PARA QUE NO SE DIGA QUE NO LO DIJE:

Hay momentos en la vida de un país en los que la eficacia técnica, siendo importante, deja de ser suficiente. No porque la economía deje de importar, sino porque la economía por sí sola no alcanza a ordenar los temores, las expectativas, las memorias ni las identidades que se mueven por debajo de la superficie. En esos momentos, gobernar exige algo más que administrar, exige conducir, interpretar, nombrar y convocar. 

El gobierno de Rodrigo Paz llegó al poder en una coyuntura cargada de urgencias económicas, tensiones sociales y una evidente fatiga histórica frente a los excesos del gobierno anterior. En ese contexto, era comprensible que la estabilización, la disciplina fiscal, la certidumbre y la recuperación de cierta racionalidad estatal ocuparan un lugar central. Nadie sensato podría negar la importancia de ese esfuerzo. Un país no puede reconstruirse sobre el desorden perpetuo, ni sobre la improvisación convertida en método, ni sobre la ilusión de que la política puede ignorar indefinidamente las restricciones de la realidad.

Pero justamente porque Bolivia arrastra fracturas más hondas que las puramente económicas, la etapa actual parece exigir un paso adicional. El gobierno no solo necesita administrar mejor; necesita también explicarle al país hacia dónde quiere conducirlo. Necesita ofrecer un horizonte compartido.

Ese es, acaso, uno de los grandes desafíos del presente, evitar que una gestión razonable en el plano técnico termine quedándose corta en el plano simbólico y político. Porque cuando una sociedad tan diversa y tensionada como la boliviana no encuentra una narrativa democrática capaz de incluirla, otros relatos aparecen para llenar el vacío. Y no siempre lo hacen desde la moderación, la convivencia o el pluralismo.

Uno de los riesgos de todo gobierno que llega después de una etapa de deterioro institucional es que termine asumiendo una lógica esencialmente reactiva. Se responde a la crisis cambiaria, al conflicto de combustibles, a las demandas sectoriales, a la presión sindical, a los problemas de abastecimiento, a la protesta callejera, al desgaste de la confianza. Y, por supuesto, responder es necesario. Pero responder no equivale a orientar.

Orienta supone dotar de sentido a las respuestas. Supone inscribir cada medida en un relato más amplio sobre el país que se quiere construir. Supone decir no solo qué se hace, sino para qué se hace, con quiénes se quiere hacerlo y en nombre de qué idea de Bolivia se gobierna.

En este punto parece abrirse una pregunta relevante para la etapa actual, ¿ha logrado el gobierno convertir su agenda de estabilización y orden en una narrativa nacional incluyente? ¿Ha conseguido traducir la necesidad de corrección económica en una promesa política capaz de convocar a sectores diversos de la sociedad boliviana?

Mi impresión, al menos por ahora, es que esa tarea sigue pendiente.

Bolivia nunca ha sido una sociedad sencilla. Es un país atravesado por fracturas históricas, regionales, étnicas, culturales y sociales que no desaparecen porque se las silencie. A veces se repliegan; a veces mutan; a veces parecen administrables. Pero siguen ahí, actuando bajo la superficie, esperando el momento en que una crisis, un conflicto o una torpeza discursiva las reactive.

Por eso, en Bolivia, la política no puede limitarse a la buena administración de variables. Necesita producir también un lenguaje de encuentro. Una forma de reconocimiento recíproco. Una idea de país en la que los diferentes puedan verse reflejados sin sentir que para existir deben borrar al otro.

Esa es, quizá, la parte más exigente de gobernar en una democracia plural. Y también la más delicada. Porque requiere reconocer que no basta con tener razón en términos técnicos, si amplios sectores sociales no se sienten nombrados, incorporados o convocados por el relato oficial.

Aquí aparece un punto central, la Bolivia que emergió con más fuerza en las últimas décadas ya no puede ser entendida con categorías viejas. El país ha cambiado. Existen nuevas clases medias populares, sectores urbanos plebeyos con aspiraciones claras de movilidad, juventudes que crecieron en un entorno más mestizo y más desinhibido frente al poder tradicional, emprendimientos populares y un empresariado indígena que adquirió presencia económica y autoestima social en una escala difícil de ignorar.

Ese país no es marginal. Es parte central de la Bolivia contemporánea. Y si no encuentra un lugar claro dentro de una narrativa democrática de futuro, inevitablemente buscará otras formas de expresión. A veces serán legítimas y constructivas; otras veces, más ásperas, más resentidas o más fácilmente capturables por discursos de confrontación.

Hay una verdad que convendría asumir con serenidad, cualquier intento serio de construir un Acuerdo Nacional en Bolivia será insuficiente si no incorpora plenamente a la Bolivia indígena y popular, a los indios y cholos urbanizados, a las nuevas clases medias emergentes y al empresariado indígena que se consolidó en el ciclo del MAS.

No como gesto de corrección política. No como concesión retórica. No como simple reflejo decorativo de la diversidad. Tiene que ser el reconocimiento de un hecho decisivo, esa Bolivia forma parte constitutiva del país real y de su presente histórico; no se puede caminar sin ella.

Pretender ordenar Bolivia sin incorporar a esos sectores como sujetos legítimos del proyecto nacional sería insistir en una forma de ceguera que ya ha demostrado sus costos. Pero también sería un error pensar que la sola apelación a esas identidades, sin un marco democrático común, resuelve el problema. La cuestión no es reemplazar una exclusión por otra como quiso hacer fallidamente el MAS, ni una élite cerrada por una legitimidad fundada únicamente en la herida histórica.

La cuestión es más compleja y y está madura, se trata de construir ciudadanía compartida a partir de una sociedad diversa. Se trata de producir una síntesis democrática donde la inclusión no derive en fragmentación, y donde la diferencia no se vuelva coartada para la sospecha mutua.

Bolivia no necesita una política que niegue sus pluralidades. Necesita una política que las vuelva convivibles.

En ese contexto, lo ocurrido en el reciente Cabildo de El Alto merece atención cuidadosa, no simplificaciones.

Más allá de las discrepancias en algunas coberturas sobre los alcances exactos de ciertas resoluciones, hay elementos suficientemente claros. Se expresaron demandas vinculadas a la Ley 157, a las dietas legislativas, al problema de tierras, a los combustibles, a la justicia y al vínculo entre el gobierno y las organizaciones sociales. También emergió un tono de presión política que no debería pasar inadvertido.

Lo más interesante, desde el punto de vista analítico, es que el Cabildo parece haber condensado algo más que una protesta por temas puntuales. En él se cruzaron malestares de distinta naturaleza, económicos, institucionales, territoriales y simbólicos. Esa mezcla es importante. Cuando una protesta deja de girar en torno a una sola demanda y empieza a reunir múltiples agravios en un mismo escenario, suele estar indicando una crisis más amplia de representación, escucha y confianza.

Una democracia madura no debería ver estos hechos solo como amenaza ni solo como ruido. Debería leerlos también como advertencia. Como señal de que existen sectores que no se sienten suficientemente incorporados al curso actual del proceso político. Y cuando esa percepción se acumula, el espacio se vuelve más receptivo para discursos de ultimátum, de exclusión o de revancha.

El mayor problema de una narrativa insuficiente no es estético. Es político.

Cuando el centro democrático no logra producir un relato de país capaz de combinar estabilidad, inclusión, pluralismo y futuro, se multiplican las posibilidades de captura del descontento. Por un lado, reaparecen discursos excluyentes, a veces teñidos de un racismo apenas disimulado, que miran con desconfianza o desdén la democratización social del país. Por otro, resurgen discursos atávicos que convierten la memoria del agravio en lenguaje permanente de confrontación.

Ambos registros son peligrosos. Ambos degradan la conversación pública. Ambos estrechan el campo de una salida democrática y plural.

Sería injusto atribuirle al gobierno la responsabilidad exclusiva por ese fenómeno. Bolivia arrastra una larga historia de polarización rentable y de actores que lucran con el resentimiento. Pero también sería ingenuo no advertir que los vacíos de conducción simbólica suelen facilitar ese tipo de ocupación del espacio público.

De ahí que el desafío de esta etapa no sea únicamente sostener el orden económico, sino acompañarlo con una pedagogía política de mayor escala. Una que explique. Una que convoque. Una que incorpore. Una que desactive la lógica binaria de las Bolivias enfrentadas.

La reacción en torno a la Ley 157 es otro ejemplo de algo que la política boliviana debería aprender a no subestimar, ciertos temas no pueden ser tratados exclusivamente en clave jurídica o administrativa.

La tierra, en Bolivia, es mucho más que un objeto económico. Es una condensación de historia, desigualdad, arraigo, memoria y temor. Hablar de tierra es tocar fibras profundas de la estructura social y del imaginario colectivo. Por eso, cualquier modificación legal, cualquier señal ambigua o cualquier percepción de desprotección se carga rápidamente de sentidos que van mucho más allá de la letra de una norma.

Lo mismo ocurre con la justicia, con el combustible, con los privilegios de la clase política o con el trato que reciben las organizaciones sociales. Son temas concretos, sí, pero también son símbolos. Hablan de dignidad, de jerarquías, de cercanía o lejanía del poder, de confianza en el Estado, de respeto por la ciudadanía.

Cuando el gobierno procesa esos asuntos solo en clave técnica, corre el riesgo de quedarse con la razón administrativa y perder la inteligibilidad política del conflicto.

Afortunadamente, nada de esto obliga a una lectura fatalista. Más bien al contrario, si el problema principal está en la necesidad de ampliar, profundizar y humanizar la conducción política del proceso, entonces todavía hay margen para corregir, enriquecer y reencauzar.

El gobierno podría dar un paso importante si asume que la estabilidad económica y la conducción simbólica no son tareas rivales, sino complementarias. Una necesita de la otra. El orden sin relato se enfría. El relato sin resultados se vacía. Lo que Bolivia requiere es una síntesis más exigente, una política capaz de unir responsabilidad económica con integración nacional, eficiencia estatal con escucha social, pluralismo democrático con promesa de futuro.

Para ello harían falta hablarle con mayor claridad a la Bolivia emergente y reconocerla como protagonista legítima del nuevo ciclo. Haría falta tender puentes más sólidos con sectores populares, indígenas, urbanos y regionales que no siempre se sienten convocados por el lenguaje gubernamental. Haría falta sustituir una parte de la lógica reactiva por una lógica más deliberada de convocatoria nacional. Haría falta, sobre todo, instalar con decisión una narrativa de escucha, diálogo, reconciliación y convivencia democrática como política de Estado.

La cuestión de fondo sigue siendo esta, ¿puede Bolivia avanzar hacia una etapa de estabilidad y modernización sin reconstruir al mismo tiempo un mínimo horizonte compartido entre sus diversos sectores sociales y culturales?

El país necesita una narrativa que no niegue el conflicto, pero que tampoco viva de él. Una narrativa en la que el mercado, el Estado y la sociedad no aparezcan como enemigos inevitables. Una narrativa que convoque a empresarios, trabajadores, clases medias, juventudes, pueblos indígenas, emprendedores populares y regiones diversas dentro de una misma conversación democrática. Una narrativa que no fuerce a elegir entre crecimiento e inclusión, entre modernización y pertenencia, entre orden y dignidad.

Y, sobre todo, una narrativa que entienda algo esencial, sin etnias, sin indios y cholos, sin cambas y cunumis, sin la Bolivia emergente, sin nuevas clases medias y sin empresariado indígena, no habrá acuerdo nacional verdaderamente viable. Habrá, en el mejor de los casos, una administración temporal de la fractura.

Quiero advertirle otra vez al actual gobierno, con honestidad, que todavía está a tiempo de ampliar el sentido de su propia gestión. Que todavía puede pasar de una lógica predominantemente administrativa a una lógica más política. Que todavía puede hablarle al país no solo en nombre del orden, sino también en nombre de una comunidad nacional capaz de reconocerse en su diversidad.

Ese paso no resolverá todos los problemas. Pero podría evitar que otros, con menos escrúpulos democráticos y con mayor vocación de dividir, sigan ocupando el terreno que deja libre una narrativa insuficiente.