CUANDO LA REALIDAD ALCANZA A LA POLÍTICA

La discusión en torno al DS 5503 ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda, largamente conocida y, sin embargo, sistemáticamente postergada: *la subvención a los combustibles no es sostenible*. No se trata de una revelación súbita ni de una imposición ideológica externa, sino de una corrección necesaria, forzada por la realidad económica. Durante años, una parte significativa de la ciudadanía supo (aunque prefirió no decirlo en voz muy alta) que ese esquema no podía prolongarse indefinidamente sin erosionar la estabilidad fiscal, agotar las reservas de divisas y debilitar la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. El decreto no crea el problema; lo reconoce y lo enfrenta.

La cuestión central, sin embargo, no reside únicamente en el ajuste, sino en el modo en que éste se gestiona y se comunica. El DS 5503 no actúa en el vacío, incorpora medidas de protección social, mecanismos de estabilización de precios y señales orientadas a la reactivación productiva, con el objetivo explícito de amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables y preservar el tejido de la economía real. El diagnóstico es severo, pero honesto, no hay soluciones mágicas ni salidas indoloras. Precisamente por eso, la conflictividad social que hoy se expresa en protestas intensas y discursos extremos tenderá (como lo muestra la experiencia) a procesarse y reconfigurarse con el paso del tiempo, a medida que el escenario se estabilice y se clarifiquen las reglas del juego.

Bolivia entra, inevitablemente, en un tramo exigente. Los próximos dos años demandarán sacrificio responsable, disciplina colectiva y una gestión pública firme, pero cuidadosa. Ninguna sociedad atraviesa una corrección estructural sin tensiones; sin embargo, también es cierto que las sociedades no se quiebran cuando el esfuerzo es percibido como compartido, razonable y temporal. La normalidad no se impone por decreto, se reconstruye cuando la ciudadanía comprende el rumbo, percibe que hay conducción y empieza a confiar (aunque sea de manera crítica) en que no se le está exigiendo más de lo que la situación demanda.

Aquí emerge el nudo verdaderamente decisivo, el desafío es político y democrático antes que el meramente económico. El ajuste solo será sostenible si se apoya en un pacto de confianza entre el Estado y la sociedad, fundado en transparencia, control social efectivo y protección real a quienes menos tienen. Sin ese piso ético y político, cualquier medida necesaria corre el riesgo de ser vivida como un castigo, y no como parte de una estrategia orientada al bienestar colectivo y al restablecimiento de un horizonte de desarrollo.

Lo que está en juego no es únicamente la corrección de una distorsión económica acumulada, sino la capacidad del país de atravesar la crisis sin fracturarse, sin recaer en el empate destructivo entre estatismo y privatizaciones, que ha marcado buena parte de nuestra historia reciente. Aguantar juntos, confiar sin ser ingenuos y sostener un acuerdo de convivencia democrática no son consignas retóricas ni gestos morales abstractos, son condiciones materiales para estabilizar la economía, restablecer la confianza entre bolivianos y bolivianas, preservar la democracia y abrir, más temprano que tarde, un nuevo ciclo de futuro compartido.

Ese futuro no es una promesa vacía ni una quimera voluntarista. Es positivo y posible en la medida en que Bolivia logre transformar este ajuste doloroso en una oportunidad de maduración intersubjetiva, para ordenar la economía, recomponer la institucionalidad, liberar energías productivas y reconstruir un sentido de comunidad política basado en la equidad, la responsabilidad y una esperanza razonable. No se trata de negar el sacrificado esfuerzo que viene, sino de dotarlo de sentido. Y allí, precisamente allí, empieza a construirse el futuro.