LA TIERRA INEMBARGABLE

La tierra campesina fue protegida contra la venta y el embargo porque la historia ya había demostrado que, cuando la pequeña propiedad rural queda sometida sin protección al mercado, a la deuda y a la presión de los grandes propietarios, tiende a reconcentrarse. El resultado conocido fue expulsión campesina, migración empobrecida, crecimiento de mano de obra barata en las ciudades y reconstrucción de latifundios muchas veces improductivos. La inembargabilidad fue, por tanto, una barrera jurídica contra el retorno del latifundio.

Las restricciones a la venta y al embargo de la tierra campesina no nacieron de una fantasía ideológica, sino de una experiencia histórica verificable. En Inglaterra, entre 1604 y 1914, más de 5.200 leyes de cercamiento privatizaron unas 6,8 millones de acres, afectando más de una quinta parte del territorio inglés; al mismo tiempo, Inglaterra y Gales pasaron de 8,89 millones de habitantes en 1801 a 32,53 millones en 1901, mientras Gran Bretaña se convertía, hacia 1851, en la primera sociedad mayoritariamente urbana. Esa transformación alimentó la industrialización, pero también produjo desplazamiento campesino, proletarización y concentración de la propiedad rural.

En América Latina, el problema era todavía más agudo, en los años sesenta, cerca del 5% de las unidades agropecuarias latifundistas controlaba aproximadamente el 80% de la tierra, mientras el 80% de las unidades minifundistas disponía apenas del 5%. Por eso las reformas agrarias buscaron impedir que la tierra redistribuida volviera rápidamente al mercado, al embargo, a la usura o a la reconcentración latifundista.

México fue el gran modelo. Entre 1911 y 1992 distribuyó más de 100 millones de hectáreas y creó cerca de 30.000 ejidos y comunidades. Esa es la razón por la que la legislación mexicana protegió las tierras ejidales de uso común como inalienables, imprescriptibles e inembargables. En Bolivia, la lógica fue semejante, antes de la Reforma Agraria de 1953, el 4,5% de los hacendados concentraba el 70% de la propiedad agraria, y buena parte de esas tierras estaba subutilizada. La inembargabilidad y la indivisibilidad de la pequeña propiedad campesina buscaban, precisamente, que la reforma agraria no se destruyera a sí misma unas generaciones después.

No sostengo, con este argumento, que deba prohibirse toda posibilidad de vender pequeñas parcelas campesinas, menos aún cuando esa decisión es voluntaria, libre y tomada por sus propios titulares. Sería absurdo negar que una familia campesina pueda necesitar vender, asociarse, migrar o reorganizar su patrimonio según sus circunstancias. Lo que sí quiero advertir es otra cosa, la historia demuestra que, aun cuando esas ventas comienzan como decisiones individuales y voluntarias, el resultado acumulado suele ser la concentración de la tierra en pocas manos. La suma de muchas ventas pequeñas, impulsadas por necesidad económica, endeudamiento, falta de asistencia técnica o presión del mercado, termina reconstruyendo grandes propiedades y, en muchos casos, nuevos latifundios.

Por eso, el problema no está en juzgar moralmente al campesino que vende, sino en entender el efecto estructural del proceso. Cada venta puede ser legítima en sí misma; pero miles de ventas dispersas, en un mercado desigual, producen casi inevitablemente reconcentración de tierras. Esa es precisamente la razón histórica por la que las reformas agrarias establecieron límites, protecciones e inembargabilidad, no para castigar la libertad individual, sino para impedir que la tierra redistribuida por razones de justicia social volviera, lentamente y por la vía del mercado, a manos de quienes tienen más capital, más información y más poder de compra.

Dicho en pocas palabras, no se trata de estar contra la voluntad de los pequeños propietarios, sino de ser conscientes de que, sin mecanismos de protección, la libre venta de pequeñas parcelas tiende a producir un resultado conocido: menos campesinos con tierra, más concentración de propiedad y el retorno de grandes latifundios, muchas veces improductivos. Esa consecuencia no debe sorprendernos después; hay que verla desde ahora.

UN ACUERDO NACIONAL SE CONSTRUYE

En mi corto entender, y desde esa limitada experiencia personal que uno va acumulando más por vivir la vida que por haberla leído, conozco dos procesos de convergencia política que pueden llamarse, con propiedad, acuerdos o pactos nacionales, porque ambos tuvieron consecuencias históricas importantes, trascendentes y, en términos generales, positivas; los Pactos de la Moncloa, en España, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, en 1977, y los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz, en Bolivia, bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, suscritos en julio de 1992.

Los Pactos de la Moncloa reunieron al Gobierno español y a los principales partidos con representación parlamentaria de entonces, junto a los sindicatos más representativos, además de las organizaciones empresariales agrupadas en la Patronal Española. No todos fueron firmantes formales en el sentido jurídico, pero todos formaron parte del clima político, social y económico que hizo posible aquella concertación. Lo notable fue que sus actores comprendieron que nadie podía ganar solo. Ni el Gobierno podía imponer la transición desde arriba, ni la oposición podía exigirlo todo desde la calle, ni los sindicatos podían sostener una lógica puramente reivindicativa, ni los empresarios podían encerrarse en la nostalgia del viejo orden y sus privilegios. Cada quien tuvo que ceder algo para ganar algo mayor.

Otros procesos de escucha, diálogo y reconciliación nacional se han vivido, con menos éxito, aunque igual son importantes y constituyen buenos ejemplos de como se hicieron la cosas hasta alcanzar resultados relevantes: Sudáfrica, Irlanda del Norte; Chile después d la dictadura o el proceso de paz en Colombia en nuestro subcontinente.

En Bolivia, los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz cumplieron, a su manera una función parecida. Fueron suscritos por los jefes de los partidos con representación parlamentaria y tuvieron como propósito modernizar el andamiaje institucional del Estado y comprometer varias reformas que trascendieran a un solo gobierno. Esas reformas sentaron las bases de los cambios que luego impulsaría el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que desembocaron en la reforma constitucional de 1994. Después vendrían otras tensiones, otros errores, otros excesos y también otras frustraciones, pero sería injusto negar que ese ciclo tuvo una voluntad institucionalizadora importante.

¿Qué tuvieron en común esos dos procesos? No la perfección, porque ningún pacto histórico es perfecto; tampoco la pureza ideológica de sus participantes, porque la política no se hace con ángeles, sino con actores de carne y hueso, sus intereses, temores, ambiciones y límites. Lo que tuvieron en común fue algo más importante, preparación, método y una narrativa con sentido de futuro. Ambos acuerdos fueron trabajados con anticipación; los participantes tuvieron tiempo para consultar, discutir, resistir, negociar, entrar en conflicto y resolver parcialmente sus diferencias. Ninguno llegó a una mesa sin saber qué se esperaba de él. Detrás de esos procesos existía una narrativa política: una explicación del momento histórico, una lectura de la crisis, una propuesta de país y una distribución de roles. Cada actor sabía por qué estaba sentado allí y qué podía ganar, no solo para sí mismo, sino para la parte del país que decía representar.

La convocatoria del actual gobierno, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, pareció no conocer los éxitos de Jaime Paz Zamora en materia de concertación y acuerdos. El actual “Acuerdo Nacional” que Paz Pereira propone, terminó confirmando, lamentablemente, los límites de una iniciativa amplia en número, pero débil en representación, método y sentido político.

El Gobierno presentó el encuentro como un espacio para “sentar las bases de un acuerdo nacional para la estabilidad” y reunir a autoridades, líderes políticos, sectores sociales, empresarios y representantes institucionales. Se habló de 592 invitaciones, entre gobernadores, alcaldes, parlamentarios, jefes políticos, iglesias y sectores productivos. Pero la cantidad de invitados no garantiza, por sí sola, la calidad política de un pacto. Una mesa numerosa puede ser muy vistosa y, al mismo tiempo, insuficiente para representar de verdad la complejidad del país.

Las ausencias fueron demasiado importantes como para tratarlas como un detalle menor. Samuel Doria Medina no asistió y calificó el encuentro como un camino inadecuado, incluso como un acto “para la foto”. También se reportó la ausencia de la gobernadora de Tarija, María René Soruco, y de Andrónico Rodríguez, mientras que otros actores relevantes asistieron con advertencias explícitas sobre el carácter más simbólico que resolutivo de la reunión. Esa combinación de ausencias, reservas y presencias escépticas debilitó desde el inicio la pretensión de presentar el evento como una verdadera convergencia nacional.

El problema principal es que Bolivia no estuvo plenamente representada. Estuvo una parte de Bolivia, pero no Bolivia entera. Y, más aún, predominó una parte del país que, en buena medida, no votó por Rodrigo Paz Pereira (ese dato es terrible), la derecha, en sus distintas versiones, desde la democrática hasta la más dura. Asistieron actores políticos, regionales, empresariales y sectoriales importantes, sin duda; pero eso no equivale a una presencia equilibrada del conjunto nacional. Tuto Quiroga y la bancada de Libre, por ejemplo, se hizo presente, mientras que algunos de sus propios voceros advirtieron que el encuentro corría el rieasgo de convertirse en propaganda o en una simple fotografía de respaldo al Gobierno.

La parte progresista y la izquierda democrática, los movimientos sociales, los sindicatos, en cambio, no estuvieron presentes de manera significativa. Y quienes asistieron desde esos espacios, parecieron hacerlo más porque no les quedaba otra, o por educación, gentileza institucional o sentido de responsabilidad, sin por una convicción real en la eficacia del encuentro. El escepticismo fue más visible que el entusiasmo. Esa es una señal política delicada, un Acuerdo Nacional no puede nacer con media Bolivia sentada en la mesa y la otra media mirando desde lejos, con desconfianza o abierta disidencia.

A ello se suma otro problema de fondo, no quedó claro cuál era la arquitectura del acuerdo. El Gobierno habló de estabilidad, reformas, institucionalidad, economía, pacto fiscal, redistribución de recursos, crisis energética, seguridad jurídica y agenda 50-50. Son temas importantes, incluso urgentes. Pero una lista de temas no es una visión de país. Un pacto necesita una narrativa ordenadora, qué crisis se quiere resolver, qué futuro se propone, qué sacrificios se piden, qué compromisos asume cada actor y qué mecanismos harán verificable el cumplimiento de lo acordado.

Lo ocurrido mostró, más bien, una dificultad previsible: reunir a centenares de personas, cada una con su agenda, su territorio, su sector y sus demandas, hace muy difícil construir un acuerdo real. El propio alcalde anfitrión en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, había advertido que con 400 o 500 asistentes (yo añado en apenas ocho horas de trabajo) sería complicado abordar todos los temas y llegar a consensos, porque cada región y cada sector llevaría sus propios intereses. Eso fue precisamente lo que terminó pesando sobre la reunión; demasiadas voces, poco método y escasa capacidad para ordenar prioridades.

Las intervenciones fueron breves, limitadas y dispersas. En pocas horas se escucharon más quejas que soluciones, más diagnósticos de la crisis que rutas concretas para enfrentarla, más demandas sectoriales o regionales que compromisos nacionales. En lugar de construir una base común para un pacto, el encuentro pareció reunir una suma de malestares. Hubo pedidos, reclamos, advertencias, preocupaciones legítimas y demandas específicas; pero no apareció con claridad una voluntad común capaz de convertir todo eso en una hoja de ruta compartida.

Por eso, el resultado se parece más a una lista de buenas intenciones que a un verdadero pacto político. Incluso podría terminar pareciéndose a otro pliego petitorio, semejante al de la Central Obrera Boliviana, solo que formulado por otros actores, con otro lenguaje y desde otros intereses. Pero un pliego de demandas no es un Acuerdo Nacional.

No se trata de negar el valor del gesto. Que un Presidente convoque a dialogar siempre es mejor que encerrar al país en el monólogo del poder. Tampoco se trata de desconocer la legitimidad de Rodrigo Paz Pereira, ni la necesidad urgente de que Bolivia encuentre acuerdos mínimos para enfrentar su crisis económica, institucional, energética y social. El problema es otro, una convocatoria no reemplaza al trabajo político previo; una reunión masiva no sustituye a la construcción paciente de confianza; y una fotografía amplia no produce, por sí sola, gobernabilidad.

Los grandes pactos nacionales no se improvisan. Se preparan. Se conversan antes. Se negocian con anticipación. Se ordenan con método. Se sostienen con una narrativa. Los participantes deben saber para qué están sentados, qué se espera de ellos, qué pueden aportar, qué deben ceder y qué responsabilidades asumen. Aquí, en cambio, pareció faltar una explicación clara del lugar que cada sector ocuparía en el acuerdo y del rol que debía cumplir para sostenerlo. Bolivia necesita acuerdos serios, no ceremonias de aproximación; necesita diálogo, pero también método; necesita representación, pero también legitimidad; necesita escuchar demandas, pero sobre todo convertirlas en compromisos responsables. Y necesita una visión de país que convoque no solo a quienes ya están cerca del Gobierno, sino también a quienes dudan, discrepan, desconfían o piensan distinto.

Un Acuerdo Nacional no consiste en sentar a muchos alrededor de una mesa. Consiste en lograr que, al levantarse de ella, todos sepan que han asumido una responsabilidad compartida. Eso, por ahora, no ocurrió.

SOBRE LA 348 Y LA LEY BRISA

Quienes atacan con más furia la existencia de leyes destinadas a actuar rápidamente frente a violadores, acosadores y maltratadores suelen hacerlo en nombre de una defensa abstracta de la “presunción de inocencia”. Pero muchas veces esa defensa no nace de un verdadero compromiso con las garantías jurídicas, sino de una identificación subjetiva —no necesariamente criminal, pero sí cultural y emocional— con el agresor. No es que todos nosotros, los hombres, seamos violadores, acosadores o maltratadores. El problema es otro, nos sentimos interpelados por la ley porque reconocemos, en el fondo de nuestra propia conducta, en nuestros prejuicios o fantasías de poder, algo del mundo que esa ley intenta desmontar.

Por eso la "machósfera" reacciona como si la protección de las mujeres y los niños y niñas fuera una amenaza contra los hombres. Confunden deliberadamente una medida de protección con una condena anticipada. Olvidamos, o preferimos olvidar, que una cosa es castigar penalmente después de un juicio y otra muy distinta es impedir que una víctima potencial termine golpeada, violada o muerta mientras el sistema judicial “se toma su tiempo” para investigar. La presunción de inocencia que protege al acusado frente a una condena injusta no puede convertirse en una coartada para dejar indefensa a la víctima frente a un riesgo cierto, inmediato y muchas veces mortal.

Aquí aparece el fondo más oscuro del asunto, misoginia, homofobia y cultura de la violencia suelen caminar juntas. Quien ridiculiza a la mujer que denuncia, quien presume que exagera, que provoca, que miente o que “algo habrá hecho”, no está defendiendo la justicia, está defendiendo una vieja estructura de poder patriarcal. Una estructura donde el cuerpo de la mujer parece estar siempre bajo sospecha y donde el agresor aparece, curiosamente, como el verdadero damnificado.

El ejemplo es claro. ¿Dónde se ha visto que una persona asaltada, maniatada y golpeada tenga que demostrar que gritó lo suficiente, que se resistió lo bastante, que dijo muchas veces “no me asalten” para que el Estado recién le crea que no quería ser asaltado? Si alguien señala a su agresor y dice “ese me robó”, “ese me golpeó”, “ese me estafó”, “ese me violó”, el deber elemental del Estado es iniciar una investigación y adoptar medidas inmediatas para impedir nuevos daños. Nadie sensato diría que investigar un asalto es criminalizar a quienes pasaban por allí, pero cuando una mujer denuncia violencia sexual o doméstica, de pronto aparecen los defensores selectivos de las garantías, exigiéndole pruebas imposibles, resistencia heroica, pureza absoluta y hasta buena conducta retrospectiva.

La diferencia esencial es que en los casos de violencia contra las mujeres el riesgo no es teórico. Está sobradamente demostrado por la experiencia social que una mujer que denuncia a su agresor —incluso, y a veces sobre todo, si ese agresor es su pareja o marido— puede quedar expuesta a una represalia brutal. Muchas mujeres no mueren por denunciar tarde; mueren porque, después de denunciar, nadie actuó a tiempo.

Por eso estas leyes son excepcionales. No porque nieguen derechos al acusado, sino porque reconocen una realidad trágica, la violencia machista tiene una dinámica propia, progresiva, intimidatoria y potencialmente letal. La ley no puede esperar a que aparezca el cadáver para recién declarar que había peligro. Debe actuar antes. Debe separar, proteger, restringir, investigar y prevenir.

La verdadera justicia no consiste en poner en la misma balanza a una víctima amenazada y a un potencial feminicida como si ambos estuvieran en igualdad de condiciones. La verdadera justicia consiste en proteger primero la vida, garantizar después el debido proceso y sancionar finalmente con pruebas. Pero sin protección inmediata, el debido proceso puede llegar demasiado tarde, impecablemente escrito sobre una lápida.

PARA QUE NO SE DIGA QUE NO LO DIJE A TIEMPO

Hay momentos en la vida de un país en los que la mera eficacia técnica, aun siendo importante, deja de alcanzar. No porque la economía deje de importar —sería absurdo sostenerlo—, sino porque la economía, por sí sola, no ordena los temores, las expectativas, las memorias ni las identidades que se agitan por debajo de la superficie. Y cuando eso ocurre, gobernar deja de ser solamente administrar, pasa a ser también conducir, interpretar, nombrar y convocar.

El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder en una coyuntura atravesada por urgencias económicas, tensiones sociales y una evidente fatiga histórica frente a los excesos del ciclo anterior. Era lógico, por tanto, que la estabilización, la disciplina fiscal, la certidumbre y la recuperación de cierta racionalidad estatal ocuparan un lugar central en sus prioridades. Ningún país se reconstruye sobre la improvisación permanente ni sobre la negación caprichosa de las restricciones de la realidad. Pero tampoco conviene olvidar que aquella victoria tuvo, en buena medida, un carácter defensivo, no expresó una adhesión doctrinaria intensa y afirmativa, sino más bien la decisión mayoritaria de cerrarle el paso a una alternativa como la de Tuto Quiroga, percibida por amplios sectores como excluyente. Fue, en ese sentido, más un voto de prevención que un mandato entusiasta; y ese origen también delimita las responsabilidades del presente.

No debiera ser poca cosa recordarlo. Rodrigo Paz Pereira no emerge de un vacío doctrinario ni es apenas la prolongación pasiva de un apellido. Proviene, más bien, de una de las pocas elaboraciones estratégicas serias que intentaron leer a Bolivia desde su propia experiencia histórica y no desde catecismos prestados. El Entronque Histórico formulado por Jaime Paz Zamora para el MIR quiso hacer exactamente eso, reconocer que el cauce profundo del país no se hallaba en una izquierda abstracta, separada de la experiencia nacional, sino en la tradición nacional-popular abierta por la Guerra del Chaco, encarnada luego en la Revolución del 52 y continuada, más tarde, en la lucha por consolidar la democracia como sistema de convivencia pacífica entre distintos, alejándonos de la tentación armada que sedujo a buena parte del subcontinente en aquellos años.

Justamente por eso, el momento actual parece exigir un paso más. El gobierno no necesita solo administrar mejor, necesita decir hacia dónde quiere conducir al país. Necesita otorgar sentido a sus decisiones, inscribir cada medida en una idea más amplia de nación y ofrecer un horizonte reconocible y compartido. Responder a la crisis económica e institucional es indispensable, por supuesto, pero responder no es lo mismo que orientar. Orientar supone explicar no solo qué se hace, sino para qué se hace, con quiénes se quiere hacerlo y en nombre de qué comunidad política se gobierna.

Y esa tarea, hay que decirlo, sigue pendiente. Cada ministro aparece cercado por los límites de su propia cartera, justificando medidas fragmentarias como si bastara con apagar incendios dispersos, pero sin que esas respuestas terminen de confluir en una visión inteligible del conjunto. De ahí la impresión de un gobierno más reactivo que conductor, más defensivo que orientador, en el que el Presidente acaba sobreexpuesto, intentando llenar por sí mismo el vacío de una narrativa pública que debería estar mejor distribuida en el conjunto del equipo gubernamental. Y, sin embargo, si algo enseña justamente la tradición política de la que proviene Rodrigo Paz, es que Bolivia no se gobierna sumando medidas, sino articulando sentidos. No basta administrar variables, hay que saber nombrar al país.

Y Bolivia, hoy, no se deja leer con un solo código. No es solamente una nación desgarrada entre élites y pueblo, entre oriente y occidente, entre indios y blancos. Es también una sociedad urbana, mestiza, compleja, cruzada por nuevas clases medias, por juventudes menos subordinadas a las viejas jerarquías, por mujeres que entran por si solas en el escenario público, por sectores indígenas y plebeyos que han ganado presencia económica y autoestima social, por emprendimientos populares y por un nuevo empresariado que forma ya parte del país real. Esa Bolivia emergente no puede quedar al margen de una narrativa democrática de futuro. Pero tampoco basta con invocarla desde una clave meramente identitaria o reivindicativa. La tarea es más exigente, construir ciudadanía compartida a partir de la diversidad, producir una síntesis democrática en la que la inclusión no desemboque en fragmentación y la diferencia no se convierta en coartada para nuevas desconfianzas recíprocas.

Lo ocurrido en el Cabildo de El Alto del 11 de abril debiera leerse desde esa perspectiva. Allí no se expresó únicamente una protesta por asuntos puntuales. Se cruzaron malestares económicos, institucionales, territoriales y simbólicos. Y cuando en Bolivia distintos agravios comienzan a reconocerse dentro de un mismo escenario, el problema deja de ser sectorial y empieza a delatar algo más profundo, una crisis de representación, de escucha y de confianza. Si algo similar volviera a ocurrir en el Cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana para el 1º de mayo, podríamos encontrarnos ante un punto de condensación política mucho más delicado, el instante en que demandas dispersas empiezan a soldarse dentro de una misma narrativa y dejan de protestar únicamente contra medidas concretas para disputar legitimidad, iniciativa y horizonte.

El peligro no radica solamente en la magnitud de la convocatoria, sino en el tipo de bandera que podría emerger de allí. No sería una consigna cualquiera. Podría tratarse de la reactivación de esa vocación nacional-popular de resonancia tan honda en nuestra historia, capaz de reunir bajo un mismo techo simbólico al obrero, al campesino, al vecino agraviado, al consumidor castigado y al ciudadano decepcionado (la Alianza de Clases del MNR, el Bloque Social Revolucionario según el MIR, la Alianza de Unidad que decía el MAS). En ese registro, la defensa del salario, de los subsidios o de la soberanía económica puede transformarse con rapidez en una interpelación general al poder y, de ahí, en una Agenda Política de futuro. Los bolivianos conocemos esa secuencia, primero se articula el malestar, luego se planta una bandera, y finalmente esa bandera empieza a reclamar para sí la representación moral del país. Lo más delicado es que ese proceso rara vez comienza con una ruptura espectacular; suele empezar, más bien, con algo más verosímil y también más boliviano, la lenta deslegitimación del centro político, la creciente capacidad de veto callejero y la aparición de una oposición social que deja de protestar solamente contra medidas para presentarse como portadora de una salida histórica.

Una democracia madura no debiera mirar estos hechos solo como amenaza ni solo como ruido. Debiera leerlos también como advertencia. Como señal de que hay sectores que no se sienten suficientemente incorporados al curso actual del proceso político. Cuando el centro democrático no logra producir un relato de país capaz de combinar estabilidad, inclusión, pluralismo y futuro, el descontento queda disponible para ser capturado por discursos de revancha, exclusión o confrontación permanente. Bolivia arrastra, además, una larga tradición de polarización rentable y de actores que prosperan alimentando resentimientos. Por eso los vacíos de conducción simbólica nunca permanecen vacíos por demasiado tiempo.

La buena noticia es que nada de esto obliga todavía a una lectura fatalista. Si el problema principal consiste en ampliar, profundizar y humanizar la conducción política del proceso, entonces todavía existe margen para corregir, enriquecer y reencauzar. La estabilidad económica y la conducción simbólica no son tareas enemigas; son, por el contrario, complementarias. El orden sin relato se enfría; el relato sin resultados se vacía. Lo que Bolivia necesita es una síntesis más exigente, una política capaz de unir responsabilidad económica con integración nacional, eficiencia estatal con escucha social, pluralismo democrático con promesa de futuro.

Para ello habría que hablarle con mayor claridad a la Bolivia emergente, tender puentes más sólidos con sectores populares, indígenas, urbanos y regionales, y sustituir parte de la lógica reactiva por una lógica más deliberada de convocatoria nacional. Haría falta, sobre todo, instalar con decisión una narrativa de escucha, diálogo, reconciliación y convivencia democrática como política de Estado. Una narrativa que no niegue el conflicto, pero que tampoco se alimente de él; que no obligue a elegir entre crecimiento e inclusión, entre modernización y pertenencia, entre orden y dignidad; que convoque a empresarios, trabajadores, clases medias, juventudes, pueblos indígenas, emprendedores populares y regiones diversas dentro de una misma conversación democrática.

La cuestión de fondo sigue siendo, al final, bastante simple y bastante decisiva, si Bolivia puede avanzar hacia una etapa de estabilidad y modernización sin reconstruir al mismo tiempo un mínimo horizonte compartido entre sus diversos sectores sociales y culturales. Mi impresión es que no. Sin esa narrativa integradora, lo mejor que podrá alcanzarse será una administración transitoria de la fractura. Por eso conviene decirlo a tiempo, el actual gobierno todavía está a tiempo de ampliar el sentido de su propia gestión, de pasar de una lógica predominantemente administrativa a una lógica más política, de hablarle al país no solo en nombre del orden, sino también en nombre de una comunidad nacional capaz de reconocerse en su diversidad. Ese paso no resolverá, desde luego, todos los problemas. Pero podría evitar que otros, con menos escrúpulos democráticos y mayor vocación de dividir, sigan ocupando el terreno que deja libre una narrativa insuficiente. 

¿CORRUPCIÓN? ¿DÓNDE?

En Bolivia, como en tantos otros países que arrastran pobreza estructural, institucionalidad débil y una inserción apenas marginal en la economía mundial, la corrupción no es un accidente ni una anomalía estadística, es una enfermedad vieja, persistente, enquistada en los huesos del Estado y en los pliegues de la cultura política. No es simplemente la caída moral de individuos aislados; es un sistema de incentivos perversos que prospera allí donde la ley es frágil, la autoridad es discrecional y la supervivencia cotidiana se aprende a resolver por atajos.

Los últimos veinte años de gobierno del MAS no inventaron la corrupción, pero sí la profundizaron, la expandieron y la normalizaron hasta convertirla en método de reproducción del poder. No fue solamente clientelismo (que ya sería bastante) sino la conformación de redes paraestatales que utilizaron el aparato público como botín, como refugio y como herramienta de dominio. Ministerios, empresas, órganos judiciales, fuerzas del orden, todas las piezas de una arquitectura subordinada a intereses faccionales.

A ello se sumó algo más grave aún, la consolidación de una concepción patrimonial del Estado. El trámite mínimo, la gestión cotidiana, la decisión estratégica, todo tiene precio hasta el día de hoy. Nada es deber, nada es función pública, todo es transacción. El Estado ha dejado de ser una casa común y se ha convertido en un mercado oscuro.

Esa lógica descendió en cascada. Desde las más altas esferas hasta las ventanillas más modestas, se formaron cadenas piramidales de complicidad. Policía, sistema judicial, aduanas, impuestos, Derechos Reales, el INRA, gobiernos departamentales, municipios. La corrupción dejó de distinguir jerarquías; el soborno pequeño y el negociado grande se dieron la mano. Cada eslabón protege al otro, porque la caída de uno arrastraría a todos.

Con el tiempo, lo excepcional se volvió costumbre. Y aquí aparece una verdad incómoda que no debemos eludir; una parte significativa de la población (excluida durante siglos por élites cerradas, oligárquicas, ensimismadas) vio en el acceso al Estado una suerte de reparación histórica. La demanda de inclusión era legítima; el uso patrimonial del poder no lo era. Pero cuando el acceso al poder no viene acompañado de formación ética, cultura institucional y límites claros al abuso, la revancha social puede mutar en justificación moral del saqueo. Lo que antes era privilegio de pocos, se volvió práctica extendida. Y así se deterioró el orden público.

¿Quién tiene la culpa de que hayamos llegado hasta aquí? La respuesta no admite consignas fáciles. Hay, al menos, dos responsabilidades históricas.

La primera corresponde a las viejas clases dominantes y oligárquicas —masculinas, blancas, castellano-hablantes, envejecidas en el poder y reproducidas en círculos familiares cerrados— que desde la Revolución Liberal de fines del siglo XIX y aun después de la Revolución Nacional de 1952, administraron el Estado boliviano sin democratizar el saber, sin universalizar una ética pública compartida, sin sembrar educación y ciudadanía en los estratos pobres e indígenas. Gobernaron, sí; pero no formaron. Gestionaron el aparato estatal, pero no construyeron cultura republicana.

La segunda responsabilidad recae en la élite masista que, en nombre de los desvalidos y marginados, llegó al poder sin levantar los diques institucionales capaces de contener las aspiraciones malsanas acumuladas durante tanto tiempo. En lugar de transformar la frustración en virtud cívica y la exclusión en ciudadanía, toleraron, cuando no justificaron, prácticas de latrocinio y abuso como si fueran compensación histórica. Donde debió haber pedagogía democrática, hubo permisividad; donde debió haber ejemplo moral, se instaló la coartada ideológica. Entre la negligencia formativa de unos y la indulgencia interesada de los otros, se consolidó el terreno fértil en el que hoy prospera la corrupción.

Cuando la corrupción se instala en la cultura política, arrancarla no es tarea de un decreto ni de un cambio de autoridades. No basta con encarcelar a algunos culpables para sentar ejemplo. Se requiere transparencia radical en las finanzas públicas; digitalización y trazabilidad de cada proceso administrativo; independencia real de la justicia; meritocracia efectiva; control social informado y sostenido. Y, sobre todo, años, ¡AÑOS!, de educación cívica ciudadana. La ética pública no se decreta, se construye.

La lucha contra la corrupción no es un capítulo accesorio. Es el eje transversal de cualquier proyecto de país. Sin justicia independiente, sin reglas claras, sin funcionarios seleccionados por mérito y no por lealtad facciosa, ningún programa de reactivación económica, ninguna reforma social, ninguna política redistributiva podrá sostenerse en el tiempo. La corrupción es una enfermedad crónica que nos corroe desde dentro.

Por eso la conclusión es severa, sin una política de Estado destinada a transformar la cultura política, a desmontar la concepción patrimonial del poder y a restaurar la noción de bien general, no habrá estabilidad ni gobernabilidad duraderas. No importa si el gobierno se proclama de izquierda o de derecha; si no rompe con la lógica interna de la corrupción, la llevará consigo como una carga heredada.

De ahí se desprende una correlación decisiva, no habrá ruptura estructural con la corrupción si no se impulsa, de manera paralela y sostenida, una verdadera Política de Estado para la Escucha, el Diálogo y la Reconciliación nacional y social.

Bolivia arrastra fracturas históricas —coloniales, raciales, étnicas, regionales, ideológicas— que han sido instrumentalizadas como un método de acceso y conservación del poder; en ese clima de polarización permanente, la ética pública se diluye y el adversario deja de ser conciudadano para convertirse en un enemigo. Sin un proceso institucionalizado de reconocimiento de agravios, reparación simbólica y construcción de reglas compartidas, es imposible edificar una base de ética social que funcione como dique cultural frente al patrimonialismo y la corrupción. La reconciliación no es indulgencia ni olvido; es el restablecimiento de un marco común de respeto y legalidad que permita que la ley vuelva a ser un límite real al abuso. Solo sobre esa arquitectura de confianza —sostenida en educación cívica, justicia independiente y control social efectivo— podrá consolidarse una cultura popular y una práctica administrativa donde el poder deje de ser un botín y vuelva a ser un servicio.

Bolivia necesita algo más que alternancia. Necesita una refundación ética de su vida pública. Una reconstrucción basada en la reconciliación, la educación y la institucionalidad. De lo contrario, seguiremos girando en el mismo círculo vicioso, cambiando de discurso cada veinte o treinta años, pero conservando intacta la misma cultura del abuso.