¿POR QUÉ SAMUEL?

Bolivia llega a este domingo 17 de agosto de 2025 con una urgencia impostergable: ordenar la casa sin volver a romperla. Además de atender con prioridad y urgencia en los primeros 100 días la escasez de dólares, la gasolina y la inflación, debemos mirar el horizonte de mediano y largo plazo. Por eso me inclino por una candidatura de centro, como es la de la Alianza UNIDAD. Me explico:

Terminada por fin la hegemonía del etnopopulismo autoritario del MAS, no basta con cambiar rótulos ni proclamar refundaciones cada quinquenio. Toca tejer acuerdos duraderos, con reglas que no cambien al antojo de turno. Es hora de abrir un nuevo ciclo democrático y ciudadano tras el lento agotamiento de lo nacional-popular. En ese horizonte, la candidatura de Samuel Doria Medina encarna —a mi juicio— la propuesta equilibrada que el país reclama: frenar el péndulo catastrófico, desterrar la cultura de la cancelación y convertir la reconciliación nacional y social en política de Estado. Esa integralidad la distingue frente a opciones demasiado pequeñas para sostener las reformas que prometen, o demasiado extremas, condenadas a profundizar lo que dicen combatir.

El péndulo catastrófico es un viejo conocido. Vamos del estatismo rígido al mercado desregulado; del centralismo férreo hacia autonomías sin puentes; del lenguaje republicano al plurinacional sin mediaciones. Cada administración promete “empezar de cero” y, en ese ritual, desprecia aprendizajes, desarma equipos técnicos, reinventa trámites y desmonta instituciones. No sustituimos un modelo por otro: los agotamos todos. La inversión se retrae ante reglas movedizas; los proyectos pierden continuidad; la ciudadanía aprende a desconfiar porque sus derechos dependen del viento de la semana. Cortar ese vaivén no exige dogmas, sino una brújula con mínimos comunes que ningún gobierno esté interesado en alterar: democracia constitucional, independencia de la justicia, libertades garantizadas y previsibilidad económica. Nadie pierde por respetarlos; todos perdemos cuando se los vulnera.

La cultura de la cancelación alimenta ese péndulo. No hablo de linchamientos digitales, sino de una práctica estatal y social: cada administración borra lo anterior para lucir “nueva”. Se cambian logos, currículas, manuales y, sobre todo, prioridades. La memoria institucional se vuelve sospechosa y el saber acumulado, prescindible. Es populismo organizacional, ovación en el arranque y factura en el mediano plazo. La salida es simple en el principio y compleja en la ejecución, se trata de encadenar políticas públicas. Si una funciona, se queda y se mejora, incluso si nació en un gobierno de signo contrario. Para lograrlo, hay que profesionalizar la administración (carrera pública basada en mérito y evaluación), someter programas a evaluaciones independientes y publicar datos abiertos para una auditoría social permanente. No es cosmética, blinda avances y destierra el síndrome de la refundación que tanto daño nos hizo.

Sobre esa base se levanta el tercer pilar: volver la reconciliación nacional y social una política de Estado. Reconciliar no es amnistiar el pasado ni decretar el olvido; es reconocer agravios y construir confianza para convivir en la diferencia. Bolivia es una suma potente de diversidades —regionales, étnicas, culturales, ideológicas— y ninguna prospera a costa de las otras. La reconciliación exige memoria y reparación simbólica donde corresponda; justicia independiente, sin revanchas; un currículo escolar que enseñe a debatir sin llegar a los golpes y a disentir sin excluir; y un pacto productivo que ordene la economía desde la ley y el trabajo, desterrando la idea de que cualquier fin justifica los medios. Convertirla en política de Estado implica un marco legal con programas permanentes de diálogo social, mediación comunitaria y cohesión cívica; comisiones de verdad que escuchen, documenten y recomienden; y un sistema de indicadores que mida los avances en convivencia, equidad y seguridad ciudadana.

Frente a ese triple desafío, Samuel Doria Medina aparece como la opción más realista y equilibrada. Primero, por su vocación de construir mayorías de centro que convoquen desde la derecha liberal hasta la izquierda democrática, sin vetos identitarios. Ese arco posibilita reformas profundas, la justicia independiente no se decreta, se acuerda con reglas transparentes, concursos meritocráticos y control ciudadano. Segundo, por su enfoque en el desarrollo que crea empleo con reglas claras. Urge liberar la energía emprendedora, simplificar trámites y derribar barreras que hoy premian a los grandes informales y castigan a pequeños emprendimientos que necesitan formalizarse. No hay contradicción entre alentar la inversión privada y preservar programas sociales bien focalizados; solo con crecimiento y eficiencia fiscal se sostienen los apoyos a los más vulnerables. Tercero, por un compromiso explícito con las libertades —de conciencia, de expresión, de organización, de prensa—, condiciones para el diálogo y el control público.

La comparación con otras opciones debe ser programática, no personal. Hay candidaturas valiosas por sus ideas, pero sin alcance nacional ni capacidad de articulación para sostener un ciclo entero de reformas. La gobernabilidad no es logística: es la diferencia entre anunciar y ejecutar. También existen propuestas de “recambio radical” que suenan profundas, pero en el gobierno reinstalan el péndulo y su lógica de tierra arrasada: cambian reglas de forma abrupta, reescriben la conveniencia y colocan operadores donde deben estar profesionales. El corto plazo aplaude; el mediano plazo paga. No atribuyo malas intenciones a andie, constato un diseño que, por extremista, convierte el poder en botín. La trampa de siempre: ganar la elección y perder la historia.

El equilibrio no es tibieza: es vocación de Estado. Supone admitir que Bolivia no puede vivir entre absolutos excluyentes; que la república constitucional —con sus defectos— fue el piso desde el que aprendimos a resolver disputas sin disparar balas y a cambiar gobiernos sin que se caiga el mundo; que la diversidad no se gestiona con catecismos, sino con reglas que cuidan derechos y deberes por igual. Supone también un nuevo trato productivo: combatir el contrabando que asfixia industria y empleo; abrir mercados con inteligencia; acordar con regiones proyectos de infraestructura y conectividad que nos integren sin centralismos agobiantes; modernizar aduanas, puertos secos y pasos fronterizos; y digitalizar trámites para que emprender deje de ser una hazaña. Nada de esto es espectacular, por eso funciona: muchos países lo han hecho, y las y los bolivianos no somos marcianos.

A tres días de votar conviene recordar que los países que mejor avanzan no eligen al político con la frase más encendida, sino a quien sabe construir acuerdos y sostenerlos más allá de su firma. En mi opinión, Samuel Doria Medina representa esa capacidad: priorizar una reforma seria de la justicia, impulsar reglas económicas claras que oxigenen la iniciativa privada y mantener un compromiso firme con las libertades y con la reconciliación como política pública. No promete milagros ni atajos. En tiempos de ansiedad, eso es una virtud: metas alcanzables y un método para lograrlas.

El 17 de agosto no decidimos solo quién administrará el Estado por cinco años. Elegimos si seguimos oscilando entre absolutos que se cancelan o damos el salto a la adultez democrática, quiero encadenar avances, reconocer diferencias sin exaltarlas y convertir la política en construcción, no en batalla. Votemos con serenidad, informados y en paz. Apostemos por una propuesta equilibrada que cierre el ciclo del péndulo y de la cancelación y ponga en marcha una reconciliación verdadera, sostenida por instituciones que no dependan de quién gane la próxima elección. Reconciliar es ganar futuro: un país donde nadie pida permiso para pensar distinto y donde el mérito del trabajo honesto valga más que la cercanía al poder. Ese país está a nuestro alcance si nos atrevemos a construirlo juntos.