Los Fondos de Pensiones, convertidos también en megaplurimultiples

Cuando el año 2005 el MAS llegó al gobierno, los Fondos de Pensiones venían funcionando ya diez años, sustentados por el ahorro nacional acumulado hasta ese entonces, en una cuenta en el extranjero de casi 2.000.000.000 de $us, cuyos dividendos se distribuían entre los bolivianos mayores de 65 años, estas ganancias, lamadas BonoSol, eran sustentables los próximos 70 años y estaban garantizadas para todos los bolivianos que hasta el año1994 (cuando la "Capitalización") hubieran cumplido 21 años, como parte del dividendo acumulado de la propiedad de las acciones de las empresas privatizadas por el gobierno de Sanchez de Lozada, sumando entre todas (una persona = una acción) un 49% de la propiedad de esas empresas, mientras que las transnacionales eran propietarias del 51% restante, y aseguraban con ello el control y la administración de YPFB, ENTEL, LAB, Ferrocariiles y otras menores.

El gobierno de Evo Morales estatizó esas y otras empresas. ¿Cómo lo hizo? Obligó por ley, a los extranjeros a venderle al Estado boliviano un 3% de sus acciones, para que quedaran con una minoría accionaria, de solo un 49%, frente a las acciones del Estado (ese 3% recién comprado) y las de los ciudadanos bolivianos (el otro 49%); por esas decisiones el gobierno boliviano tuvo, tiene y tendrá que pagar sendas indemnizaciones a las transnacionales. Entonces Evo Morales confiscó las acciones de los bolivianos, transfiriendo por ley su propiedad a las empresas estatalizadas (a los bolivianos no se les pagó indemnización alguna por semejante escamoteo); por eso dejó de existir el BonoSol, ya que los ciudadanos bolivianos dejaron de ser propietarios de los ahorros y de las empresas, y ya no les correspondió más recoger los dividendos anuales. A eso le llamaron "la nacionalización".

El Estado plurimultiple se apropió de las acciones y de los dividendos de la ciudadanía. Entonces, disimulando la patraña e intentando mostrar que la medida terminaba por ser útil, decidió ampliar la cobertura del viejo BonoSol a los mayores de 60 años, pero como ya no existían los ahorros nacionales que lo sustentaran, tuvo que echar manos a los impuestos y las regalías del gas para complementar el dinero para semejante repartija. De allí en más, cada año habrá que aumentar los aportes estatales para cubrir el Bono Dignidad.

Quedaron los otros ahorros, que eran menos, pero sumaban año a año; aquellos depositados individualmente por los trabajadores bolivianos en las AFPs, con los cuales se construyó un fondo de capitalización destinado a garantizar una pensión de vejez a los aportantes. La administración de estos ahorros fue otorgada a dos transnacionales especializadas y capaces de garantizar no solo la administración, sino el buen uso de esos capitales en inversiones seguras, amparadas en sendas garantías, la del fondo de ahorros (que se ha mencionado más arriba) que producía los dividendos para el BonoSol y la solidez del las transnacionales financieras, que por avatares del mercado terminaron fortalecidas, al funcionarse entre si. Estamos hablando del Banco de Bilbao, Viscaya y Argentaria, el BBVA, con presencia en la mayoría de los países y con casi 100.000 empleados en el mundo.

Ahora esos fondos individuales, fruto del ahorro privado de los trabajadores bolivianos, van a ser administrados por una entidad estatal de nueva creación, que vaya a saber uno quíenes la administrarán y en que negocios invertirán estos dineros. Eso si, igual que el Bono Dignidad, ya han decidido ampliar la cobertura de sus servicios y el alcance de sus prestaciones, de tal manera, que quienes saben cómo funcionan estas cosas, aseguran que apenas podrán funcionar por 15 años, antes de chocarse con su inviabilidad financiera de origen: el nuevo fondo estatal de pensiones no es sustentable. Eso lo sabemos unos y lo saben también los otros, aún antes de iniciar semejante juerga financiera; si esto es así, quienes aprueben y firmen, legalizando este esteril cometido, están realizando una estafa pública a plena luz del día; no será (como advierte el código penal para los agravantes de un hurto) con nocturnidad, pero si con alevosía.

No olvidemos tampoco, que el Estado megaplurimultiple le debe al Fondo de Pensiones, una cantidad de dinero similar al acumulado por los bolivianos en las cuentas de capitalización privada (fruto de la deuda pública contraída, a raíz de la obligación que el gobierno de Evo Morales impuso a los fondos de pensiones, de comprar valores de deuda pública, que sirven para pagar cosas como aviones de lujo e interminables viajes de inútiles comitivas rumbo a la nada); es decir, al taz con taz, confiscados estos fondos en beneficio del Estado y siendo este acreedor y deudor al mismo tiempo (si yo me debo a mi mismo), al final no se sabrá muy bien a quien cobrarle, y cómo recuperar esa plata.

Y como estará de inerme y vulnerable la sociedad boliviana, que un ataque frontal como este a los intereses de sus clases medias y sus trabajadores, no genera protesta ni contestación de consideración alguna. En otras ocasiones y según usos y costumbres resaltados en la historia de esta "cuna de la libertad y tumba de tiranos", por abusos de menor cuantía, las calles paceñas debían haber temblado bajo los gritos y las amenazas de tanto ciudadano amenazado por la posibilidad de la concreción de semejante estafa, que amenaza con volatilizar el "ahorro de todas sus vidas". Pero pesa el miedo, ya no solo a los tribunales manipulados y mal utilizados en provecho privado del etnonacionalismo autoritario del MAS, sino que curándose en salud, las Fuerzas Armadas se han declarado "anticapitalistas" y dispuestas a salvaguardar el proceso de estos tristes e insostenibles cambios. Como para recordarnos que la represión sigue estando atenta desde los cuarteles, y a quienes no les guste que le quiten sus ahorros, estén dispuestos a caminar de aquí en adelante "con el testamento bajo el brazo".