UN ACUERDO NACIONAL SE CONSTRUYE

En mi corto entender, y desde esa limitada experiencia personal que uno va acumulando más por vivir ciertas cosas que por haberlas leído, conozco dos procesos de convergencia política que pueden llamarse, con propiedad, acuerdos o pactos nacionales. Ambos tuvieron consecuencias históricas importantes, trascendentes y, en términos generales, positivas. El primero fueron los Pactos de la Moncloa, en España, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, en 1977. El segundo fueron los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz, en Bolivia, bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, suscritos en julio de 1992.

Los Pactos de la Moncloa reunieron al Gobierno español y a los principales partidos con representación parlamentaria de entonces: la Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Popular, Alianza Popular y otras fuerzas importantes del espectro regional. Junto a ellos gravitaron, con enorme peso político y social, los sindicatos más representativos —Comisiones Obreras, vinculada al mundo comunista, y la Unión General de Trabajadores, vinculada al socialismo—, además de las organizaciones empresariales agrupadas en la Patronal Española de aquel tiempo. No todos fueron firmantes formales en el mismo sentido jurídico, desde luego, pero todos formaron parte del clima político, social y económico que hizo posible aquella concertación.

Aquellos pactos no fueron una reunión amable para tomarse la fotografía de la transición. Fueron un momento duro, complejo, lleno de tensiones, cálculos, desconfianzas y renuncias. España salía de una dictadura larga, enfrentaba inflación, conflictividad social, incertidumbre institucional y la necesidad urgente de construir reglas democráticas creíbles. Lo notable fue que los actores comprendieron algo elemental y, al mismo tiempo, difícil: nadie puede ganar solo. Ni el Gobierno podía imponer la transición desde arriba, ni la oposición podía exigirlo todo desde la calle, ni los sindicatos podían sostener una lógica puramente reivindicativa, ni los empresarios podían encerrarse en la nostalgia del viejo orden. Cada quien tuvo que ceder algo para ganar algo mayor, democracia, estabilidad, previsibilidad y futuro.

En Bolivia, los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz cumplieron, a su manera y en nuestra escala, una función parecida. Fueron suscritos por los jefes de los partidos con representación y relevancia parlamentaria de entonces, el MNR, ADN, MIR, CONDEPA, UCS, MBL, FRI y PDC. Su propósito fue modernizar el andamiaje institucional del Estado y comprometer reformas que trascendieran a un solo gobierno. Entre sus puntos se incluyeron la reforma y modernización del Poder Judicial, la creación del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional, la incorporación del mérito como criterio de designación de altas autoridades, la reforma educativa, la reforma electoral, la descentralización, la creación del Defensor del Pueblo, la ley de partidos políticos y la industrialización de la hoja de coca.

Esas reformas sentaron parte de las bases de los cambios que luego impulsaría el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que desembocaron en la reforma constitucional de 1994. Esa reforma reconoció, por primera vez, el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia, introdujo instituciones nuevas y abrió paso a una reorganización más moderna del sistema político. Después vendrían otras tensiones, otros errores, otros excesos y también otras frustraciones. Pero sería injusto negar que ese ciclo tuvo una voluntad institucionalizadora importante.

¿Qué tuvieron en común esos dos procesos? No la perfección, porque ningún pacto histórico es perfecto. Tampoco la pureza ideológica de sus participantes, porque la política real no se hace con ángeles, sino con actores de carne y hueso, intereses, temores, ambiciones y límites. Lo que tuvieron en común fue algo más importante, la preparación, el método, y una narrativa con sentido de futuro.

Ambos acuerdos fueron trabajados con anticipación. Los participantes tuvieron tiempo para consultar, discutir, resistir, negociar, entrar en conflicto y resolver parcialmente sus diferencias. Ninguno llegó a una mesa sin saber, al menos en términos generales, qué se esperaba de él. Detrás de esos procesos existía una narrativa política, una explicación del momento histórico, una lectura de la crisis, una propuesta de país y una distribución de roles. Cada actor sabía por qué estaba sentado allí y qué podía ganar, no solo para sí mismo, sino para la parte del país que decía representar.

En España, esa narrativa fue más fuerte porque sus instituciones eran más sólidas, su economía tenía una base más desarrollada y su sociedad contaba con mayores niveles de educación y organización. En Bolivia todo fue más frágil, más atravesado por la desconfianza. Pero aun así hubo una idea, modernizar el Estado, ordenar la democracia, profesionalizar algunas instituciones y comprometer reformas que no dependieran exclusivamente del humor del gobierno de turno.

Por eso conviene mirar con serenidad, pero también con preocupación, la convocatoria actual del Presidente Rodrigo Paz Pereira, que ha convocado a un encuentro nacional con cerca de seiscientos invitados, cifra que incluso podría aumentar, e incluye parlamentarios, gobernadores, alcaldes, líderes políticos, actores económicos y representantes sectoriales. La agenda anunciada menciona algunos temas centrales, a saber, sostenibilidad del modelo económico, equilibrio fiscal, seguridad jurídica, atracción de inversiones, crisis energética y redistribución de recursos bajo el mecanismo denominado “50-50”.

Nadie sensato podría estar en contra del diálogo. Al contrario, después de años de polarización, soberbia, imposición, abuso masista y desprecio por la deliberación democrática, que un gobierno convoque a conversar es una buena noticia. Bolivia necesita diálogo. Necesita escucha. Necesita reconstruir confianza. Necesita reconocer que la crisis económica, institucional, energética y social no puede resolverse solo con decretos, discursos o entusiasmo. Hasta ahí, la convocatoria merece ser valorada positivamente.

Pero un Acuerdo Nacional no nace de una invitación numerosa. Tampoco surge por acumulación de sillas, credenciales, discursos y fotografías. Un Acuerdo Nacional exige algo más difícil, claridad de propósito, legitimidad de representación, reglas de deliberación, contenido programático, método de decisión, mecanismos de seguimiento y una narrativa capaz de ordenar el compromiso de los participantes.

Ese es, por ahora, el punto débil de la convocatoria. No se sabe con suficiente claridad cómo fueron seleccionadas esas 592 organizaciones o personalidades, cuál fue el criterio para medir su representatividad, qué peso tendrá cada una en la deliberación, qué incidencia real tendrá una eventual resolución, ni qué compromisos concretos podrán asumir en nombre de los sectores que dicen representar. Más que un encuentro para deliberar y pactar, esto parece un cabildo, donde hay dos discursos, veinte aplausos de quienes decidan estar, tres viva Bolivia carajo, y a volver a casa, estimados contertulios.

Tampoco se conoce, al menos con la transparencia necesaria, cuál es el contenido del posible pacto o acuerdo. ¿Cuál es la visión de país que lo sustenta? ¿Capitalismo para todos (se van a ir la mitad)? ¿Cuál es el diagnóstico compartido? ¿Cuál es el lugar que el Gobierno propone para cada grupo, sector, región o institución? ¿Qué rol estratégico se espera que cumplan los trabajadores, los empresarios, las regiones, los municipios, las universidades, los pueblos indígenas, los sectores populares, las clases medias, los jóvenes y las organizaciones políticas?

Sin esas respuestas, el riesgo es evidente, que el diálogo se convierta en un acto y no en un proceso; en una escenografía y no en una construcción; en una suma de intervenciones y no en una arquitectura política de largo plazo. Y Bolivia, con todo el respeto que nos merecemos, ya tiene demasiada experiencia en reuniones solemnes que terminan produciendo documentos hermosos. Documentos que se aplauden por la tarde y se olvidan antes de la medianoche.

Un verdadero Acuerdo Nacional debería partir de una pregunta elemental, ¿para qué nos estamos reuniendo? No basta decir que nos reunimos porque todos dicen hablar en nombre de Bolivia, incluso cuando quieren cosas opuestas. Hay que precisar si se busca un pacto para estabilizar la economía, para sostener medidas difíciles, para reformar el Estado, para redistribuir recursos, para pacificar la conflictividad social, para reconstruir la institucionalidad democrática o para abrir un nuevo ciclo histórico. Ningún país sale de una crisis haciendo una lista infinita de deseos. Sale cuando identifica sus nudos principales y construye acuerdos posibles para desatarlos.

También hace falta una narrativa. No una consigna publicitaria, sino una visión de país. España tuvo la narrativa de la transición democrática y de la incorporación plena a Europa. Bolivia, en los años noventa, tuvo la narrativa de la modernización institucional y de la reforma del Estado, con todos sus límites y contradicciones. ¿Cuál es hoy la narrativa boliviana? ¿Cerrar el ciclo del populismo autoritario? ¿Reconstruir una democracia institucional? ¿Pasar de un Estado rentista agotado a una economía productiva, plural y descentralizada? ¿Reconciliar a las regiones y sectores sociales después de años de hostilidad? ¿Devolver al ciudadano el lugar que fue ocupado por el corporativismo, el caudillismo y la prebenda?

Si esa narrativa no existe, hay que construirla antes de convocar a todos a firmarla. Si existe, hay que explicarla. Y si se la está construyendo, hay que reconocerlo humildemente y abrir un proceso serio, no una ceremonia apresurada.

El Gobierno tiene una oportunidad importante. Precisamente por eso debería cuidarla. Un pacto nacional no debe servir para legitimar decisiones ya tomadas, ni para repartir responsabilidades de medidas impopulares, ni para neutralizar momentáneamente la protesta social. Debe servir para construir un horizonte común. Eso exige generosidad del Gobierno, responsabilidad de la oposición, madurez de los sectores sociales y una cierta pedagogía democrática que nos ayude a comprender que pactar es dialogar, que dialogar es ceder y que ceder no es perder la identidad.

Bolivia necesita acuerdos, sin duda. Pero necesita acuerdos serios. Acuerdos preparados, consultados, escritos con precisión, sostenidos por instituciones y acompañados por mecanismos de cumplimiento. Necesita menos épica de la convocatoria y más arquitectura del compromiso. Menos improvisación y más método. Menos ansiedad por anunciar el pacto y más paciencia para construirlo.

Ojalá esta convocatoria sea el inicio de algo importante. Ojalá no sea solamente un acto más en la larga historia boliviana de las oportunidades desperdiciadas. El país necesita conversar, sí. Pero sobre todo necesita saber para qué conversa, quién conversa en nombre de quién, a qué se compromete, cómo se cumple y hacia qué visión compartida de futuro se quiere caminar. Porque un Acuerdo Nacional no consiste en sentar a muchos alrededor de una mesa. Consiste en lograr que, al levantarse de ella, todos sepan que han asumido una responsabilidad con el futuro.

SOBRE LA 348 Y LA LEY BRISA

Quienes atacan con más furia la existencia de leyes destinadas a actuar rápidamente frente a violadores, acosadores y maltratadores suelen hacerlo en nombre de una defensa abstracta de la “presunción de inocencia”. Pero muchas veces esa defensa no nace de un verdadero compromiso con las garantías jurídicas, sino de una identificación subjetiva —no necesariamente criminal, pero sí cultural y emocional— con el agresor. No es que todos nosotros, los hombres, seamos violadores, acosadores o maltratadores. El problema es otro, nos sentimos interpelados por la ley porque reconocemos, en el fondo de nuestra propia conducta, en nuestros prejuicios o fantasías de poder, algo del mundo que esa ley intenta desmontar.

Por eso la "machósfera" reacciona como si la protección de las mujeres y los niños y niñas fuera una amenaza contra los hombres. Confunden deliberadamente una medida de protección con una condena anticipada. Olvidamos, o preferimos olvidar, que una cosa es castigar penalmente después de un juicio y otra muy distinta es impedir que una víctima potencial termine golpeada, violada o muerta mientras el sistema judicial “se toma su tiempo” para investigar. La presunción de inocencia que protege al acusado frente a una condena injusta no puede convertirse en una coartada para dejar indefensa a la víctima frente a un riesgo cierto, inmediato y muchas veces mortal.

Aquí aparece el fondo más oscuro del asunto, misoginia, homofobia y cultura de la violencia suelen caminar juntas. Quien ridiculiza a la mujer que denuncia, quien presume que exagera, que provoca, que miente o que “algo habrá hecho”, no está defendiendo la justicia, está defendiendo una vieja estructura de poder patriarcal. Una estructura donde el cuerpo de la mujer parece estar siempre bajo sospecha y donde el agresor aparece, curiosamente, como el verdadero damnificado.

El ejemplo es claro. ¿Dónde se ha visto que una persona asaltada, maniatada y golpeada tenga que demostrar que gritó lo suficiente, que se resistió lo bastante, que dijo muchas veces “no me asalten” para que el Estado recién le crea que no quería ser asaltado? Si alguien señala a su agresor y dice “ese me robó”, “ese me golpeó”, “ese me estafó”, “ese me violó”, el deber elemental del Estado es iniciar una investigación y adoptar medidas inmediatas para impedir nuevos daños. Nadie sensato diría que investigar un asalto es criminalizar a quienes pasaban por allí, pero cuando una mujer denuncia violencia sexual o doméstica, de pronto aparecen los defensores selectivos de las garantías, exigiéndole pruebas imposibles, resistencia heroica, pureza absoluta y hasta buena conducta retrospectiva.

La diferencia esencial es que en los casos de violencia contra las mujeres el riesgo no es teórico. Está sobradamente demostrado por la experiencia social que una mujer que denuncia a su agresor —incluso, y a veces sobre todo, si ese agresor es su pareja o marido— puede quedar expuesta a una represalia brutal. Muchas mujeres no mueren por denunciar tarde; mueren porque, después de denunciar, nadie actuó a tiempo.

Por eso estas leyes son excepcionales. No porque nieguen derechos al acusado, sino porque reconocen una realidad trágica, la violencia machista tiene una dinámica propia, progresiva, intimidatoria y potencialmente letal. La ley no puede esperar a que aparezca el cadáver para recién declarar que había peligro. Debe actuar antes. Debe separar, proteger, restringir, investigar y prevenir.

La verdadera justicia no consiste en poner en la misma balanza a una víctima amenazada y a un potencial feminicida como si ambos estuvieran en igualdad de condiciones. La verdadera justicia consiste en proteger primero la vida, garantizar después el debido proceso y sancionar finalmente con pruebas. Pero sin protección inmediata, el debido proceso puede llegar demasiado tarde, impecablemente escrito sobre una lápida.

PARA QUE NO SE DIGA QUE NO LO DIJE A TIEMPO

Hay momentos en la vida de un país en los que la mera eficacia técnica, aun siendo importante, deja de alcanzar. No porque la economía deje de importar —sería absurdo sostenerlo—, sino porque la economía, por sí sola, no ordena los temores, las expectativas, las memorias ni las identidades que se agitan por debajo de la superficie. Y cuando eso ocurre, gobernar deja de ser solamente administrar, pasa a ser también conducir, interpretar, nombrar y convocar.

El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder en una coyuntura atravesada por urgencias económicas, tensiones sociales y una evidente fatiga histórica frente a los excesos del ciclo anterior. Era lógico, por tanto, que la estabilización, la disciplina fiscal, la certidumbre y la recuperación de cierta racionalidad estatal ocuparan un lugar central en sus prioridades. Ningún país se reconstruye sobre la improvisación permanente ni sobre la negación caprichosa de las restricciones de la realidad. Pero tampoco conviene olvidar que aquella victoria tuvo, en buena medida, un carácter defensivo, no expresó una adhesión doctrinaria intensa y afirmativa, sino más bien la decisión mayoritaria de cerrarle el paso a una alternativa como la de Tuto Quiroga, percibida por amplios sectores como excluyente. Fue, en ese sentido, más un voto de prevención que un mandato entusiasta; y ese origen también delimita las responsabilidades del presente.

No debiera ser poca cosa recordarlo. Rodrigo Paz Pereira no emerge de un vacío doctrinario ni es apenas la prolongación pasiva de un apellido. Proviene, más bien, de una de las pocas elaboraciones estratégicas serias que intentaron leer a Bolivia desde su propia experiencia histórica y no desde catecismos prestados. El Entronque Histórico formulado por Jaime Paz Zamora para el MIR quiso hacer exactamente eso, reconocer que el cauce profundo del país no se hallaba en una izquierda abstracta, separada de la experiencia nacional, sino en la tradición nacional-popular abierta por la Guerra del Chaco, encarnada luego en la Revolución del 52 y continuada, más tarde, en la lucha por consolidar la democracia como sistema de convivencia pacífica entre distintos, alejándonos de la tentación armada que sedujo a buena parte del subcontinente en aquellos años.

Justamente por eso, el momento actual parece exigir un paso más. El gobierno no necesita solo administrar mejor, necesita decir hacia dónde quiere conducir al país. Necesita otorgar sentido a sus decisiones, inscribir cada medida en una idea más amplia de nación y ofrecer un horizonte reconocible y compartido. Responder a la crisis económica e institucional es indispensable, por supuesto, pero responder no es lo mismo que orientar. Orientar supone explicar no solo qué se hace, sino para qué se hace, con quiénes se quiere hacerlo y en nombre de qué comunidad política se gobierna.

Y esa tarea, hay que decirlo, sigue pendiente. Cada ministro aparece cercado por los límites de su propia cartera, justificando medidas fragmentarias como si bastara con apagar incendios dispersos, pero sin que esas respuestas terminen de confluir en una visión inteligible del conjunto. De ahí la impresión de un gobierno más reactivo que conductor, más defensivo que orientador, en el que el Presidente acaba sobreexpuesto, intentando llenar por sí mismo el vacío de una narrativa pública que debería estar mejor distribuida en el conjunto del equipo gubernamental. Y, sin embargo, si algo enseña justamente la tradición política de la que proviene Rodrigo Paz, es que Bolivia no se gobierna sumando medidas, sino articulando sentidos. No basta administrar variables, hay que saber nombrar al país.

Y Bolivia, hoy, no se deja leer con un solo código. No es solamente una nación desgarrada entre élites y pueblo, entre oriente y occidente, entre indios y blancos. Es también una sociedad urbana, mestiza, compleja, cruzada por nuevas clases medias, por juventudes menos subordinadas a las viejas jerarquías, por mujeres que entran por si solas en el escenario público, por sectores indígenas y plebeyos que han ganado presencia económica y autoestima social, por emprendimientos populares y por un nuevo empresariado que forma ya parte del país real. Esa Bolivia emergente no puede quedar al margen de una narrativa democrática de futuro. Pero tampoco basta con invocarla desde una clave meramente identitaria o reivindicativa. La tarea es más exigente, construir ciudadanía compartida a partir de la diversidad, producir una síntesis democrática en la que la inclusión no desemboque en fragmentación y la diferencia no se convierta en coartada para nuevas desconfianzas recíprocas.

Lo ocurrido en el Cabildo de El Alto del 11 de abril debiera leerse desde esa perspectiva. Allí no se expresó únicamente una protesta por asuntos puntuales. Se cruzaron malestares económicos, institucionales, territoriales y simbólicos. Y cuando en Bolivia distintos agravios comienzan a reconocerse dentro de un mismo escenario, el problema deja de ser sectorial y empieza a delatar algo más profundo, una crisis de representación, de escucha y de confianza. Si algo similar volviera a ocurrir en el Cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana para el 1º de mayo, podríamos encontrarnos ante un punto de condensación política mucho más delicado, el instante en que demandas dispersas empiezan a soldarse dentro de una misma narrativa y dejan de protestar únicamente contra medidas concretas para disputar legitimidad, iniciativa y horizonte.

El peligro no radica solamente en la magnitud de la convocatoria, sino en el tipo de bandera que podría emerger de allí. No sería una consigna cualquiera. Podría tratarse de la reactivación de esa vocación nacional-popular de resonancia tan honda en nuestra historia, capaz de reunir bajo un mismo techo simbólico al obrero, al campesino, al vecino agraviado, al consumidor castigado y al ciudadano decepcionado (la Alianza de Clases del MNR, el Bloque Social Revolucionario según el MIR, la Alianza de Unidad que decía el MAS). En ese registro, la defensa del salario, de los subsidios o de la soberanía económica puede transformarse con rapidez en una interpelación general al poder y, de ahí, en una Agenda Política de futuro. Los bolivianos conocemos esa secuencia, primero se articula el malestar, luego se planta una bandera, y finalmente esa bandera empieza a reclamar para sí la representación moral del país. Lo más delicado es que ese proceso rara vez comienza con una ruptura espectacular; suele empezar, más bien, con algo más verosímil y también más boliviano, la lenta deslegitimación del centro político, la creciente capacidad de veto callejero y la aparición de una oposición social que deja de protestar solamente contra medidas para presentarse como portadora de una salida histórica.

Una democracia madura no debiera mirar estos hechos solo como amenaza ni solo como ruido. Debiera leerlos también como advertencia. Como señal de que hay sectores que no se sienten suficientemente incorporados al curso actual del proceso político. Cuando el centro democrático no logra producir un relato de país capaz de combinar estabilidad, inclusión, pluralismo y futuro, el descontento queda disponible para ser capturado por discursos de revancha, exclusión o confrontación permanente. Bolivia arrastra, además, una larga tradición de polarización rentable y de actores que prosperan alimentando resentimientos. Por eso los vacíos de conducción simbólica nunca permanecen vacíos por demasiado tiempo.

La buena noticia es que nada de esto obliga todavía a una lectura fatalista. Si el problema principal consiste en ampliar, profundizar y humanizar la conducción política del proceso, entonces todavía existe margen para corregir, enriquecer y reencauzar. La estabilidad económica y la conducción simbólica no son tareas enemigas; son, por el contrario, complementarias. El orden sin relato se enfría; el relato sin resultados se vacía. Lo que Bolivia necesita es una síntesis más exigente, una política capaz de unir responsabilidad económica con integración nacional, eficiencia estatal con escucha social, pluralismo democrático con promesa de futuro.

Para ello habría que hablarle con mayor claridad a la Bolivia emergente, tender puentes más sólidos con sectores populares, indígenas, urbanos y regionales, y sustituir parte de la lógica reactiva por una lógica más deliberada de convocatoria nacional. Haría falta, sobre todo, instalar con decisión una narrativa de escucha, diálogo, reconciliación y convivencia democrática como política de Estado. Una narrativa que no niegue el conflicto, pero que tampoco se alimente de él; que no obligue a elegir entre crecimiento e inclusión, entre modernización y pertenencia, entre orden y dignidad; que convoque a empresarios, trabajadores, clases medias, juventudes, pueblos indígenas, emprendedores populares y regiones diversas dentro de una misma conversación democrática.

La cuestión de fondo sigue siendo, al final, bastante simple y bastante decisiva, si Bolivia puede avanzar hacia una etapa de estabilidad y modernización sin reconstruir al mismo tiempo un mínimo horizonte compartido entre sus diversos sectores sociales y culturales. Mi impresión es que no. Sin esa narrativa integradora, lo mejor que podrá alcanzarse será una administración transitoria de la fractura. Por eso conviene decirlo a tiempo, el actual gobierno todavía está a tiempo de ampliar el sentido de su propia gestión, de pasar de una lógica predominantemente administrativa a una lógica más política, de hablarle al país no solo en nombre del orden, sino también en nombre de una comunidad nacional capaz de reconocerse en su diversidad. Ese paso no resolverá, desde luego, todos los problemas. Pero podría evitar que otros, con menos escrúpulos democráticos y mayor vocación de dividir, sigan ocupando el terreno que deja libre una narrativa insuficiente. 

¿CORRUPCIÓN? ¿DÓNDE?

En Bolivia, como en tantos otros países que arrastran pobreza estructural, institucionalidad débil y una inserción apenas marginal en la economía mundial, la corrupción no es un accidente ni una anomalía estadística, es una enfermedad vieja, persistente, enquistada en los huesos del Estado y en los pliegues de la cultura política. No es simplemente la caída moral de individuos aislados; es un sistema de incentivos perversos que prospera allí donde la ley es frágil, la autoridad es discrecional y la supervivencia cotidiana se aprende a resolver por atajos.

Los últimos veinte años de gobierno del MAS no inventaron la corrupción, pero sí la profundizaron, la expandieron y la normalizaron hasta convertirla en método de reproducción del poder. No fue solamente clientelismo (que ya sería bastante) sino la conformación de redes paraestatales que utilizaron el aparato público como botín, como refugio y como herramienta de dominio. Ministerios, empresas, órganos judiciales, fuerzas del orden, todas las piezas de una arquitectura subordinada a intereses faccionales.

A ello se sumó algo más grave aún, la consolidación de una concepción patrimonial del Estado. El trámite mínimo, la gestión cotidiana, la decisión estratégica, todo tiene precio hasta el día de hoy. Nada es deber, nada es función pública, todo es transacción. El Estado ha dejado de ser una casa común y se ha convertido en un mercado oscuro.

Esa lógica descendió en cascada. Desde las más altas esferas hasta las ventanillas más modestas, se formaron cadenas piramidales de complicidad. Policía, sistema judicial, aduanas, impuestos, Derechos Reales, el INRA, gobiernos departamentales, municipios. La corrupción dejó de distinguir jerarquías; el soborno pequeño y el negociado grande se dieron la mano. Cada eslabón protege al otro, porque la caída de uno arrastraría a todos.

Con el tiempo, lo excepcional se volvió costumbre. Y aquí aparece una verdad incómoda que no debemos eludir; una parte significativa de la población (excluida durante siglos por élites cerradas, oligárquicas, ensimismadas) vio en el acceso al Estado una suerte de reparación histórica. La demanda de inclusión era legítima; el uso patrimonial del poder no lo era. Pero cuando el acceso al poder no viene acompañado de formación ética, cultura institucional y límites claros al abuso, la revancha social puede mutar en justificación moral del saqueo. Lo que antes era privilegio de pocos, se volvió práctica extendida. Y así se deterioró el orden público.

¿Quién tiene la culpa de que hayamos llegado hasta aquí? La respuesta no admite consignas fáciles. Hay, al menos, dos responsabilidades históricas.

La primera corresponde a las viejas clases dominantes y oligárquicas —masculinas, blancas, castellano-hablantes, envejecidas en el poder y reproducidas en círculos familiares cerrados— que desde la Revolución Liberal de fines del siglo XIX y aun después de la Revolución Nacional de 1952, administraron el Estado boliviano sin democratizar el saber, sin universalizar una ética pública compartida, sin sembrar educación y ciudadanía en los estratos pobres e indígenas. Gobernaron, sí; pero no formaron. Gestionaron el aparato estatal, pero no construyeron cultura republicana.

La segunda responsabilidad recae en la élite masista que, en nombre de los desvalidos y marginados, llegó al poder sin levantar los diques institucionales capaces de contener las aspiraciones malsanas acumuladas durante tanto tiempo. En lugar de transformar la frustración en virtud cívica y la exclusión en ciudadanía, toleraron, cuando no justificaron, prácticas de latrocinio y abuso como si fueran compensación histórica. Donde debió haber pedagogía democrática, hubo permisividad; donde debió haber ejemplo moral, se instaló la coartada ideológica. Entre la negligencia formativa de unos y la indulgencia interesada de los otros, se consolidó el terreno fértil en el que hoy prospera la corrupción.

Cuando la corrupción se instala en la cultura política, arrancarla no es tarea de un decreto ni de un cambio de autoridades. No basta con encarcelar a algunos culpables para sentar ejemplo. Se requiere transparencia radical en las finanzas públicas; digitalización y trazabilidad de cada proceso administrativo; independencia real de la justicia; meritocracia efectiva; control social informado y sostenido. Y, sobre todo, años, ¡AÑOS!, de educación cívica ciudadana. La ética pública no se decreta, se construye.

La lucha contra la corrupción no es un capítulo accesorio. Es el eje transversal de cualquier proyecto de país. Sin justicia independiente, sin reglas claras, sin funcionarios seleccionados por mérito y no por lealtad facciosa, ningún programa de reactivación económica, ninguna reforma social, ninguna política redistributiva podrá sostenerse en el tiempo. La corrupción es una enfermedad crónica que nos corroe desde dentro.

Por eso la conclusión es severa, sin una política de Estado destinada a transformar la cultura política, a desmontar la concepción patrimonial del poder y a restaurar la noción de bien general, no habrá estabilidad ni gobernabilidad duraderas. No importa si el gobierno se proclama de izquierda o de derecha; si no rompe con la lógica interna de la corrupción, la llevará consigo como una carga heredada.

De ahí se desprende una correlación decisiva, no habrá ruptura estructural con la corrupción si no se impulsa, de manera paralela y sostenida, una verdadera Política de Estado para la Escucha, el Diálogo y la Reconciliación nacional y social.

Bolivia arrastra fracturas históricas —coloniales, raciales, étnicas, regionales, ideológicas— que han sido instrumentalizadas como un método de acceso y conservación del poder; en ese clima de polarización permanente, la ética pública se diluye y el adversario deja de ser conciudadano para convertirse en un enemigo. Sin un proceso institucionalizado de reconocimiento de agravios, reparación simbólica y construcción de reglas compartidas, es imposible edificar una base de ética social que funcione como dique cultural frente al patrimonialismo y la corrupción. La reconciliación no es indulgencia ni olvido; es el restablecimiento de un marco común de respeto y legalidad que permita que la ley vuelva a ser un límite real al abuso. Solo sobre esa arquitectura de confianza —sostenida en educación cívica, justicia independiente y control social efectivo— podrá consolidarse una cultura popular y una práctica administrativa donde el poder deje de ser un botín y vuelva a ser un servicio.

Bolivia necesita algo más que alternancia. Necesita una refundación ética de su vida pública. Una reconstrucción basada en la reconciliación, la educación y la institucionalidad. De lo contrario, seguiremos girando en el mismo círculo vicioso, cambiando de discurso cada veinte o treinta años, pero conservando intacta la misma cultura del abuso.

CAPITALISMO PARA TODOS

En tiempos de crisis, los eslóganes florecen. Algunos consuelan, otros engañan. “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” pertenece, lamentablemente, a la segunda categoría. No porque el mercado no sea necesario, que lo es, sino porque la consigna evita deliberadamente las preguntas centrales de este momento: ¿cómo se genera la riqueza?, ¿cómo se distribuye y bajo qué reglas se gobierna esa distribución?

Desde una mirada mínimamente informada (y aquí Marx sigue siendo un punto de partida útil, incluso para quienes no se consideran marxistas) el capitalismo no es una promesa de prosperidad universal, sino un modo de producción estructuralmente desigual, basado en la apropiación privada del excedente generado por el trabajo. No se trata de una desviación ocasional ni de una falla moral, es su lógica interna. Por eso, la tendencia histórica a la concentración de la riqueza no es un accidente, sino una regularidad empíricamente comprobada.

Hablar entonces de “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” equivale a ofrecer un sistema competitivo sin perdedores, algo tan plausible como una carrera en la que todos llegan primeros.

En Bolivia esta consigna encuentra eco. ¿Por qué? No por su solidez teórica, sino por el desastre moral, institucional y económico dejado por dos décadas de estatismo mafioso, encarnado por el Movimiento al Socialismo. El colapso fiscal, la escasez de divisas, la corrupción estructural y la captura del Estado por redes clientelares y criminales no solo han demolido la economía, han erosionado profundamente la credibilidad de las narrativas de izquierda.

Conviene reconocer (sin ingenuidad, pero también sin purismo) que en labios del presidente Rodrigo Paz Pereira la consigna “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” cumple una función política concreta y no menor. En un país saturado por veinte años de retórica estatista, nacionalizadora y supuestamente redentora, el eslogan opera como gesto de ruptura simbólica frente al imaginario que dejaron los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora. No es una formulación teórica rigurosa, ni pretende serlo, es un marcador discursivo, una señal destinada a desmarcar al nuevo gobierno del estatismo clientelar, del Estado corporativo y mafioso, y de la captura del excedente por una burocracia partidaria. En ese sentido, su eficacia no reside en su verdad conceptual, sino en su capacidad para reordenar el campo político, correr el eje del debate y habilitar una conversación distinta, allí donde durante años solo hubo consignas únicas, dogmas incuestionables y una economía subordinada a la lógica del poder.

En esa situación, cualquier discurso que suene a “mercado”, “empresa” o “inversión” aparece como salvación. Pero confundir el rechazo al estatismo corrupto con una adhesión acrítica al capitalismo es un error que Bolivia ya ha cometido otras veces, con resultados conocidos. El Péndulo Catastrófico (estatismo ineficiente primero, privatización empobrecedora después) no nos ha llevado al desarrollo, sino al agotamiento. Cada giro promete una refundación; cada fracaso nos devuelve al punto de partida.

Aquí es donde nuestra Visión de País introduce una diferencia sustantiva. No propone ni estatismo redentor ni capitalismo ingenuo, sino algo mucho más difícil y, por lo mismo, más serio, un acuerdo democrático de larga duración entre Estado, mercado y sociedad, capaz de frenar ese vaivén histórico que nos obliga a “empezar de nuevo” cada veinte años.

El mercado es condición necesaria para generar riqueza, sin mercado solo hay pobreza para repartir. Pero esa afirmación no deriva en la idolatría del capital, deriva en una propuesta de Economía Social de Mercado, con reglas claras, Estado regulador, seguridad jurídica y propiedad privada, combinadas con políticas públicas orientadas a educación, salud, empleo digno y reducción efectiva de desigualdades.

La clave está en el excedente. El problema boliviano no ha sido solo cómo se produce la riqueza, sino quién captura el excedente y para qué. Bajo el MAS, ese excedente fue apropiado por una burocracia partidaria y criminal; ahora, bajo un capitalismo desregulado que exalta el reino del mercado, el riesgo es que sea capturado por élites económicas desconectadas del país profundo. En ambos casos, la mayoría queda fuera.

Por eso yo insisto en algo incómodo para los dogmáticos, la primacía del trabajo sobre el capital, la formalización del empleo, el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas, la inserción en la economía del conocimiento y un nuevo pacto fiscal que redistribuya capacidades reales entre los distintos niveles del Estado. No se trata de capitalismo para todos, sino de desarrollo para todos, que es algo muy distinto.

Hay, además, un punto decisivo que los eslóganes suelen ignorar, el factor institucional y cultural. No hay mercado que funcione sin justicia independiente, sin Estado de derecho, sin control social efectivo y sin ciudadanía activa. Bolivia no necesita más consignas; necesita instituciones que funcionen y reglas que se respeten, empezando por una reforma judicial profunda, verificable y sostenida en el tiempo.

Finalmente, está la dimensión que rara vez aparece en el debate económico, pero que aquí resulta central, la reconciliación nacional y social. Un país fracturado, polarizado y resentido no es terreno fértil ni para el mercado ni para la democracia. Sin confianza no hay inversión; sin diálogo no hay proyecto común; sin justicia no hay estabilidad. La reconciliación no es un gesto moral, es una condición material del desarrollo.

En suma, “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” es una frase fácil para tiempos difíciles. Bolivia necesita algo más exigente, una visión de país que combine mercado con justicia social, Estado con límites, crecimiento con ciudadanía y desarrollo con dignidad. Todo lo demás es publicidad política. Y ya sabemos, por experiencia propia, lo caro que sale gobernar a punta de puro eslóganes.