Bolivia vive horas dramáticas y decisivas. Fuerzas descontroladas se han desatado, amenazando con llevarnos a una espiral de violencia y confrontación que puede no tener retorno.
Los sangrientos sucesos de Cochabamba ahondan un abismo de antagonismo e intolerancia entre grupos sociales, regiones y tendencias políticas. La sociedad boliviana está siendo dividida peligrosamente en fuerzas polarizadas y territorios confrontados, con visiones de país, ideologías e intereses económicos y sociales contrapuestos. Actitudes racistas, de revanchismo y odio tienden a separarnos cada día más.
El gobierno no controla el territorio nacional; su poder efectivo está limitado a solo una parte del país y de forma parcial. Las regiones responden a sus propias estructuras de poder, cada vez más autónomas y contestatarias. El aparato estatal está fraccionado y la influencia de las regiones toca a las mismas fuerzas militares y policiales. Bolivia es un territorio desmembrado políticamente. Y si no se hace algo dramático y pronto, para cambiar este escenario, la continuidad de la República no pasará de ser una ficción jurídica.
La resistencia democrática de las regiones y de amplios sectores sociales a los intentos del gobierno de implantar su supremacía absoluta, como antesala de un régimen autoritario, demuestra que el proyecto político del MAS es inviable. Al gobierno no le alcanzan las fuerzas para imponerse. Pretender resolver la fractura interna por medio de soluciones de fuerza, como se viene intentando, solo extrema los riesgos de confrontación violenta e, incluso, de una guerra civil.
Cuando las fuerzas que chocan tienen capacidad de frenarse entre sí, pero no de que una pueda derrotar a la otra, la única salida posible, antes del desastre, es buscar una solución política de compromiso, tal cual lo han hecho otros países envueltos en guerras o conflictos internos de alta intensidad. La cuestión decisiva e irreversible es el régimen de autonomías para los departamentos. La definición del régimen autonómico implica resolver las condiciones de participación de las regiones en el Estado, tal cual ocurrió en 1825 al fundarse Bolivia.
Si lo que está en juego son las bases sobre las que se estructura el Estado boliviano, entonces se necesita un pacto para reconstituir la República sobre condiciones y reglas que sean aceptables para los nueve departamentos, única forma de garantizar el futuro de la nación.
Este pacto nacional no es posible ya solo en la Asamblea Constituyente. Quienes deben forjar el pacto son los factores reales de poder: el gobierno central, las regiones representadas por los prefectos y los comités cívicos, los partidos políticos y las organizaciones populares. Un pacto que pueda reencauzar la Constituyente, para que allí se formalicen los acuerdos que den vida a la reforma constitucional, antes de someterla a la votación ciudadana.
Si hay algo nuevo en Bolivia, sobre cuya base se puede aspirar a consolidar la democracia, es la ciudadanía, verdadero producto y sustento de la construcción democrática de las últimas décadas. Esta es la fuente de la esperanza de un futuro mejor para todos, en una Bolivia soberana, libre, solidaria y equitativa.
La Paz ,14 de Enero de 2007
Colectivo SI_BOLIVIA
Muy interesante tu análisis. El punto en que puedo encontrar ciertas diferencias es en el de dar legitimidad a las regiones como unidades que participen del diálogo, o cuyas demandas se tengan que satisfacer.
ResponderEliminarMe parece que es importante ahora poner en entredicho el intento autonomizador, no aceptarlo sin más, y verificar si más allá de una reforma administrativa, tiene un sustento moral. Es decir, no vaya a incrementar la brecha de desarrollo entre las regiones.
profeso, que la culpa la tiene los electores. por esa suerte de indecisiones respecto a quien apoyar en dos elecciones consecutivas. lamentablemente nuestro sistema tiene electores pero no ciudadanos.
ResponderEliminar