LA PROPUESTA LIBERAL DE JAIME DUNN

En medio de una crisis económica que amenaza con desbordarse, la propuesta liberal de Jaime Dunn y de su equipo, plantea una batería de reformas estructurales que, en condiciones adecuadas, podrían ofrecer respuestas eficaces y oportunas a los problemas más urgentes del país: estabilizar las finanzas públicas, recuperar la inversión privada y reanimar el aparato productivo nacional. La disciplina fiscal, la apertura comercial, el impulso a la inversión y la modernización digital del Estado no son, en sí mismas, ideas descabelladas. Por el contrario, aplicadas con inteligencia, podrían generar impactos inmediatos sobre el crecimiento, la formalización de la economía y la competitividad.

Pero sería ingenuo —y políticamente irresponsable— suponer que basta con esas recetas para encarar la magnitud de nuestros problemas. Bolivia no es Dinamarca ni puede serlo por decreto. En un país donde persisten desigualdades profundas, donde millones de personas sobreviven al filo del abismo, donde el acceso a la educación y a la salud sigue marcado por la exclusión territorial y social, un Estado mínimo puede convertirse en un Estado ausente, y con ello, en una condena para los más vulnerables. Quitar subsidios sin construir antes redes de protección social, precarizar aún más el trabajo en nombre de la flexibilidad, privatizar aceleradamente servicios esenciales o ceder el control de sectores estratégicos al mercado sin regulaciones fuertes, no solo es una receta riesgosa: es un pasaje directo al estallido social y a la consolidación de privilegios.

No se trata de elegir entre el estatismo asfixiante del pasado reciente o una utopía mercantilista sin frenos. Esa es la trampa de nuestro péndulo catastrófico, que nos ha hecho oscilar durante un siglo entre dogmas opuestos, sin resolver lo esencial. Lo que el país necesita no es una nueva fe, sino un nuevo equilibrio. Un pacto por la modernización, sí, pero con justicia social; por la libertad, sí, pero con cohesión nacional; por la eficiencia, sí, pero con protección a quienes más necesitan del Estado.

Porque una economía libre solo puede sostenerse en una sociedad ilustrada, y una sociedad libre necesita de un Estado democrático que no la abandone, sino que la acompañe, que la regule sin asfixiarla, que la proteja sin tutelarla. Ese es el pacto pendiente: uno donde el mercado y el Estado se reconozcan como instrumentos al servicio de las personas y no como enemigos a exterminar.

Solo así —sin falsas dicotomías, sin dogmas, sin nostalgias ni iluminismos tardíos— podremos ser dueños, por fin, de nuestro destino.