PARA QUE NO SE DIGA QUE NO LO DIJE:

Hay momentos en la vida de un país en los que la eficacia técnica, siendo importante, deja de ser suficiente. No porque la economía deje de importar, sino porque la economía por sí sola no alcanza a ordenar los temores, las expectativas, las memorias ni las identidades que se mueven por debajo de la superficie. En esos momentos, gobernar exige algo más que administrar, exige conducir, interpretar, nombrar y convocar. 

El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder en una coyuntura cargada de urgencias económicas, tensiones sociales y una evidente fatiga histórica frente a los excesos del gobierno anterior. En ese contexto, era comprensible que la estabilización, la disciplina fiscal, la certidumbre y la recuperación de cierta racionalidad estatal ocuparan un lugar central. Nadie sensato podría negar la importancia de ese esfuerzo. Un país no puede reconstruirse sobre el desorden perpetuo, ni sobre la improvisación convertida en método, ni sobre la ilusión de que la política puede ignorar indefinidamente las restricciones de la realidad.

Pero justamente porque Bolivia arrastra fracturas más hondas que las puramente económicas, la etapa actual parece exigir un paso adicional. El gobierno no solo necesita administrar mejor; necesita también explicarle al país hacia dónde quiere conducirlo. Necesita ofrecer un horizonte compartido.

Ese es, acaso, uno de los grandes desafíos del presente, evitar que una gestión razonable en el plano técnico termine quedándose corta en el plano simbólico y político. Porque cuando una sociedad tan diversa y tensionada como la boliviana no encuentra una narrativa democrática capaz de incluirla, otros relatos aparecen para llenar el vacío. Y no siempre lo hacen desde la moderación, la convivencia o el pluralismo.

Uno de los riesgos de todo gobierno que llega después de una etapa de deterioro institucional es que termine asumiendo una lógica esencialmente reactiva. Se responde a la crisis cambiaria, al conflicto de combustibles, a las demandas sectoriales, a la presión sindical, a los problemas de abastecimiento, a la protesta callejera, al desgaste de la confianza. Y, por supuesto, responder es necesario. Pero responder no equivale a orientar.

Orienta supone dotar de sentido a las respuestas. Supone inscribir cada medida en un relato más amplio sobre el país que se quiere construir. Supone decir no solo qué se hace, sino para qué se hace, con quiénes se quiere hacerlo y en nombre de qué idea de Bolivia se gobierna.

En este punto parece abrirse una pregunta relevante para la etapa actual, ¿ha logrado el gobierno convertir su agenda de estabilización y orden en una narrativa nacional incluyente? ¿Ha conseguido traducir la necesidad de corrección económica en una promesa política capaz de convocar a sectores diversos de la sociedad boliviana?

Mi impresión, al menos por ahora, es que esa tarea sigue pendiente.

Bolivia nunca ha sido una sociedad sencilla. Es un país atravesado por fracturas históricas, regionales, étnicas, culturales y sociales que no desaparecen porque se las silencie. A veces se repliegan; a veces mutan; a veces parecen administrables. Pero siguen ahí, actuando bajo la superficie, esperando el momento en que una crisis, un conflicto o una torpeza discursiva las reactive.

Por eso, en Bolivia, la política no puede limitarse a la buena administración de variables. Necesita producir también un lenguaje de encuentro. Una forma de reconocimiento recíproco. Una idea de país en la que los diferentes puedan verse reflejados sin sentir que para existir deben borrar al otro.

Esa es, quizá, la parte más exigente de gobernar en una democracia plural. Y también la más delicada. Porque requiere reconocer que no basta con tener razón en términos técnicos, si amplios sectores sociales no se sienten nombrados, incorporados o convocados por el relato oficial.

Aquí aparece un punto central, la Bolivia que emergió con más fuerza en las últimas décadas ya no puede ser entendida con categorías viejas. El país ha cambiado. Existen nuevas clases medias populares, sectores urbanos plebeyos con aspiraciones claras de movilidad, juventudes que crecieron en un entorno más mestizo y más desinhibido frente al poder tradicional, emprendimientos populares y un empresariado indígena que adquirió presencia económica y autoestima social en una escala difícil de ignorar.

Ese país no es marginal. Es parte central de la Bolivia contemporánea. Y si no encuentra un lugar claro dentro de una narrativa democrática de futuro, inevitablemente buscará otras formas de expresión. A veces serán legítimas y constructivas; otras veces, más ásperas, más resentidas o más fácilmente capturables por discursos de confrontación.

Hay una verdad que convendría asumir con serenidad, cualquier intento serio de construir un Acuerdo Nacional en Bolivia será insuficiente si no incorpora plenamente a la Bolivia indígena y popular, a los indios y cholos urbanizados, a las nuevas clases medias emergentes y al empresariado indígena que se consolidó en el ciclo del MAS.

No como gesto de corrección política. No como concesión retórica. No como simple reflejo decorativo de la diversidad. Tiene que ser el reconocimiento de un hecho decisivo, esa Bolivia forma parte constitutiva del país real y de su presente histórico; no se puede caminar sin ella.

Pretender ordenar Bolivia sin incorporar a esos sectores como sujetos legítimos del proyecto nacional sería insistir en una forma de ceguera que ya ha demostrado sus costos. Pero también sería un error pensar que la sola apelación a esas identidades, sin un marco democrático común, resuelve el problema. La cuestión no es reemplazar una exclusión por otra como quiso hacer fallidamente el MAS, ni una élite cerrada por una legitimidad fundada únicamente en la herida histórica.

La cuestión es más compleja y y está madura, se trata de construir ciudadanía compartida a partir de una sociedad diversa. Se trata de producir una síntesis democrática donde la inclusión no derive en fragmentación, y donde la diferencia no se vuelva coartada para la sospecha mutua.

Bolivia no necesita una política que niegue sus pluralidades. Necesita una política que las vuelva convivibles.

En ese contexto, lo ocurrido en el reciente Cabildo de El Alto merece atención cuidadosa, no simplificaciones.

Más allá de las discrepancias en algunas coberturas sobre los alcances exactos de ciertas resoluciones, hay elementos suficientemente claros. Se expresaron demandas vinculadas a la Ley 157, a las dietas legislativas, al problema de tierras, a los combustibles, a la justicia y al vínculo entre el gobierno y las organizaciones sociales. También emergió un tono de presión política que no debería pasar inadvertido.

Lo más interesante, desde el punto de vista analítico, es que el Cabildo parece haber condensado algo más que una protesta por temas puntuales. En él se cruzaron malestares de distinta naturaleza, económicos, institucionales, territoriales y simbólicos. Esa mezcla es importante. Cuando una protesta deja de girar en torno a una sola demanda y empieza a reunir múltiples agravios en un mismo escenario, suele estar indicando una crisis más amplia de representación, escucha y confianza.

Una democracia madura no debería ver estos hechos solo como amenaza ni solo como ruido. Debería leerlos también como advertencia. Como señal de que existen sectores que no se sienten suficientemente incorporados al curso actual del proceso político. Y cuando esa percepción se acumula, el espacio se vuelve más receptivo para discursos de ultimátum, de exclusión o de revancha.

El mayor problema de una narrativa insuficiente no es estético. Es político.

Cuando el centro democrático no logra producir un relato de país capaz de combinar estabilidad, inclusión, pluralismo y futuro, se multiplican las posibilidades de captura del descontento. Por un lado, reaparecen discursos excluyentes, a veces teñidos de un racismo apenas disimulado, que miran con desconfianza o desdén la democratización social del país. Por otro, resurgen discursos atávicos que convierten la memoria del agravio en lenguaje permanente de confrontación.

Ambos registros son peligrosos. Ambos degradan la conversación pública. Ambos estrechan el campo de una salida democrática y plural.

Sería injusto atribuirle al gobierno la responsabilidad exclusiva por ese fenómeno. Bolivia arrastra una larga historia de polarización rentable y de actores que lucran con el resentimiento. Pero también sería ingenuo no advertir que los vacíos de conducción simbólica suelen facilitar ese tipo de ocupación del espacio público.

De ahí que el desafío de esta etapa no sea únicamente sostener el orden económico, sino acompañarlo con una pedagogía política de mayor escala. Una que explique. Una que convoque. Una que incorpore. Una que desactive la lógica binaria de las Bolivias enfrentadas.

La reacción en torno a la Ley 157 es otro ejemplo de algo que la política boliviana debería aprender a no subestimar, ciertos temas no pueden ser tratados exclusivamente en clave jurídica o administrativa.

La tierra, en Bolivia, es mucho más que un objeto económico. Es una condensación de historia, desigualdad, arraigo, memoria y temor. Hablar de tierra es tocar fibras profundas de la estructura social y del imaginario colectivo. Por eso, cualquier modificación legal, cualquier señal ambigua o cualquier percepción de desprotección se carga rápidamente de sentidos que van mucho más allá de la letra de una norma.

Lo mismo ocurre con la justicia, con el combustible, con los privilegios de la clase política o con el trato que reciben las organizaciones sociales. Son temas concretos, sí, pero también son símbolos. Hablan de dignidad, de jerarquías, de cercanía o lejanía del poder, de confianza en el Estado, de respeto por la ciudadanía.

Cuando el gobierno procesa esos asuntos solo en clave técnica, corre el riesgo de quedarse con la razón administrativa y perder la inteligibilidad política del conflicto.

Afortunadamente, nada de esto obliga a una lectura fatalista. Más bien al contrario, si el problema principal está en la necesidad de ampliar, profundizar y humanizar la conducción política del proceso, entonces todavía hay margen para corregir, enriquecer y reencauzar.

El gobierno podría dar un paso importante si asume que la estabilidad económica y la conducción simbólica no son tareas rivales, sino complementarias. Una necesita de la otra. El orden sin relato se enfría. El relato sin resultados se vacía. Lo que Bolivia requiere es una síntesis más exigente, una política capaz de unir responsabilidad económica con integración nacional, eficiencia estatal con escucha social, pluralismo democrático con promesa de futuro.

Para ello harían falta hablarle con mayor claridad a la Bolivia emergente y reconocerla como protagonista legítima del nuevo ciclo. Haría falta tender puentes más sólidos con sectores populares, indígenas, urbanos y regionales que no siempre se sienten convocados por el lenguaje gubernamental. Haría falta sustituir una parte de la lógica reactiva por una lógica más deliberada de convocatoria nacional. Haría falta, sobre todo, instalar con decisión una narrativa de escucha, diálogo, reconciliación y convivencia democrática como política de Estado.

La cuestión de fondo sigue siendo esta, ¿puede Bolivia avanzar hacia una etapa de estabilidad y modernización sin reconstruir al mismo tiempo un mínimo horizonte compartido entre sus diversos sectores sociales y culturales?

El país necesita una narrativa que no niegue el conflicto, pero que tampoco viva de él. Una narrativa en la que el mercado, el Estado y la sociedad no aparezcan como enemigos inevitables. Una narrativa que convoque a empresarios, trabajadores, clases medias, juventudes, pueblos indígenas, emprendedores populares y regiones diversas dentro de una misma conversación democrática. Una narrativa que no fuerce a elegir entre crecimiento e inclusión, entre modernización y pertenencia, entre orden y dignidad.

Y, sobre todo, una narrativa que entienda algo esencial, sin etnias, sin indios y cholos, sin cambas y cunumis, sin la Bolivia emergente, sin nuevas clases medias y sin empresariado indígena, no habrá acuerdo nacional verdaderamente viable. Habrá, en el mejor de los casos, una administración temporal de la fractura.

Quiero advertirle otra vez al actual gobierno, con honestidad, que todavía está a tiempo de ampliar el sentido de su propia gestión. Que todavía puede pasar de una lógica predominantemente administrativa a una lógica más política. Que todavía puede hablarle al país no solo en nombre del orden, sino también en nombre de una comunidad nacional capaz de reconocerse en su diversidad.

Ese paso no resolverá todos los problemas. Pero podría evitar que otros, con menos escrúpulos democráticos y con mayor vocación de dividir, sigan ocupando el terreno que deja libre una narrativa insuficiente.

¿CORRUPCIÓN? ¿DÓNDE?

En Bolivia, como en tantos otros países que arrastran pobreza estructural, institucionalidad débil y una inserción apenas marginal en la economía mundial, la corrupción no es un accidente ni una anomalía estadística, es una enfermedad vieja, persistente, enquistada en los huesos del Estado y en los pliegues de la cultura política. No es simplemente la caída moral de individuos aislados; es un sistema de incentivos perversos que prospera allí donde la ley es frágil, la autoridad es discrecional y la supervivencia cotidiana se aprende a resolver por atajos.

Los últimos veinte años de gobierno del MAS no inventaron la corrupción, pero sí la profundizaron, la expandieron y la normalizaron hasta convertirla en método de reproducción del poder. No fue solamente clientelismo (que ya sería bastante) sino la conformación de redes paraestatales que utilizaron el aparato público como botín, como refugio y como herramienta de dominio. Ministerios, empresas, órganos judiciales, fuerzas del orden, todas las piezas de una arquitectura subordinada a intereses faccionales.

A ello se sumó algo más grave aún, la consolidación de una concepción patrimonial del Estado. El trámite mínimo, la gestión cotidiana, la decisión estratégica, todo tiene precio hasta el día de hoy. Nada es deber, nada es función pública, todo es transacción. El Estado ha dejado de ser una casa común y se ha convertido en un mercado oscuro.

Esa lógica descendió en cascada. Desde las más altas esferas hasta las ventanillas más modestas, se formaron cadenas piramidales de complicidad. Policía, sistema judicial, aduanas, impuestos, Derechos Reales, el INRA, gobiernos departamentales, municipios. La corrupción dejó de distinguir jerarquías; el soborno pequeño y el negociado grande se dieron la mano. Cada eslabón protege al otro, porque la caída de uno arrastraría a todos.

Con el tiempo, lo excepcional se volvió costumbre. Y aquí aparece una verdad incómoda que no debemos eludir; una parte significativa de la población (excluida durante siglos por élites cerradas, oligárquicas, ensimismadas) vio en el acceso al Estado una suerte de reparación histórica. La demanda de inclusión era legítima; el uso patrimonial del poder no lo era. Pero cuando el acceso al poder no viene acompañado de formación ética, cultura institucional y límites claros al abuso, la revancha social puede mutar en justificación moral del saqueo. Lo que antes era privilegio de pocos, se volvió práctica extendida. Y así se deterioró el orden público.

¿Quién tiene la culpa de que hayamos llegado hasta aquí? La respuesta no admite consignas fáciles. Hay, al menos, dos responsabilidades históricas.

La primera corresponde a las viejas clases dominantes y oligárquicas —masculinas, blancas, castellano-hablantes, envejecidas en el poder y reproducidas en círculos familiares cerrados— que desde la Revolución Liberal de fines del siglo XIX y aun después de la Revolución Nacional de 1952, administraron el Estado boliviano sin democratizar el saber, sin universalizar una ética pública compartida, sin sembrar educación y ciudadanía en los estratos pobres e indígenas. Gobernaron, sí; pero no formaron. Gestionaron el aparato estatal, pero no construyeron cultura republicana.

La segunda responsabilidad recae en la élite masista que, en nombre de los desvalidos y marginados, llegó al poder sin levantar los diques institucionales capaces de contener las aspiraciones malsanas acumuladas durante tanto tiempo. En lugar de transformar la frustración en virtud cívica y la exclusión en ciudadanía, toleraron, cuando no justificaron, prácticas de latrocinio y abuso como si fueran compensación histórica. Donde debió haber pedagogía democrática, hubo permisividad; donde debió haber ejemplo moral, se instaló la coartada ideológica. Entre la negligencia formativa de unos y la indulgencia interesada de los otros, se consolidó el terreno fértil en el que hoy prospera la corrupción.

Cuando la corrupción se instala en la cultura política, arrancarla no es tarea de un decreto ni de un cambio de autoridades. No basta con encarcelar a algunos culpables para sentar ejemplo. Se requiere transparencia radical en las finanzas públicas; digitalización y trazabilidad de cada proceso administrativo; independencia real de la justicia; meritocracia efectiva; control social informado y sostenido. Y, sobre todo, años, ¡AÑOS!, de educación cívica ciudadana. La ética pública no se decreta, se construye.

La lucha contra la corrupción no es un capítulo accesorio. Es el eje transversal de cualquier proyecto de país. Sin justicia independiente, sin reglas claras, sin funcionarios seleccionados por mérito y no por lealtad facciosa, ningún programa de reactivación económica, ninguna reforma social, ninguna política redistributiva podrá sostenerse en el tiempo. La corrupción es una enfermedad crónica que nos corroe desde dentro.

Por eso la conclusión es severa, sin una política de Estado destinada a transformar la cultura política, a desmontar la concepción patrimonial del poder y a restaurar la noción de bien general, no habrá estabilidad ni gobernabilidad duraderas. No importa si el gobierno se proclama de izquierda o de derecha; si no rompe con la lógica interna de la corrupción, la llevará consigo como una carga heredada.

De ahí se desprende una correlación decisiva, no habrá ruptura estructural con la corrupción si no se impulsa, de manera paralela y sostenida, una verdadera Política de Estado para la Escucha, el Diálogo y la Reconciliación nacional y social.

Bolivia arrastra fracturas históricas —coloniales, raciales, étnicas, regionales, ideológicas— que han sido instrumentalizadas como un método de acceso y conservación del poder; en ese clima de polarización permanente, la ética pública se diluye y el adversario deja de ser conciudadano para convertirse en un enemigo. Sin un proceso institucionalizado de reconocimiento de agravios, reparación simbólica y construcción de reglas compartidas, es imposible edificar una base de ética social que funcione como dique cultural frente al patrimonialismo y la corrupción. La reconciliación no es indulgencia ni olvido; es el restablecimiento de un marco común de respeto y legalidad que permita que la ley vuelva a ser un límite real al abuso. Solo sobre esa arquitectura de confianza —sostenida en educación cívica, justicia independiente y control social efectivo— podrá consolidarse una cultura popular y una práctica administrativa donde el poder deje de ser un botín y vuelva a ser un servicio.

Bolivia necesita algo más que alternancia. Necesita una refundación ética de su vida pública. Una reconstrucción basada en la reconciliación, la educación y la institucionalidad. De lo contrario, seguiremos girando en el mismo círculo vicioso, cambiando de discurso cada veinte o treinta años, pero conservando intacta la misma cultura del abuso.

CAPITALISMO PARA TODOS

En tiempos de crisis, los eslóganes florecen. Algunos consuelan, otros engañan. “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” pertenece, lamentablemente, a la segunda categoría. No porque el mercado no sea necesario, que lo es, sino porque la consigna evita deliberadamente las preguntas centrales de este momento: ¿cómo se genera la riqueza?, ¿cómo se distribuye y bajo qué reglas se gobierna esa distribución?

Desde una mirada mínimamente informada (y aquí Marx sigue siendo un punto de partida útil, incluso para quienes no se consideran marxistas) el capitalismo no es una promesa de prosperidad universal, sino un modo de producción estructuralmente desigual, basado en la apropiación privada del excedente generado por el trabajo. No se trata de una desviación ocasional ni de una falla moral, es su lógica interna. Por eso, la tendencia histórica a la concentración de la riqueza no es un accidente, sino una regularidad empíricamente comprobada.

Hablar entonces de “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” equivale a ofrecer un sistema competitivo sin perdedores, algo tan plausible como una carrera en la que todos llegan primeros.

En Bolivia esta consigna encuentra eco. ¿Por qué? No por su solidez teórica, sino por el desastre moral, institucional y económico dejado por dos décadas de estatismo mafioso, encarnado por el Movimiento al Socialismo. El colapso fiscal, la escasez de divisas, la corrupción estructural y la captura del Estado por redes clientelares y criminales no solo han demolido la economía, han erosionado profundamente la credibilidad de las narrativas de izquierda.

Conviene reconocer (sin ingenuidad, pero también sin purismo) que en labios del presidente Rodrigo Paz Pereira la consigna “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” cumple una función política concreta y no menor. En un país saturado por veinte años de retórica estatista, nacionalizadora y supuestamente redentora, el eslogan opera como gesto de ruptura simbólica frente al imaginario que dejaron los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora. No es una formulación teórica rigurosa, ni pretende serlo, es un marcador discursivo, una señal destinada a desmarcar al nuevo gobierno del estatismo clientelar, del Estado corporativo y mafioso, y de la captura del excedente por una burocracia partidaria. En ese sentido, su eficacia no reside en su verdad conceptual, sino en su capacidad para reordenar el campo político, correr el eje del debate y habilitar una conversación distinta, allí donde durante años solo hubo consignas únicas, dogmas incuestionables y una economía subordinada a la lógica del poder.

En esa situación, cualquier discurso que suene a “mercado”, “empresa” o “inversión” aparece como salvación. Pero confundir el rechazo al estatismo corrupto con una adhesión acrítica al capitalismo es un error que Bolivia ya ha cometido otras veces, con resultados conocidos. El Péndulo Catastrófico (estatismo ineficiente primero, privatización empobrecedora después) no nos ha llevado al desarrollo, sino al agotamiento. Cada giro promete una refundación; cada fracaso nos devuelve al punto de partida.

Aquí es donde nuestra Visión de País introduce una diferencia sustantiva. No propone ni estatismo redentor ni capitalismo ingenuo, sino algo mucho más difícil y, por lo mismo, más serio, un acuerdo democrático de larga duración entre Estado, mercado y sociedad, capaz de frenar ese vaivén histórico que nos obliga a “empezar de nuevo” cada veinte años.

El mercado es condición necesaria para generar riqueza, sin mercado solo hay pobreza para repartir. Pero esa afirmación no deriva en la idolatría del capital, deriva en una propuesta de Economía Social de Mercado, con reglas claras, Estado regulador, seguridad jurídica y propiedad privada, combinadas con políticas públicas orientadas a educación, salud, empleo digno y reducción efectiva de desigualdades.

La clave está en el excedente. El problema boliviano no ha sido solo cómo se produce la riqueza, sino quién captura el excedente y para qué. Bajo el MAS, ese excedente fue apropiado por una burocracia partidaria y criminal; ahora, bajo un capitalismo desregulado que exalta el reino del mercado, el riesgo es que sea capturado por élites económicas desconectadas del país profundo. En ambos casos, la mayoría queda fuera.

Por eso yo insisto en algo incómodo para los dogmáticos, la primacía del trabajo sobre el capital, la formalización del empleo, el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas, la inserción en la economía del conocimiento y un nuevo pacto fiscal que redistribuya capacidades reales entre los distintos niveles del Estado. No se trata de capitalismo para todos, sino de desarrollo para todos, que es algo muy distinto.

Hay, además, un punto decisivo que los eslóganes suelen ignorar, el factor institucional y cultural. No hay mercado que funcione sin justicia independiente, sin Estado de derecho, sin control social efectivo y sin ciudadanía activa. Bolivia no necesita más consignas; necesita instituciones que funcionen y reglas que se respeten, empezando por una reforma judicial profunda, verificable y sostenida en el tiempo.

Finalmente, está la dimensión que rara vez aparece en el debate económico, pero que aquí resulta central, la reconciliación nacional y social. Un país fracturado, polarizado y resentido no es terreno fértil ni para el mercado ni para la democracia. Sin confianza no hay inversión; sin diálogo no hay proyecto común; sin justicia no hay estabilidad. La reconciliación no es un gesto moral, es una condición material del desarrollo.

En suma, “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” es una frase fácil para tiempos difíciles. Bolivia necesita algo más exigente, una visión de país que combine mercado con justicia social, Estado con límites, crecimiento con ciudadanía y desarrollo con dignidad. Todo lo demás es publicidad política. Y ya sabemos, por experiencia propia, lo caro que sale gobernar a punta de puro eslóganes.

GOBERNAR SIN PARTIDOS

Hay una carencia silenciosa —pero decisiva— en el ejercicio del poder político en la Bolivia actual, el gobierno gobierna sin partidos que lo vinculen orgánicamente con la sociedad. No se trata de una acusación moral ni de una descalificación coyuntural, sino de un problema estructural de nuestra democracia, cuyas consecuencias van a empezar a sentirse en la fragilidad del respaldo social, la dificultad para sostener reformas y la potencial desconexión entre decisión estatal y ciudadanía.

Ahora bien, cuando decimos “partido político”, no estamos pidiendo resucitar las viejas maquinarias, los comités de notables, el clientelismo territorial ni el sindicalismo de aparato que dominaron el siglo pasado. Los partidos políticos no son un adorno institucional ni un resabio melancólico del siglo XX. Son (cuando cumplen su función) mecanismos indispensables de mediación democrática, recogen demandas sociales dispersas, las procesan políticamente, las traducen en programas de gobierno, les otorgan sentido histórico y organizan la representación en el ejercicio del poder.

Cuando esa mediación desaparece o se debilita, los gobiernos quedan expuestos a una relación directa con la sociedad, que suele ser tan intensa como frágil. Sin filtros, sin traducción política y sin canales estables, las demandas se expresan como presión inmediata, la protesta sustituye al debate y el conflicto reemplaza a la deliberación. Gobernar sin partidos no significa gobernar con más pueblo, sino gobernar con menos política y con mayor inestabilidad.

Una primera función del partido político es recoger y procesar las demandas sociales. No todas las demandas son iguales ni compatibles entre sí; algunas son urgentes, otras estructurales, otras expresan miedos, frustraciones o expectativas de futuro. El partido cumple la tarea —nada sencilla— de ordenarlas, jerarquizarlas y convertirlas en insumos políticos racionales.

Cuando esa mediación no existe, las demandas no desaparecen, se expresan como presión, como bloqueo, como protesta o como ruido permanente. El gobierno, entonces, deja de conducir y comienza a reaccionar. Se ve obligado a apagar incendios, a negociar caso por caso, sin un marco político que permita anticipar conflictos ni construir consensos duraderos.

La Visión de País que hemos venido defendiendo parte del reconocimiento de una sociedad fragmentada, urbana, mestiza, atravesada por heridas históricas y por una profunda desconfianza hacia la política. Sin partidos que procesen esa complejidad, el Estado queda inerme frente a la multitud.

La segunda función clave del partido es construir programa. Gobernar no es administrar el día a día, sino articular políticas públicas coherentes con una idea de país. Un programa no se improvisa, surge de diagnósticos históricos, de opciones ideológicas explícitas y de una lectura estratégica del futuro.

Cuando el gobierno carece de partidos sólidos, el programa se diluye. Las políticas aparecen como respuestas técnicas —muchas veces necesarias—, pero desconectadas entre sí y del horizonte político que las justifique. El resultado es una sensación social de arbitrariedad, decisiones correctas en lo técnico, pero débiles en legitimidad.

Bolivia conoce bien este problema. El péndulo histórico entre estatismo y privatización, entre Estado omnipresente y mercado desregulado, no se rompe sin un acuerdo político de largo plazo, sostenido por organizaciones capaces de darle continuidad más allá de la coyuntura.

Quizá la función más olvidada de los partidos sea la de otorgar sentido a las decisiones. La política no solo resuelve problemas, construye relatos colectivos, explica sacrificios, proyecta esfuerzos hacia un futuro compartido. Sin ese relato, las reformas —por muy necesarias que sean— se viven como imposiciones.

Nuestra Visión de País insiste en que Bolivia necesita cerrar ciclos históricos inconclusos y avanzar hacia una reconciliación nacional y social que no borre las diferencias, sino que permita convivir con ellas democráticamente. Esa tarea no puede ser asumida solo por el Estado ni por liderazgos individuales, requiere partidos que organicen sentido, memoria y porvenir.

Un gobierno sin partidos gobierna el presente, pero no logra narrar el futuro.

Finalmente, los partidos organizan la representación. Forman cuadros, seleccionan liderazgos, articulan intereses regionales y sectoriales, y sostienen al gobierno en el tiempo. Cuando esto no ocurre, el poder se ejerce en soledad, apoyado en figuras individuales, sin anclaje territorial ni militante.

La situación actual es ilustrativa, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria es el resultado de una diáspora de más de veinte años de inactividad política; Primero la Gente es un grupo reducido, focalizado casi exclusivamente en Tarija; y la Democracia Cristiana sobrevive más como sigla legal que como organización viva, sin militancia ni historia reciente que la respalde. Ninguna de estas estructuras puede cumplir hoy cabalmente la función de partido de gobierno que hemos explicado.

Conviene introducir, en este panorama, una salvedad necesaria: Unidad Nacional, el partido que preside Samuel Doria Medina, constituye hoy la única estructura partidaria real dentro del frente político gobernante. Se trata de una organización que ha logrado sobrevivir a más de dos décadas de ostracismo del sistema de partidos en Bolivia, sostenida por una perseverancia política poco común y por una capacidad material que le permitió mantenerse en pie cuando casi todas las demás estructuras colapsaban. Sin embargo, aun con ese mérito indiscutible, Unidad Nacional responde a un formato partidario clásico, propio de la democracia representativa del siglo pasado, una organización vertical, limitada para cumplir, en plenitud, las funciones que hoy demandan las sociedades contemporáneas. En tiempos de internet, redes sociales y ciudadanía hiperactiva, esa forma de partido resulta insuficiente para procesar demandas complejas, sostener deliberación colectiva en el tiempo y construir sentido compartido más allá del ciclo electoral. El desafío, por tanto, no es su supervivencia —ya probada—, sino su capacidad de transformarse en un dispositivo político acorde a una democracia más abierta, más horizontal y menos dependiente de las lógicas heredadas del siglo XX.

Y todo lo dicho hasta ahora no quiere expresar nostalgia. Se trata de advertir que sin partidos renovados y funcionando no hay bloque social de poder, y sin ese bloque la gobernabilidad se vuelve frágil, reversible y dependiente del humor social del momento.

Esos viejos partidos fueron útiles para consolidar la democracia representativa, pero hoy exhiben límites evidentes. Vivimos en un tiempo de una política de redes, de intermediaciones diluidas y de ciudadanía hiperexpresiva; cada persona produce opinión (a veces brillante, a veces francamente ruidosa) y la conversación pública circula a la velocidad de un meme. En este contexto, el partido que necesitamos no es un museo de prácticas obsoletas, sino una institución renovada, más abierta, más deliberativa, más transparente y técnicamente capaz.

La paradoja es simple, la sociedad se volvió cada vez más “horizontal” en comunicación, mientras que el Estado sigue siendo inevitablemente vertical por su diseño. Por eso, lejos de desaparecer, la función partidaria se vuelve más importante que nunca. Alguien debe transformar la conversación dispersa en agenda pública, la indignación en propuesta y el presente en un horizonte de futuro compartido. Sin esa mediación, la política queda reducida a impulsos fragmentarios, y el poder se ejerce sin traducción social ni sostén duradero.

Renovar el sentido contemporáneo del partido político supone asumir que la mediación democrática ya no puede organizarse exclusivamente mediante comités territoriales, frentes sectoriales, jerarquías rígidas y militancias cerradas. En diversos países han emergido partidos-plataforma que incorporan herramientas digitales para la consulta, el debate interno y la priorización de agendas. A estas experiencias se suman los ensayos de democracia líquida, inspirados en los partidos pirata europeos, que combinan participación directa con mecanismos de delegación revocable del voto por áreas temáticas.

La evidencia comparada muestra un potencial claro en términos de inclusión, especialización y dinamismo organizativo, pero también advierte riesgos conocidos como la concentración informal de poder, liderazgos opacos o la aparición de “super-votantes”. Tales riesgos no se corrigen negando la innovación, sino mediante reglas explícitas, transparencia operativa y controles democráticos efectivos.

Una innovación aún más relevante es la institucionalización de espacios deliberativos estructurados, las asambleas ciudadanas, jurados cívicos y paneles sectoriales seleccionados con criterios de representatividad social, capaces de deliberar sobre problemas complejos y producir recomendaciones dotadas de legitimidad pública. Se han documentado en el mundo cientos de estas experiencias que subrayan que hay un nuevo valor que emerge y que reside en la profesionalización de la escucha, lo que significa metodologías claras, acceso a información plural y contrastada, facilitación experta, trazabilidad de las decisiones y obligación de respuesta por parte de las autoridades.

Traducido a una clave boliviana, se trata de renovar lo que la ley denomina “partido político”, e implica construir un sistema mixto, inovando plataformas abiertas de escucha y priorización ciudadana; mecanismos deliberativos con reglas estables; equipos programáticos capaces de convertir insumos sociales en propuestas coherentes; y una arquitectura de representación territorial y sectorial que vuelva a conectar Estado y sociedad sin clientelismo, improvisación ni fetichismo organizativo

La Visión de País que venimos defendiendo insiste, precisamente, en que Bolivia necesita puentes ideológicos y sociales, no trincheras identitarias ni atajos personalistas. Partidos entendidos como plataformas de articulación (programática, territorial y generacional) capaces de producir sentido colectivo, organizar la representación y sostener acuerdos de largo plazo. Sin esa renovación de la intermediación política, no habrá reconciliación posible, solo un monólogo infinito que no llega nunca a convertirse en proyecto nacional.

Este no es un texto contra el gobierno, sino una advertencia política dirigida a quienes hoy ejercen el poder. Gobernar sin partidos es posible por un tiempo; sostener un proyecto de país sin ellos es, en el mediano plazo, prácticamente imposible. La historia boliviana es clara al respecto, los gobiernos que prescinden de la mediación política terminan atrapados entre la tecnocracia sin respaldo o la presión corporativa sin horizonte y tenemos ejemplos variados de no hace mucho tiempo atrás; es cosa de mirar con cuidado el inmediato pasado.

Las autoridades actuales harían bien en asumir que la legitimidad electoral, por amplia que haya sido, no reemplaza la necesidad de organización política. El respaldo ciudadano no se conserva solo con decisiones correctas, sino con estructuras capaces de explicarlas, defenderlas y proyectarlas en el tiempo. Sin partidos que articulen demandas, construyan programa y otorguen sentido, el gobierno corre el riesgo de gobernar en solitario, expuesto a la fatiga social y a la erosión progresiva de su autoridad.

Reconstruir vínculos partidarios no es una concesión ni una debilidad, es un acto de realismo democrático. Implica aceptar que el Estado no puede hablarle directamente a una sociedad compleja y fragmentada sin intermediaciones estables. Implica, también, asumir que sin bloque social de poder no hay reforma sostenible, por más necesaria o urgente que esta sea.

La pregunta que queda abierta, no es si Bolivia necesita partidos, sino si el gobierno está dispuesto a promover, reconstruir o tolerar organizaciones políticas reales que lo vinculen con la sociedad, aun cuando eso implique compartir poder, escuchar demandas, deliberar y aceptar límites.

Porque gobernar es, finalmente, algo más que decidir, es construir futuro con otros. Y sin partidos, ese futuro vuelve a quedar peligrosamente a la intemperie.

EL LENGUAJE: CONSCIENCIA Y REALIDAD

Uno de los problemas menos visibles (y sin embargo más decisivos) de la sociedad boliviana es la precariedad en el dominio del castellano y otros lenguajes vigentes en el país. No se trata de una deficiencia meramente escolar ni de un asunto estético vinculado a la “buena dicción”, sino de un problema estructural que incide directamente en la forma en que comprendemos la realidad, la explicamos y la proyectamos colectivamente. En una sociedad donde el lenguaje es frágil, la conciencia social también lo es; y donde la conciencia es débil, la ciudadanía se vuelve incompleta y la democracia vulnerable.

Bolivia es un país multilingüe en el papel y, paradójicamente, empobrecido en su práctica lingüística cotidiana. Para una parte significativa (aunque no mayoritaria) de la población, el castellano no es lengua materna, sino una segunda lengua aprendida de manera incompleta, fragmentaria o meramente funcional. Al mismo tiempo, las  otras lenguas vigentes (el quechua, el aymara, el guaraní) han ido perdiendo centralidad en la vida diaria, en el espacio público y en la educación formal, sin haber sido plenamente sistematizadas ni fortalecidas como lenguas aptas para el pensamiento complejo, la escritura rigurosa y la producción intelectual.

El resultado es una situación intermedia y problemática, ya que muchas y muchos bolivianos no dominamos plenamente el castellano, pero tampoco contamos con un manejo sólido, normativo y actualizado de las otras lenguas mencionadas. Se vive, por decirlo sin eufemismos, en un “entre-lenguas” empobrecido. Este déficit no se manifiesta solo en errores gramaticales o en un vocabulario reducido, sino en la dificultad para formular ideas abstractas, argumentar con precisión, matizar posiciones, establecer relaciones causales o construir narrativas coherentes sobre la experiencia social y política.

El lenguaje no es un simple instrumento de comunicación; es el dispositivo fundamental mediante el cual se organiza la percepción del mundo. Nombrar es ordenar; conceptualizar es delimitar; narrar es conferir sentido. Cuando el lenguaje es pobre, la realidad se vuelve opaca, confusa o se reduce a consignas. Allí donde faltan palabras, sobran gritos; donde no hay conceptos, proliferan prejuicios; donde la sintaxis se debilita, la violencia simbólica encuentra terreno fértil para crecer. No es casual que las sociedades con déficits lingüísticos estructurales sean también más propensas a la simplificación del conflicto y a la radicalización identitaria.

Esta carencia tiene consecuencias políticas profundas. Una ciudadanía con limitaciones lingüísticas estructurales enfrenta mayores dificultades para comprender discursos públicos complejos, evaluar propuestas, detectar contradicciones o exigir rendición de cuentas. El debate democrático se empobrece, se simplifica y se polariza. La política degenera entonces en eslóganes, dicotomías morales rudimentarias y relatos maniqueos que excluyen el matiz y anulan la deliberación racional. En ese contexto, el adversario deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo; y la diferencia, en lugar de tramitarse mediante el diálogo, se transforma en agravio.

Aquí aparece un vínculo decisivo con el problema de la imprescindible necesidad de escucha, diálogo y reconciliación nacional y social. No puede haber reconciliación efectiva en una sociedad que carece de lenguajes compartidos para nombrar su historia, sus heridas y sus desacuerdos. La reconciliación no es silencio ni olvido, es la capacidad de narrar el conflicto sin reducirlo a insulto, de reconocer al otro sin negarlo, de procesar el pasado sin convertirlo en arma permanente. Todo eso exige lenguaje, palabras para matizar, conceptos para comprender, narrativas para integrar.

Cuando una sociedad no dispone de esas herramientas, la fractura se vuelve estructural. Las diferencias étnicas, regionales, culturales o ideológicas dejan de ser diversidad y se convierten en trincheras de guerra. El conflicto se expresa entonces como identidad cerrada y no como desacuerdo democrático. La pobreza lingüística no solo limita la participación política; limita, sobre todo, la posibilidad de construir un “nosotros” inclusivo, condición básica de cualquier proyecto nacional.

La responsabilidad de esta situación no recae en los hablantes, sino en un sistema educativo que ha fracasado en su misión más elemental: formar sujetos capaces de pensar con palabras. La educación intercultural bilingüe fue proclamada como una conquista histórica, pero no se tradujo en un fortalecimiento real de las lenguas utilizadas como lenguas de conocimiento, ni en una enseñanza rigurosa y exigente del castellano como lengua común de deliberación pública. En no pocos casos se optó por una pedagogía condescendiente, de bajos estándares, que confundió inclusión con simplificación y terminó produciendo una ciudadanía frágil, más proclive a la adhesión emocional que al juicio crítico.

Revertir este escenario exige una decisión política y cultural de largo aliento. Supone asumir que el dominio del lenguaje, oral y escrito, es una condición básica de la ciudadanía democrática. Supone también tomar en serio todas las lenguas vigentes en el país, no como emblemas identitarios congelados, sino como sistemas vivos capaces de vehiculizar ciencia, filosofía, derecho y pensamiento crítico. Y, al mismo tiempo, implica enseñar un castellano exigente, rico y preciso, no como instrumento de dominación, sino como espacio común de encuentro intersubjetivo, donde las diferencias puedan expresarse sin romper la convivencia.

En última instancia, fortalecer el lenguaje en Bolivia es fortalecer la capacidad de la sociedad para pensarse a sí misma y reconocerse en su pluralidad. Sin palabras suficientes no hay ciudadanía plena; sin lenguajes compartidos no hay reconciliación posible. Y sin una conciencia lingüísticamente articulada, toda promesa de transformación democrática corre el riesgo de quedarse —literalmente— sin palabras.