecto que las ha anulado, la ciudad de El Alto que no se mira desde la nación y que pugna con La Paz por hegemonizar este proyecto desde su sitio, circunstancialmente privilegiado.

Con la mirada chica, sin mirar más allá de sus narices, quienes no quieren al MAS, ni a Evo Morales, encuentran sustento en esa realidad desequilibrada y asimétrica para hacer de la propuesta de traslado de la sede de gobierno una consigna contra el gobierno y su propuesta no democrática, ya demostrada. Ellos saben que si el MAS se encierra en defender a La Paz por sobre todas las cosas, perderá a Chuquisaca y la Media Luna se habrá ampliado definitivamente, al contar con ese departamento y lo que eso pueda influir sobre Potosí y Cochabamba; permitiría una ventaja histórica imperdible. Si el MAS decide por abandonar la pelea atrincherada en el apoyo alteño, perderá La Paz y con ello lo perdería todo.

Así de compleja está la pelea. Personalmente creo que esta vez y nuevamente los paceños tenemos la palabra. Si La Paz quiere discutir la sede con el resto del país sobre un verdadero argumento político que le otorgue ventaja, tiene que reconocer su falencia y poner las cosas en su lugar, es decir, debe poner a El Alto en su lugar, que es fuera de la sede, porque la sede es La Paz, no El Alto.

Los paceños tenemos que producir un proyecto paceño y no alteño de gobierno nacional. Si no, será legítimo el pedido de que es necesario sacar al gobierno desde el centro de lo étnico para reintegrarlo a la nación, porque así como están las cosas este es un país sin gobierno nacional (o imagínese si no, lo diferente que sería el gobierno de Morles Ayma, si este debiera gobernar desde Sucre, o Cochabamba, por no decir Santa Cruz), sino un gobierno etnico-cultural, que concibe a la nación sobre esas bases y no puede, por ello, abrirse a consensuar y construir su hegemonía con y entre todos los implicados. Bolivia merece una capital geográficamente abierta, libre y culturalmente democrática. La Paz tiene de sobra para ello, pero debe volver sobre si misma para conseguirlo.