LA SEGUNDA VUELTA, una senda peligrosa hacia la ingobernabilidad

La segunda vuelta electoral suele presentarse como una conquista democrática indiscutible. Parece simple, limpia, casi pedagógica, si nadie gana con mayoría suficiente en la primera votación, que el pueblo decida entre los dos primeros. Así, se dice, el Presidente llega con más legitimidad, con una mayoría clara y con un mandato popular más fuerte. En teoría suena impecable. En la práctica, sobre todo en regímenes presidencialistas fragmentados como el boliviano, puede convertirse en una trampa institucional, elegante, pero trampa al fin.

El problema no está en que el pueblo vote dos veces. El problema está en que la segunda vuelta puede producir una mayoría presidencial que no corresponde a una mayoría política real. El Presidente gana con más del cincuenta por ciento de los votos en la segunda ronda, pero su partido o alianza sigue siendo, en el Parlamento, lo que fue en la primera, una fuerza parcial, incompleta, minoritaria o apenas primera entre varias minorías. La ciudadanía le entrega la banda presidencial, pero no necesariamente le entrega una mayoría legislativa, ni una coalición social, ni un bloque territorial, ni una comunidad política suficientemente cohesionada para gobernar.

Ese es el nudo de la cuestión. En Bolivia, la segunda vuelta no corrige la fragmentación política producida en la primera; más bien puede encubrirla bajo la ilusión de una victoria contundente. El caso de Rodrigo Paz Pereira es ilustrativo. El Partido Demócrata Cristiano llegó primero en la primera vuelta, pero con alrededor de un tercio de los votos válidos, y luego ganó la Presidencia en el balotaje frente a Jorge “Tuto” Quiroga. Sin embargo, esa victoria presidencial no vino acompañada de una mayoría parlamentaria propia. El propio Órgano Electoral informó que el PDC (enrealidad una coalición variopinta)) alcanzó 60 legisladores sobre un total de 166, es decir, la primera fuerza, sí, pero no una mayoría capaz de sostener por sí sola un gobierno estable.

La segunda vuelta le dio a Rodrigo Paz una legitimidad formal indiscutible, pero no le dio una arquitectura de gobernabilidad. Y en política, como en las casas antiguas de La Paz, una fachada bonita no impide que se caigan las paredes si los cimientos están mal puestos. Un Presidente puede ganar la segunda vuelta y, al mismo tiempo, quedar prisionero de una Asamblea donde necesita negociar cada ley, cada crédito, cada reforma y cada salida de emergencia. Si negocia tarde, negocia débil. Si negocia mal, se vuelve rehén. Si no negocia, se queda solo.

Antes, con todos sus defectos, el sistema boliviano obligaba a resolver ese problema antes de la posesión presidencial. Cuando ningún candidato alcanzaba mayoría absoluta, el Congreso elegía al Presidente entre los más votados; hasta la reforma de 1994, entre los tres primeros, y luego entre los dos primeros. Era un mecanismo híbrido, una mezcla imperfecta de presidencialismo y parlamentarismo. Se lo criticó con razón por abrir paso al cuoteo, a pactos poco transparentes y a negociaciones entre cúpulas. Pero tenía una virtud que hoy empieza a verse con nostalgia institucional, obligaba a construir una mayoría antes de gobernar.

No se trataba solamente de repartir ministerios, aunque también se repartían, porque la política, digámoslo sin escandalizarnos demasiado, siempre distribuye poder. Se trataba de asegurar que el Ejecutivo naciera con respaldo parlamentario suficiente, con compromisos previos, con responsabilidades compartidas y con una coalición que, al menos durante un tiempo, asumiera el costo de gobernar. Ese acuerdo previo podía ser criticable, incluso antipático; pero era visible, reconocible y operaba como soporte de gobernabilidad.

El ejemplo clásico es Jaime Paz Zamora. Llegó tercero en las elecciones de 1989 y, sin embargo, fue elegido Presidente por el Congreso gracias a un acuerdo parlamentario con ADN y CONDEPA. A muchos les pareció una pirueta inadmisible de la democracia pactada. Y, sin embargo, su gobierno terminó siendo, si no el mejor de la etapa democrática, probablemente uno de los más estables y con menor conflictividad relativa. No porque el país hubiera dejado de tener problemas, sino porque el gobierno había nacido de un pacto político previo, con actores que ya sabían qué ganaban, qué cedían y qué responsabilidad asumían.

La comparación con Rodrigo Paz Pereira resulta inevitable, casi cruel, aunque políticamente necesaria. El padre llegó tercero, pero gobernó con una coalición armada antes de asumir. El hijo ganó la segunda vuelta, pero quedó atrapado en una gobernabilidad posterior, incierta, tardía y vulnerable. Jaime Paz tuvo que aceptar desde el inicio la lógica del acuerdo. Rodrigo Paz, en cambio, pareció creer que la victoria de balotaje bastaba para ordenar el país. Y no bastaba.

La segunda vuelta, además, produce otro efecto delicado, muchas veces transforma el voto afirmativo en voto defensivo. La gente no vota necesariamente por quien gana, sino contra quien podría ganar. En el caso de Rodrigo Paz, una parte muy importante de su victoria no expresó una adhesión doctrinaria a su candidatura, ni una confianza plena en su programa, ni una entrega emocional al nuevo liderazgo. Expresó, más bien, el deseo mayoritario de impedir el retorno de una derecha percibida por amplios sectores populares, andinos, indígenas y de izquierda democrática, como excluyente, oligárquica o restauradora.

Ahí comienza la fragilidad. Cuando un Presidente llega al poder por un voto defensivo, debe cuidar con especial delicadeza a quienes lo apoyaron sin pertenecerle. Debe entender que no recibió un cheque en blanco, sino un mandato condicionado, “te votamos para evitar algo peor, pero no para que luego gobiernes con aquello que quisimos evitar”. Si después de ganar se aproxima demasiado al adversario derrotado, si organiza su gobernabilidad alrededor de quienes no fueron la base decisiva de su triunfo, si parece rodearse de las élites que buena parte de su electorado temía, el vínculo moral con ese voto defensivo se rompe con rapidez.

Eso es lo que hoy parece estar ocurriendo. La población andina, sectores populares, organizaciones sociales y parte del mundo que votó por Rodrigo Paz para cerrar el paso a Tuto Quiroga sienten que su confianza fue utilizada y luego abandonada. No todos protestan por la misma razón, ni todos buscan lo mismo, ni todo puede explicarse por conspiraciones. Hay intereses, por supuesto; hay actores que quieren aprovechar el río revuelto; hay cálculo, presión, resentimiento y también defensa de privilegios heredados del tiempo masista recién acabado. Pero reducir todo a una maniobra oscura del Chapare es una comodidad analítica peligrosa. Las protestas expresan también una crisis de representación, de escucha y de confianza.

La situación actual muestra esa mezcla explosiva, bloqueos, demandas salariales, escasez de combustibles, presión de sectores campesinos, mineros, maestros, vecinos de El Alto y organizaciones sindicales, además de pedidos abiertos de renuncia. Es evidente que las protestas han afectado alimentos, combustibles, suministros médicos y operaciones bancarias, mientras el Presidente enfrenta el desafío sin una mayoría legislativa sólida y con un partido insuficiente para anclar su administración. 

Aquí conviene ser justos. La ingobernabilidad no es solamente culpa del sistema electoral. Rodrigo Paz también es responsable de parte de su propia fragilidad. Después de la segunda vuelta, conociendo sus vulnerabilidades parlamentarias, sociales, territoriales e ideológicas, pudo haber construido una alianza estable, explícita y verificable. Pudo convocar a una coalición nacional con método, no con fotografía; con compromisos, no solo con saludos; con una narrativa de escucha, diálogo y reconciliación, como se le propuso reiteradamente desde un inicio. Pudo incorporar a la izquierda democrática, a sectores indígenas, a organizaciones sociales moderadas, a regiones distintas, a empresarios responsables y a fuerzas parlamentarias dispuestas a sostener un programa común.

Prefirió, sin embargo, un camino más estrecho. Desde fuera, su gobierno aparece demasiado organizado alrededor de allegados, técnicos jóvenes y amistades políticas. Un gobierno entre amigos puede ser cómodo para conversar, pero no necesariamente sirve para gobernar un país fracturado. Bolivia no es una sobremesa de confianza; es una sociedad compleja, herida, plebeya, regionalizada, desconfiada y políticamente intensa. Para gobernarla no alcanza con eficiencia administrativa. Hay que construir representación. Hay que nombrar al país. Hay que repartir lugares en la mesa antes de que los que quedaron fuera pateen la puerta.

Por eso la vieja elección congresal, con todos sus pecados, ofrecía una ventaja, ya que obligaba a reconocer que la Presidencia no es solamente el resultado de contar votos, sino la capacidad de articular poder. La segunda vuelta, en cambio, puede crear la ilusión de que el ganador ya resolvió el problema de la mayoría, cuando en realidad apenas lo trasladó para después. Y después, en política, suele ser demasiado tarde.

No propongo idealizar la democracia pactada. Tuvo límites, exclusiones, excesos y costos que el país conoce bien. Pero tampoco conviene abrazar ingenuamente la segunda vuelta como si fuera una varita mágica de legitimidad. En presidencialismos fragmentados, el balotaje puede producir presidentes con mayoría electoral instantánea y minoría gubernamental permanente. Puede fabricar triunfos amplios en la urna y soledades profundas en el poder. Puede darle al Ejecutivo una corona brillante y, al mismo tiempo, encerrarlo en una jaula que parece de oro.

La lección boliviana es clara, ninguna segunda vuelta sustituye a un pacto de gobernabilidad. Ninguna mayoría de balotaje reemplaza a una coalición política. Ningún triunfo defensivo autoriza a gobernar como si se hubiera recibido una adhesión incondicional. Y ningún Presidente puede sobrevivir mucho tiempo si confunde el rechazo al adversario con amor a si mismo.

Bolivia necesita revisar con serenidad su diseño institucional. Tal vez haya que pensar nuevamente en fórmulas que obliguen a construir acuerdos antes de asumir el mando, no después de que el país ya esté incendiado. Tal vez la elección congresal entre los dos o tres primeros, debidamente modernizada, transparentada y regulada, no haya sido una anomalía vergonzosa, sino una forma boliviana —imperfecta pero inteligente— de parlamentarizar parcialmente un presidencialismo que, dejado a su suerte, tiende a producir presidentes fuertes en el papel y débiles en la realidad.

Porque al final, gobernar no consiste solo en ganar. Consiste en poder conducir. Y para conducir Bolivia no basta tener más votos que los otros en una segunda vuelta. Hace falta una mayoría política, una coalición social, una narrativa integradora y una mesa donde estén sentados también quienes dudan, discrepan o desconfían. Sin eso, la segunda vuelta puede terminar siendo apenas una ceremonia de entusiasmo breve, seguida por una larga pedagogía de ingobernabilidad.

CONTRA RUTA

Al comienzo, cuando se dijo que terminado el tiempo del MAS vendría el momento –histórico de verdad– para la escucha, el diálogo y la reconciliación nacional y social, el Gobierno de Rodrigo Paz argumentó que eso sería después; que lo verdaderamente  urgente para empezar era "ordenar la casa", y que ordenar la casa quería decir economía, subvenciones, empresas deficitarias, déficit fiscal, dólares y combustibles. Eso dijeron, como si la política pudiera esperar frente a la puerta, mientras se acomodan los números en una tablet.

Y ahora, cuando el momento apremia para poner orden de verdad, no solo en la economía y la gobernabilidad, sino también en las calles, sale nuestro Presidente llamando a la reconciliación; organiza una reunión con aquellos que no votaron por él en las elecciones, se fotografía con Tuto, J.P. y Camacho, y nos presenta ese gesto como un “Acuerdo Nacional”. La reconciliación no es un junte cuando el país se desordena, ni bautizar como Acuerdo una fotografía con quienes son una arista ante la complicada diversidad social boliviana.

Entre paréntesis: (y no creo que lo apoyen de verdad. Uno de ellos debe estar esperando que el gobierno de Rodrigo se caiga, se haga pedazos, y que Lara sea el Presidente, para llamar a elecciones, si es posible este mismo año, porque sabe que podría ser, ahora sí, su última oportunidad).

¿Y el otro lado? ¿Las y los que no estaban invitados, o quienes vieron por conveniente no asistir? Ahí está el soberano problema; quienes faltaron son los que votaron por Rodrigo, los que le dieron la victoria, pensando que eso podía parar el retorno de las oligarquías y la restauración de un régimen que los mantuvo excluidos hasta la llegada del pedófilo Morales. Deben sentirse traicionados; deben tener un empute en las entrañas difícil de sanar. Por eso las protestas y bloqueos no son solo fruto de un núcleo conspirador que planifica y organiza todo desde algún oscuro lugar en el Chapare, también nacen íntimamente embroncados y a los gritos, desde la autonomía relativa de cada movimiento social, cada agrupación, cada sindicato.

¿Qué no quieren perder los privilegios que tenían con el MAS? ¡Claro que no quieren! ¿Quién quiere perder sus privilegios en esta vida? Por eso la Reconciliación Nacional y Social era con los unos y los otros, para los unos y para los otros, para cada quien un pedacito y su lugar. Había un plan, había un método, estaba propuesto un camino a caminar... si de eso se trata la política al final de los finales; es saber repartir la torta entre todas y todos los comensales.

Pero bueno, quienes lo apoyamos (y lo seguimos apoyando) repetimos una y otra vez que se trata de un gobierno con profesionales jóvenes y buenos técnicos, aguerridos muchachos que legítimamente quieren hacer historia, aunque no tengan mucha experiencia, y de política no sepan gran cosa. Eso no consuela –dijimos los viejos–, pero ayuda a entender el por qué es que ellos no entienden. No entienden que la economía sin política se vuelve contabilidad del incendio; que el orden sin escucha termina siendo apenas administración del miedo; y que la reconciliación, cuando llega tarde y mal acompañada, deja de ser un horizonte nacional para convertirse en una coartada.

Ha llegado, entonces, el momento en que el Gobierno decida con quién va y hacia dónde. Ya no se puede seguir navegando entre dos aguas, esperando que todos los vientos soplen a favor mientras no se anuncia puerto alguno. Séneca lo dijo mejor que nadie: “A marinero que no sabe cuál es su puerto de destino, ningún viento le es favorable”. Definir y presentar un camino claro, definitivo y políticamente honesto no es ya una opción retórica, sino una necesidad vital para el inmediato futuro, para la solidez del propio Gobierno y para que pueda actuar consecuentemente y fiel a su discurso.

El problema es que nos hemos pasado ya como tres leguas del punto de no retorno.

LA TIERRA INEMBARGABLE

La tierra campesina fue protegida contra la venta y el embargo porque la historia ya había demostrado que, cuando la pequeña propiedad rural queda sometida sin protección al mercado, a la deuda y a la presión de los grandes propietarios, tiende a reconcentrarse. El resultado conocido fue expulsión campesina, migración empobrecida, crecimiento de mano de obra barata en las ciudades y reconstrucción de latifundios muchas veces improductivos. La inembargabilidad fue, por tanto, una barrera jurídica contra el retorno del latifundio.

Las restricciones a la venta y al embargo de la tierra campesina no nacieron de una fantasía ideológica, sino de una experiencia histórica verificable. En Inglaterra, entre 1604 y 1914, más de 5.200 leyes de cercamiento privatizaron unas 6,8 millones de acres, afectando más de una quinta parte del territorio inglés; al mismo tiempo, Inglaterra y Gales pasaron de 8,89 millones de habitantes en 1801 a 32,53 millones en 1901, mientras Gran Bretaña se convertía, hacia 1851, en la primera sociedad mayoritariamente urbana. Esa transformación alimentó la industrialización, pero también produjo desplazamiento campesino, proletarización y concentración de la propiedad rural.

En América Latina, el problema era todavía más agudo, en los años sesenta, cerca del 5% de las unidades agropecuarias latifundistas controlaba aproximadamente el 80% de la tierra, mientras el 80% de las unidades minifundistas disponía apenas del 5%. Por eso las reformas agrarias buscaron impedir que la tierra redistribuida volviera rápidamente al mercado, al embargo, a la usura o a la reconcentración latifundista.

México fue el gran modelo. Entre 1911 y 1992 distribuyó más de 100 millones de hectáreas y creó cerca de 30.000 ejidos y comunidades. Esa es la razón por la que la legislación mexicana protegió las tierras ejidales de uso común como inalienables, imprescriptibles e inembargables. En Bolivia, la lógica fue semejante, antes de la Reforma Agraria de 1953, el 4,5% de los hacendados concentraba el 70% de la propiedad agraria, y buena parte de esas tierras estaba subutilizada. La inembargabilidad y la indivisibilidad de la pequeña propiedad campesina buscaban, precisamente, que la reforma agraria no se destruyera a sí misma unas generaciones después.

No sostengo, con este argumento, que deba prohibirse toda posibilidad de vender pequeñas parcelas campesinas, menos aún cuando esa decisión es voluntaria, libre y tomada por sus propios titulares. Sería absurdo negar que una familia campesina pueda necesitar vender, asociarse, migrar o reorganizar su patrimonio según sus circunstancias. Lo que sí quiero advertir es otra cosa, la historia demuestra que, aun cuando esas ventas comienzan como decisiones individuales y voluntarias, el resultado acumulado suele ser la concentración de la tierra en pocas manos. La suma de muchas ventas pequeñas, impulsadas por necesidad económica, endeudamiento, falta de asistencia técnica o presión del mercado, termina reconstruyendo grandes propiedades y, en muchos casos, nuevos latifundios.

Por eso, el problema no está en juzgar moralmente al campesino que vende, sino en entender el efecto estructural del proceso. Cada venta puede ser legítima en sí misma; pero miles de ventas dispersas, en un mercado desigual, producen casi inevitablemente reconcentración de tierras. Esa es precisamente la razón histórica por la que las reformas agrarias establecieron límites, protecciones e inembargabilidad, no para castigar la libertad individual, sino para impedir que la tierra redistribuida por razones de justicia social volviera, lentamente y por la vía del mercado, a manos de quienes tienen más capital, más información y más poder de compra.

Dicho en pocas palabras, no se trata de estar contra la voluntad de los pequeños propietarios, sino de ser conscientes de que, sin mecanismos de protección, la libre venta de pequeñas parcelas tiende a producir un resultado conocido: menos campesinos con tierra, más concentración de propiedad y el retorno de grandes latifundios, muchas veces improductivos. Esa consecuencia no debe sorprendernos después; hay que verla desde ahora.

UN ACUERDO NACIONAL SE CONSTRUYE

En mi corto entender, y desde esa limitada experiencia personal que uno va acumulando más por vivir la vida que por haberla leído, conozco dos procesos de convergencia política que pueden llamarse, con propiedad, acuerdos o pactos nacionales, porque ambos tuvieron consecuencias históricas importantes, trascendentes y, en términos generales, positivas; los Pactos de la Moncloa, en España, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, en 1977, y los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz, en Bolivia, bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, suscritos en julio de 1992.

Los Pactos de la Moncloa reunieron al Gobierno español y a los principales partidos con representación parlamentaria de entonces, junto a los sindicatos más representativos, además de las organizaciones empresariales agrupadas en la Patronal Española. No todos fueron firmantes formales en el sentido jurídico, pero todos formaron parte del clima político, social y económico que hizo posible aquella concertación. Lo notable fue que sus actores comprendieron que nadie podía ganar solo. Ni el Gobierno podía imponer la transición desde arriba, ni la oposición podía exigirlo todo desde la calle, ni los sindicatos podían sostener una lógica puramente reivindicativa, ni los empresarios podían encerrarse en la nostalgia del viejo orden y sus privilegios. Cada quien tuvo que ceder algo para ganar algo mayor.

Otros procesos de escucha, diálogo y reconciliación nacional se han vivido, con menos éxito, aunque igual son importantes y constituyen buenos ejemplos de como se hicieron la cosas hasta alcanzar resultados relevantes: Sudáfrica, Irlanda del Norte; Chile después d la dictadura o el proceso de paz en Colombia en nuestro subcontinente.

En Bolivia, los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz cumplieron, a su manera una función parecida. Fueron suscritos por los jefes de los partidos con representación parlamentaria y tuvieron como propósito modernizar el andamiaje institucional del Estado y comprometer varias reformas que trascendieran a un solo gobierno. Esas reformas sentaron las bases de los cambios que luego impulsaría el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que desembocaron en la reforma constitucional de 1994. Después vendrían otras tensiones, otros errores, otros excesos y también otras frustraciones, pero sería injusto negar que ese ciclo tuvo una voluntad institucionalizadora importante.

¿Qué tuvieron en común esos dos procesos? No la perfección, porque ningún pacto histórico es perfecto; tampoco la pureza ideológica de sus participantes, porque la política no se hace con ángeles, sino con actores de carne y hueso, sus intereses, temores, ambiciones y límites. Lo que tuvieron en común fue algo más importante, preparación, método y una narrativa con sentido de futuro. Ambos acuerdos fueron trabajados con anticipación; los participantes tuvieron tiempo para consultar, discutir, resistir, negociar, entrar en conflicto y resolver parcialmente sus diferencias. Ninguno llegó a una mesa sin saber qué se esperaba de él. Detrás de esos procesos existía una narrativa política: una explicación del momento histórico, una lectura de la crisis, una propuesta de país y una distribución de roles. Cada actor sabía por qué estaba sentado allí y qué podía ganar, no solo para sí mismo, sino para la parte del país que decía representar.

La convocatoria del actual gobierno, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, pareció no conocer los éxitos de Jaime Paz Zamora en materia de concertación y acuerdos. El actual “Acuerdo Nacional” que Paz Pereira propone, terminó confirmando, lamentablemente, los límites de una iniciativa amplia en número, pero débil en representación, método y sentido político.

El Gobierno presentó el encuentro como un espacio para “sentar las bases de un acuerdo nacional para la estabilidad” y reunir a autoridades, líderes políticos, sectores sociales, empresarios y representantes institucionales. Se habló de 592 invitaciones, entre gobernadores, alcaldes, parlamentarios, jefes políticos, iglesias y sectores productivos. Pero la cantidad de invitados no garantiza, por sí sola, la calidad política de un pacto. Una mesa numerosa puede ser muy vistosa y, al mismo tiempo, insuficiente para representar de verdad la complejidad del país.

Las ausencias fueron demasiado importantes como para tratarlas como un detalle menor. Samuel Doria Medina no asistió y calificó el encuentro como un camino inadecuado, incluso como un acto “para la foto”. También se reportó la ausencia de la gobernadora de Tarija, María René Soruco, y de Andrónico Rodríguez, mientras que otros actores relevantes asistieron con advertencias explícitas sobre el carácter más simbólico que resolutivo de la reunión. Esa combinación de ausencias, reservas y presencias escépticas debilitó desde el inicio la pretensión de presentar el evento como una verdadera convergencia nacional.

El problema principal es que Bolivia no estuvo plenamente representada. Estuvo una parte de Bolivia, pero no Bolivia entera. Y, más aún, predominó una parte del país que, en buena medida, no votó por Rodrigo Paz Pereira (ese dato es terrible), la derecha, en sus distintas versiones, desde la democrática hasta la más dura. Asistieron actores políticos, regionales, empresariales y sectoriales importantes, sin duda; pero eso no equivale a una presencia equilibrada del conjunto nacional. Tuto Quiroga y la bancada de Libre, por ejemplo, se hizo presente, mientras que algunos de sus propios voceros advirtieron que el encuentro corría el rieasgo de convertirse en propaganda o en una simple fotografía de respaldo al Gobierno; y parece que con ello logró su objetivo.

Hay, además, un dato político que no debería pasar inadvertido, la convergencia entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez puede leerse como un cierre de un ciclo dentro del propio gobierno, una señal de que la administración ha optado por un camino que la desplaza hacia la derecha, con todas las consecuencias políticas, sociales y económicas que ello supone. El problema no es dialogar con la derecha, porque en democracia se debe conversar entre todos y todas; el problema es entregar el rumbo del país a esa convergencia. Rodrigo Paz llegó a la Presidencia con un voto más amplio, heterogéneo y, en buena medida, proveniente del centro y y la izquierda, de sectores que no querían un retorno puro y duro de la derecha tradicional; por eso, esta definición puede ser percibida por una parte de su electorado como una forma de abandono, cuando no de traición política. Y, al mismo tiempo, lo deja cada vez más condicionado por los intereses de la derecha organizada, del agronegocio y de los poderes fácticos, incluidos esos espacios informales de influencia que en Bolivia todos conocen, aunque pocas veces las logias cruceñas se nombren con claridad.

La parte progresista y la izquierda democrática, los movimientos sociales, los sindicatos, en cambio, no estuvieron presentes de manera significativa. Y quienes asistieron desde esos espacios, parecieron hacerlo más porque no les quedaba otra, o por educación, gentileza institucional o sentido de responsabilidad, sin por una convicción real en la eficacia del encuentro. El escepticismo fue más visible que el entusiasmo. Esa es una señal política delicada, un Acuerdo Nacional no puede nacer con media Bolivia sentada en la mesa y la otra media mirando desde lejos, con desconfianza o abierta disidencia.

A ello se suma otro problema de fondo, no quedó claro cuál era la arquitectura del acuerdo. El Gobierno habló de estabilidad, reformas, institucionalidad, economía, pacto fiscal, redistribución de recursos, crisis energética, seguridad jurídica y agenda 50-50. Son temas importantes, incluso urgentes. Pero una lista de temas no es una visión de país. Un pacto necesita una narrativa ordenadora, qué crisis se quiere resolver, qué futuro se propone, qué sacrificios se piden, qué compromisos asume cada actor y qué mecanismos harán verificable el cumplimiento de lo acordado.

Lo ocurrido mostró, más bien, una dificultad previsible: reunir a centenares de personas, cada una con su agenda, su territorio, su sector y sus demandas, hace muy difícil construir un acuerdo real. El propio alcalde anfitrión en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, había advertido que con 400 o 500 asistentes (yo añado en apenas ocho horas de trabajo) sería complicado abordar todos los temas y llegar a consensos, porque cada región y cada sector llevaría sus propios intereses. Eso fue precisamente lo que terminó pesando sobre la reunión; demasiadas voces, poco método y escasa capacidad para ordenar prioridades.

Las intervenciones fueron breves, limitadas y dispersas. En pocas horas se escucharon más quejas que soluciones, más diagnósticos de la crisis que rutas concretas para enfrentarla, más demandas sectoriales o regionales que compromisos nacionales. En lugar de construir una base común para un pacto, el encuentro pareció reunir una suma de malestares. Hubo pedidos, reclamos, advertencias, preocupaciones legítimas y demandas específicas; pero no apareció con claridad una voluntad común capaz de convertir todo eso en una hoja de ruta compartida.

Por eso, el resultado se parece más a una lista de buenas intenciones que a un verdadero pacto político. Incluso podría terminar pareciéndose a otro pliego petitorio, semejante al de la Central Obrera Boliviana, solo que formulado por otros actores, con otro lenguaje y desde otros intereses. Pero un pliego de demandas no es un Acuerdo Nacional.

No se trata de negar el valor del gesto. Que un Presidente convoque a dialogar siempre es mejor que encerrar al país en el monólogo del poder. Tampoco se trata de desconocer la legitimidad de Rodrigo Paz Pereira, ni la necesidad urgente de que Bolivia encuentre acuerdos mínimos para enfrentar su crisis económica, institucional, energética y social. El problema es otro, una convocatoria no reemplaza al trabajo político previo; una reunión masiva no sustituye a la construcción paciente de confianza; y una fotografía amplia no produce, por sí sola, gobernabilidad.

Los grandes pactos nacionales no se improvisan. Se preparan. Se conversan antes. Se negocian con anticipación. Se ordenan con método. Se sostienen con una narrativa. Los participantes deben saber para qué están sentados, qué se espera de ellos, qué pueden aportar, qué deben ceder y qué responsabilidades asumen. Aquí, en cambio, pareció faltar una explicación clara del lugar que cada sector ocuparía en el acuerdo y del rol que debía cumplir para sostenerlo. Bolivia necesita acuerdos serios, no ceremonias de aproximación; necesita diálogo, pero también método; necesita representación, pero también legitimidad; necesita escuchar demandas, pero sobre todo convertirlas en compromisos responsables. Y necesita una visión de país que convoque no solo a quienes ya están cerca del Gobierno, sino también a quienes dudan, discrepan, desconfían o piensan distinto.

Un Acuerdo Nacional no consiste en sentar a muchos alrededor de una mesa. Consiste en lograr que, al levantarse de ella, todos sepan que han asumido una responsabilidad compartida. Eso, por ahora, no ocurrió.

SOBRE LA 348 Y LA LEY BRISA

Quienes atacan con más furia la existencia de leyes destinadas a actuar rápidamente frente a violadores, acosadores y maltratadores suelen hacerlo en nombre de una defensa abstracta de la “presunción de inocencia”. Pero muchas veces esa defensa no nace de un verdadero compromiso con las garantías jurídicas, sino de una identificación subjetiva —no necesariamente criminal, pero sí cultural y emocional— con el agresor. No es que todos nosotros, los hombres, seamos violadores, acosadores o maltratadores. El problema es otro, nos sentimos interpelados por la ley porque reconocemos, en el fondo de nuestra propia conducta, en nuestros prejuicios o fantasías de poder, algo del mundo que esa ley intenta desmontar.

Por eso la "machósfera" reacciona como si la protección de las mujeres y los niños y niñas fuera una amenaza contra los hombres. Confunden deliberadamente una medida de protección con una condena anticipada. Olvidamos, o preferimos olvidar, que una cosa es castigar penalmente después de un juicio y otra muy distinta es impedir que una víctima potencial termine golpeada, violada o muerta mientras el sistema judicial “se toma su tiempo” para investigar. La presunción de inocencia que protege al acusado frente a una condena injusta no puede convertirse en una coartada para dejar indefensa a la víctima frente a un riesgo cierto, inmediato y muchas veces mortal.

Aquí aparece el fondo más oscuro del asunto, misoginia, homofobia y cultura de la violencia suelen caminar juntas. Quien ridiculiza a la mujer que denuncia, quien presume que exagera, que provoca, que miente o que “algo habrá hecho”, no está defendiendo la justicia, está defendiendo una vieja estructura de poder patriarcal. Una estructura donde el cuerpo de la mujer parece estar siempre bajo sospecha y donde el agresor aparece, curiosamente, como el verdadero damnificado.

El ejemplo es claro. ¿Dónde se ha visto que una persona asaltada, maniatada y golpeada tenga que demostrar que gritó lo suficiente, que se resistió lo bastante, que dijo muchas veces “no me asalten” para que el Estado recién le crea que no quería ser asaltado? Si alguien señala a su agresor y dice “ese me robó”, “ese me golpeó”, “ese me estafó”, “ese me violó”, el deber elemental del Estado es iniciar una investigación y adoptar medidas inmediatas para impedir nuevos daños. Nadie sensato diría que investigar un asalto es criminalizar a quienes pasaban por allí, pero cuando una mujer denuncia violencia sexual o doméstica, de pronto aparecen los defensores selectivos de las garantías, exigiéndole pruebas imposibles, resistencia heroica, pureza absoluta y hasta buena conducta retrospectiva.

La diferencia esencial es que en los casos de violencia contra las mujeres el riesgo no es teórico. Está sobradamente demostrado por la experiencia social que una mujer que denuncia a su agresor —incluso, y a veces sobre todo, si ese agresor es su pareja o marido— puede quedar expuesta a una represalia brutal. Muchas mujeres no mueren por denunciar tarde; mueren porque, después de denunciar, nadie actuó a tiempo.

Por eso estas leyes son excepcionales. No porque nieguen derechos al acusado, sino porque reconocen una realidad trágica, la violencia machista tiene una dinámica propia, progresiva, intimidatoria y potencialmente letal. La ley no puede esperar a que aparezca el cadáver para recién declarar que había peligro. Debe actuar antes. Debe separar, proteger, restringir, investigar y prevenir.

La verdadera justicia no consiste en poner en la misma balanza a una víctima amenazada y a un potencial feminicida como si ambos estuvieran en igualdad de condiciones. La verdadera justicia consiste en proteger primero la vida, garantizar después el debido proceso y sancionar finalmente con pruebas. Pero sin protección inmediata, el debido proceso puede llegar demasiado tarde, impecablemente escrito sobre una lápida.