CONTRA RUTA

Al comienzo, cuando se dijo que terminado el tiempo del MAS vendría el momento –histórico de a de veras– para la escucha, el diálogo y la reconciliación nacional y social, respondieron que eso sería después; que primero había que "ordenar la casa", y que ordenar la casa quería decir economía, subvenciones, empresas deficitarias, déficit fiscal, dólares y combustibles. Eso dijeron, como si la política pudiera esperar frente a la puerta, mientras se acomodan los números en una tablet.

Y ahora, cuando el momento apremia para poner orden de verdad, no solo en la economía y la gobernabilidad, sino también en las calles, sale nuestro Presidente llamando a la reconciliación; organiza una reunión con aquellos que no votaron por él en las elecciones, se fotografía con Tuto, J.P. y Camacho (ni más ni menos), y nos presenta ese gesto como un “Acuerdo Nacional”. Caminando al revés; porque la reconciliación no es juntarlos cuando el país se desordena, ni bautizar como Acuerdo una fotografía con quienes representan apenas una arista en la complicada diversidad social boliviana.

Y no creo que lo apoyen de verdad. Al menos uno de ellos debe estar esperando que el gobierno de Rodrigo se caiga, se haga pedazos, y que Lara sea el Presidente, para llamar a elecciones, si es posible este mismo año, porque sabe que podría ser, ahora sí, su última oportunidad. "Era con Tuto" repiten sus acólitos todos los días y donde pueden.

¿Y el otro lado? ¿Las y los que no estaban invitados, o quienes vieron por conveniente no asistir? Ahí está el soberano problema; quienes faltaron son los que votaron por Rodrigo, los que le dieron la victoria, pensando que eso podía parar el retorno de las oligarquías y la restauración de un régimen que los mantuvo excluidos hasta la llegada del pedófilo Morales. Deben sentirse traicionados; deben tener un empute en las entrañas, difícil de sanar. Por eso las protestas y bloqueos no son solo fruto de un núcleo conspirador que planifica y organiza todo desde algún oscuro lugar en el Chapare (que también), más bien nacen íntimamente embroncados, a los gritos, desde la autonomía relativa de cada movimiento social, cada agrupación, cada sindicato.

¿Qué no quieren perder los privilegios que tenían con el MAS? ¡Claro que no quieren! ¿Quién quiere perder sus pocos privilegios en esta vida? Por eso la Reconciliación Nacional y Social era con los unos y los otros, para los unos y para los otros, una de cal y otra de arena, para cada quien un pedacito. Había un plan, había un método, estaba propuesto un camino a caminar... si de eso se trata la política al final de los finales; es saber repartir la torta entre todas y todos los comensales.

Pero bueno, quienes lo apoyamos (y lo seguimos apoyando) repetimos una y otra vez para quienes quieren escucharnos, que se trata de un gobierno con profesionales jóvenes y buenos técnicos, aguerridos muchachos, nacidos y criados en cunas de oro, que legítimamente quieren hacer historia, aunque no tengan mucha experiencia, y de política no sepan gran cosa. Eso no consuela –dijimos los viejos–, pero ayuda a entender el por qué es que ellos no entienden. No entienden que la economía sin política se vuelve contabilidad del incendio; que el orden sin escucha termina siendo apenas administración del miedo; y que la reconciliación, cuando llega tarde y mal acompañada, deja de ser un horizonte nacional para convertirse en una coartada.

Ha llegado, entonces, el momento en que el Gobierno decida con quién va y hacia dónde. Ya no se puede seguir navegando entre dos aguas, esperando que todos los vientos soplen a favor mientras no se anuncia puerto alguno. Séneca lo dijo mejor que nadie: “A marinero que no sabe cuál es su puerto de destino, ningún viento le es favorable”. Definir y presentar un camino claro, definitivo y políticamente honesto no es ya una opción retórica, sino una necesidad vital para el inmediato futuro, para la solidez del propio Gobierno y para que pueda actuar consecuentemente y fiel a su discurso.

El problema es que hemos pasado ya como tres leguas del punto de no retorno.

LA TIERRA INEMBARGABLE

La tierra campesina fue protegida contra la venta y el embargo porque la historia ya había demostrado que, cuando la pequeña propiedad rural queda sometida sin protección al mercado, a la deuda y a la presión de los grandes propietarios, tiende a reconcentrarse. El resultado conocido fue expulsión campesina, migración empobrecida, crecimiento de mano de obra barata en las ciudades y reconstrucción de latifundios muchas veces improductivos. La inembargabilidad fue, por tanto, una barrera jurídica contra el retorno del latifundio.

Las restricciones a la venta y al embargo de la tierra campesina no nacieron de una fantasía ideológica, sino de una experiencia histórica verificable. En Inglaterra, entre 1604 y 1914, más de 5.200 leyes de cercamiento privatizaron unas 6,8 millones de acres, afectando más de una quinta parte del territorio inglés; al mismo tiempo, Inglaterra y Gales pasaron de 8,89 millones de habitantes en 1801 a 32,53 millones en 1901, mientras Gran Bretaña se convertía, hacia 1851, en la primera sociedad mayoritariamente urbana. Esa transformación alimentó la industrialización, pero también produjo desplazamiento campesino, proletarización y concentración de la propiedad rural.

En América Latina, el problema era todavía más agudo, en los años sesenta, cerca del 5% de las unidades agropecuarias latifundistas controlaba aproximadamente el 80% de la tierra, mientras el 80% de las unidades minifundistas disponía apenas del 5%. Por eso las reformas agrarias buscaron impedir que la tierra redistribuida volviera rápidamente al mercado, al embargo, a la usura o a la reconcentración latifundista.

México fue el gran modelo. Entre 1911 y 1992 distribuyó más de 100 millones de hectáreas y creó cerca de 30.000 ejidos y comunidades. Esa es la razón por la que la legislación mexicana protegió las tierras ejidales de uso común como inalienables, imprescriptibles e inembargables. En Bolivia, la lógica fue semejante, antes de la Reforma Agraria de 1953, el 4,5% de los hacendados concentraba el 70% de la propiedad agraria, y buena parte de esas tierras estaba subutilizada. La inembargabilidad y la indivisibilidad de la pequeña propiedad campesina buscaban, precisamente, que la reforma agraria no se destruyera a sí misma unas generaciones después.

No sostengo, con este argumento, que deba prohibirse toda posibilidad de vender pequeñas parcelas campesinas, menos aún cuando esa decisión es voluntaria, libre y tomada por sus propios titulares. Sería absurdo negar que una familia campesina pueda necesitar vender, asociarse, migrar o reorganizar su patrimonio según sus circunstancias. Lo que sí quiero advertir es otra cosa, la historia demuestra que, aun cuando esas ventas comienzan como decisiones individuales y voluntarias, el resultado acumulado suele ser la concentración de la tierra en pocas manos. La suma de muchas ventas pequeñas, impulsadas por necesidad económica, endeudamiento, falta de asistencia técnica o presión del mercado, termina reconstruyendo grandes propiedades y, en muchos casos, nuevos latifundios.

Por eso, el problema no está en juzgar moralmente al campesino que vende, sino en entender el efecto estructural del proceso. Cada venta puede ser legítima en sí misma; pero miles de ventas dispersas, en un mercado desigual, producen casi inevitablemente reconcentración de tierras. Esa es precisamente la razón histórica por la que las reformas agrarias establecieron límites, protecciones e inembargabilidad, no para castigar la libertad individual, sino para impedir que la tierra redistribuida por razones de justicia social volviera, lentamente y por la vía del mercado, a manos de quienes tienen más capital, más información y más poder de compra.

Dicho en pocas palabras, no se trata de estar contra la voluntad de los pequeños propietarios, sino de ser conscientes de que, sin mecanismos de protección, la libre venta de pequeñas parcelas tiende a producir un resultado conocido: menos campesinos con tierra, más concentración de propiedad y el retorno de grandes latifundios, muchas veces improductivos. Esa consecuencia no debe sorprendernos después; hay que verla desde ahora.

SOBRE LA 348 Y LA LEY BRISA

Quienes atacan con más furia la existencia de leyes destinadas a actuar rápidamente frente a violadores, acosadores y maltratadores suelen hacerlo en nombre de una defensa abstracta de la “presunción de inocencia”. Pero muchas veces esa defensa no nace de un verdadero compromiso con las garantías jurídicas, sino de una identificación subjetiva —no necesariamente criminal, pero sí cultural y emocional— con el agresor. No es que todos nosotros, los hombres, seamos violadores, acosadores o maltratadores. El problema es otro, nos sentimos interpelados por la ley porque reconocemos, en el fondo de nuestra propia conducta, en nuestros prejuicios o fantasías de poder, algo del mundo que esa ley intenta desmontar.

Por eso la "machósfera" reacciona como si la protección de las mujeres y los niños y niñas fuera una amenaza contra los hombres. Confunden deliberadamente una medida de protección con una condena anticipada. Olvidamos, o preferimos olvidar, que una cosa es castigar penalmente después de un juicio y otra muy distinta es impedir que una víctima potencial termine golpeada, violada o muerta mientras el sistema judicial “se toma su tiempo” para investigar. La presunción de inocencia que protege al acusado frente a una condena injusta no puede convertirse en una coartada para dejar indefensa a la víctima frente a un riesgo cierto, inmediato y muchas veces mortal.

Aquí aparece el fondo más oscuro del asunto, misoginia, homofobia y cultura de la violencia suelen caminar juntas. Quien ridiculiza a la mujer que denuncia, quien presume que exagera, que provoca, que miente o que “algo habrá hecho”, no está defendiendo la justicia, está defendiendo una vieja estructura de poder patriarcal. Una estructura donde el cuerpo de la mujer parece estar siempre bajo sospecha y donde el agresor aparece, curiosamente, como el verdadero damnificado.

El ejemplo es claro. ¿Dónde se ha visto que una persona asaltada, maniatada y golpeada tenga que demostrar que gritó lo suficiente, que se resistió lo bastante, que dijo muchas veces “no me asalten” para que el Estado recién le crea que no quería ser asaltado? Si alguien señala a su agresor y dice “ese me robó”, “ese me golpeó”, “ese me estafó”, “ese me violó”, el deber elemental del Estado es iniciar una investigación y adoptar medidas inmediatas para impedir nuevos daños. Nadie sensato diría que investigar un asalto es criminalizar a quienes pasaban por allí, pero cuando una mujer denuncia violencia sexual o doméstica, de pronto aparecen los defensores selectivos de las garantías, exigiéndole pruebas imposibles, resistencia heroica, pureza absoluta y hasta buena conducta retrospectiva.

La diferencia esencial es que en los casos de violencia contra las mujeres el riesgo no es teórico. Está sobradamente demostrado por la experiencia social que una mujer que denuncia a su agresor —incluso, y a veces sobre todo, si ese agresor es su pareja o marido— puede quedar expuesta a una represalia brutal. Muchas mujeres no mueren por denunciar tarde; mueren porque, después de denunciar, nadie actuó a tiempo.

Por eso estas leyes son excepcionales. No porque nieguen derechos al acusado, sino porque reconocen una realidad trágica, la violencia machista tiene una dinámica propia, progresiva, intimidatoria y potencialmente letal. La ley no puede esperar a que aparezca el cadáver para recién declarar que había peligro. Debe actuar antes. Debe separar, proteger, restringir, investigar y prevenir.

La verdadera justicia no consiste en poner en la misma balanza a una víctima amenazada y a un potencial feminicida como si ambos estuvieran en igualdad de condiciones. La verdadera justicia consiste en proteger primero la vida, garantizar después el debido proceso y sancionar finalmente con pruebas. Pero sin protección inmediata, el debido proceso puede llegar demasiado tarde, impecablemente escrito sobre una lápida.

PARA QUE NO SE DIGA QUE NO LO DIJE A TIEMPO

Hay momentos en la vida de un país en los que la mera eficacia técnica, aun siendo importante, deja de alcanzar. No porque la economía deje de importar —sería absurdo sostenerlo—, sino porque la economía, por sí sola, no ordena los temores, las expectativas, las memorias ni las identidades que se agitan por debajo de la superficie. Y cuando eso ocurre, gobernar deja de ser solamente administrar, pasa a ser también conducir, interpretar, nombrar y convocar.

El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder en una coyuntura atravesada por urgencias económicas, tensiones sociales y una evidente fatiga histórica frente a los excesos del ciclo anterior. Era lógico, por tanto, que la estabilización, la disciplina fiscal, la certidumbre y la recuperación de cierta racionalidad estatal ocuparan un lugar central en sus prioridades. Ningún país se reconstruye sobre la improvisación permanente ni sobre la negación caprichosa de las restricciones de la realidad. Pero tampoco conviene olvidar que aquella victoria tuvo, en buena medida, un carácter defensivo, no expresó una adhesión doctrinaria intensa y afirmativa, sino más bien la decisión mayoritaria de cerrarle el paso a una alternativa como la de Tuto Quiroga, percibida por amplios sectores como excluyente. Fue, en ese sentido, más un voto de prevención que un mandato entusiasta; y ese origen también delimita las responsabilidades del presente.

No debiera ser poca cosa recordarlo. Rodrigo Paz Pereira no emerge de un vacío doctrinario ni es apenas la prolongación pasiva de un apellido. Proviene, más bien, de una de las pocas elaboraciones estratégicas serias que intentaron leer a Bolivia desde su propia experiencia histórica y no desde catecismos prestados. El Entronque Histórico formulado por Jaime Paz Zamora para el MIR quiso hacer exactamente eso, reconocer que el cauce profundo del país no se hallaba en una izquierda abstracta, separada de la experiencia nacional, sino en la tradición nacional-popular abierta por la Guerra del Chaco, encarnada luego en la Revolución del 52 y continuada, más tarde, en la lucha por consolidar la democracia como sistema de convivencia pacífica entre distintos, alejándonos de la tentación armada que sedujo a buena parte del subcontinente en aquellos años.

Justamente por eso, el momento actual parece exigir un paso más. El gobierno no necesita solo administrar mejor, necesita decir hacia dónde quiere conducir al país. Necesita otorgar sentido a sus decisiones, inscribir cada medida en una idea más amplia de nación y ofrecer un horizonte reconocible y compartido. Responder a la crisis económica e institucional es indispensable, por supuesto, pero responder no es lo mismo que orientar. Orientar supone explicar no solo qué se hace, sino para qué se hace, con quiénes se quiere hacerlo y en nombre de qué comunidad política se gobierna.

Y esa tarea, hay que decirlo, sigue pendiente. Cada ministro aparece cercado por los límites de su propia cartera, justificando medidas fragmentarias como si bastara con apagar incendios dispersos, pero sin que esas respuestas terminen de confluir en una visión inteligible del conjunto. De ahí la impresión de un gobierno más reactivo que conductor, más defensivo que orientador, en el que el Presidente acaba sobreexpuesto, intentando llenar por sí mismo el vacío de una narrativa pública que debería estar mejor distribuida en el conjunto del equipo gubernamental. Y, sin embargo, si algo enseña justamente la tradición política de la que proviene Rodrigo Paz, es que Bolivia no se gobierna sumando medidas, sino articulando sentidos. No basta administrar variables, hay que saber nombrar al país.

Y Bolivia, hoy, no se deja leer con un solo código. No es solamente una nación desgarrada entre élites y pueblo, entre oriente y occidente, entre indios y blancos. Es también una sociedad urbana, mestiza, compleja, cruzada por nuevas clases medias, por juventudes menos subordinadas a las viejas jerarquías, por mujeres que entran por si solas en el escenario público, por sectores indígenas y plebeyos que han ganado presencia económica y autoestima social, por emprendimientos populares y por un nuevo empresariado que forma ya parte del país real. Esa Bolivia emergente no puede quedar al margen de una narrativa democrática de futuro. Pero tampoco basta con invocarla desde una clave meramente identitaria o reivindicativa. La tarea es más exigente, construir ciudadanía compartida a partir de la diversidad, producir una síntesis democrática en la que la inclusión no desemboque en fragmentación y la diferencia no se convierta en coartada para nuevas desconfianzas recíprocas.

Lo ocurrido en el Cabildo de El Alto del 11 de abril debiera leerse desde esa perspectiva. Allí no se expresó únicamente una protesta por asuntos puntuales. Se cruzaron malestares económicos, institucionales, territoriales y simbólicos. Y cuando en Bolivia distintos agravios comienzan a reconocerse dentro de un mismo escenario, el problema deja de ser sectorial y empieza a delatar algo más profundo, una crisis de representación, de escucha y de confianza. Si algo similar volviera a ocurrir en el Cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana para el 1º de mayo, podríamos encontrarnos ante un punto de condensación política mucho más delicado, el instante en que demandas dispersas empiezan a soldarse dentro de una misma narrativa y dejan de protestar únicamente contra medidas concretas para disputar legitimidad, iniciativa y horizonte.

El peligro no radica solamente en la magnitud de la convocatoria, sino en el tipo de bandera que podría emerger de allí. No sería una consigna cualquiera. Podría tratarse de la reactivación de esa vocación nacional-popular de resonancia tan honda en nuestra historia, capaz de reunir bajo un mismo techo simbólico al obrero, al campesino, al vecino agraviado, al consumidor castigado y al ciudadano decepcionado (la Alianza de Clases del MNR, el Bloque Social Revolucionario según el MIR, la Alianza de Unidad que decía el MAS). En ese registro, la defensa del salario, de los subsidios o de la soberanía económica puede transformarse con rapidez en una interpelación general al poder y, de ahí, en una Agenda Política de futuro. Los bolivianos conocemos esa secuencia, primero se articula el malestar, luego se planta una bandera, y finalmente esa bandera empieza a reclamar para sí la representación moral del país. Lo más delicado es que ese proceso rara vez comienza con una ruptura espectacular; suele empezar, más bien, con algo más verosímil y también más boliviano, la lenta deslegitimación del centro político, la creciente capacidad de veto callejero y la aparición de una oposición social que deja de protestar solamente contra medidas para presentarse como portadora de una salida histórica.

Una democracia madura no debiera mirar estos hechos solo como amenaza ni solo como ruido. Debiera leerlos también como advertencia. Como señal de que hay sectores que no se sienten suficientemente incorporados al curso actual del proceso político. Cuando el centro democrático no logra producir un relato de país capaz de combinar estabilidad, inclusión, pluralismo y futuro, el descontento queda disponible para ser capturado por discursos de revancha, exclusión o confrontación permanente. Bolivia arrastra, además, una larga tradición de polarización rentable y de actores que prosperan alimentando resentimientos. Por eso los vacíos de conducción simbólica nunca permanecen vacíos por demasiado tiempo.

La buena noticia es que nada de esto obliga todavía a una lectura fatalista. Si el problema principal consiste en ampliar, profundizar y humanizar la conducción política del proceso, entonces todavía existe margen para corregir, enriquecer y reencauzar. La estabilidad económica y la conducción simbólica no son tareas enemigas; son, por el contrario, complementarias. El orden sin relato se enfría; el relato sin resultados se vacía. Lo que Bolivia necesita es una síntesis más exigente, una política capaz de unir responsabilidad económica con integración nacional, eficiencia estatal con escucha social, pluralismo democrático con promesa de futuro.

Para ello habría que hablarle con mayor claridad a la Bolivia emergente, tender puentes más sólidos con sectores populares, indígenas, urbanos y regionales, y sustituir parte de la lógica reactiva por una lógica más deliberada de convocatoria nacional. Haría falta, sobre todo, instalar con decisión una narrativa de escucha, diálogo, reconciliación y convivencia democrática como política de Estado. Una narrativa que no niegue el conflicto, pero que tampoco se alimente de él; que no obligue a elegir entre crecimiento e inclusión, entre modernización y pertenencia, entre orden y dignidad; que convoque a empresarios, trabajadores, clases medias, juventudes, pueblos indígenas, emprendedores populares y regiones diversas dentro de una misma conversación democrática.

La cuestión de fondo sigue siendo, al final, bastante simple y bastante decisiva, si Bolivia puede avanzar hacia una etapa de estabilidad y modernización sin reconstruir al mismo tiempo un mínimo horizonte compartido entre sus diversos sectores sociales y culturales. Mi impresión es que no. Sin esa narrativa integradora, lo mejor que podrá alcanzarse será una administración transitoria de la fractura. Por eso conviene decirlo a tiempo, el actual gobierno todavía está a tiempo de ampliar el sentido de su propia gestión, de pasar de una lógica predominantemente administrativa a una lógica más política, de hablarle al país no solo en nombre del orden, sino también en nombre de una comunidad nacional capaz de reconocerse en su diversidad. Ese paso no resolverá, desde luego, todos los problemas. Pero podría evitar que otros, con menos escrúpulos democráticos y mayor vocación de dividir, sigan ocupando el terreno que deja libre una narrativa insuficiente. 

¿CORRUPCIÓN? ¿DÓNDE?

En Bolivia, como en tantos otros países que arrastran pobreza estructural, institucionalidad débil y una inserción apenas marginal en la economía mundial, la corrupción no es un accidente ni una anomalía estadística, es una enfermedad vieja, persistente, enquistada en los huesos del Estado y en los pliegues de la cultura política. No es simplemente la caída moral de individuos aislados; es un sistema de incentivos perversos que prospera allí donde la ley es frágil, la autoridad es discrecional y la supervivencia cotidiana se aprende a resolver por atajos.

Los últimos veinte años de gobierno del MAS no inventaron la corrupción, pero sí la profundizaron, la expandieron y la normalizaron hasta convertirla en método de reproducción del poder. No fue solamente clientelismo (que ya sería bastante) sino la conformación de redes paraestatales que utilizaron el aparato público como botín, como refugio y como herramienta de dominio. Ministerios, empresas, órganos judiciales, fuerzas del orden, todas las piezas de una arquitectura subordinada a intereses faccionales.

A ello se sumó algo más grave aún, la consolidación de una concepción patrimonial del Estado. El trámite mínimo, la gestión cotidiana, la decisión estratégica, todo tiene precio hasta el día de hoy. Nada es deber, nada es función pública, todo es transacción. El Estado ha dejado de ser una casa común y se ha convertido en un mercado oscuro.

Esa lógica descendió en cascada. Desde las más altas esferas hasta las ventanillas más modestas, se formaron cadenas piramidales de complicidad. Policía, sistema judicial, aduanas, impuestos, Derechos Reales, el INRA, gobiernos departamentales, municipios. La corrupción dejó de distinguir jerarquías; el soborno pequeño y el negociado grande se dieron la mano. Cada eslabón protege al otro, porque la caída de uno arrastraría a todos.

Con el tiempo, lo excepcional se volvió costumbre. Y aquí aparece una verdad incómoda que no debemos eludir; una parte significativa de la población (excluida durante siglos por élites cerradas, oligárquicas, ensimismadas) vio en el acceso al Estado una suerte de reparación histórica. La demanda de inclusión era legítima; el uso patrimonial del poder no lo era. Pero cuando el acceso al poder no viene acompañado de formación ética, cultura institucional y límites claros al abuso, la revancha social puede mutar en justificación moral del saqueo. Lo que antes era privilegio de pocos, se volvió práctica extendida. Y así se deterioró el orden público.

¿Quién tiene la culpa de que hayamos llegado hasta aquí? La respuesta no admite consignas fáciles. Hay, al menos, dos responsabilidades históricas.

La primera corresponde a las viejas clases dominantes y oligárquicas —masculinas, blancas, castellano-hablantes, envejecidas en el poder y reproducidas en círculos familiares cerrados— que desde la Revolución Liberal de fines del siglo XIX y aun después de la Revolución Nacional de 1952, administraron el Estado boliviano sin democratizar el saber, sin universalizar una ética pública compartida, sin sembrar educación y ciudadanía en los estratos pobres e indígenas. Gobernaron, sí; pero no formaron. Gestionaron el aparato estatal, pero no construyeron cultura republicana.

La segunda responsabilidad recae en la élite masista que, en nombre de los desvalidos y marginados, llegó al poder sin levantar los diques institucionales capaces de contener las aspiraciones malsanas acumuladas durante tanto tiempo. En lugar de transformar la frustración en virtud cívica y la exclusión en ciudadanía, toleraron, cuando no justificaron, prácticas de latrocinio y abuso como si fueran compensación histórica. Donde debió haber pedagogía democrática, hubo permisividad; donde debió haber ejemplo moral, se instaló la coartada ideológica. Entre la negligencia formativa de unos y la indulgencia interesada de los otros, se consolidó el terreno fértil en el que hoy prospera la corrupción.

Cuando la corrupción se instala en la cultura política, arrancarla no es tarea de un decreto ni de un cambio de autoridades. No basta con encarcelar a algunos culpables para sentar ejemplo. Se requiere transparencia radical en las finanzas públicas; digitalización y trazabilidad de cada proceso administrativo; independencia real de la justicia; meritocracia efectiva; control social informado y sostenido. Y, sobre todo, años, ¡AÑOS!, de educación cívica ciudadana. La ética pública no se decreta, se construye.

La lucha contra la corrupción no es un capítulo accesorio. Es el eje transversal de cualquier proyecto de país. Sin justicia independiente, sin reglas claras, sin funcionarios seleccionados por mérito y no por lealtad facciosa, ningún programa de reactivación económica, ninguna reforma social, ninguna política redistributiva podrá sostenerse en el tiempo. La corrupción es una enfermedad crónica que nos corroe desde dentro.

Por eso la conclusión es severa, sin una política de Estado destinada a transformar la cultura política, a desmontar la concepción patrimonial del poder y a restaurar la noción de bien general, no habrá estabilidad ni gobernabilidad duraderas. No importa si el gobierno se proclama de izquierda o de derecha; si no rompe con la lógica interna de la corrupción, la llevará consigo como una carga heredada.

De ahí se desprende una correlación decisiva, no habrá ruptura estructural con la corrupción si no se impulsa, de manera paralela y sostenida, una verdadera Política de Estado para la Escucha, el Diálogo y la Reconciliación nacional y social.

Bolivia arrastra fracturas históricas —coloniales, raciales, étnicas, regionales, ideológicas— que han sido instrumentalizadas como un método de acceso y conservación del poder; en ese clima de polarización permanente, la ética pública se diluye y el adversario deja de ser conciudadano para convertirse en un enemigo. Sin un proceso institucionalizado de reconocimiento de agravios, reparación simbólica y construcción de reglas compartidas, es imposible edificar una base de ética social que funcione como dique cultural frente al patrimonialismo y la corrupción. La reconciliación no es indulgencia ni olvido; es el restablecimiento de un marco común de respeto y legalidad que permita que la ley vuelva a ser un límite real al abuso. Solo sobre esa arquitectura de confianza —sostenida en educación cívica, justicia independiente y control social efectivo— podrá consolidarse una cultura popular y una práctica administrativa donde el poder deje de ser un botín y vuelva a ser un servicio.

Bolivia necesita algo más que alternancia. Necesita una refundación ética de su vida pública. Una reconstrucción basada en la reconciliación, la educación y la institucionalidad. De lo contrario, seguiremos girando en el mismo círculo vicioso, cambiando de discurso cada veinte o treinta años, pero conservando intacta la misma cultura del abuso.