21 de octubre de 2007

¡Vaya lío!

La Agencia de Noticias del gobierno boliviano (ABI) no dice nada de la toma militar del aeropuerto cruceño de Viru Viru, realizada con la finalidad de eliminar la corrupción en AASANA, porque los funcionarios cruceños cobraban al margen de la ley, una tasa de derecho de aeropuerto “bajo el ala”, inventada por ellos. Es decir, en vez de mandar un fiscal y dos auditores, fue necesario el despliegue militar más importante de los realizados durante toda la democracia de 25 años en la ciudad de Santa Cruz. Un relato detallado de los acontecimientos puede encontrarse en la página de Human Rights Foundation Bolivia. Tampoco ABI dice absolutamente nada de la vergonzosa retirada sin siquiera lanzar un gas lacrimógeno, que ha dejado entre los cruceños un sentimiento de victoria, conseguida tras el simple llamado de la dirigencia de ese departamento, a resistir la presencia de los militares ordenada por el gobierno central desde La Paz.

Mi corto entender no permite explicar por qué la administración Evo Morales tomó ambas decisiones (si estuviera promoviéndose aún para el Premio Nobel podríamos hacer un par de comentarios irónicos sobre el tema, pero no). Si el objetivo era amedrentar a los cruceños y demostrarles que todo tiene un límite y que el gobierno central está(ba) en condiciones de ejercer la fuerza legítima de los aparatos estatales contra la mentada oligarquía, entonces es inexplicable la orden de retirada ante el primer intento de protesta de la población, a cuya cabeza marcharon las autoridades estatales y cívicas del departamento. A menos que…

A menos que los militares que ocupaban Viru Viru y otros más importantes, en sus oficinas centrales en Miraflores, hubieran manifestado que no estaban dispuestos a enfrentarse a la muchedumbre que marchaba hacia el aeropuerto, lo que es por ahora una suposición. Eso permitiría hacer entendible este asunto; apenas dos días antes, la Fiscalía General de la República logró instalar el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada, en el que varios ministros y todo el Alto Mando de las Fuerzas Armadas de ese momento están acusados de genocidio, ni más ni menos, y listos para ir a la chirola por haber cumplido órdenes de reprimir las manifestaciones en la ciudad de El Alto, hace cuatro años, en “octubre negro”. Para los militares podría ser un segundo “octubre negro” y, como ya lo hicieron durante los motines cochabambinos, pueden haber expresado su predisposición a no cumplir una orden semejante. Sumemos a esto el descontento interno provocado hace dos semanas por los desplantes gubernamentales en asuntos tan sensibles como los homenajes al Che Guevara, de espaldas a quienes afirman orgullosos haber salvado la patria de la invasión extranjera en 1967.

El recuerdo del octubre que expulsó a Goni hace cuatro años, ronda como un fantasma a quienes ostentan y a quienes perdieron el poder. Comentan las muy malas lenguas (que siempre las hay si uno quiere encontrarlas) que en Palacio de Gobierno, el Presi, el Vice y tres ministros más, llegaron a pensar en la reedición del octubre de 2003, como el principio del fin, esta vez desde Santa Cruz y con las muchedumbres alrededor de Viru Viru, razón por la cual decidieron replegar las fuerzas militares y evitar un baño de sangre que podría haberlos conducido a salir en helicóptero, esta vez rumbo a Caracas. Es otra explicación posible.

Al mismo tiempo se despliega en el país la protesta por el Bono Dignidad, que es otra cosa que no termino de entender del todo. Si el gobierno sabe que tocar el IDH es algo prácticamente imposible, por qué ha decidido ponerse justo ahora a las regiones y municipios en contra. Está hecho como adrede y como si no fuera suficiente el conflicto entre las regiones y el gobierno, más político que otra cosa, de la capitalidad o capitalía, que tiene movilizados a Sucre y a La Paz.

Si la nacionalización de los hidrocarburos es hasta ahora simplemente la confiscación de las acciones de los y las bolivianos(as) para transferirlas a YPFB reconstituido, y si la suma de las utilidades de cada una de esas acciones constituía el monto de dinero con la que se garantizaría el pago del Bonosol los próximos 70 años; lo correcto es que quien asumió la propiedad de las acciones lo haga con todas sus consecuencias, es decir, entre otras cosas, que pague el bonodignosol o como se llame, según quien gobierne. Las regiones, los municipios, las universidades y otros beneficiarios menores saben que si se toca ahora el IDH con un decreto por solidaridad, mañana se lo toca de nuevo por necesidad y luego otra vez por razones de Estado y así sucesivamente.

Y que decir de la capitalidad; solo un comentario. Mientras el país sigue el curso de la división entre dos polos extremos, la comisión suprapartidaria conformada por constituyentes y líderes políticos avanza par y pasu en acordar un próximo texto constitucional. Lo está haciendo de tal manera que la nueva Constitución sea el mejor ejemplo de un empate repetido. No está mal, podría verse como un texto de transición entre la Bolivia que termina y la que no acaba de nacer, donde está casi todo, la economía de mercado, junto a la democracia directa y a las naciones reconocidas como tales pero sin derecho a un Estado, como dicen ahora las Naciones Unidas. Es una buena ensalada, pero vale como esfuerzo. Mientras tanto la Asamblea está cerrada y no piensan abrirla, porque solo puede traer problemas. La Presidenta Lazarte ha terminado por aceptar que para dirigir estas cosas hay que haber leído por lo menos un periódico en la vida y ha cedido frente a García Linera que ahora es quien preside verdaderamente este híbrido constituyente con sede en La Paz.

Pero ya hemos escuchado contestaciones. En Santa Cruz se preguntan sobre qué hacen los políticos (sic) discutiendo estos asuntos, sin la presencia de los cívicos y las regiones; los movimientos sociales reivindicarán lo propio y los campesinos y las nacionalidades emergentes, uno tras otros, hasta que lleguemos de nuevo al gremio de heladeros que venden picolés en Cobija, que también sentirán que tienen todo el derecho de decir lo suyo (como si no hubieran votado y elegido representantes que ahora no sirven para mucho) y a bailar de nuevo la ronda de desconocimientos y protestas. Quiero decir, se está haciendo lo correcto, pero está mal hecho. Otra vez mal hecho.

Y para terminar, hace dos días, mientras me reunía con un grupo de compañeros y colegas en la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, en la Av. Arce de la ciudad de La Paz, pasó una manifestación, de las que nos tiene acostumbrado el día a día de esta ínclita ciudad. Gritos y petardos de por medio, ésta vez la gente iba a la Embajada de los Estado Unidos de Norteamérica a exigir la inmediata expulsión de Sánchez de Lozada de ese país, llevando en andas el féretro con el cuerpo de uno de los damnificados de la represión de octubre de hace cuatro años, que acaba de morir. El Embajador Philip Goldberg, que se ha especializado en bromas, no se animará a decir nada esta vez.

Gonzalo Sánchez de Lozada está acusado de genocidio como estuvieron Adolfo Hitler o Idi Amin Dada, junto a sus ministros y los comandantes de las Fuerzas Armadas de ese entonces. Si bien el tal Goni puede haber sido lo peor que nos ha pasado (la historia dirá, ya que es demasiado pronto para juzgarlo desapasionadamente y no queda bien decir que uno estuvo siempre en su contra, porque eso lo dicen todos por ahora), la acusación de genocidio es exagerada y permitirá encarar su defensa en USA, exhibiendo la distorsión que pesa sobre su imagen y sus últimas decisiones en el gobierno, a más de otras cosas raras, como la imposibilidad de garantizar un juicio sereno y justo contra su persona.

Pero por solicitar no se pierde nada. Como la solicitud de trasladar la sede de la Asamblea General de Naciones Unidas desde Nueva York hasta nadie sabe muy bien donde. Por proponer, ya se nos ha dicho como una burla que no ha tenido respuesta a su altura, hasta se puede proponer el traslado de Disneylandia fuera de los United States, donde puedan viajar nuestros niños sin tantas visas de por medio, ya que merecen conocer también algo de la actualidad y de la Warner Brothers. Dicen los más malos, que la respuesta desde la ONU no se dejó esperar y que parafraseando a los dirigentes bolivianos, aquellos otros en NY –burócratas y oligarcas internacionales, mejor vestidos y más acartonados–, le dijeron a Evo eso de “la sede no se mueve”. Y del pedido solo quedó el ridículo y la broma en los pasillos, pero como dije, por pedir no se pierde nada; por exigir tampoco.