LA CONFIANZA PERDIDA

Hay victorias electorales que se miran en los números y parecen definitivas, aplastantes, luminosas incluso, hasta que uno se detiene, respira, mira mejor, y descubre que debajo de esa claridad estadística se escondía una profunda ambigüedad política. La victoria de Rodrigo Paz Pereira fue una de esas. Ganó, sí, y ganó bien (entre otras cosas, con mi sincero apoyo).

Ganó ampliamente en segunda vuelta, pero no ganó porque el país se hubiera convertido, de pronto, en una mayoría doctrinaria, disciplinada y convencida de emprender un giro liberal acelerado, menos aún una restauración conservadora. Ganó porque una parte importante de Bolivia quiso cerrar el ciclo del MAS, porque otra parte quiso impedir el retorno de Tuto, porque muchos sectores populares estaban cansados de la vieja política, porque las clases medias buscaban orden, porque los transportistas, los cuentapropistas, los ciudadanos agobiados por el desabastecimiento y por la angustia económica esperaban alivio, estabilidad, sensatez, pero no una ruptura del pacto electoral.

Ese fue, probablemente, el primer gran error de lectura. Paz y quienes lo rodean parecieron interpretar el resultado como un cheque en blanco. Y en política, sobre todo en Bolivia, no todo voto es adhesión. A veces el voto es esperanza, a veces miedo, a veces castigo, a veces resignación, a veces apenas el intento desesperado de evitar algo que se considera peor. Confundir esa suma contradictoria de motivaciones con obediencia política es una de las maneras más rápidas de perder el vínculo con la ciudadanía. Y cuando ese vínculo se rompe, no lo arregla un discurso bien leido, ni una fotografía solemne, ni un acuerdo bautizado con un nombre rimbombante.

La primera señal fue el retiro de las normas que imponían un impuesto a las grandes fortunas; vaya señal. Fue la peor manera de empezar.

Luego vino el retiro de la subvención a los combustibles, anunciado en diciembre de 2025, tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. No era una medida cualquiera, entraba directamente al bolsillo, al transporte, al precio de la comida, al costo de producir, trabajar, moverse y sobrevivir. Podía tener argumentos técnicos, por supuesto, dado que el país heredó una crisis económica real, con inflación, escasez de dólares, combustibles tensionados y un Estado fiscalmente exhausto. Negarlo sería demagogia mal intencionada. Pero una cosa es reconocer la crisis y otra muy distinta es administrar políticamente sus costos.

Pero hubo, además, otro factor más corrosivo, la sospecha de que la corrupción no se había ido, sino que apenas había cambiado de administración, de ropaje y de beneficiarios. La llamada gasolina basura no solo dañó motores y bolsillos; instaló también la pregunta más peligrosa para cualquier gobierno que llega prometiendo cambio, ¿quién compró, cómo compró y a qué precio compró? En la calle comenzó a circular la percepción de que pudo haber sobreprecios, intermediaciones oscuras y viejas prácticas intactas. A ello se sumó la sensación de que muchos funcionarios heredados del masismo seguían en sus puestos, operando como si nada hubiera cambiado, protegidos por redes burocráticas que sobreviven a todos los gobiernos y que se acomodan, con admirable desvergüenza, a cualquier nuevo poder. Aduanas, Policía, Órgano Judicial y otras instituciones continúan siendo vistas por la ciudadanía como pirámides de corrupción que van desde las jefaturas hasta las bases, donde cada trámite, cada protección, cada designación y cada silencio pueden tener precio. Y lo más grave, si se confirma (o aun si solo se instala como convicción social), es la denuncia de que también los puestos de trabajo se estarían vendiendo, que se cobra por otorgarlos y que el Estado sigue siendo tratado como botín. Cuando un gobierno llega prometiendo cambio y la gente siente que los mismos mecanismos de corrupción continúan funcionando, la confianza no solo se debilita, se pudre desde adentro.

Un gobierno puede pedir sacrificios cuando construye confianza, cuando explica con claridad, cuando reparte las cargas con justicia, cuando protege de verdad a los más vulnerables y cuando demuestra, además, que sabe lo que está haciendo. Lo que ocurrió fue distinto; la estabilización apareció como el primer idioma del gobierno, antes que la reconciliación, antes que la escucha, antes que la construcción paciente de una coalición social capaz de sostener el tránsito difícil que se venía encima. Primero vino la receta, después la explicación; primero el golpe, después la convocatoria; primero la decisión, después el intento tardío de persuadir.

Lo tremendo es que lo sabían. Se habló de ello con todos y cada uno de quienes tomaron esas primeras decisiones. Lo discutimos en detalle, en varias reuniones y diálogos personales, pero dijeron NO, primero la economía, primero la estabilidad, primero las inversiones...

Ahí comenzó a romperse el contrato implícito del voto. Muchos ciudadanos no habíamos votado por Paz para que gobernara como restaurador conservador, sino para que ordenara el país sin arrasar la sensibilidad popular. La diferencia no es menor. En nuestra Bolivia, esa diferencia puede ser el abismo.

Pero el verdadero punto de inflexión no fue el precio del combustible. Fue la gasolina de mala calidad. Allí el problema dejó de ser económico y se volvió moral. La ciudadanía puede aceptar una medida dura si cree que el gobierno es competente y sincero, pero cuando primero se defiende una versión, luego se admite otra, después se habla de sabotaje y finalmente se prometen compensaciones que la gente no termina de creer, el daño ya no está en el tanque del vehículo; está en la confianza pública.

Para un transportista, para un taxista, para quien vive de su motorizado, recibir combustible defectuoso no es una anécdota técnica. Es una amenaza a su instrumento de trabajo, a su ingreso diario, a la comida de su familia. Si además debe pagar más por ese combustible y luego peregrinar por una compensación incierta, el enojo no necesita demasiadas explicaciones. Basta imaginar a una familia que vive al día y que descubre que el Estado le cobra más, le entrega peor y todavía le pide paciencia.

Desde ese momento, el ajuste empezó a leerse de otra manera. Ya no como una medicina amarga pero necesaria, sino como una operación mal conducida, mal explicada y quizá poco transparente. El gobierno perdió el beneficio de la duda, que en política es una de las monedas más valiosas y también una de las más fáciles de malgastar.

Luego vino la ley agraria. Y con ella apareció un conflicto más hondo, porque la tierra en Bolivia nunca es solo tierra. Es memoria, comunidad, dignidad, historia, herida colonial, Reforma Agraria, identidad campesina e indígena, forma de vida y también refugio simbólico frente a los abusos. Tocar ese campo sin consultas suficientes, sin pedagogía política y sin sensibilidad histórica es jugar con fuego en un cuarto lleno de pólvora.

La ley fue percibida por organizaciones rurales e indígenas como una puerta hacia la mercantilización de la tierra y como una amenaza contra formas comunitarias de protección. El gobierno habló de voluntariedad, crédito, productividad o modernización; pero en política no basta con lo que se dice sobre lo que una norma significa; importa, y mucho, lo que los afectados sienten que esa norma anuncia. Y muchos sintieron que se estaba legislando para otros, para el agronegocio, para el mercado, para los poderes económicos, no para las comunidades campesinas.

Ahí el desencanto se convirtió en resentimiento. Ya no era solamente “subió la gasolina”. Era algo más profundo: “no nos escuchan”, “gobiernan para otros”, “nos piden sacrificios”, “tocan nuestra tierra” y “cuando llaman al diálogo, ya han decidido por nosotros”. En Bolivia, cuando esas frases empieza a circular por debajo de la piel social, lo que emerge suele ser áspero.

El llamado Acuerdo Nacional pudo haber sido una oportunidad para recomponer la relación política. Pero llegó tarde y mal diseñado. Reunir autoridades, anunciar leyes, producir una fotografía de institucionalidad, no equivale a reconstruir legitimidad. Para que un acuerdo sea nacional no basta con que el gobierno lo nombre de ese modo; tiene que estar allí la nación social que se siente agraviada; tienen que estar los que pagan el costo de las decisiones, los que sostienen las calles, los que viven de la economía diaria, los que dieron el voto prestado y ahora sienten que se les está cobrando una deuda que no contrajeron.

Eso, al parecer, no ocurrió. El encuentro no recompuso la representación de la coalición social que llevó a Paz Pereira al poder. Más bien reforzó la percepción de un acercamiento a la derecha tradicional, al agronegocio y a sectores de poder que muchos de sus votantes querían contener. El gobierno necesitaba una escena de re-legitimación y produjo, para muchos, una escena de subrepresentación. En Bolivia, cuando los actores sociales no se ven en la mesa, no sienten que hay diálogo. Sienten que es pura escenografía.

Aquí aparece un segundo nivel de responsabilidad. El Presidente gobierna, pero nadie gobierna solo. Todo indica que hay un problema serio de asesoramiento político alrededor de Rodrigo Paz y de su gabinete. No se observa una línea clara de trabajo, una narrativa coherente, una secuencia ordenada de decisiones, ni una comprensión fina de los tiempos sociales del país. Se reacciona más de lo que se conduce. Se comunica peor de lo que se decide. Se convoca al diálogo cuando la confianza ya está herida. Se lanzan medidas sin haber preparado antes el colchón político que permita sostenerlas.

En ese marco, la figura de Fernando Cerimedo se ha vuelto políticamente corrosiva. El problema no es su nacionalidad; sería pueril reducir el asunto a eso; el problema es su mirada. Cerimedo aparece asociado a los circuitos de la derecha digital latinoamericana, a una forma de hacer política basada en la polarización, la guerra cultural, la agresividad comunicacional y la lectura binaria. Se ha reportado su cercanía con Milei y Bolsonaro, y en Bolivia ha sido presentado como asesor personal del Presidente, aunque el vocero oficial haya aclarado que no forma parte de la estructura estatal ni toma decisiones de gobierno; pero se sabe que asiste invitado a sesiones del Gabinete Ministerial.

Bolivia no se gobierna desde un manual importado de guerra cultural. Bolivia no es un tablero simple dividido entre “socialismo” y “libertad”, ni entre “izquierda regional”, "zurdos de mierda" y “gobierno democrático”. Bolivia es una sociedad fracturada por regiones, memorias étnicas, economías informales, identidades populares, heridas coloniales, resentimientos acumulados y pactos sociales siempre inestables. Quien no entiende esa complejidad empuja al gobierno a errores estratégicos. Y esos errores, acumulados, llevan a mal puerto.

Si el Presidente ha depositado confianza política o comunicacional en una persona que interpreta Bolivia desde categorías ajenas a su historia, entonces el problema no es solamente Cerimedo. El problema es el Presidente que escucha mal, porque gobernar no es escoger al consejero que confirma los prejuicios propios o alimenta la épica de la confrontación; gobernar es saber escuchar aquello que incomoda, aquello que no cabe en el esquema, aquello que viene desde el país real y no desde los laboratorios digitales donde todo parece sencillo porque nada sangra.

Rodrigo Paz no perdió la confianza de todos sus votantes al mismo tiempo. La perdió primero entre los votantes decisivos, los populares urbanos, los transportistas, los cuentapropistas, los sectores indígenas y campesinos, los ciudadanos que querían cambio pero no restauración, orden pero no desprecio, estabilización pero no castigo. La consigna de renuncia no nace solamente de la oposición organizada, nace cuando el malestar material se transforma en agravio. Cuando la gente concluye que no solo está pagando más, sino que además no está siendo escuchada. Cuando siente que votó por una promesa de cambio moderado y recibió un gobierno encerrado en asesores, diagnósticos estrechos y gestos hacia sectores que no representan su esperanza original.

La confianza no se pierde de golpe. Se gasta. Se malgasta. Se administra mal. Y un día, cuando el gobierno quiere recuperarla, descubre que ya no le creen. Ese parece ser el punto al que ha llegado Rodrigo Paz Pereira. Todavía puede corregir, si entiende que gobernar no es imponer una receta, sino reconstruir un vínculo. Pero para eso tendría que hacer algo más difícil que cambiar ministros, explicar decretos o convocar reuniones solemnes, tendría que volver a escuchar al país real, ese país complejo, contradictorio, dolido y profundamente desconfiado que alguna vez le prestó su voto y ahora le está cobrando la deuda.

GOBERNAR

Vivimos prendidos al incendio de cada día. Una marcha, una declaración, una escasez, una pelea, una sospecha, una nueva amenaza que ocupa la mañana y envejece antes de que caiga la noche. La coyuntura nos arrastra como un río crecido y, mientras corremos detrás de lo urgente, dejamos de mirar lo importante; ese tiempo largo donde una sociedad se construye, se reconoce, se hiere, se rompe o aprende, con dificultad y paciencia, a convivir consigo misma.

Bolivia se parece demasiado a una casa rajada. Todos vivimos dentro de ella, todos dormimos bajo el mismo techo, pero algunos creen que la grieta está solamente en el cuarto del vecino. Esa es una de nuestras tragedias nacionales, hemos aprendido a reaccionar, pero no siempre hemos aprendido a comprender. Saltamos de crisis en crisis, de gobierno en gobierno, de consigna en consigna, como si la historia empezara cada lunes y terminara cada viernes, y así no se construye una nación. Apenas se administra el susto que llevamos dentro.

Una sociedad no se sostiene solo con leyes, elecciones o discursos. Se sostiene con confianza, con instituciones que funcionen, con hábitos de cooperación, con memoria compartida y con la certeza mínima de que el otro, aunque piense distinto, aunque venga de otra región, aunque hable desde otra experiencia cultural o social, no es necesariamente nuestro enemigo. Cuando esa certeza se pierde, la política deja de ser deliberación y se convierte en sospecha organizada. Y un país no puede vivir eternamente sospechando de sí mismo.

Bolivia arrastra heridas antiguas. Heridas coloniales, sociales, raciales, regionales, étnicas y culturales. Algunas fueron nombradas; otras fueron escondidas bajo la alfombra, que es una manera muy boliviana de ordenar la casa sin limpiarla. Por eso la reconciliación no puede ser una palabra bonita para discursos de ocasión. Reconciliar no es olvidar. No es decir “ya pasó” cuando para muchos todavía duele. Reconciliar es mirar de frente los agravios, nombrarlos con honestidad, repararlos hasta donde sea posible y reconstruir condiciones para que podamos volver a cooperar. No exige que seamos iguales. Exige algo más difícil, que podamos convivir siendo distintos.

Ahí está el punto central. Bolivia no será grande porque borre sus diferencias, sino porque aprenda a vivir con ellas. Tenemos un alma múltiple, hecha de montañas y llanuras, de lenguas, memorias, resentimientos, orgullos, miedos y esperanzas que no siempre han sabido encontrarse. El altiplano mira a la llanura con sospecha; la llanura mira al altiplano con resentimiento; el centro burocrático mira a las periferias como problema; las periferias miran al centro como abuso. ¿Puede caminar así un país, con una pierna desconfiando de la otra?

La escucha y el diálogo no son adornos de buena educación. Son instrumentos políticos. Sirven para construir un relato común sobre lo que fuimos, sobre lo que nos dolió, sobre aquello que debemos reparar y sobre el futuro que queremos compartir. Sin relato común, cada quien termina viviendo en su propia versión de la historia, y cuando eso ocurre, la patria deja de ser comunidad y se convierte en archipiélago de rencores.

Pero la reconciliación no puede quedarse en emoción. Debe convertirse en institución. Y aquí hay que distinguir dos tareas distintas, aunque profundamente complementarias. Una cosa es sanar el pasado; otra, construir el futuro. Para lo primero hace falta una Delegación de Estado para la Reconciliación, con autoridad política, capacidad de escucha y mandato claro para reconocer heridas, promover diálogo, reparar confianzas y reconstruir vínculos sociales. Para lo segundo hace falta un Consejo de Estado, como el que ha propuesto Rodrigo Paz Pereira en su esfuerzo por detenr las protestas y bloqueoas, donde la corresponsabilidad sea el principio ordenador de una nueva forma de gobernar, un espacio plural, permanente y serio, en el que Gobierno, regiones, sectores productivos, trabajadores, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía puedan deliberar, acordar y asumir juntos las grandes tareas nacionales.

La reconciliación mira las heridas que debemos sanar. La corresponsabilidad mira el país que debemos construir. Una trabaja sobre la memoria; la otra, sobre el porvenir. Confundirlas sería un error. Separarlas del todo, también. Porque no habrá futuro compartido si seguimos usando el pasado como garrote, pero tampoco habrá reconciliación verdadera si no somos capaces de ofrecer a la sociedad un horizonte común hacia donde caminar.

Corresponsabilidad quiere decir responsabilidad compartida. Significa que el Estado no puede lavarse las manos, pero la sociedad tampoco puede limitarse a reclamar sin asumir deberes. El Gobierno debe gobernar, pero la ciudadanía debe participar. Los empresarios deben invertir, pero también respetar reglas. Los trabajadores deben defender sus derechos, pero también cuidar la productividad. Las regiones deben exigir autonomía, pero también garantizar una gestión responsable. Las organizaciones sociales deben ser escuchadas, pero también rendir cuentas ante la sociedad. La corresponsabilidad no diluye responsabilidades; las ordena.

Y todo esto debe aterrizar en una visión de país. No basta curar heridas si seguimos produciendo desigualdad, informalidad, abuso, centralismo y desconfianza. Bolivia necesita libertades económicas para producir riqueza, emprender, comerciar, invertir y generar empleo; pero esas libertades deben moverse dentro de una regulación justa, clara y predecible. Mercado sin reglas se vuelve privilegio. Estado sin eficiencia se vuelve tranca. Justicia social sin producción se vuelve discurso. Producción sin inclusión se vuelve resentimiento.

La visión democrática que necesitamos debe combinar mercado dinámico, Estado capaz, regulación firme, reducción de desigualdades, protección social inteligente y autonomías efectivas. No autonomías de papel, sino gobiernos territoriales con recursos, competencias, planificación, transparencia y responsabilidad. No un Estado que quiera hacerlo todo, sino uno que haga bien lo que debe hacer, garantizar reglas, proteger derechos, prestar servicios, corregir abusos y abrir oportunidades.

La democracia se consolida con estabilidad, empleo digno, servicios que funcionen, instituciones creíbles, participación ciudadana y un pacto social que pueda verificarse en la vida cotidiana de la gente. Reconciliarnos no es volver al pasado. Es dejar de usarlo como arma. Es convertir la memoria en aprendizaje y la diversidad en fuerza. Es pasar del país que se bloquea a sí mismo al país que conversa, acuerda y cumple.

La pregunta, entonces, es simple y difícil, ¿queremos seguir administrando grietas o queremos construir una casa común? Porque Bolivia no se va a reconciliar sola, ni por decreto, ni por cansancio, ni por milagro. Tendremos que hacerlo nosotros, con palabra pública, con instituciones, con memoria, con responsabilidad y con la humilde grandeza de aceptar que nadie salva un país por su cuenta. Ni el Estado sin la sociedad. Ni la sociedad contra el Estado. Ni una región contra otra. Ni unos bolivianos contra otros.

La reconciliación empieza cuando nos atrevemos a escuchar. La corresponsabilidad empieza cuando dejamos de esperar que otros hagan la parte que también nos toca.

LA SEGUNDA VUELTA, una senda peligrosa hacia la ingobernabilidad

La segunda vuelta electoral suele presentarse como una conquista democrática indiscutible. Parece simple, limpia, casi pedagógica, si nadie gana con mayoría suficiente en la primera votación, que el pueblo decida entre los dos primeros. Así, se dice, el Presidente llega con más legitimidad, con una mayoría clara y con un mandato popular más fuerte. En teoría suena impecable. En la práctica, sobre todo en regímenes presidencialistas fragmentados como el boliviano, puede convertirse en una trampa institucional, elegante, pero trampa al fin.

El problema no está en que el pueblo vote dos veces. El problema está en que la segunda vuelta puede producir una mayoría presidencial que no corresponde a una mayoría política real. El Presidente gana con más del cincuenta por ciento de los votos en la segunda ronda, pero su partido o alianza sigue siendo, en el Parlamento, lo que fue en la primera, una fuerza parcial, incompleta, minoritaria o apenas primera entre varias minorías. La ciudadanía le entrega la banda presidencial, pero no necesariamente le entrega una mayoría legislativa, ni una coalición social, ni un bloque territorial, ni una comunidad política suficientemente cohesionada para gobernar.

Ese es el nudo de la cuestión. En Bolivia, la segunda vuelta no corrige la fragmentación política producida en la primera; más bien puede encubrirla bajo la ilusión de una victoria contundente. El caso de Rodrigo Paz Pereira es ilustrativo. El Partido Demócrata Cristiano llegó primero en la primera vuelta, pero con alrededor de un tercio de los votos válidos, y luego ganó la Presidencia en el balotaje frente a Jorge “Tuto” Quiroga. Sin embargo, esa victoria presidencial no vino acompañada de una mayoría parlamentaria propia. El propio Órgano Electoral informó que el PDC (enrealidad una coalición variopinta)) alcanzó 60 legisladores sobre un total de 166, es decir, la primera fuerza, sí, pero no una mayoría capaz de sostener por sí sola un gobierno estable.

La segunda vuelta le dio a Rodrigo Paz una legitimidad formal indiscutible, pero no le dio una arquitectura de gobernabilidad. Y en política, como en las casas antiguas de La Paz, una fachada bonita no impide que se caigan las paredes si los cimientos están mal puestos. Un Presidente puede ganar la segunda vuelta y, al mismo tiempo, quedar prisionero de una Asamblea donde necesita negociar cada ley, cada crédito, cada reforma y cada salida de emergencia. Si negocia tarde, negocia débil. Si negocia mal, se vuelve rehén. Si no negocia, se queda solo.

Antes, con todos sus defectos, el sistema boliviano obligaba a resolver ese problema antes de la posesión presidencial. Cuando ningún candidato alcanzaba mayoría absoluta, el Congreso elegía al Presidente entre los más votados; hasta la reforma de 1994, entre los tres primeros, y luego entre los dos primeros. Era un mecanismo híbrido, una mezcla imperfecta de presidencialismo y parlamentarismo. Se lo criticó con razón por abrir paso al cuoteo, a pactos poco transparentes y a negociaciones entre cúpulas. Pero tenía una virtud que hoy empieza a verse con nostalgia institucional, obligaba a construir una mayoría antes de gobernar.

No se trataba solamente de repartir ministerios, aunque también se repartían, porque la política, digámoslo sin escandalizarnos demasiado, siempre distribuye poder. Se trataba de asegurar que el Ejecutivo naciera con respaldo parlamentario suficiente, con compromisos previos, con responsabilidades compartidas y con una coalición que, al menos durante un tiempo, asumiera el costo de gobernar. Ese acuerdo previo podía ser criticable, incluso antipático; pero era visible, reconocible y operaba como soporte de gobernabilidad.

El ejemplo clásico es Jaime Paz Zamora. Llegó tercero en las elecciones de 1989 y, sin embargo, fue elegido Presidente por el Congreso gracias a un acuerdo parlamentario con ADN y CONDEPA. A muchos les pareció una pirueta inadmisible de la democracia pactada. Y, sin embargo, su gobierno terminó siendo, si no el mejor de la etapa democrática, probablemente uno de los más estables y con menor conflictividad relativa. No porque el país hubiera dejado de tener problemas, sino porque el gobierno había nacido de un pacto político previo, con actores que ya sabían qué ganaban, qué cedían y qué responsabilidad asumían.

La comparación con Rodrigo Paz Pereira resulta inevitable, casi cruel, aunque políticamente necesaria. El padre llegó tercero, pero gobernó con una coalición armada antes de asumir. El hijo ganó la segunda vuelta, pero quedó atrapado en una gobernabilidad posterior, incierta, tardía y vulnerable. Jaime Paz tuvo que aceptar desde el inicio la lógica del acuerdo. Rodrigo Paz, en cambio, pareció creer que la victoria de balotaje bastaba para ordenar el país. Y no bastaba.

La segunda vuelta, además, produce otro efecto delicado, muchas veces transforma el voto afirmativo en voto defensivo. La gente no vota necesariamente por quien gana, sino contra quien podría ganar. En el caso de Rodrigo Paz, una parte muy importante de su victoria no expresó una adhesión doctrinaria a su candidatura, ni una confianza plena en su programa, ni una entrega emocional al nuevo liderazgo. Expresó, más bien, el deseo mayoritario de impedir el retorno de una derecha percibida por amplios sectores populares, andinos, indígenas y de izquierda democrática, como excluyente, oligárquica o restauradora.

Ahí comienza la fragilidad. Cuando un Presidente llega al poder por un voto defensivo, debe cuidar con especial delicadeza a quienes lo apoyaron sin pertenecerle. Debe entender que no recibió un cheque en blanco, sino un mandato condicionado, “te votamos para evitar algo peor, pero no para que luego gobiernes con aquello que quisimos evitar”. Si después de ganar se aproxima demasiado al adversario derrotado, si organiza su gobernabilidad alrededor de quienes no fueron la base decisiva de su triunfo, si parece rodearse de las élites que buena parte de su electorado temía, el vínculo moral con ese voto defensivo se rompe con rapidez.

Eso es lo que hoy parece estar ocurriendo. La población andina, sectores populares, organizaciones sociales y parte del mundo que votó por Rodrigo Paz para cerrar el paso a Tuto Quiroga sienten que su confianza fue utilizada y luego abandonada. No todos protestan por la misma razón, ni todos buscan lo mismo, ni todo puede explicarse por conspiraciones. Hay intereses, por supuesto; hay actores que quieren aprovechar el río revuelto; hay cálculo, presión, resentimiento y también defensa de privilegios heredados del tiempo masista recién acabado. Pero reducir todo a una maniobra oscura del Chapare es una comodidad analítica peligrosa. Las protestas expresan también una crisis de representación, de escucha y de confianza.

La situación actual muestra esa mezcla explosiva, bloqueos, demandas salariales, escasez de combustibles, presión de sectores campesinos, mineros, maestros, vecinos de El Alto y organizaciones sindicales, además de pedidos abiertos de renuncia. Es evidente que las protestas han afectado alimentos, combustibles, suministros médicos y operaciones bancarias, mientras el Presidente enfrenta el desafío sin una mayoría legislativa sólida y con un partido insuficiente para anclar su administración. 

Aquí conviene ser justos. La ingobernabilidad no es solamente culpa del sistema electoral. Rodrigo Paz también es responsable de parte de su propia fragilidad. Después de la segunda vuelta, conociendo sus vulnerabilidades parlamentarias, sociales, territoriales e ideológicas, pudo haber construido una alianza estable, explícita y verificable. Pudo convocar a una coalición nacional con método, no con fotografía; con compromisos, no solo con saludos; con una narrativa de escucha, diálogo y reconciliación, como se le propuso reiteradamente desde un inicio. Pudo incorporar a la izquierda democrática, a sectores indígenas, a organizaciones sociales moderadas, a regiones distintas, a empresarios responsables y a fuerzas parlamentarias dispuestas a sostener un programa común.

Prefirió, sin embargo, un camino más estrecho. Desde fuera, su gobierno aparece demasiado organizado alrededor de allegados, técnicos jóvenes y amistades políticas. Un gobierno entre amigos puede ser cómodo para conversar, pero no necesariamente sirve para gobernar un país fracturado. Bolivia no es una sobremesa de confianza; es una sociedad compleja, herida, plebeya, regionalizada, desconfiada y políticamente intensa. Para gobernarla no alcanza con eficiencia administrativa. Hay que construir representación. Hay que nombrar al país. Hay que repartir lugares en la mesa antes de que los que quedaron fuera pateen la puerta.

Por eso la vieja elección congresal, con todos sus pecados, ofrecía una ventaja, ya que obligaba a reconocer que la Presidencia no es solamente el resultado de contar votos, sino la capacidad de articular poder. La segunda vuelta, en cambio, puede crear la ilusión de que el ganador ya resolvió el problema de la mayoría, cuando en realidad apenas lo trasladó para después. Y después, en política, suele ser demasiado tarde.

No propongo idealizar la democracia pactada. Tuvo límites, exclusiones, excesos y costos que el país conoce bien. Pero tampoco conviene abrazar ingenuamente la segunda vuelta como si fuera una varita mágica de legitimidad. En presidencialismos fragmentados, el balotaje puede producir presidentes con mayoría electoral instantánea y minoría gubernamental permanente. Puede fabricar triunfos amplios en la urna y soledades profundas en el poder. Puede darle al Ejecutivo una corona brillante y, al mismo tiempo, encerrarlo en una jaula que parece de oro.

La lección boliviana es clara, ninguna segunda vuelta sustituye a un pacto de gobernabilidad. Ninguna mayoría de balotaje reemplaza a una coalición política. Ningún triunfo defensivo autoriza a gobernar como si se hubiera recibido una adhesión incondicional. Y ningún Presidente puede sobrevivir mucho tiempo si confunde el rechazo al adversario con amor a si mismo.

Bolivia necesita revisar con serenidad su diseño institucional. Tal vez haya que pensar nuevamente en fórmulas que obliguen a construir acuerdos antes de asumir el mando, no después de que el país ya esté incendiado. Tal vez la elección congresal entre los dos o tres primeros, debidamente modernizada, transparentada y regulada, no haya sido una anomalía vergonzosa, sino una forma boliviana —imperfecta pero inteligente— de parlamentarizar parcialmente un presidencialismo que, dejado a su suerte, tiende a producir presidentes fuertes en el papel y débiles en la realidad.

Porque al final, gobernar no consiste solo en ganar. Consiste en poder conducir. Y para conducir Bolivia no basta tener más votos que los otros en una segunda vuelta. Hace falta una mayoría política, una coalición social, una narrativa integradora y una mesa donde estén sentados también quienes dudan, discrepan o desconfían. Sin eso, la segunda vuelta puede terminar siendo apenas una ceremonia de entusiasmo breve, seguida por una larga pedagogía de ingobernabilidad.

CONTRA RUTA

Al comienzo, cuando se dijo que terminado el tiempo del MAS vendría el momento –histórico de verdad– para la escucha, el diálogo y la reconciliación nacional y social, el Gobierno de Rodrigo Paz argumentó que eso sería después; que lo verdaderamente  urgente para empezar era "ordenar la casa", y que ordenar la casa quería decir economía, subvenciones, empresas deficitarias, déficit fiscal, dólares y combustibles. Eso dijeron, como si la política pudiera esperar frente a la puerta, mientras se acomodan los números en una tablet.

Y ahora, cuando el momento apremia para poner orden de verdad, no solo en la economía y la gobernabilidad, sino también en las calles, sale nuestro Presidente llamando a la reconciliación; organiza una reunión con aquellos que no votaron por él en las elecciones, se fotografía con Tuto, J.P. y Camacho, y nos presenta ese gesto como un “Acuerdo Nacional”. La reconciliación no es un junte cuando el país se desordena, ni bautizar como Acuerdo una fotografía con quienes son una arista ante la complicada diversidad social boliviana.

Entre paréntesis: (y no creo que lo apoyen de verdad. Uno de ellos debe estar esperando que el gobierno de Rodrigo se caiga, se haga pedazos, y que Lara sea el Presidente, para llamar a elecciones, si es posible este mismo año, porque sabe que podría ser, ahora sí, su última oportunidad).

¿Y el otro lado? ¿Las y los que no estaban invitados, o quienes vieron por conveniente no asistir? Ahí está el soberano problema; quienes faltaron son los que votaron por Rodrigo, los que le dieron la victoria, pensando que eso podía parar el retorno de las oligarquías y la restauración de un régimen que los mantuvo excluidos hasta la llegada del pedófilo Morales. Deben sentirse traicionados; deben tener un empute en las entrañas difícil de sanar. Por eso las protestas y bloqueos no son solo fruto de un núcleo conspirador que planifica y organiza todo desde algún oscuro lugar en el Chapare, también nacen íntimamente embroncados y a los gritos, desde la autonomía relativa de cada movimiento social, cada agrupación, cada sindicato.

¿Qué no quieren perder los privilegios que tenían con el MAS? ¡Claro que no quieren! ¿Quién quiere perder sus privilegios en esta vida? Por eso la Reconciliación Nacional y Social era con los unos y los otros, para los unos y para los otros, para cada quien un pedacito y su lugar. Había un plan, había un método, estaba propuesto un camino a caminar... si de eso se trata la política al final de los finales; es saber repartir la torta entre todas y todos los comensales.

Pero bueno, quienes lo apoyamos (y lo seguimos apoyando) repetimos una y otra vez que se trata de un gobierno con profesionales jóvenes y buenos técnicos, aguerridos muchachos que legítimamente quieren hacer historia, aunque no tengan mucha experiencia, y de política no sepan gran cosa. Eso no consuela –dijimos los viejos–, pero ayuda a entender el por qué es que ellos no entienden. No entienden que la economía sin política se vuelve contabilidad del incendio; que el orden sin escucha termina siendo apenas administración del miedo; y que la reconciliación, cuando llega tarde y mal acompañada, deja de ser un horizonte nacional para convertirse en una coartada.

Ha llegado, entonces, el momento en que el Gobierno decida con quién va y hacia dónde. Ya no se puede seguir navegando entre dos aguas, esperando que todos los vientos soplen a favor mientras no se anuncia puerto alguno. Séneca lo dijo mejor que nadie: “A marinero que no sabe cuál es su puerto de destino, ningún viento le es favorable”. Definir y presentar un camino claro, definitivo y políticamente honesto no es ya una opción retórica, sino una necesidad vital para el inmediato futuro, para la solidez del propio Gobierno y para que pueda actuar consecuentemente y fiel a su discurso.

El problema es que nos hemos pasado ya como tres leguas del punto de no retorno.

LA TIERRA INEMBARGABLE

La tierra campesina fue protegida contra la venta y el embargo porque la historia ya había demostrado que, cuando la pequeña propiedad rural queda sometida sin protección al mercado, a la deuda y a la presión de los grandes propietarios, tiende a reconcentrarse. El resultado conocido fue expulsión campesina, migración empobrecida, crecimiento de mano de obra barata en las ciudades y reconstrucción de latifundios muchas veces improductivos. La inembargabilidad fue, por tanto, una barrera jurídica contra el retorno del latifundio.

Las restricciones a la venta y al embargo de la tierra campesina no nacieron de una fantasía ideológica, sino de una experiencia histórica verificable. En Inglaterra, entre 1604 y 1914, más de 5.200 leyes de cercamiento privatizaron unas 6,8 millones de acres, afectando más de una quinta parte del territorio inglés; al mismo tiempo, Inglaterra y Gales pasaron de 8,89 millones de habitantes en 1801 a 32,53 millones en 1901, mientras Gran Bretaña se convertía, hacia 1851, en la primera sociedad mayoritariamente urbana. Esa transformación alimentó la industrialización, pero también produjo desplazamiento campesino, proletarización y concentración de la propiedad rural.

En América Latina, el problema era todavía más agudo, en los años sesenta, cerca del 5% de las unidades agropecuarias latifundistas controlaba aproximadamente el 80% de la tierra, mientras el 80% de las unidades minifundistas disponía apenas del 5%. Por eso las reformas agrarias buscaron impedir que la tierra redistribuida volviera rápidamente al mercado, al embargo, a la usura o a la reconcentración latifundista.

México fue el gran modelo. Entre 1911 y 1992 distribuyó más de 100 millones de hectáreas y creó cerca de 30.000 ejidos y comunidades. Esa es la razón por la que la legislación mexicana protegió las tierras ejidales de uso común como inalienables, imprescriptibles e inembargables. En Bolivia, la lógica fue semejante, antes de la Reforma Agraria de 1953, el 4,5% de los hacendados concentraba el 70% de la propiedad agraria, y buena parte de esas tierras estaba subutilizada. La inembargabilidad y la indivisibilidad de la pequeña propiedad campesina buscaban, precisamente, que la reforma agraria no se destruyera a sí misma unas generaciones después.

No sostengo, con este argumento, que deba prohibirse toda posibilidad de vender pequeñas parcelas campesinas, menos aún cuando esa decisión es voluntaria, libre y tomada por sus propios titulares. Sería absurdo negar que una familia campesina pueda necesitar vender, asociarse, migrar o reorganizar su patrimonio según sus circunstancias. Lo que sí quiero advertir es otra cosa, la historia demuestra que, aun cuando esas ventas comienzan como decisiones individuales y voluntarias, el resultado acumulado suele ser la concentración de la tierra en pocas manos. La suma de muchas ventas pequeñas, impulsadas por necesidad económica, endeudamiento, falta de asistencia técnica o presión del mercado, termina reconstruyendo grandes propiedades y, en muchos casos, nuevos latifundios.

Por eso, el problema no está en juzgar moralmente al campesino que vende, sino en entender el efecto estructural del proceso. Cada venta puede ser legítima en sí misma; pero miles de ventas dispersas, en un mercado desigual, producen casi inevitablemente reconcentración de tierras. Esa es precisamente la razón histórica por la que las reformas agrarias establecieron límites, protecciones e inembargabilidad, no para castigar la libertad individual, sino para impedir que la tierra redistribuida por razones de justicia social volviera, lentamente y por la vía del mercado, a manos de quienes tienen más capital, más información y más poder de compra.

Dicho en pocas palabras, no se trata de estar contra la voluntad de los pequeños propietarios, sino de ser conscientes de que, sin mecanismos de protección, la libre venta de pequeñas parcelas tiende a producir un resultado conocido: menos campesinos con tierra, más concentración de propiedad y el retorno de grandes latifundios, muchas veces improductivos. Esa consecuencia no debe sorprendernos después; hay que verla desde ahora.