PARAGUAY HOY, a vuelo de pájaro

Lo sucedido en Paraguay, con el escándalo de Ueno Bank y sus consecuencias políticas, constituye una de las demostraciones más elocuentes de los extremos a los que puede conducir un modelo de capitalismo salvaje, sin controles efectivos ni instituciones capaces de impedir que el poder económico termine apropiándose del poder político. Un sistema en el que la riqueza se concentra en una pequeña minoría, particularmente vinculada al negocio financiero, que encuentra en sus relaciones con los gobernantes la posibilidad de multiplicar sus privilegios, disponer de recursos públicos y actuar con una impunidad que parece situarla incluso por encima de la ley. Cuando el Estado renuncia a regular, fiscalizar y proteger el interés colectivo, deja de ser el garante del bien común para convertirse en instrumento de acumulación privada, mientras los costos de semejante irresponsabilidad terminan recayendo, como siempre, sobre las y los ciudadanos.

En muchos países caracterizados por profundas desigualdades económicas, un desarrollo educativo insuficiente y una institucionalidad democrática precaria, los grupos dominantes han terminado considerando al Estado no como una construcción colectiva al servicio de la sociedad, sino como un botín que se conquista electoralmente para administrarlo en beneficio propio y de sus allegados. Paraguay constituye hoy, probablemente, el ejemplo más escandaloso de esa perversión de la democracia, donde la promiscuidad entre los negocios privados y las responsabilidades públicas ha terminado comprometiendo la estabilidad de las instituciones y la confianza de millones de ciudadanos. Porque el problema no es solamente la corrupción de algunos gobernantes o empresarios, sino un modelo de organización del poder que permite privatizar los beneficios, socializar las pérdidas y convertir la democracia en una fachada detrás de la cual gobiernan los intereses de unos pocos.

Y hay todavía una perversión adicional, la devolución de los dineros defraudados o perdidos por los ahorristas, que constituye sin duda un elemental acto de justicia hacia quienes confiaron sus recursos al sistema financiero, puede terminar convirtiéndose en una suerte de exculpación de quienes provocaron el desastre. Porque cuando esa reparación se realiza con dinero público, el desfalco privado termina siendo cubierto con los impuestos, el trabajo y el esfuerzo de todos y todas, incluidos aquellos que jamás participaron de semejantes negocios. Es la culminación perfecta de este capitalismo sin controles, unos pocos se apropian de las ganancias, pero cuando llega la hora de pagar por sus delitos, la factura se la presentan a toda la sociedad.

¿SOCIALISMO? Ya nadie sabe lo que es eso

Hay palabras que uno cree conocer hasta que las oye en boca de otros. Digamos «socialismo» en Suecia y habrá quien piense en el derecho de un padre a quedarse en casa para cuidar a sus hijos. Digámoslo en Cuba y habrá quien piense en la dictadura y en la imposibilidad de organizar un partido de oposición. En Estados Unidos, la palabra puede llevarnos hoy a una discusión doméstica, la de si una enfermedad debe llevarse por delante la economía de una familia. Vaya uno a pedirle al diccionario que nos explique cómo hemos llegado a esto. La explicación está en la memoria de quienes pronuncian la palabra, en las instituciones con que tropezaron y, sobre todo, en lo que hicieron con ella los que llegaron al poder.

Me digo socialdemócrata y desde esa convicción he pensado Bolivia, porque la desigualdad que conocemos viene de decisiones que hemos tomado como sociedad y que, por lo tanto, podemos cambiar, y porque la libertad, que también tiene su historia, podemos perderla. La socialdemocracia contemporánea procura distribuir mejor la riqueza y el poder en una economía de mercado, con impuestos, servicios públicos, sindicatos y regulación. El socialismo democrático va más lejos y, en muchas de sus corrientes, quiere que la democracia alcance también a la propiedad y a las decisiones sobre la economía, preservando el pluralismo político. Entre ambos hay una frontera que, a poco que se la mire, resulta porosa.

En la Europa occidental de la posguerra, la izquierda democrática ganó su prestigio el día en que sus convicciones empezaron a servirles también a los que jamás habrían votado por ella. Olof Palme consolidó en Suecia una obra que venía de antes, con un permiso parental universal y una ley que permitió a los trabajadores participar más en las decisiones de sus empresas. En los noventa, cuatro partidos de centroderecha y los socialdemócratas se pusieron de acuerdo para reformar las pensiones, y el acuerdo sobrevivió al cambio de gobierno, para bien de las y los suecos.

En la República Federal de Alemania, Willy Brandt gobernó con los liberales y amplió la protección social para toda la población. Su partido había renegado del marxismo y reconocido en Bad Godesberg, en 1959, un lugar fundamental al mercado, la propiedad privada y la competencia. Conviene recordarlo, porque en la partida de nacimiento del Estado de bienestar figuran, desde el principio, los apellidos de varias familias políticas.

En Francia, bajo François Mitterrand, se abolió la pena de muerte en 1981 y, un año después, se igualó la edad legal de consentimiento para las relaciones homosexuales. En España, la victoria de Felipe González en 1982 le dio a la democracia recién recuperada la experiencia decisiva de alternancia, que se ha mantenido hasta hoy. Hubo disputas, huelgas y retrocesos, y el consenso, donde se lo pudo alcanzar, consistió en aceptar algo que parece modesto y cuesta lo suyo, que las conquistas de un partido podían terminar siendo de todo un país.

En América Latina la palabra siguió otros caminos. Entiendo por qué tantos creyeron en la Revolución cubana, que después de la dictadura de Batista ofrecía dignidad y oportunidades a una población postergada. Hubo avances reales en educación y salud en los primeros años, y hubo también una dictadura de partido único, con disidentes perseguidos y sin competencia electoral. El embargo estadounidense dejó a la dictadura cubana un argumento para explicar casi cualquiera de sus fracasos.

En Venezuela, Hugo Chávez llegó al poder por las urnas y terminó imponiendo otra dictadura inaceptable. Con la bonanza petrolera financió programas que ampliaron el acceso a bienes y servicios y redujeron la pobreza extrema, mientras la politización de la petrolera estatal, la corrupción y la dependencia del crudo dejaban al país cada vez más frágil. Con Nicolás Maduro se hizo más visible la concentración del poder y quedó en evidencia la falta de integridad de las elecciones presidenciales, cuando el organismo electoral se negó a mostrar los resultados mesa por mesa para que pudiéramos comprobar lo que anunciaba. El resto de esa historia, y su lamentable desenlace, lo conocemos.

En Nicaragua, Daniel Ortega entregó el poder cuando perdió las elecciones de 1990, y vale la pena acordarse de esto para enjuiciar lo que vino después de su regreso a la presidencia en 2007. Entre la represión de las protestas de 2018 y la reforma constitucional de 2025, que afianzó la copresidencia de Ortega y Rosario Murillo y subordinó los otros poderes a la Presidencia, se desmantelaron las condiciones que habían permitido la alternancia. De ese abuso nos quedó, en nombre de la izquierda y del socialismo, otra dictadura cruel.

Entre nosotros, la llegada de Evo Morales a la presidencia expresó una demanda de reconocimiento que venía de mucho antes del MAS. La Constitución de 2009 reconoció el carácter plurinacional y multicultural de Bolivia y durante buena parte de su gobierno disminuyeron la pobreza y la desigualdad, favorecidas por la bonanza exportadora y el aumento de los ingresos laborales. El reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su incorporación al poder político, que tiene su historia desde 1952 y se consolida con el MAS, convivieron con el empeño de Evo por prolongar su mandato, hasta convertirse en un tirano. Una mayoría rechazó en 2016 la reforma que le habría permitido candidatear por cuarta vez y después vino la elección disputada de 2019, con la auditoría de la OEA que documentó graves irregularidades y denunció fraude. Cada uno de esos hechos merece su propio juicio.

Y cómo no recordar, así sea entre paréntesis, cuando hablamos de Bolivia, la solidaridad de la Internacional Socialista con el MIR y con el MNRI de Siles Zuazo en la recuperación de la democracia, allá por los años ochenta, en tiempos de Willy Brandt en Europa y de Carlos Andrés Pérez en Sudamérica. Esa historia es también nuestra, como son nuestras tantas regiones, lenguas y memorias que, juntas, hacen un pueblo cuya representación ninguna corriente puede adjudicarse por entero.

También hubo en nuestra América Latina una izquierda que hizo de la democracia su manera de gobernar. En Chile, Michelle Bachelet llegó a la presidencia al frente de una coalición de socialistas, democristianos y otras fuerzas, y también gobernó Ricardo Lagos con el socialismo chileno. ¿Cómo olvidar los cuatro años de Gabriel Boric, que siguió por ese rumbo al frente de una izquierda en la que participó jasta el Partido Comunista chileno? Todos ellos, cuando les tocó entregar el gobierno a la derecha, respetaron la alternancia.

En Uruguay, el Frente Amplio gobernó quince años con Tabaré Vázquez, José Mujica y de nuevo Vázquez. Amplió el acceso a la atención sanitaria con el Sistema Nacional Integrado de Salud y reconoció el derecho a casarse de las parejas del mismo sexo. Cuando perdió por un margen estrecho en 2019, Daniel Martínez reconoció la victoria de Luis Lacalle Pou, y cinco años después el Frente Amplio volvió a la presidencia con Yamandú Orsi, por el mismo camino por el que había salido.

A los que miramos estas cosas desde Bolivia, chilenos y uruguayos nos recuerdan que el socialismo democrático tiene historia propia en América Latina. Se la puede contar desde la vida de quien al fin cobra una pensión, o desde la de una pareja que puede casarse y cuyo matrimonio vale ante la ley lo mismo que el de cualquier otra. Y se la puede contar también desde el día en que la gente cambia de gobierno y descubre que esos derechos siguen siendo suyos.

A mi juicio, ahí está la paradoja. Allí donde socialismo logró un derecho que pudo reconocerse desde el gobierno que lo había creado, la palabra ganó respeto. Allí donde impuso que había que obedecer o callarse, acabó por inspirar desconfianza. Recordemos que Europa conoció también el partido único y en América Latina sabemos de alternancia. La frontera pasa por las instituciones y por lo que les toca vivir a quienes están sujetos a ellas.

Estados Unidos tiene su propia historia. Wisconsin eligió al socialista Victor Berger para la Cámara de Representantes en 1910 y Franklin D. Roosevelt estableció en 1935 la Seguridad Social, una conquista progresista del New Deal. Vino después el macartismo, que durante la Guerra Fría hizo de la sospecha de comunismo un instrumento de intimidación política, y pesa también la capacidad de las grandes fortunas para financiar campañas y repetir prejuicios hasta volverlos familiares. Los super PACs pueden recibir aportes ilimitados para gastos de propaganda electoral y, según OpenSecrets, Elon Musk fue el mayor donante del ciclo de 2024. El anticomunismo, el arraigo de ideas que valoran el rol de la empresa privada y la experiencia de quienes llegaron de países autoritarios ayudan a entender por qué esos mensajes siguen encontrando oídos dispuestos a escucharlos.

Al 7 de noviembre de 2026 habían en la Cámara dos representantes en ejercicio que pertenecen a Democratic Socialists of America (DSA), una organización de izquierda, y que figuran en las listas demócratas. Son Alexandria Ocasio-Cortez, del distrito 14 de Nueva York, y Rashida Tlaib, del distrito 12 de Michigan. En el Senado está Bernie Sanders, independiente por Vermont e integrante del bloque demócrata, que se declara socialista democrático y cuya identificación es ideológica, sin afiliación a DSA. En las recientes elecciones del 3 de noviembre ganaron otros seis candidatos demócratas a la Cámara respaldados por DSA o sus capítulos, Darializa Avila Chevalier, Claire Valdez, Melat Kiros, Angela Gonzales-Torres, Donavan McKinney y Chris Rabb, que se incorporarán al Congreso en enero de 2027.

¿Podrá esa izquierda cambiar lo que entendemos por socialismo en Estados Unidos? Yo creo que sí. En septiembre, Gallup encontró que el término le merecía una opinión favorable al 43 % de los estadounidenses y al 57 % de los menores de 35 años. Hasta dónde llega esa apertura lo veremos cuando les toque convertir esas simpatías en acuerdos para que atenderse en un hospital cueste menos, para que más gente acceda a una vivienda y para que quienes trabajan tengan protección, con cuentas que cierren y reglas defendibles hasta ante quienes votaron en contra.

Desde Bolivia, donde tantas veces hemos visto a un gobierno tomar el respaldo de la gente por un permiso para quedarse para siempre, yo mediría esa promesa el día en que a esas izquierdas les toque perder. Se habrán reconciliado la igualdad con la libertad cuando sus adversarios puedan derrotarla en las urnas y los hijos de esos mismos adversarios sigan disfrutando de los derechos que la izquierda conquistó en su tiempo.

NUNCA VOTÉ POR NINGÚN MAGISTRADO

Nunca voté por ningún magistrado. Nunca otorgué mi voto a un candidato en las elecciones judiciales, porque desde el principio me pareció que se estaba ofreciendo a la población una apariencia de poder para encubrir una decisión tomada en otra parte. Nos entregaron una papeleta y nos dijeron que la justicia estaba en nuestras manos, cuando lo que habían puesto en nuestras manos era la responsabilidad de legitimar a quienes habían conseguido pasar por el filtro del poder.

Considero que ese mecanismo constituye un fraude político frente a la ciudadanía, la promesa de elegir una justicia independiente mediante un procedimiento que permite condicionar su independencia desde la selección de los candidatos. El engaño puede producirse mucho antes del recuento, cuando se decide quién tiene derecho a aparecer en la papeleta y quién se queda fuera, por mucho conocimiento, experiencia o integridad que pueda acreditar.

En Bolivia, las candidaturas a las altas autoridades judiciales pasan por la preselección de la Asamblea Legislativa. Es decir, antes de que los ciudadanos podamos pronunciarnos, ya se ha delimitado el universo de nuestras opciones. Ese filtro tendría que garantizar que lleguen los mejores; el problema aparece cuando sirve para asegurar que lleguen los aceptables para quienes lo administran. Entonces, la ciudadanía escoge dentro de una oferta previamente condicionada y su voto termina presentado como certificado de independencia.

Hay algo profundamente tramposo en esa operación. Si después la justicia persigue al adversario, protege al poderoso o convierte los expedientes en mercancía, siempre queda disponible la coartada, «ustedes los eligieron». El poder organiza la oferta y el ciudadano carga con la factura. Una maravilla de la ingeniería política, salvo para quienes necesitan justicia.

Defiendo la democracia precisamente porque creo que debe permitirnos controlar el poder, distribuirlo y ponerle límites. Por eso me resisto a aceptar que cualquier procedimiento se vuelva democrático por el simple hecho de instalar una urna. La democracia también necesita instituciones que puedan resistir a una mayoría, proteger a una minoría y reconocerle derechos a una persona a la que casi nadie quiere defender.

Un juez debe poder absolver a quien la multitud considera culpable, si las pruebas no permiten condenarlo, y condenar al personaje más popular del país, si su responsabilidad está demostrada. Para cumplir esa función necesita conocimientos, integridad y garantías de independencia. Ninguna cantidad de votos puede suplir esas condiciones, como ninguna aclamación convierte por sí sola a un abogado en un buen magistrado.

Conviene, además, precisar una afirmación que suele acompañar esta discusión. Bolivia y México son los dos referentes actuales de elección popular de altas autoridades judiciales a escala nacional, aunque sus modelos tienen alcances distintos, Bolivia elige las cúpulas judiciales y México emprendió una reforma mucho más extensa. Existen también elecciones de jueces en ámbitos subnacionales de Estados Unidos y Suiza. La excepcionalidad de nuestra experiencia merece examinarse con cuidado; por sí sola, no demuestra ninguna virtud.

La experiencia mexicana tampoco autoriza demasiado entusiasmo. Después de observar las elecciones judiciales de 2025, la misión de la OEA recomendó que ese modelo de selección no se reprodujera en otros países de la región. Una advertencia suficientemente clara como para dejar de confundir la novedad institucional con el progreso democrático. Bolivia es ahora una buena demostración del riesgo que implica un sistema como ese.

El riesgo más grave aparece cuando quienes cuentan con dinero, estructuras territoriales, capacidad de presión o vínculos políticos pueden influir en el acceso a las candidaturas y en su respaldo electoral. Allí se abre una oportunidad para las redes mafiosas, conseguir una justicia agradecida, dependiente o intimidada. Una red criminal necesita impunidad, y pocas inversiones pueden resultarle más rentables que asegurarse protección dentro de las instituciones llamadas a perseguirla.

En Bolivia ya conocimos denuncias e investigaciones sobre consorcios de jueces, fiscales y abogados que favorecían la liberación de delincuentes condenados, entre ellos feminicidas; y qué mayor demostración de la corrupción de y en el sistema que un Presidente del Tribunal Supremo huido y reclamando exilio y un Fiscal General en la cárcel. Sería incorrecto atribuir automáticamente esos delitos a la elección popular de las altas autoridades, pero resulta igualmente insostenible presentar ese mecanismo como una garantía contra la penetración criminal de la justicia.

Hace unos años, cuando escribí sobre este mismo asunto, imaginaba a mi bisabuelo, que presidió la Corte de Justicia en Santa Cruz hace ya un siglo, reuniendo certificados, haciendo filas interminables y sometiendo sus conocimientos y su trayectoria al examen de una comisión de legisladores, para después intentar conseguir los votos necesarios para convertirse en magistrado. Esa imagen tiene algo de grotesco, lo reconozco, pero detrás de esta ironía hay una preocupación que mantengo intacta, cuando el mérito profesional queda subordinado a las conveniencias políticas, la justicia comienza a perder su dignidad incluso antes de que sus autoridades ocupen sus despachos.

Tampoco creo que la solución consista en devolver los nombramientos a una habitación donde los partidos se repartan cargos con mayor discreción. Bolivia necesita procedimientos públicos y verificables, evaluaciones rigurosas de conocimientos y trayectoria, escrutinio ciudadano de los antecedentes y decisiones fundamentadas que permitan saber por qué una persona resulta elegida. El mérito debe poder demostrarse y la independencia debe sostenerse después del nombramiento, mediante una carrera judicial digna, estabilidad, recursos suficientes y controles que sancionen la corrupción sin convertirse en instrumentos de sometimiento.

Queremos una justicia cercana a la gente, capaz de escuchar en nuestras distintas lenguas, comprender nuestras realidades y atender con la misma diligencia a quien tiene influencias y a quien llega solo. Esa igualdad exige instituciones competentes y accesibles; difícilmente se construye convirtiendo la administración de justicia en otra competencia por conseguir respaldo.

Por eso nunca voté por ningún magistrado. Mi voto no podía conceder conocimientos que yo no estaba en condiciones de comprobar, ni independencia que el procedimiento no me garantizaba. Me negué a participar de esa legitimación porque sigo creyendo que una sociedad democrática merece algo mejor, una justicia ante la cual los ciudadanos tengamos derechos y los poderosos, los ricos y los mafiosos encuentren límites, aunque les disguste las sentencias.

CUANDO LOS DIRIGENTES HUYEN

Una derrota electoral rara vez destruye a un partido político; lo que puede terminar por desintegrarlo es la cobardía de sus dirigentes, especialmente cuando quienes se proclamaron conductores imprescindibles abandonan a sus seguidores en el momento en que más los necesitan.

Lo vivimos en Bolivia cuando Evo Morales huyó a México en noviembre de 2019. El MAS consiguió recuperarse y volvió al gobierno en 2020, pero su dependencia del caudillo, las posteriores disputas por el poder y la incapacidad de construir una sucesión terminaron por fracturarlo, dispersar sus fuerzas y conducirlo al desastre electoral de 2025.

Brasil podría estar frente a un fenómeno parecido. Jair Bolsonaro ya había partido hacia Estados Unidos después de su derrota de 2022. Ahora es su hijo Flávio quien, tras perder las elecciones presidenciales del pasado domingo frente a Lula, ha salido huyendo hacia ese mismo país, incumpliendo una orden judicial de entregar sus pasaportes, apenas dos días después de prometer que encabezaría la oposición.

La derecha brasileña conserva, sin embargo, una fuerza política formidable, el Partido Liberal contará con 121 diputados, 29 senadores y seis gobernadores, además de importantes aliados en otros partidos y gobiernos estatales. Pero esa fortaleza institucional podría verse seriamente comprometida por el desconcierto, las disputas sucesorias y la desmoralización que provoca la ausencia de quien recibió casi sesenta millones de votos y prometió conducirlos.

La historia nos enseña que los movimientos construidos alrededor de un dirigente pueden sobrevivir a una derrota, pero difícilmente conservan su cohesión cuando carecen de instituciones capaces de sustituirlo (no sé si los liberales brasileños viven una situación así, pero seguro que esto les afectará mucho). Un acto de cobardía semejante termina convirtiendo la fortaleza aparente de un liderazgo en la mayor debilidad de todo un proyecto político.

Y hay una diferencia sustancial entre perder unas elecciones y abandonar a quienes confiaron en uno. Los problemas judiciales deben resolverse con todas las garantías del Estado de derecho, pero no excusan la responsabilidad política contraída con millones de ciudadanos.

Porque el verdadero liderazgo no se demuestra en la victoria, rodeado de multitudes y aplausos, sino en la adversidad, cuando corresponde dar la cara, asumir responsabilidades y preparar el futuro. Huir de ese compromiso es, a mi juicio, una forma de cobardía política que no solamente desacredita al dirigente, sino que puede arrastrar consigo las esperanzas de quienes lo siguieron.

Los partidos democráticos deben sobrevivir a sus líderes. Los dirigentes, en cambio, suelen pretender que sus partidos no sobrevivan sin ellos. Y ahí comienza la decadencia.

FRENTE AL ESPEJO

Hay momentos en los que un país debe mirarse sin metáforas, sin consuelos patrióticos, sin himnos usados como pañuelo y sin esa vieja costumbre nuestra de ponerle poncho retórico a las heridas abiertas, como si bastara cubrirlas con palabras solemnes para que dejen de sangrar. Bolivia vive uno de esos momentos, y quizá por eso mismo cuesta tanto nombrarlo, porque cada vez que este país se mira de frente descubre que no solo arrastra una crisis más, de esas que llenan noticieros, paralizan carreteras y cansan a la ciudadanía, sino una suma de dolores antiguos, agravios mal tramitados, miedos regionales, desconfianzas étnicas, fracturas sociales y esa persistente incapacidad nuestra de convertir el conflicto en política antes de que se convierta, otra vez, en bloqueo, cerco, amenaza, represión o muerte.

Después de más de cincuenta días de protestas, bloqueos, muertos, heridos y cientos de detenidos, el gobierno del presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción, y algunos bloqueos cedieron, ciertas rutas volvieron a abrirse, las ciudades respiraron mejor y la vida cotidiana, que había comenzado a sentirse secuestrada por la falta de alimentos, combustibles, medicinas y oxígeno, recuperó una parte mínima de su normalidad, esa normalidad precaria que en Bolivia suele parecernos una conquista cuando apenas debería ser el piso elemental de cualquier convivencia civilizada. Pero quien crea que la crisis está resuelta confunde la reapertura de caminos con la recomposición de un vínculo político roto, porque una carretera puede despejarse con policías, maquinaria, órdenes operativas y presencia estatal, mientras que la confianza, esa materia frágil y casi invisible sobre la que se sostiene la vida en común, no se despeja con un decreto ni se impone con uniforme, sino que se reconstruye con verdad, representación, inteligencia política, memoria y tiempo; sobre todo con tiempo, ese recurso que algunos suelen desperdiciar con una irresponsabilidad casi artesanal, hasta descubrir demasiado tarde que gobernar no consiste solamente en reaccionar cuando el país ya está incendiado.

El conflicto, en sus núcleos más duros, continuará latiendo en territorios cocaleros, rurales e indígenas, donde persistierán los reclamos por el costo de vida, la política de combustibles, la liberación de detenidos y el reconocimiento de organizaciones indígenas, lo que demuestra que la calma obtenida en las rutas no equivale necesariamente a la pacificación del país profundo, porque Bolivia, como sabemos desde hace demasiado tiempo, no se agota en sus carreteras principales ni en sus mercados urbanos, sino que también respira —y se irrita, y se organiza, y protesta— en esos territorios donde el Estado llega tarde, llega mal o llega solamente cuando necesita imponer autoridad. Y aquí conviene decirlo con toda claridad, sin eufemismos y sin hacerse los distraídos, si la mesa no representa al conflicto, el acuerdo no representa al país, y cuando un acuerdo no representa al país, apenas sirve para administrar unos meses de alivio, un par de conferencias de prensa, un titular tranquilizador o esa fotografía de circunstancia en la que todos parecen responsables mientras el problema sigue esperando, como tantas veces, fuera de la sala.

Esta crisis dejó de ser un episodio de bloqueo para convertirse en un litigio sobre quién habla por Bolivia, quién puede sentarse a decidir en nombre de Bolivia y quién queda, nuevamente, mirando desde la puerta, como si la patria fuera una casa grande pero con llaves repartidas siempre entre pocos. El trasfondo económico es serio y no admite negaciones voluntaristas, Bolivia arrastra deuda pública elevada, caída de la producción de gas, reservas internacionales reducidas y subsidios a los combustibles que se han vuelto difíciles de sostener, por no decir insostenibles, mientras el diagnóstico externo, severo en sus términos y preocupante en sus consecuencias, coincide en un punto que debería alarmarnos más allá de nuestras preferencias políticas, a saber que la trayectoria macroeconómica boliviana se ha vuelto inviable. Pero lo que está en juego no es solamente la caja fiscal, esa contabilidad fría donde los gobiernos suelen descubrir la realidad después de haberla negado durante años mientras eran parte de la política opositora, sino también la paciencia social, la confianza ciudadana y esa delicada trama que permite a una sociedad seguir creyendo que vale la pena convivir bajo las mismas reglas, aunque las reglas sean imperfectas, aunque el Estado sea lento, aunque la política decepcione y aunque la historia nos haya enseñado a desconfiar casi por instinto.

Hay, sin embargo, una dimensión que el análisis político suele esquivar por incomodidad, por cálculo o por miedo a decir demasiado y equivocarse, y es la presencia de economías criminales, en particular el narcotráfico, en el tejido de la protesta social boliviana. No se trata de lanzar una acusación generalizadora, ni de convertir en delincuentes a quienes protestan por razones legítimas, ni de regalarle al gobierno una coartada fácil para deslegitimar toda demanda popular, porque eso sería injusto, peligroso y políticamente torpe; se trata, más bien, de reconocer que en múltiples ciclos de conflicto previos se han documentado o sospechado razonablemente vínculos entre ciertas organizaciones cocaleras, estructuras de financiamiento y redes del tráfico de drogas, aunque siga siendo incierta, y acaso deliberadamente oscurecida, la magnitud real de esa incidencia. El gobierno tiene incentivos para magnificarla, las oposiciones tienen incentivos para minimizarla, los dirigentes involucrados tienen incentivos para negarla y la ciudadanía, atrapada entre propaganda oficial y omisión conveniente, termina mirando un juego de espejos en el que la verdad queda sepultada antes de poder convertirse en política pública, en investigación seria o en decisión estatal responsable. Lo que sí puede afirmarse sin temor es que una Bolivia incapaz de resolver su vulnerabilidad frente al narcotráfico no podrá construir ningún pacto duradero, porque el crimen organizado no negocia pactos nacionales, los infiltra, los contamina, los compra o los vacía por dentro, hasta convertir la representación en simulacro y la protesta en territorio disponible para poderes que no rinden cuentas ante nadie.

La secuencia 2003-2008-2019-2026 muestra un patrón que debería inquietarnos, no solo por la recurrencia de la violencia, sino por la pobreza de nuestra imaginación política para evitar que el mismo guion vuelva a representarse con otros actores y parecidas consecuencias. Cambian los gobiernos, cambian los dirigentes, cambian los discursos, cambian las consignas y hasta cambian las banderas que cada quien levanta para justificarse, pero el libreto profundo se parece demasiado, porque detrás del diésel, de la gasolina, de las rutas cortadas y de los mercados vacíos aparece una y otra vez la misma pregunta no resuelta: ¿qué Estado tenemos? ¿a quién representa? ¿a quién protege? ¿a quién escucha y a quién deja fuera hasta que ese alguien decide hacerse escuchar interrumpiendo la vida de todos los demás? Bolivia no atraviesa únicamente una crisis de caja; atraviesa una crisis de comunidad política, porque es un país de alma múltiple, surcado por fracturas coloniales, étnicas, regionales, sociales y generacionales que demasiadas veces han sido convertidas en arma arrojadiza, como si cada diferencia nuestra, en lugar de enriquecer la casa común, tuviera que servir para levantar una nueva trinchera.

Sin reconciliación política, sin reforma institucional y sin un rediseño territorial del poder, la mejora material aliviará el síntoma pero no cerrará la herida, y Bolivia conoce demasiado bien esa medicina incompleta que calma el dolor por unas horas, permite respirar un poco, abre una ruta, abastece un mercado, anuncia una tregua, pero luego deja que la fiebre vuelva con más rabia, más cansancio y más incredulidad. Por eso la pregunta no puede reducirse a cómo normalizar el abastecimiento, aunque eso sea urgente, ni a cómo estabilizar la macroeconomía, aunque eso sea imprescindible, sino a cómo reconstruir una comunidad política donde indígenas, campesinos, clases medias urbanas, trabajadores, empresarios, regiones, mujeres y juventudes puedan sentir que el Estado no escucha solamente a unos mientras posterga, descalifica o administra a los otros como un problema de seguridad.

¿Qué hacer entonces? Las respuestas son concretas, aunque exigentes, y quizá por eso mismo suelen ser evitadas por quienes prefieren los atajos, las consignas o los decretos con pretensiones milagrosas.

Primero, un diálogo nacional con diseño representativo y territorial, no una mesa de cúpulas ni una ceremonia de apaciguamiento, sino un espacio real que incluya organizaciones rurales e indígenas, gobiernos departamentales y municipales, trabajadores, mujeres y juventudes, con facilitación independiente, agenda pública, reglas claras y resultados verificables, porque ya sabemos, por experiencia dolorosa, que la exclusión de actores clave no resuelve los conflictos, apenas los posterga hasta que regresan más duros, más desconfiados y menos dispuestos a creer en la palabra del gobierno de turno.

Segundo, una transición económica justa, porque si los subsidios deben corregirse —y hay razones técnicas poderosas para hacerlo— esa corrección no puede ejecutarse como una operación contable sobre una sociedad exhausta, sino que debe venir acompañada de protección social, calendarios verificables, comunicación honesta y mecanismos de acompañamiento para los sectores más vulnerables, en especial aquellos cuya reproducción cotidiana depende del transporte, de los mercados populares y de una economía informal que el Estado suele perseguir, tolerar o utilizar según su conveniencia. Sin eso, cualquier ajuste, aunque sea técnicamente razonable, se convierte en nuevo combustible para el conflicto, porque en Bolivia las medidas económicas no caen sobre una planilla, caen sobre cuerpos, familias, oficios, regiones y memorias que ya han aprendido a desconfiar cuando se les pide sacrificio en nombre de un futuro que casi nunca llega para ellos.

Tercero, enfrentar las violencias de 2003, 2008, 2019 y esta nueva fractura este 2026, con verdad, justicia y memoria, no para quedarnos atrapados en el resentimiento, ni para fundar una contabilidad macabra de muertos propios y muertos ajenos, sino para impedir que cada crisis vuelva a dividirnos entre víctimas legítimas e ilegítimas, entre dolores reconocidos y dolores negados, entre duelos útiles para la propaganda y duelos incómodos para la conciencia nacional. Una sociedad que no reconoce el dolor del otro termina preparando la repetición de su propia tragedia, y Bolivia, que ya ha llorado demasiado en nombre de demasiadas causas, necesita encontrar una forma democrática de recordar sin vengarse y de hacer justicia sin convertir la justicia en revancha.

Cuarto, reformar profundamente la justicia, la policía y la administración pública, porque un Estado capturado por camarillas podrá imponer obediencia legal durante un tiempo, podrá dictar resoluciones, ordenar operativos, repartir cargos, administrar favores y castigos, pero nunca producirá legitimidad, que es la materia más difícil y más necesaria de cualquier gobierno que pretenda durar algo más que su propia emergencia. Sin justicia independiente, sin policía profesional, sin administración pública meritocrática, sin transparencia y sin control social, la reconciliación se vuelve discurso de ocasión y el Estado continúa pareciéndose demasiado a un botín, a un garrote o a una agencia de empleos para los amigos del poder.

El estado de excepción pudo haber sido necesario para evitar que la vida cotidiana terminara secuestrada por el bloqueo, y sería ingenuo desconocer que el gobierno tiene la obligación de garantizar la circulación, el abastecimiento y la seguridad de la ciudadanía; pero sería un error aún más grave confundir esa necesidad con una solución política, porque Bolivia necesita salir, de una buena vez, de esa falsa alternativa que nos ha condenado a elegir entre la arbitrariedad de la calle y la soberbia del poder. Las carreteras pueden abrirse en unos días; el país, en cambio, tarda mucho más en volver a abrirse por dentro, porque para eso no bastan decretos, ni operativos, ni acuerdos parciales, sino una decisión más profunda de reconocernos, escucharnos y construir reglas comunes que no humillen a nadie.

Se puede hacer y se tiene que hacer; será con este o con el próximo gobierno. Esa posibilidad, difícil, trabajosa, sin garantías y sin redentores disponibles en el horizonte, es lo que todavía nos obliga a seguir pensando en Bolivia como proyecto y no como herida herida abierta en mitad del continente; como tarea común y no solamente como inventario de fracasos; como una patria posible y no como esta costumbre nuestra, tan cansadora y tan persistente, de sobrevivir a nosotros mismos sin animarnos todavía a convivir de verdad.