SOBRE LA 348 Y LA LEY BRISA

Quienes atacan con más furia la existencia de leyes destinadas a actuar rápidamente frente a violadores, acosadores y maltratadores suelen hacerlo en nombre de una defensa abstracta de la “presunción de inocencia”. Pero muchas veces esa defensa no nace de un verdadero compromiso con las garantías jurídicas, sino de una identificación subjetiva —no necesariamente criminal, pero sí cultural y emocional— con el agresor. No es que todos nosotros, los hombres, seamos violadores, acosadores o maltratadores. El problema es otro, nos sentimos interpelados por la ley porque reconocemos, en el fondo de nuestra propia conducta, en nuestros prejuicios o fantasías de poder, algo del mundo que esa ley intenta desmontar.

Por eso la "machósfera" reacciona como si la protección de las mujeres y los niños y niñas fuera una amenaza contra los hombres. Confunden deliberadamente una medida de protección con una condena anticipada. Olvidamos, o preferimos olvidar, que una cosa es castigar penalmente después de un juicio y otra muy distinta es impedir que una víctima potencial termine golpeada, violada o muerta mientras el sistema judicial “se toma su tiempo” para investigar. La presunción de inocencia que protege al acusado frente a una condena injusta no puede convertirse en una coartada para dejar indefensa a la víctima frente a un riesgo cierto, inmediato y muchas veces mortal.

Aquí aparece el fondo más oscuro del asunto, misoginia, homofobia y cultura de la violencia suelen caminar juntas. Quien ridiculiza a la mujer que denuncia, quien presume que exagera, que provoca, que miente o que “algo habrá hecho”, no está defendiendo la justicia, está defendiendo una vieja estructura de poder patriarcal. Una estructura donde el cuerpo de la mujer parece estar siempre bajo sospecha y donde el agresor aparece, curiosamente, como el verdadero damnificado.

El ejemplo es claro. ¿Dónde se ha visto que una persona asaltada, maniatada y golpeada tenga que demostrar que gritó lo suficiente, que se resistió lo bastante, que dijo muchas veces “no me asalten” para que el Estado recién le crea que no quería ser asaltado? Si alguien señala a su agresor y dice “ese me robó”, “ese me golpeó”, “ese me estafó”, “ese me violó”, el deber elemental del Estado es iniciar una investigación y adoptar medidas inmediatas para impedir nuevos daños. Nadie sensato diría que investigar un asalto es criminalizar a quienes pasaban por allí, pero cuando una mujer denuncia violencia sexual o doméstica, de pronto aparecen los defensores selectivos de las garantías, exigiéndole pruebas imposibles, resistencia heroica, pureza absoluta y hasta buena conducta retrospectiva.

La diferencia esencial es que en los casos de violencia contra las mujeres el riesgo no es teórico. Está sobradamente demostrado por la experiencia social que una mujer que denuncia a su agresor —incluso, y a veces sobre todo, si ese agresor es su pareja o marido— puede quedar expuesta a una represalia brutal. Muchas mujeres no mueren por denunciar tarde; mueren porque, después de denunciar, nadie actuó a tiempo.

Por eso estas leyes son excepcionales. No porque nieguen derechos al acusado, sino porque reconocen una realidad trágica, la violencia machista tiene una dinámica propia, progresiva, intimidatoria y potencialmente letal. La ley no puede esperar a que aparezca el cadáver para recién declarar que había peligro. Debe actuar antes. Debe separar, proteger, restringir, investigar y prevenir.

La verdadera justicia no consiste en poner en la misma balanza a una víctima amenazada y a un potencial feminicida como si ambos estuvieran en igualdad de condiciones. La verdadera justicia consiste en proteger primero la vida, garantizar después el debido proceso y sancionar finalmente con pruebas. Pero sin protección inmediata, el debido proceso puede llegar demasiado tarde, impecablemente escrito sobre una lápida.