Durante años he sostenido (como tantos otros observadores comprometidos con la democracia) que el régimen de Nicolás Maduro había agotado toda legitimidad política al desconocer los resultados electorales en su país, vaciar de contenido a las instituciones y perpetuarse en el poder mediante la coerción. El desenlace reciente, su captura y traslado forzoso a Nueva York para responder ante la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico y otros delitos, obliga a formular una comparación incómoda pero necesaria. ¿Por qué en Venezuela el final fue violento y mediado por una intervención externa, mientras que en Bolivia una crisis comparable pudo resolverse sin guerra civil ni ocupación extranjera?
En Venezuela, la evidencia de una victoria opositora encabezada por Edmundo González, con el liderazgo cívico de María Corina Machado, no produjo alternancia. El régimen optó por desconocer el mandato popular. Las protestas fueron masivas y persistentes, pero no lograron quebrar el núcleo decisivo del poder, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ese apoyo no fue neutro ni circunstancial; diversos informes e investigaciones han señalado la existencia de vínculos entre estructuras del poder venezolano y economías ilegales transnacionales, con conexiones hacia Colombia, a través de las FARC y el ELN, y hacia Bolivia, en particular el Chapare, bajo el control político-sindical de Evo Morales Ayma. Cuando una cúpula militar queda capturada por redes criminales, la desobediencia democrática deja de ser un incentivo suficiente, el costo de perder el poder se vuelve existencial y se traduce, inevitablemente, en la cárcel.
En ese contexto, la intervención de Estados Unidos de Norteamérica (condenable desde el derecho internacional y problemática desde la soberanía) aparece menos como una solución que como el síntoma de un bloqueo interno total. No es una salida virtuosa; es el recurso extremo al que ha recurrido la democracia venezolana cuando el sistema político ha sido vaciado desde dentro y la ciudadanía, por sí sola, ya no logra forzar la transición.
El contraste con Bolivia resulta elocuente. En 2019, un fraude electoral acotado, diseñado con la colaboración de Cuba y la propia Venezuela, para impedir una segunda vuelta que Evo Morales probablemente habría perdido, desató una reacción cívica inédita. Durante veintiún días, la movilización pacífica y persistente de la ciudadanía quebró el artificio autoritario. Lo decisivo no fue la violencia, sino la legitimidad social de la protesta y su capacidad de interpelar a las propias fuerzas del orden. Policías y militares se replegaron y se negaron a reprimir no por romanticismo democrático, sino porque el fraude era visible, el aislamiento del gobierno era real y, dato no menor, no existía una captura estructural de las Fuerzas Armadas por economías criminales como es el caso venezolano. El costo de obedecer al régimen era, a todas luces, mayor al de alinearse con la legalidad.
En Bolivia, la transición se desarrolló a través de una secuencia institucional que, pese a sus tensiones y fragilidades, buscó preservar la legalidad constitucional y evitar un vacío de poder. Tras la renuncia de Evo Morales Ayma, quien abandonó el país y se asiló en México, se abrió un proceso de deliberación parlamentaria orientado a restablecer una Presidencia reconocida por la ley y la Constitución. En ese marco, universidades, iglesias, partidos políticos (incluido el MAS) y diversos actores de la sociedad civil cumplieron un rol decisivo de mediación y contención, favoreciendo la construcción de un acuerdo social e institucional mínimo que permitiera encauzar la crisis. Ese consenso derivó finalmente en la designación de la Dra. Jeanine Añez como Presidenta transitoria, con un mandato explícito y acotado, el convocar a nuevas elecciones y garantizar la continuidad del Estado, evitando así una escalada de violencia y afirmando una salida democrática frente a una ruptura de legitimidad.
Bolivia mostró así una fortaleza poco celebrada, una cultura cívica capaz de defender el voto y de producir una salida sin espiral de sangre. Fue una resolución imperfecta y tensa, pero democrática en su núcleo. La diferencia entre ambos casos no reside en la épica ni en la pureza de los actores, sino en variables duras, la captura del aparato coercitivo, la existencia de economías ilegales como seguro de poder y la capacidad ciudadana de presión legítima. En Venezuela, el poder militar permaneció orgánicamente alineado al régimen; en Bolivia, no.
Exaltar la experiencia boliviana no implica negar sus fragilidades, sino reconocer un mérito colectivo, haber resuelto una crisis de legitimidad sin guerra interna ni tutela extranjera. Ese capital cívico existe y debe ser cuidado. Para Venezuela, el desafío que se abre ahora es enorme. Ojalá el fin del régimen no derive en una ocupación prolongada ni en un tutelaje indefinido. La única salida sostenible pasa por la negociación política, acuerdos verificables y reconstrucción institucional, con justicia y debido proceso para los responsables, pero sin venganza ni humillación nacional; la democracia no siempre llega en envases puros; a veces emerge del conflicto y, en los peores casos, de la intervención externa, pero incluso entonces, el horizonte debe ser la soberanía democrática. Si algo enseña esta comparación es una lección tan sobria como decisiva, cuando la ciudadanía conserva capacidad de acción y el Estado no ha sido secuestrado por el crimen, la democracia puede defenderse sin fusiles extranjeros. Bolivia lo hizo; Venezuela, ojalá, pueda ahora reconstruir ese camino.
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