¿CORRUPCIÓN? ¿DÓNDE?

En Bolivia, como en tantos otros países que arrastran pobreza estructural, institucionalidad débil y una inserción apenas marginal en la economía mundial, la corrupción no es un accidente ni una anomalía estadística, es una enfermedad vieja, persistente, enquistada en los huesos del Estado y en los pliegues de la cultura política. No es simplemente la caída moral de individuos aislados; es un sistema de incentivos perversos que prospera allí donde la ley es frágil, la autoridad es discrecional y la supervivencia cotidiana se aprende a resolver por atajos.

Los últimos veinte años de gobierno del MAS no inventaron la corrupción, pero sí la profundizaron, la expandieron y la normalizaron hasta convertirla en método de reproducción del poder. No fue solamente clientelismo (que ya sería bastante) sino la conformación de redes paraestatales que utilizaron el aparato público como botín, como refugio y como herramienta de dominio. Ministerios, empresas, órganos judiciales, fuerzas del orden, todas las piezas de una arquitectura subordinada a intereses faccionales.

A ello se sumó algo más grave aún, la consolidación de una concepción patrimonial del Estado. El trámite mínimo, la gestión cotidiana, la decisión estratégica, todo tiene precio hasta el día de hoy. Nada es deber, nada es función pública, todo es transacción. El Estado ha dejado de ser una casa común y se ha convertido en un mercado oscuro.

Esa lógica descendió en cascada. Desde las más altas esferas hasta las ventanillas más modestas, se formaron cadenas piramidales de complicidad. Policía, sistema judicial, aduanas, impuestos, Derechos Reales, el INRA, gobiernos departamentales, municipios. La corrupción dejó de distinguir jerarquías; el soborno pequeño y el negociado grande se dieron la mano. Cada eslabón protege al otro, porque la caída de uno arrastraría a todos.

Con el tiempo, lo excepcional se volvió costumbre. Y aquí aparece una verdad incómoda que no debemos eludir; una parte significativa de la población (excluida durante siglos por élites cerradas, oligárquicas, ensimismadas) vio en el acceso al Estado una suerte de reparación histórica. La demanda de inclusión era legítima; el uso patrimonial del poder no lo era. Pero cuando el acceso al poder no viene acompañado de formación ética, cultura institucional y límites claros al abuso, la revancha social puede mutar en justificación moral del saqueo. Lo que antes era privilegio de pocos, se volvió práctica extendida. Y así se deterioró el orden público.

¿Quién tiene la culpa de que hayamos llegado hasta aquí? La respuesta no admite consignas fáciles. Hay, al menos, dos responsabilidades históricas.

La primera corresponde a las viejas clases dominantes y oligárquicas —masculinas, blancas, castellano-hablantes, envejecidas en el poder y reproducidas en círculos familiares cerrados— que desde la Revolución Liberal de fines del siglo XIX y aun después de la Revolución Nacional de 1952, administraron el Estado boliviano sin democratizar el saber, sin universalizar una ética pública compartida, sin sembrar educación y ciudadanía en los estratos pobres e indígenas. Gobernaron, sí; pero no formaron. Gestionaron el aparato estatal, pero no construyeron cultura republicana.

La segunda responsabilidad recae en la élite masista que, en nombre de los desvalidos y marginados, llegó al poder sin levantar los diques institucionales capaces de contener las aspiraciones malsanas acumuladas durante tanto tiempo. En lugar de transformar la frustración en virtud cívica y la exclusión en ciudadanía, toleraron, cuando no justificaron, prácticas de latrocinio y abuso como si fueran compensación histórica. Donde debió haber pedagogía democrática, hubo permisividad; donde debió haber ejemplo moral, se instaló la coartada ideológica. Entre la negligencia formativa de unos y la indulgencia interesada de los otros, se consolidó el terreno fértil en el que hoy prospera la corrupción.

Cuando la corrupción se instala en la cultura política, arrancarla no es tarea de un decreto ni de un cambio de autoridades. No basta con encarcelar a algunos culpables para sentar ejemplo. Se requiere transparencia radical en las finanzas públicas; digitalización y trazabilidad de cada proceso administrativo; independencia real de la justicia; meritocracia efectiva; control social informado y sostenido. Y, sobre todo, años, ¡AÑOS!, de educación cívica ciudadana. La ética pública no se decreta, se construye.

La lucha contra la corrupción no es un capítulo accesorio. Es el eje transversal de cualquier proyecto de país. Sin justicia independiente, sin reglas claras, sin funcionarios seleccionados por mérito y no por lealtad facciosa, ningún programa de reactivación económica, ninguna reforma social, ninguna política redistributiva podrá sostenerse en el tiempo. La corrupción es una enfermedad crónica que nos corroe desde dentro.

Por eso la conclusión es severa, sin una política de Estado destinada a transformar la cultura política, a desmontar la concepción patrimonial del poder y a restaurar la noción de bien general, no habrá estabilidad ni gobernabilidad duraderas. No importa si el gobierno se proclama de izquierda o de derecha; si no rompe con la lógica interna de la corrupción, la llevará consigo como una carga heredada.

De ahí se desprende una correlación decisiva, no habrá ruptura estructural con la corrupción si no se impulsa, de manera paralela y sostenida, una verdadera Política de Estado para la Escucha, el Diálogo y la Reconciliación nacional y social.

Bolivia arrastra fracturas históricas —coloniales, raciales, étnicas, regionales, ideológicas— que han sido instrumentalizadas como un método de acceso y conservación del poder; en ese clima de polarización permanente, la ética pública se diluye y el adversario deja de ser conciudadano para convertirse en un enemigo. Sin un proceso institucionalizado de reconocimiento de agravios, reparación simbólica y construcción de reglas compartidas, es imposible edificar una base de ética social que funcione como dique cultural frente al patrimonialismo y la corrupción. La reconciliación no es indulgencia ni olvido; es el restablecimiento de un marco común de respeto y legalidad que permita que la ley vuelva a ser un límite real al abuso. Solo sobre esa arquitectura de confianza —sostenida en educación cívica, justicia independiente y control social efectivo— podrá consolidarse una cultura popular y una práctica administrativa donde el poder deje de ser un botín y vuelva a ser un servicio.

Bolivia necesita algo más que alternancia. Necesita una refundación ética de su vida pública. Una reconstrucción basada en la reconciliación, la educación y la institucionalidad. De lo contrario, seguiremos girando en el mismo círculo vicioso, cambiando de discurso cada veinte o treinta años, pero conservando intacta la misma cultura del abuso.

CAPITALISMO PARA TODOS

En tiempos de crisis, los eslóganes florecen. Algunos consuelan, otros engañan. “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” pertenece, lamentablemente, a la segunda categoría. No porque el mercado no sea necesario, que lo es, sino porque la consigna evita deliberadamente las preguntas centrales de este momento: ¿cómo se genera la riqueza?, ¿cómo se distribuye y bajo qué reglas se gobierna esa distribución?

Desde una mirada mínimamente informada (y aquí Marx sigue siendo un punto de partida útil, incluso para quienes no se consideran marxistas) el capitalismo no es una promesa de prosperidad universal, sino un modo de producción estructuralmente desigual, basado en la apropiación privada del excedente generado por el trabajo. No se trata de una desviación ocasional ni de una falla moral, es su lógica interna. Por eso, la tendencia histórica a la concentración de la riqueza no es un accidente, sino una regularidad empíricamente comprobada.

Hablar entonces de “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” equivale a ofrecer un sistema competitivo sin perdedores, algo tan plausible como una carrera en la que todos llegan primeros.

En Bolivia esta consigna encuentra eco. ¿Por qué? No por su solidez teórica, sino por el desastre moral, institucional y económico dejado por dos décadas de estatismo mafioso, encarnado por el Movimiento al Socialismo. El colapso fiscal, la escasez de divisas, la corrupción estructural y la captura del Estado por redes clientelares y criminales no solo han demolido la economía, han erosionado profundamente la credibilidad de las narrativas de izquierda.

Conviene reconocer (sin ingenuidad, pero también sin purismo) que en labios del presidente Rodrigo Paz Pereira la consigna “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” cumple una función política concreta y no menor. En un país saturado por veinte años de retórica estatista, nacionalizadora y supuestamente redentora, el eslogan opera como gesto de ruptura simbólica frente al imaginario que dejaron los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora. No es una formulación teórica rigurosa, ni pretende serlo, es un marcador discursivo, una señal destinada a desmarcar al nuevo gobierno del estatismo clientelar, del Estado corporativo y mafioso, y de la captura del excedente por una burocracia partidaria. En ese sentido, su eficacia no reside en su verdad conceptual, sino en su capacidad para reordenar el campo político, correr el eje del debate y habilitar una conversación distinta, allí donde durante años solo hubo consignas únicas, dogmas incuestionables y una economía subordinada a la lógica del poder.

En esa situación, cualquier discurso que suene a “mercado”, “empresa” o “inversión” aparece como salvación. Pero confundir el rechazo al estatismo corrupto con una adhesión acrítica al capitalismo es un error que Bolivia ya ha cometido otras veces, con resultados conocidos. El Péndulo Catastrófico (estatismo ineficiente primero, privatización empobrecedora después) no nos ha llevado al desarrollo, sino al agotamiento. Cada giro promete una refundación; cada fracaso nos devuelve al punto de partida.

Aquí es donde nuestra Visión de País introduce una diferencia sustantiva. No propone ni estatismo redentor ni capitalismo ingenuo, sino algo mucho más difícil y, por lo mismo, más serio, un acuerdo democrático de larga duración entre Estado, mercado y sociedad, capaz de frenar ese vaivén histórico que nos obliga a “empezar de nuevo” cada veinte años.

El mercado es condición necesaria para generar riqueza, sin mercado solo hay pobreza para repartir. Pero esa afirmación no deriva en la idolatría del capital, deriva en una propuesta de Economía Social de Mercado, con reglas claras, Estado regulador, seguridad jurídica y propiedad privada, combinadas con políticas públicas orientadas a educación, salud, empleo digno y reducción efectiva de desigualdades.

La clave está en el excedente. El problema boliviano no ha sido solo cómo se produce la riqueza, sino quién captura el excedente y para qué. Bajo el MAS, ese excedente fue apropiado por una burocracia partidaria y criminal; ahora, bajo un capitalismo desregulado que exalta el reino del mercado, el riesgo es que sea capturado por élites económicas desconectadas del país profundo. En ambos casos, la mayoría queda fuera.

Por eso yo insisto en algo incómodo para los dogmáticos, la primacía del trabajo sobre el capital, la formalización del empleo, el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas, la inserción en la economía del conocimiento y un nuevo pacto fiscal que redistribuya capacidades reales entre los distintos niveles del Estado. No se trata de capitalismo para todos, sino de desarrollo para todos, que es algo muy distinto.

Hay, además, un punto decisivo que los eslóganes suelen ignorar, el factor institucional y cultural. No hay mercado que funcione sin justicia independiente, sin Estado de derecho, sin control social efectivo y sin ciudadanía activa. Bolivia no necesita más consignas; necesita instituciones que funcionen y reglas que se respeten, empezando por una reforma judicial profunda, verificable y sostenida en el tiempo.

Finalmente, está la dimensión que rara vez aparece en el debate económico, pero que aquí resulta central, la reconciliación nacional y social. Un país fracturado, polarizado y resentido no es terreno fértil ni para el mercado ni para la democracia. Sin confianza no hay inversión; sin diálogo no hay proyecto común; sin justicia no hay estabilidad. La reconciliación no es un gesto moral, es una condición material del desarrollo.

En suma, “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” es una frase fácil para tiempos difíciles. Bolivia necesita algo más exigente, una visión de país que combine mercado con justicia social, Estado con límites, crecimiento con ciudadanía y desarrollo con dignidad. Todo lo demás es publicidad política. Y ya sabemos, por experiencia propia, lo caro que sale gobernar a punta de puro eslóganes.

GOBERNAR SIN PARTIDOS

Hay una carencia silenciosa —pero decisiva— en el ejercicio del poder político en la Bolivia actual, el gobierno gobierna sin partidos que lo vinculen orgánicamente con la sociedad. No se trata de una acusación moral ni de una descalificación coyuntural, sino de un problema estructural de nuestra democracia, cuyas consecuencias van a empezar a sentirse en la fragilidad del respaldo social, la dificultad para sostener reformas y la potencial desconexión entre decisión estatal y ciudadanía.

Ahora bien, cuando decimos “partido político”, no estamos pidiendo resucitar las viejas maquinarias, los comités de notables, el clientelismo territorial ni el sindicalismo de aparato que dominaron el siglo pasado. Los partidos políticos no son un adorno institucional ni un resabio melancólico del siglo XX. Son (cuando cumplen su función) mecanismos indispensables de mediación democrática, recogen demandas sociales dispersas, las procesan políticamente, las traducen en programas de gobierno, les otorgan sentido histórico y organizan la representación en el ejercicio del poder.

Cuando esa mediación desaparece o se debilita, los gobiernos quedan expuestos a una relación directa con la sociedad, que suele ser tan intensa como frágil. Sin filtros, sin traducción política y sin canales estables, las demandas se expresan como presión inmediata, la protesta sustituye al debate y el conflicto reemplaza a la deliberación. Gobernar sin partidos no significa gobernar con más pueblo, sino gobernar con menos política y con mayor inestabilidad.

Una primera función del partido político es recoger y procesar las demandas sociales. No todas las demandas son iguales ni compatibles entre sí; algunas son urgentes, otras estructurales, otras expresan miedos, frustraciones o expectativas de futuro. El partido cumple la tarea —nada sencilla— de ordenarlas, jerarquizarlas y convertirlas en insumos políticos racionales.

Cuando esa mediación no existe, las demandas no desaparecen, se expresan como presión, como bloqueo, como protesta o como ruido permanente. El gobierno, entonces, deja de conducir y comienza a reaccionar. Se ve obligado a apagar incendios, a negociar caso por caso, sin un marco político que permita anticipar conflictos ni construir consensos duraderos.

La Visión de País que hemos venido defendiendo parte del reconocimiento de una sociedad fragmentada, urbana, mestiza, atravesada por heridas históricas y por una profunda desconfianza hacia la política. Sin partidos que procesen esa complejidad, el Estado queda inerme frente a la multitud.

La segunda función clave del partido es construir programa. Gobernar no es administrar el día a día, sino articular políticas públicas coherentes con una idea de país. Un programa no se improvisa, surge de diagnósticos históricos, de opciones ideológicas explícitas y de una lectura estratégica del futuro.

Cuando el gobierno carece de partidos sólidos, el programa se diluye. Las políticas aparecen como respuestas técnicas —muchas veces necesarias—, pero desconectadas entre sí y del horizonte político que las justifique. El resultado es una sensación social de arbitrariedad, decisiones correctas en lo técnico, pero débiles en legitimidad.

Bolivia conoce bien este problema. El péndulo histórico entre estatismo y privatización, entre Estado omnipresente y mercado desregulado, no se rompe sin un acuerdo político de largo plazo, sostenido por organizaciones capaces de darle continuidad más allá de la coyuntura.

Quizá la función más olvidada de los partidos sea la de otorgar sentido a las decisiones. La política no solo resuelve problemas, construye relatos colectivos, explica sacrificios, proyecta esfuerzos hacia un futuro compartido. Sin ese relato, las reformas —por muy necesarias que sean— se viven como imposiciones.

Nuestra Visión de País insiste en que Bolivia necesita cerrar ciclos históricos inconclusos y avanzar hacia una reconciliación nacional y social que no borre las diferencias, sino que permita convivir con ellas democráticamente. Esa tarea no puede ser asumida solo por el Estado ni por liderazgos individuales, requiere partidos que organicen sentido, memoria y porvenir.

Un gobierno sin partidos gobierna el presente, pero no logra narrar el futuro.

Finalmente, los partidos organizan la representación. Forman cuadros, seleccionan liderazgos, articulan intereses regionales y sectoriales, y sostienen al gobierno en el tiempo. Cuando esto no ocurre, el poder se ejerce en soledad, apoyado en figuras individuales, sin anclaje territorial ni militante.

La situación actual es ilustrativa, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria es el resultado de una diáspora de más de veinte años de inactividad política; Primero la Gente es un grupo reducido, focalizado casi exclusivamente en Tarija; y la Democracia Cristiana sobrevive más como sigla legal que como organización viva, sin militancia ni historia reciente que la respalde. Ninguna de estas estructuras puede cumplir hoy cabalmente la función de partido de gobierno que hemos explicado.

Conviene introducir, en este panorama, una salvedad necesaria: Unidad Nacional, el partido que preside Samuel Doria Medina, constituye hoy la única estructura partidaria real dentro del frente político gobernante. Se trata de una organización que ha logrado sobrevivir a más de dos décadas de ostracismo del sistema de partidos en Bolivia, sostenida por una perseverancia política poco común y por una capacidad material que le permitió mantenerse en pie cuando casi todas las demás estructuras colapsaban. Sin embargo, aun con ese mérito indiscutible, Unidad Nacional responde a un formato partidario clásico, propio de la democracia representativa del siglo pasado, una organización vertical, limitada para cumplir, en plenitud, las funciones que hoy demandan las sociedades contemporáneas. En tiempos de internet, redes sociales y ciudadanía hiperactiva, esa forma de partido resulta insuficiente para procesar demandas complejas, sostener deliberación colectiva en el tiempo y construir sentido compartido más allá del ciclo electoral. El desafío, por tanto, no es su supervivencia —ya probada—, sino su capacidad de transformarse en un dispositivo político acorde a una democracia más abierta, más horizontal y menos dependiente de las lógicas heredadas del siglo XX.

Y todo lo dicho hasta ahora no quiere expresar nostalgia. Se trata de advertir que sin partidos renovados y funcionando no hay bloque social de poder, y sin ese bloque la gobernabilidad se vuelve frágil, reversible y dependiente del humor social del momento.

Esos viejos partidos fueron útiles para consolidar la democracia representativa, pero hoy exhiben límites evidentes. Vivimos en un tiempo de una política de redes, de intermediaciones diluidas y de ciudadanía hiperexpresiva; cada persona produce opinión (a veces brillante, a veces francamente ruidosa) y la conversación pública circula a la velocidad de un meme. En este contexto, el partido que necesitamos no es un museo de prácticas obsoletas, sino una institución renovada, más abierta, más deliberativa, más transparente y técnicamente capaz.

La paradoja es simple, la sociedad se volvió cada vez más “horizontal” en comunicación, mientras que el Estado sigue siendo inevitablemente vertical por su diseño. Por eso, lejos de desaparecer, la función partidaria se vuelve más importante que nunca. Alguien debe transformar la conversación dispersa en agenda pública, la indignación en propuesta y el presente en un horizonte de futuro compartido. Sin esa mediación, la política queda reducida a impulsos fragmentarios, y el poder se ejerce sin traducción social ni sostén duradero.

Renovar el sentido contemporáneo del partido político supone asumir que la mediación democrática ya no puede organizarse exclusivamente mediante comités territoriales, frentes sectoriales, jerarquías rígidas y militancias cerradas. En diversos países han emergido partidos-plataforma que incorporan herramientas digitales para la consulta, el debate interno y la priorización de agendas. A estas experiencias se suman los ensayos de democracia líquida, inspirados en los partidos pirata europeos, que combinan participación directa con mecanismos de delegación revocable del voto por áreas temáticas.

La evidencia comparada muestra un potencial claro en términos de inclusión, especialización y dinamismo organizativo, pero también advierte riesgos conocidos como la concentración informal de poder, liderazgos opacos o la aparición de “super-votantes”. Tales riesgos no se corrigen negando la innovación, sino mediante reglas explícitas, transparencia operativa y controles democráticos efectivos.

Una innovación aún más relevante es la institucionalización de espacios deliberativos estructurados, las asambleas ciudadanas, jurados cívicos y paneles sectoriales seleccionados con criterios de representatividad social, capaces de deliberar sobre problemas complejos y producir recomendaciones dotadas de legitimidad pública. Se han documentado en el mundo cientos de estas experiencias que subrayan que hay un nuevo valor que emerge y que reside en la profesionalización de la escucha, lo que significa metodologías claras, acceso a información plural y contrastada, facilitación experta, trazabilidad de las decisiones y obligación de respuesta por parte de las autoridades.

Traducido a una clave boliviana, se trata de renovar lo que la ley denomina “partido político”, e implica construir un sistema mixto, inovando plataformas abiertas de escucha y priorización ciudadana; mecanismos deliberativos con reglas estables; equipos programáticos capaces de convertir insumos sociales en propuestas coherentes; y una arquitectura de representación territorial y sectorial que vuelva a conectar Estado y sociedad sin clientelismo, improvisación ni fetichismo organizativo

La Visión de País que venimos defendiendo insiste, precisamente, en que Bolivia necesita puentes ideológicos y sociales, no trincheras identitarias ni atajos personalistas. Partidos entendidos como plataformas de articulación (programática, territorial y generacional) capaces de producir sentido colectivo, organizar la representación y sostener acuerdos de largo plazo. Sin esa renovación de la intermediación política, no habrá reconciliación posible, solo un monólogo infinito que no llega nunca a convertirse en proyecto nacional.

Este no es un texto contra el gobierno, sino una advertencia política dirigida a quienes hoy ejercen el poder. Gobernar sin partidos es posible por un tiempo; sostener un proyecto de país sin ellos es, en el mediano plazo, prácticamente imposible. La historia boliviana es clara al respecto, los gobiernos que prescinden de la mediación política terminan atrapados entre la tecnocracia sin respaldo o la presión corporativa sin horizonte y tenemos ejemplos variados de no hace mucho tiempo atrás; es cosa de mirar con cuidado el inmediato pasado.

Las autoridades actuales harían bien en asumir que la legitimidad electoral, por amplia que haya sido, no reemplaza la necesidad de organización política. El respaldo ciudadano no se conserva solo con decisiones correctas, sino con estructuras capaces de explicarlas, defenderlas y proyectarlas en el tiempo. Sin partidos que articulen demandas, construyan programa y otorguen sentido, el gobierno corre el riesgo de gobernar en solitario, expuesto a la fatiga social y a la erosión progresiva de su autoridad.

Reconstruir vínculos partidarios no es una concesión ni una debilidad, es un acto de realismo democrático. Implica aceptar que el Estado no puede hablarle directamente a una sociedad compleja y fragmentada sin intermediaciones estables. Implica, también, asumir que sin bloque social de poder no hay reforma sostenible, por más necesaria o urgente que esta sea.

La pregunta que queda abierta, no es si Bolivia necesita partidos, sino si el gobierno está dispuesto a promover, reconstruir o tolerar organizaciones políticas reales que lo vinculen con la sociedad, aun cuando eso implique compartir poder, escuchar demandas, deliberar y aceptar límites.

Porque gobernar es, finalmente, algo más que decidir, es construir futuro con otros. Y sin partidos, ese futuro vuelve a quedar peligrosamente a la intemperie.

EL LENGUAJE: CONSCIENCIA Y REALIDAD

Uno de los problemas menos visibles (y sin embargo más decisivos) de la sociedad boliviana es la precariedad en el dominio del castellano y otros lenguajes vigentes en el país. No se trata de una deficiencia meramente escolar ni de un asunto estético vinculado a la “buena dicción”, sino de un problema estructural que incide directamente en la forma en que comprendemos la realidad, la explicamos y la proyectamos colectivamente. En una sociedad donde el lenguaje es frágil, la conciencia social también lo es; y donde la conciencia es débil, la ciudadanía se vuelve incompleta y la democracia vulnerable.

Bolivia es un país multilingüe en el papel y, paradójicamente, empobrecido en su práctica lingüística cotidiana. Para una parte significativa (aunque no mayoritaria) de la población, el castellano no es lengua materna, sino una segunda lengua aprendida de manera incompleta, fragmentaria o meramente funcional. Al mismo tiempo, las  otras lenguas vigentes (el quechua, el aymara, el guaraní) han ido perdiendo centralidad en la vida diaria, en el espacio público y en la educación formal, sin haber sido plenamente sistematizadas ni fortalecidas como lenguas aptas para el pensamiento complejo, la escritura rigurosa y la producción intelectual.

El resultado es una situación intermedia y problemática, ya que muchas y muchos bolivianos no dominamos plenamente el castellano, pero tampoco contamos con un manejo sólido, normativo y actualizado de las otras lenguas mencionadas. Se vive, por decirlo sin eufemismos, en un “entre-lenguas” empobrecido. Este déficit no se manifiesta solo en errores gramaticales o en un vocabulario reducido, sino en la dificultad para formular ideas abstractas, argumentar con precisión, matizar posiciones, establecer relaciones causales o construir narrativas coherentes sobre la experiencia social y política.

El lenguaje no es un simple instrumento de comunicación; es el dispositivo fundamental mediante el cual se organiza la percepción del mundo. Nombrar es ordenar; conceptualizar es delimitar; narrar es conferir sentido. Cuando el lenguaje es pobre, la realidad se vuelve opaca, confusa o se reduce a consignas. Allí donde faltan palabras, sobran gritos; donde no hay conceptos, proliferan prejuicios; donde la sintaxis se debilita, la violencia simbólica encuentra terreno fértil para crecer. No es casual que las sociedades con déficits lingüísticos estructurales sean también más propensas a la simplificación del conflicto y a la radicalización identitaria.

Esta carencia tiene consecuencias políticas profundas. Una ciudadanía con limitaciones lingüísticas estructurales enfrenta mayores dificultades para comprender discursos públicos complejos, evaluar propuestas, detectar contradicciones o exigir rendición de cuentas. El debate democrático se empobrece, se simplifica y se polariza. La política degenera entonces en eslóganes, dicotomías morales rudimentarias y relatos maniqueos que excluyen el matiz y anulan la deliberación racional. En ese contexto, el adversario deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo; y la diferencia, en lugar de tramitarse mediante el diálogo, se transforma en agravio.

Aquí aparece un vínculo decisivo con el problema de la imprescindible necesidad de escucha, diálogo y reconciliación nacional y social. No puede haber reconciliación efectiva en una sociedad que carece de lenguajes compartidos para nombrar su historia, sus heridas y sus desacuerdos. La reconciliación no es silencio ni olvido, es la capacidad de narrar el conflicto sin reducirlo a insulto, de reconocer al otro sin negarlo, de procesar el pasado sin convertirlo en arma permanente. Todo eso exige lenguaje, palabras para matizar, conceptos para comprender, narrativas para integrar.

Cuando una sociedad no dispone de esas herramientas, la fractura se vuelve estructural. Las diferencias étnicas, regionales, culturales o ideológicas dejan de ser diversidad y se convierten en trincheras de guerra. El conflicto se expresa entonces como identidad cerrada y no como desacuerdo democrático. La pobreza lingüística no solo limita la participación política; limita, sobre todo, la posibilidad de construir un “nosotros” inclusivo, condición básica de cualquier proyecto nacional.

La responsabilidad de esta situación no recae en los hablantes, sino en un sistema educativo que ha fracasado en su misión más elemental: formar sujetos capaces de pensar con palabras. La educación intercultural bilingüe fue proclamada como una conquista histórica, pero no se tradujo en un fortalecimiento real de las lenguas utilizadas como lenguas de conocimiento, ni en una enseñanza rigurosa y exigente del castellano como lengua común de deliberación pública. En no pocos casos se optó por una pedagogía condescendiente, de bajos estándares, que confundió inclusión con simplificación y terminó produciendo una ciudadanía frágil, más proclive a la adhesión emocional que al juicio crítico.

Revertir este escenario exige una decisión política y cultural de largo aliento. Supone asumir que el dominio del lenguaje, oral y escrito, es una condición básica de la ciudadanía democrática. Supone también tomar en serio todas las lenguas vigentes en el país, no como emblemas identitarios congelados, sino como sistemas vivos capaces de vehiculizar ciencia, filosofía, derecho y pensamiento crítico. Y, al mismo tiempo, implica enseñar un castellano exigente, rico y preciso, no como instrumento de dominación, sino como espacio común de encuentro intersubjetivo, donde las diferencias puedan expresarse sin romper la convivencia.

En última instancia, fortalecer el lenguaje en Bolivia es fortalecer la capacidad de la sociedad para pensarse a sí misma y reconocerse en su pluralidad. Sin palabras suficientes no hay ciudadanía plena; sin lenguajes compartidos no hay reconciliación posible. Y sin una conciencia lingüísticamente articulada, toda promesa de transformación democrática corre el riesgo de quedarse —literalmente— sin palabras.

BOLIVIA Y VENEZUELA, DOS DISTINTOS DESENLACES

Durante años he sostenido (como tantos otros observadores comprometidos con la democracia) que el régimen de Nicolás Maduro había agotado toda legitimidad política al desconocer los resultados electorales en su país, vaciar de contenido a las instituciones y perpetuarse en el poder mediante la coerción. El desenlace reciente, su captura y traslado forzoso a Nueva York para responder ante la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico y otros delitos, obliga a formular una comparación incómoda pero necesaria. ¿Por qué en Venezuela el final fue violento y mediado por una intervención externa, mientras que en Bolivia una crisis comparable pudo resolverse sin guerra civil ni ocupación extranjera?

En Venezuela, la evidencia de una victoria opositora encabezada por Edmundo González, con el liderazgo cívico de María Corina Machado, no produjo alternancia. El régimen optó por desconocer el mandato popular. Las protestas fueron masivas y persistentes, pero no lograron quebrar el núcleo decisivo del poder, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ese apoyo no fue neutro ni circunstancial; diversos informes e investigaciones han señalado la existencia de vínculos entre estructuras del poder venezolano y economías ilegales transnacionales, con conexiones hacia Colombia, a través de las FARC y el ELN, y hacia Bolivia, en particular el Chapare, bajo el control político-sindical de Evo Morales Ayma. Cuando una cúpula militar queda capturada por redes criminales, la desobediencia democrática deja de ser un incentivo suficiente, el costo de perder el poder se vuelve existencial y se traduce, inevitablemente, en la cárcel.

En ese contexto, la intervención de Estados Unidos de Norteamérica (condenable desde el derecho internacional y problemática desde la soberanía) aparece menos como una solución que como el síntoma de un bloqueo interno total. No es una salida virtuosa; es el recurso extremo al que ha recurrido la democracia venezolana cuando el sistema político ha sido vaciado desde dentro y la ciudadanía, por sí sola, ya no logra forzar la transición.

El contraste con Bolivia resulta elocuente. En 2019, un fraude electoral acotado, diseñado con la colaboración de Cuba y la propia Venezuela, para impedir una segunda vuelta que Evo Morales probablemente habría perdido, desató una reacción cívica inédita. Durante veintiún días, la movilización pacífica y persistente de la ciudadanía quebró el artificio autoritario. Lo decisivo no fue la violencia, sino la legitimidad social de la protesta y su capacidad de interpelar a las propias fuerzas del orden. Policías y militares se replegaron y se negaron a reprimir no por romanticismo democrático, sino porque el fraude era visible, el aislamiento del gobierno era real y, dato no menor, no existía una captura estructural de las Fuerzas Armadas por economías criminales como es el caso venezolano. El costo de obedecer al régimen era, a todas luces, mayor al de alinearse con la legalidad.

En Bolivia, la transición se desarrolló a través de una secuencia institucional que, pese a sus tensiones y fragilidades, buscó preservar la legalidad constitucional y evitar un vacío de poder. Tras la renuncia de Evo Morales Ayma, quien abandonó el país y se asiló en México, se abrió un proceso de deliberación parlamentaria orientado a restablecer una Presidencia reconocida por la ley y la Constitución. En ese marco, universidades, iglesias, partidos políticos (incluido el MAS) y diversos actores de la sociedad civil cumplieron un rol decisivo de mediación y contención, favoreciendo la construcción de un acuerdo social e institucional mínimo que permitiera encauzar la crisis. Ese consenso derivó finalmente en la designación de la Dra. Jeanine Añez como Presidenta transitoria, con un mandato explícito y acotado, el convocar a nuevas elecciones y garantizar la continuidad del Estado, evitando así una escalada de violencia y afirmando una salida democrática frente a una ruptura de legitimidad.

Bolivia mostró así una fortaleza poco celebrada, una cultura cívica capaz de defender el voto y de producir una salida sin espiral de sangre. Fue una resolución imperfecta y tensa, pero democrática en su núcleo. La diferencia entre ambos casos no reside en la épica ni en la pureza de los actores, sino en variables duras, la captura del aparato coercitivo, la existencia de economías ilegales como seguro de poder y la capacidad ciudadana de presión legítima. En Venezuela, el poder militar permaneció orgánicamente alineado al régimen; en Bolivia, no.

Exaltar la experiencia boliviana no implica negar sus fragilidades, sino reconocer un mérito colectivo, haber resuelto una crisis de legitimidad sin guerra interna ni tutela extranjera. Ese capital cívico existe y debe ser cuidado. Para Venezuela, el desafío que se abre ahora es enorme. Ojalá el fin del régimen no derive en una ocupación prolongada ni en un tutelaje indefinido. La única salida sostenible pasa por la negociación política, acuerdos verificables y reconstrucción institucional, con justicia y debido proceso para los responsables, pero sin venganza ni humillación nacional; la democracia no siempre llega en envases puros; a veces emerge del conflicto y, en los peores casos, de la intervención externa, pero incluso entonces, el horizonte debe ser la soberanía democrática. Si algo enseña esta comparación es una lección tan sobria como decisiva, cuando la ciudadanía conserva capacidad de acción y el Estado no ha sido secuestrado por el crimen, la democracia puede defenderse sin fusiles extranjeros. Bolivia lo hizo; Venezuela, ojalá, pueda ahora reconstruir ese camino.

CUANDO LA REALIDAD ALCANZA A LA POLÍTICA

La discusión en torno al DS 5503 ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda, largamente conocida y, sin embargo, sistemáticamente postergada: *la subvención a los combustibles no es sostenible*. No se trata de una revelación súbita ni de una imposición ideológica externa, sino de una corrección necesaria, forzada por la realidad económica. Durante años, una parte significativa de la ciudadanía supo (aunque prefirió no decirlo en voz muy alta) que ese esquema no podía prolongarse indefinidamente sin erosionar la estabilidad fiscal, agotar las reservas de divisas y debilitar la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. El decreto no crea el problema; lo reconoce y lo enfrenta.

La cuestión central, sin embargo, no reside únicamente en el ajuste, sino en el modo en que éste se gestiona y se comunica. El DS 5503 no actúa en el vacío, incorpora medidas de protección social, mecanismos de estabilización de precios y señales orientadas a la reactivación productiva, con el objetivo explícito de amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables y preservar el tejido de la economía real. El diagnóstico es severo, pero honesto, no hay soluciones mágicas ni salidas indoloras. Precisamente por eso, la conflictividad social que hoy se expresa en protestas intensas y discursos extremos tenderá (como lo muestra la experiencia) a procesarse y reconfigurarse con el paso del tiempo, a medida que el escenario se estabilice y se clarifiquen las reglas del juego.

Bolivia entra, inevitablemente, en un tramo exigente. Los próximos dos años demandarán sacrificio responsable, disciplina colectiva y una gestión pública firme, pero cuidadosa. Ninguna sociedad atraviesa una corrección estructural sin tensiones; sin embargo, también es cierto que las sociedades no se quiebran cuando el esfuerzo es percibido como compartido, razonable y temporal. La normalidad no se impone por decreto, se reconstruye cuando la ciudadanía comprende el rumbo, percibe que hay conducción y empieza a confiar (aunque sea de manera crítica) en que no se le está exigiendo más de lo que la situación demanda.

Aquí emerge el nudo verdaderamente decisivo, el desafío es político y democrático antes que el meramente económico. El ajuste solo será sostenible si se apoya en un pacto de confianza entre el Estado y la sociedad, fundado en transparencia, control social efectivo y protección real a quienes menos tienen. Sin ese piso ético y político, cualquier medida necesaria corre el riesgo de ser vivida como un castigo, y no como parte de una estrategia orientada al bienestar colectivo y al restablecimiento de un horizonte de desarrollo.

Lo que está en juego no es únicamente la corrección de una distorsión económica acumulada, sino la capacidad del país de atravesar la crisis sin fracturarse, sin recaer en el empate destructivo entre estatismo y privatizaciones, que ha marcado buena parte de nuestra historia reciente. Aguantar juntos, confiar sin ser ingenuos y sostener un acuerdo de convivencia democrática no son consignas retóricas ni gestos morales abstractos, son condiciones materiales para estabilizar la economía, restablecer la confianza entre bolivianos y bolivianas, preservar la democracia y abrir, más temprano que tarde, un nuevo ciclo de futuro compartido.

Ese futuro no es una promesa vacía ni una quimera voluntarista. Es positivo y posible en la medida en que Bolivia logre transformar este ajuste doloroso en una oportunidad de maduración intersubjetiva, para ordenar la economía, recomponer la institucionalidad, liberar energías productivas y reconstruir un sentido de comunidad política basado en la equidad, la responsabilidad y una esperanza razonable. No se trata de negar el sacrificado esfuerzo que viene, sino de dotarlo de sentido. Y allí, precisamente allí, empieza a construirse el futuro.

PIRÁMIDES DE CORRUPCIÓN

Si algo nos han enseñado los últimos años es que la corrupción en Bolivia no funciona como un puñado de manzanas podridas aisladas, sino como una canasta llena, organizada en estructura, en pirámide. En la Policía, las denuncias de “cuotas” y cobros por traslados, destinaciones, controles y operativos se repiten a lo largo y ancho del cuerpo institucional: el de abajo cobra al ciudadano, se queda con una parte y entrega el resto hacia arriba, hasta llegar a mandos que jamás cobran una multa, pero se benefician de cada soborno. Varios testimonios de exuniformados y oficiales han descrito precisamente este mecanismo, junto con la “enfermedad” institucional provocada por años de intromisión política y corrupción sistemática.

Por eso, si este nuevo Comandante logra exponer y suprimir la pirámide de corrupción que va desde el policía en la calle hasta la más alta cúpula —cada cual pidiendo y extorsionando, y entregando la parte correspondiente a su jefe superior— se habrá logrado un avance inimaginable hasta ahora. No se trata solo de sancionar a unos cuantos “malos policías”, sino de romper el modelo de recaudación ilegal que convierte el uniforme en franquicia de extorsión y transforma la jerarquía en red de rentas. Eso exige algo más que discursos: requiere investigaciones patrimoniales serias, rotación y evaluación de mandos, protección efectiva a denunciantes y una política de transparencia que exponga, con nombres y cifras, cómo funcionan esas cadenas.

Además, no es la única pirámide que se conoce. En la Aduana, por ejemplo, la propia institución ha tenido que procesar a cientos de funcionarios por favorecer hechos de corrupción, y aun así la percepción de coimas en los puntos de control sigue siendo altísima. Casos de sobornos en el Ministerio Público o en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua mostraron un esquema donde el dinero subía desde los niveles operativos hasta el despacho ministerial, con millones de bolivianos recaudados y blanqueados en inmuebles y lujos familiares. Lo mismo se ha visto en empresas públicas como EMAPA, descrita recientemente por el propio Gobierno como un “pulpo de corrupción”, con asociaciones fantasmas y proveedores ficticios.

De modo que el desafío es doble: o se desarman las pirámides, o ellas terminarán de desarmar al Estado. La limpieza en la Policía puede convertirse en un hito fundacional si es real, documentada y llega hasta arriba, pero solo será creíble si va acompañada por cirugías similares en la Aduana, en la Fiscalía, en las empresas públicas y en todos esos rincones donde el ciudadano ya asume que “sin coima no se mueve nada”. Romper la pirámide no es solo castigar a corruptos: es devolver a la ley su lugar de norma común y a la ciudadanía su derecho a vivir en un país donde el trámite, el control y la justicia no dependan de cuánto se está dispuesto a pagar por debajo de la mesa.

DE RETORNO

 Luis Revilla Herrero

y los Chalecos Amarillos

La Paz vive una paradoja, sigue siendo el corazón político del país, pero hace años que carece de un liderazgo propio, arraigado en su historia y capaz de proponer un rumbo compartido para la ciudad y el departamento. En ese vacío, el anunciado regreso de Luis Revilla Herrero desde el exilio (tras más de tres años fuera del país por los procesos judiciales que él denuncia como persecución política) reordena de inmediato el tablero. No vuelve sólo un exalcalde con experiencia, vuelve uno de los pocos líderes genuinamente paceños con capacidad de convocarnos a todos y todas, tejer puentes y hablarle a la vez a Sopocachi y Villa Fátima, a la Zona Sur y a los barrios populares, a La Paz y a El Alto.

Revilla no es un recién llegado, su biografía está ligada a la ciudad desde joven, primero como concejal y luego como alcalde reelecto, identificado con una centroizquierda progresista que puso énfasis en servicios públicos, espacio urbano y ciudadanía. A esa trayectoria se suma ahora la experiencia del exilio, en la que ha insistido en el sentido del servicio como hilo conductor de su vida pública. Ese capital simbólico lo coloca en una posición particular, puede hablar de gestión, de democracia y de derechos desde la memoria concreta de lo hecho y desde la herida de haber sido expulsado del juego por razones que miles de paceños percibieron como arbitrarias.

Lo que cambia con su retorno es la posibilidad real de construir un acuerdo suprapartidario genuinamente paceño. No se trata de resucitar viejas siglas ni de armar una alianza electoral más, sino de articular un “Pacto por La Paz” que ponga por delante un proyecto de ciudad y departamento antes que las candidaturas. Ahí Revilla aporta algo escaso en la política local. Tiene vasos comunicantes con la tradición municipalista, con sectores ciudadanos de centro y con organizaciones sociales que, sin ser masistas, tampoco se reconocen en la derecha tradicional. Es, por biografía y por lenguaje, un puente verosímil.

Ese pacto, además, no puede pensarse sólo en clave municipal. La Paz es ciudad y a la vez departamento diverso con un eje metropolitano La Paz–El Alto y unas provincias que hoy funcionan sin conducción estratégica. Una propuesta programática elaborada para El Alto como “ciudad del futuro” (con ejes de desarrollo tecnológico y productivo, fortalecimiento institucional y cohesión social con equidad territorial) ofrece pistas claras; la región paceña puede convertirse en el gran nodo logístico, industrial y de conocimiento del país si articula sus vocaciones. La Paz sede de gobierno, El Alto polo productivo y tecnológico, las provincias integradas por vías, conectividad y servicios. Hace falta alguien que convierta esa visión en una agenda política compartida; el regreso de Revilla abre la opción de que La Paz vuelva a mirarse a sí misma como región y no sólo como un municipio aislado.

También está en juego la salud de la democracia paceña. Durante años, el departamento ha oscilado entre la hegemonía del masismo, desgastada pero resistente, y opciones opositoras fragmentadas, muchas veces más preocupadas por disputarse el voto anti MAS que por construir una mayoría propositiva. Un liderazgo como el de Revilla puede ayudar a romper esa trampa binaria, convocando a fuerzas democráticas diversas alrededor de un mínimo común denominador, la defensa del Estado de derecho, la reconciliación, el respeto a la diversidad cultural y regional, y un proyecto de desarrollo que ponga en el centro a las personas, no a los caudillos. Esa lógica de unidad democrática ya ha sido ensayada en propuestas de alcance nacional que buscan convertir la crisis en oportunidades para reconstruir mayorías estables.

El retorno de Revilla, además, puede contribuir a cerrar un ciclo oscuro de persecución y exilio que afecta no sólo a él, sino a decenas de opositores y dirigentes sociales hoy fuera del país. Si un paceño que fue Alcalde y se vio obligado a refugiarse logra volver con garantías, someterse a una justicia no manipulada y defender su inocencia, se envía una señal potente a toda la sociedad; se nos dice que es posible pasar de la revancha a la competencia democrática, de la judicialización de la política al debate programático. La Paz, como sede de los poderes del Estado, tiene la responsabilidad simbólica de inaugurar ese nuevo clima, y la figura de Revilla puede ser uno de los catalizadores.

Nada de esto, por supuesto, está garantizado. El regreso de un líder puede también tentarlo a volver a la vieja lógica del campanario, cerrar filas en torno a su grupo, administrar el recuerdo de su buena gestión y negociar desde allí cuotas de poder. La diferencia estará en que Revilla se asuma como candidato de sí mismo o como articulador de un proyecto paceño más grande que su nombre, un acuerdo que convoque a universidades, colegios profesionales, juntas vecinales, empresarios, movimientos sociales y juventudes, y que ponga sobre la mesa una agenda concreta para los próximos veinte años, con seguridad ciudadana, movilidad, empleo juvenil, economía del conocimiento, cuidado del medio ambiente e integración campo y las ciudades.

La Paz y su departamento necesitan volver a creer que su voz cuenta en el destino de Bolivia. El anunciado retorno de Luis Revilla no es una varita mágica, pero sí una oportunidad política que no se presenta todos los días, la de recuperar un liderazgo paceño con experiencia, identidad y vocación democrática, capaz de tender puentes entre partidos y generaciones. Dependerá de él, y de la madurez de las fuerzas democráticas de la región, que esa oportunidad se traduzca en un verdadero proyecto de futuro para todas y todos los paceños, residentes y migrantes, que hemos hecho de este territorio nuestro hogar.

EL NUEVO MIR

O, EL MIR DE NUEVO

Dicen que el MIR ha recuperado su sigla después de veinte años de proscripción. Es una buena noticia para la memoria democrática boliviana, pero también una pregunta incómoda, ¿qué es exactamente lo que se quiere reconstruir? ¿Un recuerdo entrañable de juventud, un sello electoral disponible para negociar cargos, o un partido de la Izquierda Nacional boliviana para el siglo XXI, con identidad nítida, progresista y sin complejos? En estas dos décadas la militancia tomó rumbos muy distintos, algunos se alinearon con la ultraderecha tecnocrática, otros con la derecha populista, otros se refugiaron en el etnonacionalismo autoritario del MAS. Muy pocos hemos intentado conservar una visión de país que corresponda con la izquierda nacional y democrática, con raíces socialdemócratas, como la que quisimos tallar hace años, un hilo nacional, democrático y popular, feminista y ecologista, fruto de una larga reflexión escrita, discutida y defendida, no de un arrebato coyuntural.

Si hoy el MIR vuelve a la escena política, la vara para medir su sentido histórico no es la nostalgia, sino la coherencia con los principios de la izquierda democrática en Bolivia y la socialdemocracia internacional. Se entiende la izquierda democrática como un movimiento por la libertad, la justicia social y la solidaridad, cuyo objetivo es una sociedad en la que cada persona pueda desarrollar plenamente su personalidad, con garantías plenas de derechos humanos y civiles, en un marco de democracia efectiva. No se trata de un estilo amable de hacer política, sino de un proyecto integral que articula democracia política, igualdad social, economía regulada al servicio de las mayorías, paz, protección del medio ambiente y respeto radical a la dignidad humana. Ese respeto no es retórico, la Carta Ética de la Internacional Socialista, insta a defender la libertad de pensamiento, de creencias, de educación y de orientación sexual, el derecho a la igualdad de trato y la lucha contra toda discriminación por género, raza, origen étnico, orientación sexual, religión o ideas, y reconoce como aliados naturales a las organizaciones de mujeres, a los verdes, a la juventud y a los movimientos LGBTIQ+. La agenda que hoy la derecha descalifica con el rótulo despectivo de “woke” no es un capricho posmoderno, sino la consecuencia lógica de los valores clásicos de la socialdemocracia: libertad, igualdad, solidaridad, paz y derechos humanos. Si el nuevo MIR no asume sin ambigüedades ese piso ético y político, no será socialdemócrata, será otra cosa, un cascarón disponible para acomodarse al viento ideológico que sople.

En este marco, la defensa del Estado laico es un punto de partida ineludible. La protección simultánea de la laicidad y de la libertad religiosa debe ser un compromiso claro, el Estado no tiene religión, protege por igual a todas las creencias y también a quienes no profesan ninguna, y sus políticas públicas se basan en derechos y evidencias, no en dogmas. En Bolivia, aunque la Constitución consagra un Estado laico, en la práctica las iglesias católicas y evangélicas, junto a distintos fundamentalismos (incluidos algunos de supuesto signo “originario”) siguen influyendo sobre leyes, políticas públicas y decisiones judiciales. Eso se ve en los debates sobre educación sexual, aborto, derechos LGBTIQ+ o violencia de género, donde se intenta imponer una moral religiosa particular como norma obligatoria para toda la sociedad. Sin Estado laico no hay igualdad plena, y sin igualdad plena no hay socialdemocracia. Un MIR dispuesto a transar este punto para quedar bien con obispos, pastores o chamanes de ocasión, renunciaría, en los hechos, a su vocación de modernidad.

Lo mismo ocurre con los derechos de las mujeres y el aborto. La socialdemocracia y sus organizaciones de mujeres han insistido en que la igualdad de género implica el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En el espacio latinoamericano y caribeño han llamado explícitamente a desarrollar políticas públicas que garanticen estos derechos en condiciones de salud reproductiva adecuada y decisión libre, informada y segura. En Bolivia, sin embargo, el aborto continúa criminalizado, salvo excepciones restringidas (violación, incesto, riesgo para la vida o la salud de la mujer, algunas malformaciones fetales) y, aun en esos casos, el acceso real está plagado de trabas burocráticas, estigma y maltrato institucional. El resultado es conocido, cientos de abortos clandestinos e inseguros y muertes evitables de mujeres, sobre todo pobres y rurales. El MIR del siglo XXI no puede mirar hacia otro lado. Si las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, si la maternidad no es libre, sino impuesta por el miedo a la sanción penal o por la presión religiosa, entonces la ciudadanía femenina es de segunda clase y la democracia se convierte en escenografía. Un partido que se reclame de izquierda democrática debe comprometerse de manera explícita con la despenalización del aborto dentro de plazos razonables, con el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, y con una educación sexual integral, laica y científica. No se trata de provocar a nadie, sino de salvar vidas, reducir desigualdades y reconocer un derecho básico a la autonomía moral. Si el nuevo MIR se refugia en ambigüedades, eufemismos o invocaciones genéricas a la “libertad de conciencia” para no incomodar al conservadurismo religioso, estará renunciando a uno de los pilares contemporáneos de la izquierda democrática en América Latina.

Algo similar vale para la diversidad sexual y de género. Se debe respetar y reforzar los derechos fundamentales, mencionando de forma expresa la orientación sexual y el derecho a la igualdad de trato, y combatir toda forma de discriminación basada en ello. En su desarrollo programático, la socialdemocracia ha situado la lucha contra la homofobia y las distintas fobias ligadas a la orientación sexual y a la identidad de género en el corazón de la construcción de una “sociedad de derechos” basada en la inclusión y la igualdad. Un partido socialdemócrata no puede tratar los derechos LGBTIQ+ como un apéndice incómodo del programa, relegado a notas al pie o a mensajes oportunistas para foros internacionales. Si hablamos en serio de dignidad y libertad, hay que defender leyes antidiscriminación efectivas; el reconocimiento igualitario de las familias diversas; el respeto a la identidad de género y la protección frente a los crímenes de odio; así como políticas públicas específicas en salud, educación, trabajo y seguridad para estos colectivos. La derecha hablará de “agenda woke” para ridiculizar esta lucha, pero lo que está en juego es algo mucho más elemental, que nadie sea golpeado, expulsado de su casa, despedido o humillado por amar a quien ama o por ser quien es. Si, al recuperar su sigla, el MIR decide hacerse el distraído con estos temas para no perder votos en sectores conservadores, no estará demostrando astucia táctica, sino renunciando a los principios que decimos abrazar.

Después de veinte años de proscripción, el verdadero riesgo es que el regreso del MIR se convierta en una operación puramente instrumental, utilizar una sigla conocida para negociar alianzas, listas y cuotas, adaptando el discurso según la moda del momento, un día guiñando el ojo a la derecha “promercado”, otro día al populismo conservador, otro al identitarismo autoritario, sin brújula propia. Para eso, francamente, no hace falta reconstruir el MIR; el sistema político boliviano ya está lleno de siglas-taxi, micropartidos y franquicias personalistas que cumplen ese papel. La única razón para invertir energía vital en esta reconstrucción es convertir al MIR en un partido socialdemócrata nítido, progresista, comprometido con la democracia pluralista y el Estado de derecho; con un Estado laico entendido como garantía de libertad e igualdad; con la igualdad sustantiva de las mujeres, incluyendo su derecho al aborto seguro; con la plena ciudadanía de las personas LGBTIQ+; con la defensa del medio ambiente y una transición ecológica justa; con la reducción radical de las desigualdades sociales y territoriales; y con un proyecto de reconciliación nacional que una, en vez de enfrentar, nuestras diversidades regionales, étnicas y culturales. Dicho de otro modo, o el nuevo MIR asume con claridad la tradición socialdemócrata y la reinterpreta creativamente para la Bolivia plurinacional de hoy, o será, en el mejor de los casos, un partido más, indistinguible del resto, condenado a girar alrededor del poder de turno.

La recuperación de la sigla, entonces, es una oportunidad, no una garantía. Si el MIR se presenta ante la sociedad boliviana con un documento fundacional claro, que se reconozca explícitamente heredero de la socialdemocracia internacional y que defienda sin ambigüedades el Estado laico, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad LGBTIQ+, la justicia social y ecológica, estaremos ante algo distinto, un partido capaz de aportar a la renovación de la política boliviana, de contribuir a la construcción de una centroizquierda moderna y de impulsar una agenda de reconciliación basada en la igualdad de derechos. Si, en cambio, el “nuevo” MIR prefiere callar o diluir estos principios para no perder viejas amistades conservadoras o posibles alianzas coyunturales, la conclusión es sencilla, no vale la pena militar allí. Porque sin una columna vertebral ética y programática, será solo un vehículo más para participar del poder, y no una herramienta para transformar el país. La disyuntiva está servida, o un MIR socialdemócrata, laico, feminista, plural y progresista, o un MIR cualquiera. Y si va a ser cualquiera, mejor dejar el nombre en la memoria afectiva, antes que verlo convertido en la caricatura de aquello por lo que una generación entera luchó.

ECOLOGÍA Y RECONCILIACIÓN

En Bolivia estamos acostumbrados a pensar la reconciliación en clave política, vencedores y vencidos, golpes y transiciones, memorias enfrentadas. Pero en pleno siglo XXI, si el gobierno de Rodrigo Paz Pereira quiere reconstruir el tejido social y abrir un nuevo ciclo democrático, no le bastará con un buen diseño institucional para la Reconciliación Nacional y Social. Necesita un segundo pilar igual de decisivo, una política ecológica seria, coherente y sostenida en el tiempo. Sin transición ecológica, no habrá reconciliación duradera; sin reconciliación, la transición ecológica se convertirá en otra fuente de conflicto.

Lo primero es entender que la crisis ambiental no es un tema “verde” de nicho, ni una excentricidad de ONGs internacionales. Es el espejo brutal del agotamiento de nuestro modelo de desarrollo. Detrás de los incendios que arrasan millones de hectáreas, de los ríos contaminados con mercurio, de los suelos agotados y de las áreas protegidas arrinconadas por la expansión irregular de la frontera agrícola, hay una forma de hacer política y economía, extraer rápido, repartir mal y mirar hacia otro lado. Ese modelo ha enfrentado regiones, comunidades y culturas; ha beneficiado a pocos y ha cargado los costos sobre pueblos indígenas, campesinos y barrios populares. Es decir, ha sido una fábrica silenciosa de resentimiento.

Cuando el gobierno de Rodrigo Paz propone una agenda ecológica que combina Deforestación Cero, restauración de bosques y suelos, protección estricta de cuencas, transición energética y una nueva gobernanza sobre el litio, no está “agregando” un capítulo moderno a su plan de gobierno. Está tocando el corazón mismo de la conflictividad boliviana. Y, sobre todo, está creando condiciones materiales para que la política de Reconciliación Nacional y Social tenga sentido para la gente común.

Una política de Estado para la reconciliación debe responder, al menos, a tres tipos de fracturas, territoriales, sociales e históricas. La agenda ecológica ayuda a las tres.

Primero, las fracturas territoriales. Hoy, la polarización “cambas vs collas” se expresa también en el mapa de la devastación, incendios y desmontes masivos en el oriente; crisis hídrica y retroceso de glaciares en el occidente; tensiones por la tierra y los bosques en la Amazonía y el Chaco. Si el gobierno impulsa un plan de Deforestación Cero con monitoreo satelital y participación ciudadana; si reforesta masivamente con especies nativas; si blinda áreas protegidas y territorios indígenas frente al avance ilegal; si ordena el uso del suelo con criterios técnicos y no clientelares, está haciendo algo más que “cuidar la naturaleza”, está enviando una señal de justicia territorial. El Estado deja de autorizar, por acción u omisión, que unas regiones “quemen” su propio futuro para sostener privilegios de otras; se convierte en árbitro equitativo de la casa común.

Segundo, las fracturas sociales. La reconciliación que hemos venido pensando no es solo entre élites políticas; es entre un Estado que durante décadas ha socializado los daños y privatizado los beneficios, y unas mayorías que han pagado el precio con su salud, su agua y sus medios de vida. Por eso, cuando se plantea erradicar progresivamente el mercurio, proteger cabeceras de cuenca y recuperar suelos degradados, se está hablando de reparación ecológica y social, de devolver, en la medida de lo posible, condiciones de vida digna a quienes fueron tratados como habitando "zonas de sacrificio". Si, además, se decide que los excedentes del litio se destinen de manera transparente a educación, salud y transición energética, la política ecológica se vuelve un mecanismo de redistribución, el nuevo ciclo productivo deja de ser un enclave más y se convierte en un motor compartido del desarrollo humano.

Tercero, las fracturas históricas. La Reconciliación Nacional y Social exige cerrar el ciclo nacional-popular e inaugurar un ciclo ciudadano, plural y democrático, donde libertad, igualdad e inclusión se sostengan en un proyecto de país compartido. La ecología, bien entendida, le da contenido concreto a ese horizonte, producimos, sí, pero sin incendiar el futuro; aprovechamos el litio, sí, pero para financiar la educación de nuestros hijos y la energía limpia que necesitaremos mañana; defendemos la propiedad y la iniciativa privada, sí, pero bajo reglas que impiden que la ganancia de unos se pague con el envenenamiento de otros. Es una manera de reconciliarnos también con nuestra propia historia, dejar atrás el papel de territorio colonial extractivo y asumir el desafío de ser una República que cuida responsablemente sus bienes comunes.

Aquí entra en escena un actor decisivo, la juventud. No es casual que las principales demandas ecológicas en Bolivia y en el mundo vengan de las y los jóvenes. Para ellos, el cambio climático no es una estadística, es el telón de fondo de sus vidas. Ven arder los bosques, secarse los ríos, retroceder las nieves que sus abuelos conocieron; y sienten que se les está robando el futuro a cuenta gotas. Una política de reconciliación que solo hable de heridas del pasado pero ignore el miedo y la rabia de las generaciones más jóvenes frente al colapso ambiental, será percibida como un ajuste de cuentas entre adultos, no como un proyecto de país.

Precisamente por eso, las medidas ecológicas del gobierno de Rodrigo Paz deberán tener un valor político adicional, pueden convertirse en el núcleo de un pacto intergeneracional. Una Escuela Nacional de Educación Ambiental, la incorporación de contenidos ecológicos en la currícula, los programas de emprendimiento verde para jóvenes y mujeres, la promoción de empleo vinculado a la transición energética y a la restauración de ecosistemas, son mucho más que políticas sectoriales. Son la forma de decirle a una generación entera, “ustedes no son solo quienes protestan en las calles con carteles reciclados; son quienes van a diseñar, gestionar y beneficiarse de la nueva economía verde boliviana”.

Si desde la Presidencia Plurinacional de la República se articula el trabajo de Reconciliación Nacional y Social con esta agenda ecológica —por ejemplo, tratando los conflictos socioambientales como prioridades, promoviendo diálogos territoriales sobre uso de suelo, agua y litio, incorporando la voz de la juventud y de las comunidades indígenas en el diseño de políticas—, la reconciliación dejará de ser una abstracción. Se volverá experiencia concreta, acuerdos locales para cuidar una cuenca, mesas de diálogo entre productores agroindustriales y comunidades afectadas por la quema, pactos regionales para transitar hacia formas de producción más sostenibles, con apoyos técnicos y financieros reales.

La reconstrucción del tejido social no se logrará solo con campañas de “tolerancia” o con actos simbólicos —que son necesarios—, sino también con proyectos compartidos que obliguen a cooperar. Nada obliga tanto a cooperar como gestionar un recurso común del que depende la vida, el agua de una cuenca, el bosque que protege una comunidad, la tierra de la que comen varias generaciones. Ahí, la combinación entre política ecológica y política de reconciliación tiene un potencial inmenso, crea espacios de escucha concreta (“¿cómo usamos este río?”), de diálogo informado (“¿qué alternativas a la quema tenemos?”) y de confianza ganada (“el compromiso que firmamos se cumplió, el Estado no nos mintió otra vez”).

Finalmente, hay un factor de legitimidad institucional que no debe subestimarse. La confianza en el Estado boliviano está muy dañada. Promesas incumplidas, leyes que no se aplican, instituciones capturadas, corrupción y opacidad han erosionado la credibilidad. Si, en los primeros días, el gobierno declara la emergencia ambiental y climática, pone en marcha un sistema de monitoreo con datos abiertos, deroga las leyes que incentivan desmontes e incendios y somete a auditoría pública las concesiones ilegales, estará enviando un mensaje potente: "esta vez vamos en serio". Si esa coherencia se mantiene en el tiempo, la percepción de legitimidad del Estado puede empezar a cambiar justamente allí donde hoy es más baja.

Por eso, cuando hablemos de la política de Reconciliación Nacional y Social del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, deberíamos dejar de pensar la ecología como un “anexo bonito” y empezar a verla como uno de sus cimientos. Cuidar los bosques, el agua, el clima y la biodiversidad no es un lujo de países ricos; en un país tan fracturado como el nuestro, es una condición de posibilidad para la paz social. La casa común no es una metáfora poética, es el territorio donde debemos aprender a vivir juntos, sin quemarnos el futuro unos a otros. Y nada reconciliará tanto a Bolivia consigo misma como descubrir que defender esa casa (de manera justa, democrática y participativa) puede ser, por primera vez, un proyecto compartido entre regiones, culturas y generaciones.

FIN DEL "ESTADO TRANCA"

Cambiar equipos cuando hay transición de gobierno no es un juego, es una cirugía fina. Si se opera con prisa o con ideología ciega, se pierde memoria institucional; si se le teme al cambio, se perpetúa la ineficiencia.

El mandato es claro, desmontar el “Estado tranca”, esa economía de la demora que convirtió los trámites redundantes y las firmas superfluas en peajes. ¿Cómo? Reduciendo dotaciones sobredimensionadas, cortando incentivos a la extorsión y reorganizando procesos bajo una regla sencilla: "digital por defecto, presencial por excepción"; ventanilla única, interoperabilidad de datos y plazos máximos obligatorios.

El punto de partida es reconocer lo que existe. En muchas oficinas hay funcionarias y funcionarios que manejan normas, sistemas y ciclos presupuestarios con pericia. No todos son del MAS, y la procedencia política (ayer como hoy) no sustituye la evaluación por desempeño, probidad y resultados. Descartar esas capacidades por reflejo partidario sería fabricar a pulso un Estado amnésico.

La justicia política también cuenta. Es legítimo que quienes trabajaron en la campaña de Rodrigo Paz o de Samuel Doria Medina tengan prioridad para acceder a cargos, el Estado no es ajeno a la política. Pero esa prioridad solo vale si se alinea con perfiles, méritos y competencias comprobables. Primero servicio y mérito; luego afinidad. Invertir el orden no desmonta la tranca, apenas la muda de lugar.

Conviene recordar que antes del MAS se avanzaba en la profesionalización del Servicio Civil, concursos, exámenes y estabilidad habían institucionalizado cerca de la mitad del aparato. Volver a esa senda no es nostalgia, es sentido común. Y debe hacerse concursos abiertos y públicos, jurados mixtos (Estado, academia, sociedad civil), evaluaciones de desempeño y estabilidad condicionada al cumplimiento de metas.

El método importa. En los primeros días, auditar puestos y procesos para mapear cargas y duplicidades; aplicar un “semáforo” de personal que preserve a quienes son clave, recualifique a quienes pueden mejorar y separe (con debido proceso) a quienes no cumplan estándares; y abrir concursos transparentes con una ventana de prioridad para quienes apoyaron la campaña, siempre que acrediten idoneidad. Todo con resultados auditables y publicación de listas, puntajes y fundamentos.

Para evitar recaídas, se requieren salvaguardas, topes de dotación por entidad y un catálogo único de puestos que impida el crecimiento inercial; contratos con fecha de caducidad en proyectos y evaluación ex post de impacto; un código anticorrupción operativo que obligue a declarar conflictos de interés, verifique patrimonios, rote personal en áreas sensibles y sancione la mora injustificada; y KPIs públicos por entidad/tiempos de trámite, satisfacción ciudadana) para medir, comparar y corregir.

Una transición inteligente no niega la política, la ordena. Recompensa la lealtad, pero la subordina al mérito; reduce la burocracia, pero preserva la experiencia; acelera los trámites, pero refuerza los controles. Ese equilibrio es la llave para desmontar el “Estado tranca”. Menos barreras, más servicio, que el cambio se note en la ventanilla y en la vida cotidiana.

LA REPÚBLICA PLURINACIONAL

En las teorías políticas conviven varias maneras de entender el Estado. Mi mirada lo piensa como un aparato público que organiza el poder para legislar, gobernar e impartir justicia sobre y con la población que habita un determinado territorio.

La tradición republicana añade la forma, el poder se ejerce bajo el imperio de la ley, con división e independencia de poderes y controles recíprocos. Otras lecturas interpelan su contenido real, a quién le sirve y cómo se usa, porque sin límites efectivos el aparato termina capturado por intereses particulares. No son visiones que se excluyan, se complementan y obligan a una definición práctica y exigente.

Mi propuesta es clara y compatible con la diversidad del país, Bolivia es una República (la forma que limita y ordena el poder) cuyo Estado es plurinacional (la composición de su ciudadanía reconocida). No hay contradicción. La República fija reglas, leyes, derechos, separación de poderes, etc.. La plurinacionalidad reconoce que gobernamos sobre distintos pueblos que por razón de origen pueden considerarse naciones. La primera ordena; la segunda incluye. Juntas construyen un nosotros democrático.

Esta diferencia es trascendental. El masismo concibe al Estado como conteniendo a la sociedad, en su visión todas y todos los ciudadanos somos parte del Estado y es el Estado el que se compone en Sociedad Política y Sociedad Civil. Una visión republicana concibe al Estado como una oficina desde la que se gobierna y se regula la convivencia de la sociedad, el Estado es la Sociedad Política, mientras que fuera de él están las instituciones de la Sociedad Civil. Somos ciudadanos que ejercemos nuestra libertad, no somos funcionarios, ni subditos de un Estado.

Ese tipo de Estado debe cumplir sin ambigüedades sus tareas esenciales. Legislar, gobernar e impartir justicia; el Legislativo hace leyes, el Ejecutivo administra y ejecuta, el Judicial resuelve conflictos y protege derechos. Sin esa separación no hay República sino arbitrariedad. Por eso es innegociable una reforma judicial basada en mérito, carrera y transparencia.

El monopolio de la fuerza es exclusivo y único, pero estrictamente sometido a la ley. Fuerzas Armadas y Policía bajo conducción civil y control democrático; protocolos de uso proporcional de la coerción; y un Defensor del Pueblo capaz de proteger a la ciudadanía frente a abusos del propio Estado. Autoridad sí; discrecionalidad, no.

Garantizar derechos, seguridad jurídica y orden público es indelegable. Sin seguridad jurídica no hay inversión, empleo ni futuro; sin seguridad ciudadana no hay libertad. La prevención, la regulación y la sanción deben regirse por reglas claras, previsibles y estables. Primero la ley; nunca el capricho.

También corresponde al Estado coordinar y regular la economía cuentas claras. Recaudar, gastar y rendir cuentas con reglas fiscales; priorizar bienes públicos como la salud, la educación, la infraestructura. Esto exige autonomías vivas y un pacto fiscal efectivo, con competencias definidas y mayor capacidad de recaudación y gestión subnacional, para que la solución esté más cerca de la gente.

El Estado representa el interés general sin confundirse con la sociedad. No es el país en si mismo (como ha pretendido el MAS), ni un gobierno de turno, sirve a la ciudadanía y está sometido a la Constitución. Cuando el aparato estatal se confunde con “el pueblo”, se borran los límites y se abre la puerta a la corrupción y al abuso.

De esta arquitectura se desprende un modelo operativo nítido: un Estado pequeño pero fuerte, descentralizado y eficiente. Pequeño, porque no pretende hacerlo todo ni suplantar a la sociedad; fuerte, porque hace bien lo que le toca y no renuncia a su autoridad; descentralizado, porque decide junto a los territorios; eficiente, porque se organiza por resultados y rinde cuentas.

Nuestra apuesta republicana y plurinacional no es consigna sino un contrato institucional para recomponer confianzas, proteger libertades y encender de nuevo el motor del desarrollo. Se sostiene en reglas estables con separación de poderes y control recíproco; en una justicia que funcione por mérito, carrera, transparencia y acceso real; en una fuerza legítima y limitada, con seguridad que respeta derechos, responde a mando civil y al control democrático; descentralizado, con recursos equitativamente distribuidos, mediante un pacto fiscal y autonomías plenas para los gobiernos locales que deciden y rinden cuentas.

Bolivia necesita ese "Estado-oficina" que ordene, incluya y haga cumplir la ley; una República que sea ese poder y una plurinacionalidad que reconozca a todos y todas. Ese es el camino para pasar del conflicto repetido a la convivencia democrática, y del estancamiento a un progreso compartido.