LA SEGUNDA VUELTA, una senda peligrosa hacia la ingobernabilidad

La segunda vuelta electoral suele presentarse como una conquista democrática indiscutible. Parece simple, limpia, casi pedagógica, si nadie gana con mayoría suficiente en la primera votación, que el pueblo decida entre los dos primeros. Así, se dice, el Presidente llega con más legitimidad, con una mayoría clara y con un mandato popular más fuerte. En teoría suena impecable. En la práctica, sobre todo en regímenes presidencialistas fragmentados como el boliviano, puede convertirse en una trampa institucional, elegante, pero trampa al fin.

El problema no está en que el pueblo vote dos veces. El problema está en que la segunda vuelta puede producir una mayoría presidencial que no corresponde a una mayoría política real. El Presidente gana con más del cincuenta por ciento de los votos en la segunda ronda, pero su partido o alianza sigue siendo, en el Parlamento, lo que fue en la primera, una fuerza parcial, incompleta, minoritaria o apenas primera entre varias minorías. La ciudadanía le entrega la banda presidencial, pero no necesariamente le entrega una mayoría legislativa, ni una coalición social, ni un bloque territorial, ni una comunidad política suficientemente cohesionada para gobernar.

Ese es el nudo de la cuestión. En Bolivia, la segunda vuelta no corrige la fragmentación política producida en la primera; más bien puede encubrirla bajo la ilusión de una victoria contundente. El caso de Rodrigo Paz Pereira es ilustrativo. El Partido Demócrata Cristiano llegó primero en la primera vuelta, pero con alrededor de un tercio de los votos válidos, y luego ganó la Presidencia en el balotaje frente a Jorge “Tuto” Quiroga. Sin embargo, esa victoria presidencial no vino acompañada de una mayoría parlamentaria propia. El propio Órgano Electoral informó que el PDC (enrealidad una coalición variopinta)) alcanzó 60 legisladores sobre un total de 166, es decir, la primera fuerza, sí, pero no una mayoría capaz de sostener por sí sola un gobierno estable.

La segunda vuelta le dio a Rodrigo Paz una legitimidad formal indiscutible, pero no le dio una arquitectura de gobernabilidad. Y en política, como en las casas antiguas de La Paz, una fachada bonita no impide que se caigan las paredes si los cimientos están mal puestos. Un Presidente puede ganar la segunda vuelta y, al mismo tiempo, quedar prisionero de una Asamblea donde necesita negociar cada ley, cada crédito, cada reforma y cada salida de emergencia. Si negocia tarde, negocia débil. Si negocia mal, se vuelve rehén. Si no negocia, se queda solo.

Antes, con todos sus defectos, el sistema boliviano obligaba a resolver ese problema antes de la posesión presidencial. Cuando ningún candidato alcanzaba mayoría absoluta, el Congreso elegía al Presidente entre los más votados; hasta la reforma de 1994, entre los tres primeros, y luego entre los dos primeros. Era un mecanismo híbrido, una mezcla imperfecta de presidencialismo y parlamentarismo. Se lo criticó con razón por abrir paso al cuoteo, a pactos poco transparentes y a negociaciones entre cúpulas. Pero tenía una virtud que hoy empieza a verse con nostalgia institucional, obligaba a construir una mayoría antes de gobernar.

No se trataba solamente de repartir ministerios, aunque también se repartían, porque la política, digámoslo sin escandalizarnos demasiado, siempre distribuye poder. Se trataba de asegurar que el Ejecutivo naciera con respaldo parlamentario suficiente, con compromisos previos, con responsabilidades compartidas y con una coalición que, al menos durante un tiempo, asumiera el costo de gobernar. Ese acuerdo previo podía ser criticable, incluso antipático; pero era visible, reconocible y operaba como soporte de gobernabilidad.

El ejemplo clásico es Jaime Paz Zamora. Llegó tercero en las elecciones de 1989 y, sin embargo, fue elegido Presidente por el Congreso gracias a un acuerdo parlamentario con ADN y CONDEPA. A muchos les pareció una pirueta inadmisible de la democracia pactada. Y, sin embargo, su gobierno terminó siendo, si no el mejor de la etapa democrática, probablemente uno de los más estables y con menor conflictividad relativa. No porque el país hubiera dejado de tener problemas, sino porque el gobierno había nacido de un pacto político previo, con actores que ya sabían qué ganaban, qué cedían y qué responsabilidad asumían.

La comparación con Rodrigo Paz Pereira resulta inevitable, casi cruel, aunque políticamente necesaria. El padre llegó tercero, pero gobernó con una coalición armada antes de asumir. El hijo ganó la segunda vuelta, pero quedó atrapado en una gobernabilidad posterior, incierta, tardía y vulnerable. Jaime Paz tuvo que aceptar desde el inicio la lógica del acuerdo. Rodrigo Paz, en cambio, pareció creer que la victoria de balotaje bastaba para ordenar el país. Y no bastaba.

La segunda vuelta, además, produce otro efecto delicado, muchas veces transforma el voto afirmativo en voto defensivo. La gente no vota necesariamente por quien gana, sino contra quien podría ganar. En el caso de Rodrigo Paz, una parte muy importante de su victoria no expresó una adhesión doctrinaria a su candidatura, ni una confianza plena en su programa, ni una entrega emocional al nuevo liderazgo. Expresó, más bien, el deseo mayoritario de impedir el retorno de una derecha percibida por amplios sectores populares, andinos, indígenas y de izquierda democrática, como excluyente, oligárquica o restauradora.

Ahí comienza la fragilidad. Cuando un Presidente llega al poder por un voto defensivo, debe cuidar con especial delicadeza a quienes lo apoyaron sin pertenecerle. Debe entender que no recibió un cheque en blanco, sino un mandato condicionado, “te votamos para evitar algo peor, pero no para que luego gobiernes con aquello que quisimos evitar”. Si después de ganar se aproxima demasiado al adversario derrotado, si organiza su gobernabilidad alrededor de quienes no fueron la base decisiva de su triunfo, si parece rodearse de las élites que buena parte de su electorado temía, el vínculo moral con ese voto defensivo se rompe con rapidez.

Eso es lo que hoy parece estar ocurriendo. La población andina, sectores populares, organizaciones sociales y parte del mundo que votó por Rodrigo Paz para cerrar el paso a Tuto Quiroga sienten que su confianza fue utilizada y luego abandonada. No todos protestan por la misma razón, ni todos buscan lo mismo, ni todo puede explicarse por conspiraciones. Hay intereses, por supuesto; hay actores que quieren aprovechar el río revuelto; hay cálculo, presión, resentimiento y también defensa de privilegios heredados del tiempo masista recién acabado. Pero reducir todo a una maniobra oscura del Chapare es una comodidad analítica peligrosa. Las protestas expresan también una crisis de representación, de escucha y de confianza.

La situación actual muestra esa mezcla explosiva, bloqueos, demandas salariales, escasez de combustibles, presión de sectores campesinos, mineros, maestros, vecinos de El Alto y organizaciones sindicales, además de pedidos abiertos de renuncia. Es evidente que las protestas han afectado alimentos, combustibles, suministros médicos y operaciones bancarias, mientras el Presidente enfrenta el desafío sin una mayoría legislativa sólida y con un partido insuficiente para anclar su administración. 

Aquí conviene ser justos. La ingobernabilidad no es solamente culpa del sistema electoral. Rodrigo Paz también es responsable de parte de su propia fragilidad. Después de la segunda vuelta, conociendo sus vulnerabilidades parlamentarias, sociales, territoriales e ideológicas, pudo haber construido una alianza estable, explícita y verificable. Pudo convocar a una coalición nacional con método, no con fotografía; con compromisos, no solo con saludos; con una narrativa de escucha, diálogo y reconciliación, como se le propuso reiteradamente desde un inicio. Pudo incorporar a la izquierda democrática, a sectores indígenas, a organizaciones sociales moderadas, a regiones distintas, a empresarios responsables y a fuerzas parlamentarias dispuestas a sostener un programa común.

Prefirió, sin embargo, un camino más estrecho. Desde fuera, su gobierno aparece demasiado organizado alrededor de allegados, técnicos jóvenes y amistades políticas. Un gobierno entre amigos puede ser cómodo para conversar, pero no necesariamente sirve para gobernar un país fracturado. Bolivia no es una sobremesa de confianza; es una sociedad compleja, herida, plebeya, regionalizada, desconfiada y políticamente intensa. Para gobernarla no alcanza con eficiencia administrativa. Hay que construir representación. Hay que nombrar al país. Hay que repartir lugares en la mesa antes de que los que quedaron fuera pateen la puerta.

Por eso la vieja elección congresal, con todos sus pecados, ofrecía una ventaja, ya que obligaba a reconocer que la Presidencia no es solamente el resultado de contar votos, sino la capacidad de articular poder. La segunda vuelta, en cambio, puede crear la ilusión de que el ganador ya resolvió el problema de la mayoría, cuando en realidad apenas lo trasladó para después. Y después, en política, suele ser demasiado tarde.

No propongo idealizar la democracia pactada. Tuvo límites, exclusiones, excesos y costos que el país conoce bien. Pero tampoco conviene abrazar ingenuamente la segunda vuelta como si fuera una varita mágica de legitimidad. En presidencialismos fragmentados, el balotaje puede producir presidentes con mayoría electoral instantánea y minoría gubernamental permanente. Puede fabricar triunfos amplios en la urna y soledades profundas en el poder. Puede darle al Ejecutivo una corona brillante y, al mismo tiempo, encerrarlo en una jaula que parece de oro.

La lección boliviana es clara, ninguna segunda vuelta sustituye a un pacto de gobernabilidad. Ninguna mayoría de balotaje reemplaza a una coalición política. Ningún triunfo defensivo autoriza a gobernar como si se hubiera recibido una adhesión incondicional. Y ningún Presidente puede sobrevivir mucho tiempo si confunde el rechazo al adversario con amor a si mismo.

Bolivia necesita revisar con serenidad su diseño institucional. Tal vez haya que pensar nuevamente en fórmulas que obliguen a construir acuerdos antes de asumir el mando, no después de que el país ya esté incendiado. Tal vez la elección congresal entre los dos o tres primeros, debidamente modernizada, transparentada y regulada, no haya sido una anomalía vergonzosa, sino una forma boliviana —imperfecta pero inteligente— de parlamentarizar parcialmente un presidencialismo que, dejado a su suerte, tiende a producir presidentes fuertes en el papel y débiles en la realidad.

Porque al final, gobernar no consiste solo en ganar. Consiste en poder conducir. Y para conducir Bolivia no basta tener más votos que los otros en una segunda vuelta. Hace falta una mayoría política, una coalición social, una narrativa integradora y una mesa donde estén sentados también quienes dudan, discrepan o desconfían. Sin eso, la segunda vuelta puede terminar siendo apenas una ceremonia de entusiasmo breve, seguida por una larga pedagogía de ingobernabilidad.