UN ACUERDO NACIONAL SE CONSTRUYE

En mi corto entender, y desde esa limitada experiencia personal que uno va acumulando más por vivir ciertas cosas que por haberlas leído, conozco dos procesos de convergencia política que pueden llamarse, con propiedad, acuerdos o pactos nacionales. Ambos tuvieron consecuencias históricas importantes, trascendentes y, en términos generales, positivas. El primero fueron los Pactos de la Moncloa, en España, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, en 1977. El segundo fueron los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz, en Bolivia, bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, suscritos en julio de 1992.

Los Pactos de la Moncloa reunieron al Gobierno español y a los principales partidos con representación parlamentaria de entonces: la Unión de Centro Democrático, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, el Partido Socialista Popular, Alianza Popular y otras fuerzas importantes del espectro regional. Junto a ellos gravitaron, con enorme peso político y social, los sindicatos más representativos —Comisiones Obreras, vinculada al mundo comunista, y la Unión General de Trabajadores, vinculada al socialismo—, además de las organizaciones empresariales agrupadas en la Patronal Española de aquel tiempo. No todos fueron firmantes formales en el mismo sentido jurídico, desde luego, pero todos formaron parte del clima político, social y económico que hizo posible aquella concertación.

Aquellos pactos no fueron una reunión amable para tomarse la fotografía de la transición. Fueron un momento duro, complejo, lleno de tensiones, cálculos, desconfianzas y renuncias. España salía de una dictadura larga, enfrentaba inflación, conflictividad social, incertidumbre institucional y la necesidad urgente de construir reglas democráticas creíbles. Lo notable fue que los actores comprendieron algo elemental y, al mismo tiempo, difícil: nadie puede ganar solo. Ni el Gobierno podía imponer la transición desde arriba, ni la oposición podía exigirlo todo desde la calle, ni los sindicatos podían sostener una lógica puramente reivindicativa, ni los empresarios podían encerrarse en la nostalgia del viejo orden. Cada quien tuvo que ceder algo para ganar algo mayor, democracia, estabilidad, previsibilidad y futuro.

En Bolivia, los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz cumplieron, a su manera y en nuestra escala, una función parecida. Fueron suscritos por los jefes de los partidos con representación y relevancia parlamentaria de entonces, el MNR, ADN, MIR, CONDEPA, UCS, MBL, FRI y PDC. Su propósito fue modernizar el andamiaje institucional del Estado y comprometer reformas que trascendieran a un solo gobierno. Entre sus puntos se incluyeron la reforma y modernización del Poder Judicial, la creación del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Constitucional, la incorporación del mérito como criterio de designación de altas autoridades, la reforma educativa, la reforma electoral, la descentralización, la creación del Defensor del Pueblo, la ley de partidos políticos y la industrialización de la hoja de coca.

Esas reformas sentaron parte de las bases de los cambios que luego impulsaría el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que desembocaron en la reforma constitucional de 1994. Esa reforma reconoció, por primera vez, el carácter multiétnico y pluricultural de Bolivia, introdujo instituciones nuevas y abrió paso a una reorganización más moderna del sistema político. Después vendrían otras tensiones, otros errores, otros excesos y también otras frustraciones. Pero sería injusto negar que ese ciclo tuvo una voluntad institucionalizadora importante.

¿Qué tuvieron en común esos dos procesos? No la perfección, porque ningún pacto histórico es perfecto. Tampoco la pureza ideológica de sus participantes, porque la política real no se hace con ángeles, sino con actores de carne y hueso, intereses, temores, ambiciones y límites. Lo que tuvieron en común fue algo más importante, la preparación, el método, y una narrativa con sentido de futuro.

Ambos acuerdos fueron trabajados con anticipación. Los participantes tuvieron tiempo para consultar, discutir, resistir, negociar, entrar en conflicto y resolver parcialmente sus diferencias. Ninguno llegó a una mesa sin saber, al menos en términos generales, qué se esperaba de él. Detrás de esos procesos existía una narrativa política, una explicación del momento histórico, una lectura de la crisis, una propuesta de país y una distribución de roles. Cada actor sabía por qué estaba sentado allí y qué podía ganar, no solo para sí mismo, sino para la parte del país que decía representar.

En España, esa narrativa fue más fuerte porque sus instituciones eran más sólidas, su economía tenía una base más desarrollada y su sociedad contaba con mayores niveles de educación y organización. En Bolivia todo fue más frágil, más atravesado por la desconfianza. Pero aun así hubo una idea, modernizar el Estado, ordenar la democracia, profesionalizar algunas instituciones y comprometer reformas que no dependieran exclusivamente del humor del gobierno de turno.

Por eso conviene mirar con serenidad, pero también con preocupación, la convocatoria actual del Presidente Rodrigo Paz Pereira, que ha convocado a un encuentro nacional con cerca de seiscientos invitados, cifra que incluso podría aumentar, e incluye parlamentarios, gobernadores, alcaldes, líderes políticos, actores económicos y representantes sectoriales. La agenda anunciada menciona algunos temas centrales, a saber, sostenibilidad del modelo económico, equilibrio fiscal, seguridad jurídica, atracción de inversiones, crisis energética y redistribución de recursos bajo el mecanismo denominado “50-50”.

Nadie sensato podría estar en contra del diálogo. Al contrario, después de años de polarización, soberbia, imposición, abuso masista y desprecio por la deliberación democrática, que un gobierno convoque a conversar es una buena noticia. Bolivia necesita diálogo. Necesita escucha. Necesita reconstruir confianza. Necesita reconocer que la crisis económica, institucional, energética y social no puede resolverse solo con decretos, discursos o entusiasmo. Hasta ahí, la convocatoria merece ser valorada positivamente.

Pero un Acuerdo Nacional no nace de una invitación numerosa. Tampoco surge por acumulación de sillas, credenciales, discursos y fotografías. Un Acuerdo Nacional exige algo más difícil, claridad de propósito, legitimidad de representación, reglas de deliberación, contenido programático, método de decisión, mecanismos de seguimiento y una narrativa capaz de ordenar el compromiso de los participantes.

Ese es, por ahora, el punto débil de la convocatoria. No se sabe con suficiente claridad cómo fueron seleccionadas esas 592 organizaciones o personalidades, cuál fue el criterio para medir su representatividad, qué peso tendrá cada una en la deliberación, qué incidencia real tendrá una eventual resolución, ni qué compromisos concretos podrán asumir en nombre de los sectores que dicen representar. Más que un encuentro para deliberar y pactar, esto parece un cabildo, donde hay dos discursos, veinte aplausos de quienes decidan estar, tres viva Bolivia carajo, y a volver a casa, estimados contertulios.

Tampoco se conoce, al menos con la transparencia necesaria, cuál es el contenido del posible pacto o acuerdo. ¿Cuál es la visión de país que lo sustenta? ¿Capitalismo para todos (se van a ir la mitad)? ¿Cuál es el diagnóstico compartido? ¿Cuál es el lugar que el Gobierno propone para cada grupo, sector, región o institución? ¿Qué rol estratégico se espera que cumplan los trabajadores, los empresarios, las regiones, los municipios, las universidades, los pueblos indígenas, los sectores populares, las clases medias, los jóvenes y las organizaciones políticas?

Sin esas respuestas, el riesgo es evidente, que el diálogo se convierta en un acto y no en un proceso; en una escenografía y no en una construcción; en una suma de intervenciones y no en una arquitectura política de largo plazo. Y Bolivia, con todo el respeto que nos merecemos, ya tiene demasiada experiencia en reuniones solemnes que terminan produciendo documentos hermosos. Documentos que se aplauden por la tarde y se olvidan antes de la medianoche.

Un verdadero Acuerdo Nacional debería partir de una pregunta elemental, ¿para qué nos estamos reuniendo? No basta decir que nos reunimos porque todos dicen hablar en nombre de Bolivia, incluso cuando quieren cosas opuestas. Hay que precisar si se busca un pacto para estabilizar la economía, para sostener medidas difíciles, para reformar el Estado, para redistribuir recursos, para pacificar la conflictividad social, para reconstruir la institucionalidad democrática o para abrir un nuevo ciclo histórico. Ningún país sale de una crisis haciendo una lista infinita de deseos. Sale cuando identifica sus nudos principales y construye acuerdos posibles para desatarlos.

También hace falta una narrativa. No una consigna publicitaria, sino una visión de país. España tuvo la narrativa de la transición democrática y de la incorporación plena a Europa. Bolivia, en los años noventa, tuvo la narrativa de la modernización institucional y de la reforma del Estado, con todos sus límites y contradicciones. ¿Cuál es hoy la narrativa boliviana? ¿Cerrar el ciclo del populismo autoritario? ¿Reconstruir una democracia institucional? ¿Pasar de un Estado rentista agotado a una economía productiva, plural y descentralizada? ¿Reconciliar a las regiones y sectores sociales después de años de hostilidad? ¿Devolver al ciudadano el lugar que fue ocupado por el corporativismo, el caudillismo y la prebenda?

Si esa narrativa no existe, hay que construirla antes de convocar a todos a firmarla. Si existe, hay que explicarla. Y si se la está construyendo, hay que reconocerlo humildemente y abrir un proceso serio, no una ceremonia apresurada.

El Gobierno tiene una oportunidad importante. Precisamente por eso debería cuidarla. Un pacto nacional no debe servir para legitimar decisiones ya tomadas, ni para repartir responsabilidades de medidas impopulares, ni para neutralizar momentáneamente la protesta social. Debe servir para construir un horizonte común. Eso exige generosidad del Gobierno, responsabilidad de la oposición, madurez de los sectores sociales y una cierta pedagogía democrática que nos ayude a comprender que pactar es dialogar, que dialogar es ceder y que ceder no es perder la identidad.

Bolivia necesita acuerdos, sin duda. Pero necesita acuerdos serios. Acuerdos preparados, consultados, escritos con precisión, sostenidos por instituciones y acompañados por mecanismos de cumplimiento. Necesita menos épica de la convocatoria y más arquitectura del compromiso. Menos improvisación y más método. Menos ansiedad por anunciar el pacto y más paciencia para construirlo.

Ojalá esta convocatoria sea el inicio de algo importante. Ojalá no sea solamente un acto más en la larga historia boliviana de las oportunidades desperdiciadas. El país necesita conversar, sí. Pero sobre todo necesita saber para qué conversa, quién conversa en nombre de quién, a qué se compromete, cómo se cumple y hacia qué visión compartida de futuro se quiere caminar. Porque un Acuerdo Nacional no consiste en sentar a muchos alrededor de una mesa. Consiste en lograr que, al levantarse de ella, todos sepan que han asumido una responsabilidad con el futuro.