BOLIVIA EN EL INTERREGNO

Un análisis construido  por quienes apoyamos el proyecto y hoy registramos su desplome.

Hay victorias que se parecen demasiado a una coronación, hasta que el tiempo —ese implacable notario de nuestras vanidades— empieza a mostrar que no eran una coronación, sino una advertencia. La victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira fue real, legítima y contundente en los números. Eso no está en discusión. Lo que estuvo mal no fue ganar, sino entender mal lo que esa victoria quería decir.

Ese 55% obtenido en segunda vuelta no fue un cheque en blanco, ni una súbita conversión del país a una doctrina liberal, moderna, eficiente, estabilizadora y feliz, como algunos entusiasmos palaciegos parecieron creer. Fue, más bien, una suma boliviana, es decir, una suma contradictoria de esperanzas, rechazos, temores, cansancios y resignaciones. Una parte del país quería cerrar, por fin, el largo ciclo del MAS; otra quería impedir el retorno de Tuto Quiroga; los sectores populares urbanos buscaban orden y alivio; las clases medias pedían algo tan modesto y tan difícil como algo de sensatez. Los transportistas, comerciantes, cuentapropistas y pequeños emprendedores esperaban, sencillamente, que la crisis dejara de respirarles en la nuca.

En Bolivia conviene recordarlo siempre, porque si no se nos olvida en cuanto aparecen los aplausos, no todo voto es amor. A veces es cansancio, otras veces es defensa propia, también puede ser la última papeleta antes de la desesperación.

Rodrigo Paz Pereira no fue elegido para refundar la República, ni para protagonizar una epopeya doctrinaria, ni para encabezar la conversión de los infieles a una nueva fe económica. Fue elegido como un Presidente de transición. Su error —y el error de quienes lo rodearon con ese entusiasmo cortesano que tanto daño hace a los gobiernos jóvenes— fue creer que el país le había entregado una licencia de transformación profunda, cuando en realidad le había confiado una tarea mucho más humilde, más ingrata y más difícil: administrar una fractura sin agrandarla.

Desde el inicio, el gobierno ordenó sus prioridades con una claridad que terminó siendo su primera ceguera, primero la economía, después la política; primero la estabilización, luego la representación; primero las inversiones, y más tarde, si quedaba tiempo y ganas, ya veríamos qué hacer con la sociedad. Como si la economía pudiera aplicarse sobre Bolivia del mismo modo en que se corrige una hoja de cálculo; como si este país fuera una planilla y no una sociedad atravesada por memorias, agravios, regiones, identidades, pobrezas, resentimientos acumulados y una historia que nunca termina de irse, aunque la demos por archivada cada cinco años.

La crisis heredada era real. Había inflación, escasez de dólares, agotamiento fiscal, problemas de combustibles y un Estado económicamente fatigado, después de años de despilfarro, improvisación y fiestas ajenas pagadas con plata que ya no existe. Nadie serio podría negar que el nuevo gobierno recibía una situación delicada. Pero una cosa es diagnosticar la enfermedad y otra muy distinta es administrar la medicina sin explicarle al paciente por qué le va a doler un tanto, cuánto durará el tratamiento y quién pagará finalmente la factura. En política, como en la medicina, el remedio puede matar si se administra con soberbia.

El retiro de la subvención a los combustibles tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. En teoría podía tener argumentos técnicos, en la práctica se convirtió en una herida política. Y esa herida se volvió más profunda con el episodio de la llamada “gasolina basura”, el combustible defectuoso, distribuido además a precios más altos, en un país donde miles de familias viven literalmente del funcionamiento de un motor. Para un transportista, para un taxista, para quien trabaja con su vehículo, aquello no fue un problema técnico ni un desperfecto administrativo. Fue una amenaza directa contra su herramienta de trabajo y, por lo tanto, contra la comida de su familia.

El gobierno no supo explicar el problema. Primero defendió una versión, luego admitió otra, después insinuó sabotajes y finalmente prometió compensaciones que no terminaron de convencer. La estabilización, que pudo haber sido comprendida como una medicina amarga pero necesaria, empezó a percibirse como una operación improvisada, mal comunicada y poco transparente. Y en política perder el beneficio de la duda es casi tan grave como perder la mayoría parlamentaria. A veces es peor, porque la mayoría se negocia; la confianza, en cambio, una vez quebrada, se vuelve un animal huidizo.

Antes de ese episodio ya había existido una señal inaugural desafortunada, el retiro de las normas que gravaban a las grandes fortunas. Tal vez el gobierno creyó que enviaba una señal de confianza a los sectores económicos, puede ser. El problema es que, al mismo tiempo, envió otra señal a los sectores populares y medios que lo habían votado esperando equilibrio, austeridad, moderación y cierta sensibilidad social; para ellos quedó flotando, desde el primer momento, una pregunta incómoda, ¿quiénes son en realidad los beneficiarios de este gobierno?

La ley agraria abrió otro frente, todavía más delicado. En Bolivia la tierra nunca es solamente tierra, es memoria, comunidad, identidad, herida colonial, Reforma Agraria, dignidad campesina e indígena. El gobierno habló de voluntariedad, productividad y modernización, pero muchas organizaciones rurales e indígenas escucharon otra cosa, que se abría una puerta a la mercantilización de la tierra y que el Estado legislaba con más oído para el agronegocio que para las comunidades. Allí el desencanto dejó de ser una molestia urbana y empezó a tocar fibras históricas mucho más hondas, de esas que no se curan con una presentación en PowerPoint ni con un ministro explicando, muy serio, que todo está técnicamente bajo control.

A ello se suma un problema estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar de verdad, el modelo económico sigue siendo extractivo. La disputa continúa girando alrededor de quién administra el excedente, no de cómo se transforma la matriz productiva del país. Se cambia el discurso, se cambian los beneficiarios, se cambia el decorado, pero el teatro económico sigue presentando la misma obra, y el público boliviano, que podrá ser paciente, sufrido y hasta resignado, tampoco vive completamente distraído.

En el terreno institucional, el gobierno tampoco logró producir una ruptura creíble. El poder judicial sigue apareciendo como un factor de conflicto, no como un árbitro confiable; su instrumentalización, su falta de independencia y las heridas que dejó en el pasado alimentan buena parte del enojo presente. La suspensión de la segunda vuelta en La Paz, por ejemplo, fue percibida por sectores movilizados como una decisión que los dejó sin representación institucional, y cuando la ciudadanía siente que se le cierra la puerta, no siempre se queda esperando educadamente en la vereda; a veces golpea la puerta, a veces la rompe. Otras veces, pocas, como sabemos bien, incendia la casa.

Aduana, Policía y Órgano Judicial continúan siendo vistos como estructuras donde la corrupción no parece una desviación sino una costumbre administrativa. Si además se confirma —o incluso si solo se instala como convicción social— que algunos puestos de trabajo también estarían siendo objeto de negociación, entonces se intuye que el Estado sigue siendo tratado como botín, solo que con nuevos administradores.

La promesa implícita de ruptura con la corrupción del masismo fue uno de los pilares silenciosos del contrato electoral de Paz Pereira, por eso la sospecha de continuidad resulta tan corrosiva. No basta con decir que se acabó el viejo régimen si muchos de sus funcionarios siguen en sus cargos, si las redes burocráticas sobreviven con esa admirable capacidad de acomodarse a cualquier poder, y si alrededor de compras estratégicas, como las del combustible, aparecen denuncias o sospechas de sobreprecios, intermediaciones oscuras y negocios demasiado parecidos a los de siempre.

Tampoco ayuda la percepción de que ciertos grupos de poder han encontrado asiento cómodo en la nueva administración. Los agroindustriales aparecen con notable visibilidad; los cooperativistas, tal vez con menos presencia pública, pero con influencia considerable. Así, el cambio prometido corre el riesgo de parecer apenas una mudanza de beneficiarios, y cuando el cambio se vuelve cosmético, la frustración social se vuelve profunda, porque el ciudadano común, que podrá no haber leído tratados de sociología política, pero entiende perfectamente cuándo lo están invitando a mirar el decorado para que no vea quién se comió la cena.

El gobierno, además, ha mostrado una seria dificultad para construir una narrativa de país. Bolivia no se gobierna solamente con medidas, se gobierna también con sentido, con relato, con símbolos, con capacidad de nombrar el momento histórico. Un gobierno puede tomar decisiones duras, pero necesita explicar hacia dónde conduce esas decisiones. Si solo administra variables, termina pareciendo una gerencia, y Bolivia, con todos sus defectos, no es una empresa quebrada, es una nación complicada, herida, vital, desconfiada y profundamente política.

Cada ministro parece encerrado en los límites de su cartera, justificando medidas parciales como si apagar incendios dispersos equivaliera a gobernar. El Presidente, por su parte, estuvo semana tras emana sobreexpuesto, intentando llenar por sí mismo el vacío de una narrativa pública que debería ser compartida por todo el equipo gubernamental. Para colmo, en más de una ocasión su palabra fue corregida por sus propios subalternos; algunos dirán que se trata de un detalle menorm pero no lo es. En política, esos detalles pesan mucho, transmiten falta de cohesión, ausencia de mando claro y debilidad comunicacional. Y los gobiernos débiles y tan faltos de apoyo, en Bolivia, no suelen vivir tranquilos.

El llamado “Acuerdo Nacional” tampoco logró resolver ese vacío. El Presidente convocó a una reunión con figuras que no representaban precisamente a los sectores que le dieron la victoria; se fotografió con líderes de la derecha que lo acompañaron, con actores asociados al viejo momento político, y presentó esa escena como un gesto de reconciliación. Pero reconciliar al país no es juntar en una sala a quienes ya tienen micrófono, agenda y poder de incidencia porque ya conviven en el gobierno. La reconciliación no es una fotografía; es una arquitectura política, y en este caso, la imagen terminó mostrando más ausencias que presencias. La paradoja fue evidente, faltaron precisamente los sectores que votaron por Rodrigo Paz Pereira. Faltaron los que esperaban alivio, representación, sensibilidad y una transición sensata, los que lo eligieron no por fervor ideológico, sino porque creyeron que con él podía evitar los extremos. Si esos sectores son los que se sienten traicionados, el enojo no es superficial sino que anida en las entrañas, de esos que no se resuelven con una conferencia de prensa ni con un nuevo eslogan diseñado por asesores que creen que la política consiste en encontrar una frase que suene bien en las redes.

Otro elemento políticamente corrosivo ha sido la figura de Fernando Cerimedo, asesor personal del Presidente. El problema no es su nacionalidad, sino la mirada política que representa, una forma de comunicación asociada a la polarización digital, a la guerra cultural de la ultraderecha en el mundo, a la agresividad discursiva y a la lectura binaria y simplista de sociedades profundamente complejas. Bolivia no se gobierna desde un manual importado de ultraderecha comunicacional, como es el caso de las recetas de este personaje. Bolivia no es un tablero abstracto de “buenos” y “malos”, “modernos” y “atrasados”, “ciudadanos” y “bloqueadores”, en un país atravesado por clivajes regionales, étnicos, económicos, históricos y simbólicos. Y el que no entienda eso podrá ganar una batalla en Twitter, pero perderá el país real, que suele ser menos obediente que los algoritmos.

El problema, en última instancia, no es solo el asesor que habla y manda fuerte, sino el Presidente que escucha mal. Gobernar no consiste en buscar consejeros que confirmen los prejuicios propios, sino en rodearse de voces capaces de advertir lo que uno no quiere oír; en Bolivia esa virtud es indispensable para sobrevivir políticamente. Aquí los presidentes no caen solo por sus enemigos, también caen por sus aduladores, que son más peligrosos porque entran sin tocar la puerta.

Las movilizaciones actuales tampoco deben ser idealizadas. Expresan un malestar real, pero no siempre tienen liderazgo claro ni agenda de futuro. Saben lo que no quieren, pero todavía no muestran con claridad qué país proponen. Esa ausencia es peligrosa, porque el malestar difuso puede ser capturado por actores con menos escrúpulos democráticos y mayor vocación de incendiar la pradera. Las y los bolivianos conocemos bastante bien la secuencia: primero se articula la rabia, luego se levanta una bandera, y finalmente esa bandera reclama para sí la representación del país.

Evo Morales, por supuesto, tiene interés en azuzar el conflicto, pero no capacidad para conducirlo plenamente; su presencia divide incluso a los sectores movilizados. El gobierno intentó atribuir la capacidad de movilización al MAS, como si todo descontento pudiera explicarse por una conspiración desde el Chapare con la marca de "narcoterrorismo" acuñada desde el Escudo de las Américas; esa explicación puede funcionar durante algunos días, pero no alcanza para entender la profundidad del malestar. Cuando demasiada gente está enojada, culpar solamente a un adversario es una forma elegante de no atreverse a mirar el espejo.

El caso de Lara añade otra complejidad. No puede leerse únicamente como víctima de Paz Pereira, aunque en parte lo haya sido. También construyó una retórica conveniente para cubrir su propia falta de pericia política, su figura, que en algún momento conectó con identidades populares y expectativas de ruptura, hoy parece alejarse de quienes se reconocieron inicialmente en ella. En política, la autenticidad puede abrir puertas, pero no reemplaza la capacidad de conducción, pero el Vicepresidente que hasta hace pocos días podía pasar por ser un payaso parado en el balcón que da a la plaza, ahora ha recuperado la figura que hace a su investidura y debe estar conspirando minuto a minuto contra el legítimo Presidente. Todos sabemos cuanto es que quiere remplazarlo, peor la rabia sirve para subir a la tarima; no siempre sirve para gobernar desde ella.

El racismo, por su parte, vuelve a aparecer con su vieja insolencia; nunca se fue del todo. Sigue vivo, agresivo y altanero, especialmente cuando los conflictos activan miedos sociales profundos. Las etiquetas, la criminalización y el desprecio son usados por los extremos con notable facilidad; cada insulto deja una herida, y cada herida prepara el siguiente episodio del conflicto. Bolivia no necesita más identidades humilladas; ya tiene demasiadas en su inventario histórico; lo que necesita es aprender, de una buena vez, que ningún proyecto nacional se construye despreciando al otro, aunque ese otro bloquee, grite, se equivoque o vote distinto.

El centro político, mientras tanto, parece haberse desplomado. El gobierno quiso presentarse como moderado, pero terminó apareciendo como un gobierno de derecha ambiguo, y la ambigüedad no es centro. El centro requiere equilibrio, sensibilidad social, capacidad de diálogo y representación plural; Paz Pereira no logró consolidarse como representante de los sectores populares que lo votaron, pero tampoco como líder confiable de las élites conservadoras con las que quiso caminar desde el primer minuto. En consecuencia, quedó en una zona incómoda, sin piso social sólido abajo y sin entusiasmo suficiente arriba. Es decir, demasiado solo para gobernar bien y acompañado por los equivocados para permitirse corregir a tiempo.

Hay una distinción que conviene subrayar, quienes rechazan los bloqueos y las movilizaciones no necesariamente apoyan al gobierno. Mucha gente puede estar cansada del conflicto, preocupada por la economía y harta de los bloqueos, sin por ello sentirse representada por Rodrigo Paz Pereira. Confundir rechazo al desorden con apoyo político sería otro error de lectura, y el gobierno ha demostrado que en materia de lectura política no anda precisamente sobresaliendo.

El fondo del problema es histórico. El cambio de periodo comenzó con la caída de Evo Morales, pero todavía no ha encontrado una forma nueva y estable. Vivimos un interregno, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es la frase que repetimos todos y todas, cada día. El Estado Plurinacional, con todas sus tensiones, parece que llegó para quedarse; el MAS, en cambio, enfrenta una destrucción moral que muchos ciudadanos no están dispuestos a perdonar. Pero que el MAS se desgaste no significa automáticamente que haya nacido una alternativa nacional capaz de ordenar el futuro, y esa confusión puede ser fatal. Una cosa es que el viejo poder se descomponga; otra muy distinta es que exista ya un nuevo proyecto de país.

Rodrigo Paz Pereira difícilmente será quien defina ese nuevo rumbo. A lo sumo, podría administrar transitoriamente la fractura, si logra entender a tiempo la magnitud del problema, pero para ello tendría que hacer algo más difícil que anunciar medidas, debiera reconstruir la confianza perdida, escuchar a quienes lo llevaron al poder, corregir el sesgo social de sus decisiones, transparentar la gestión pública, romper con las redes corruptas, abrir un verdadero proceso de diálogo y abandonar la ilusión de que Bolivia puede ser gobernada desde una mesa técnica o desde un laboratorio de guerra cultural.

El país no necesita épica vacía ni soberbia tecnocrática, necesita prudencia, verdad, firmeza democrática y sensibilidad social. Necesita un gobierno que entienda que estabilizar la economía sin estabilizar la representación política es como arreglar el techo mientras se destruyen los cimientos. Puede parecer eficiente durante unos minutos, incluso puede impresionar a los vecinos, pero al final la casa se cae igual.

La pregunta sigue abierta, incómoda y urgente: ¿a dónde va Bolivia? Tal vez todavía sea posible evitar el abismo. Pero para eso el gobierno tendría que comenzar por reconocer que no está sobre una cima, sino en medio de un puente estrecho, con demasiada gente mirando hacia abajo y muy poca confiando en quien lleva el timón. Y en este país nuestro, tan acostumbrado a caminar entre precipicios, no basta con decir que se sabe gobernar. Hay que demostrar, paso a paso, que todavía se puede cruzar al otro lado sin empujarnos unos a otros al vacío.

LA CONFIANZA PERDIDA

Hay victorias electorales que se miran en los números y parecen definitivas, aplastantes, luminosas incluso, hasta que uno se detiene, respira, mira mejor, y descubre que debajo de esa claridad estadística se escondía una profunda ambigüedad política. La victoria de Rodrigo Paz Pereira fue una de esas. Ganó, sí, y ganó bien (entre otras cosas, con mi sincero apoyo).

Ganó ampliamente en segunda vuelta, pero no ganó porque el país se hubiera convertido, de pronto, en una mayoría doctrinaria, disciplinada y convencida de emprender un giro liberal acelerado, menos aún una restauración conservadora. Ganó porque una parte importante de Bolivia quiso cerrar el ciclo del MAS, porque otra parte quiso impedir el retorno de Tuto, porque muchos sectores populares estaban cansados de la vieja política, porque las clases medias buscaban orden, porque los transportistas, los cuentapropistas, los ciudadanos agobiados por el desabastecimiento y por la angustia económica esperaban alivio, estabilidad, sensatez, pero no una ruptura del pacto electoral.

Ese fue, probablemente, el primer gran error de lectura. Paz y quienes lo rodean parecieron interpretar el resultado como un cheque en blanco. Y en política, sobre todo en Bolivia, no todo voto es adhesión. A veces el voto es esperanza, a veces miedo, a veces castigo, a veces resignación, a veces apenas el intento desesperado de evitar algo que se considera peor. Confundir esa suma contradictoria de motivaciones con obediencia política es una de las maneras más rápidas de perder el vínculo con la ciudadanía. Y cuando ese vínculo se rompe, no lo arregla un discurso bien leido, ni una fotografía solemne, ni un acuerdo bautizado con un nombre rimbombante.

La primera señal fue el retiro de las normas que imponían un impuesto a las grandes fortunas; vaya señal. Fue la peor manera de empezar.

Luego vino el retiro de la subvención a los combustibles, anunciado en diciembre de 2025, tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. No era una medida cualquiera, entraba directamente al bolsillo, al transporte, al precio de la comida, al costo de producir, trabajar, moverse y sobrevivir. Podía tener argumentos técnicos, por supuesto, dado que el país heredó una crisis económica real, con inflación, escasez de dólares, combustibles tensionados y un Estado fiscalmente exhausto. Negarlo sería demagogia mal intencionada. Pero una cosa es reconocer la crisis y otra muy distinta es administrar políticamente sus costos.

Pero hubo, además, otro factor más corrosivo, la sospecha de que la corrupción no se había ido, sino que apenas había cambiado de administración, de ropaje y de beneficiarios. La llamada gasolina basura no solo dañó motores y bolsillos; instaló también la pregunta más peligrosa para cualquier gobierno que llega prometiendo cambio, ¿quién compró, cómo compró y a qué precio compró? En la calle comenzó a circular la percepción de que pudo haber sobreprecios, intermediaciones oscuras y viejas prácticas intactas. A ello se sumó la sensación de que muchos funcionarios heredados del masismo seguían en sus puestos, operando como si nada hubiera cambiado, protegidos por redes burocráticas que sobreviven a todos los gobiernos y que se acomodan, con admirable desvergüenza, a cualquier nuevo poder. Aduanas, Policía, Órgano Judicial y otras instituciones continúan siendo vistas por la ciudadanía como pirámides de corrupción que van desde las jefaturas hasta las bases, donde cada trámite, cada protección, cada designación y cada silencio pueden tener precio. Y lo más grave, si se confirma (o aun si solo se instala como convicción social), es la denuncia de que también los puestos de trabajo se estarían vendiendo, que se cobra por otorgarlos y que el Estado sigue siendo tratado como botín. Cuando un gobierno llega prometiendo cambio y la gente siente que los mismos mecanismos de corrupción continúan funcionando, la confianza no solo se debilita, se pudre desde adentro.

Un gobierno puede pedir sacrificios cuando construye confianza, cuando explica con claridad, cuando reparte las cargas con justicia, cuando protege de verdad a los más vulnerables y cuando demuestra, además, que sabe lo que está haciendo. Lo que ocurrió fue distinto; la estabilización apareció como el primer idioma del gobierno, antes que la reconciliación, antes que la escucha, antes que la construcción paciente de una coalición social capaz de sostener el tránsito difícil que se venía encima. Primero vino la receta, después la explicación; primero el golpe, después la convocatoria; primero la decisión, después el intento tardío de persuadir.

Lo tremendo es que lo sabían. Se habló de ello con todos y cada uno de quienes tomaron esas primeras decisiones. Lo discutimos en detalle, en varias reuniones y diálogos personales, pero dijeron NO, primero la economía, primero la estabilidad, primero las inversiones...

Ahí comenzó a romperse el contrato implícito del voto. Muchos ciudadanos no habíamos votado por Paz para que gobernara como restaurador conservador, sino para que ordenara el país sin arrasar la sensibilidad popular. La diferencia no es menor. En nuestra Bolivia, esa diferencia puede ser el abismo.

Pero el verdadero punto de inflexión no fue el precio del combustible. Fue la gasolina de mala calidad. Allí el problema dejó de ser económico y se volvió moral. La ciudadanía puede aceptar una medida dura si cree que el gobierno es competente y sincero, pero cuando primero se defiende una versión, luego se admite otra, después se habla de sabotaje y finalmente se prometen compensaciones que la gente no termina de creer, el daño ya no está en el tanque del vehículo; está en la confianza pública.

Para un transportista, para un taxista, para quien vive de su motorizado, recibir combustible defectuoso no es una anécdota técnica. Es una amenaza a su instrumento de trabajo, a su ingreso diario, a la comida de su familia. Si además debe pagar más por ese combustible y luego peregrinar por una compensación incierta, el enojo no necesita demasiadas explicaciones. Basta imaginar a una familia que vive al día y que descubre que el Estado le cobra más, le entrega peor y todavía le pide paciencia.

Desde ese momento, el ajuste empezó a leerse de otra manera. Ya no como una medicina amarga pero necesaria, sino como una operación mal conducida, mal explicada y quizá poco transparente. El gobierno perdió el beneficio de la duda, que en política es una de las monedas más valiosas y también una de las más fáciles de malgastar.

Luego vino la ley agraria. Y con ella apareció un conflicto más hondo, porque la tierra en Bolivia nunca es solo tierra. Es memoria, comunidad, dignidad, historia, herida colonial, Reforma Agraria, identidad campesina e indígena, forma de vida y también refugio simbólico frente a los abusos. Tocar ese campo sin consultas suficientes, sin pedagogía política y sin sensibilidad histórica es jugar con fuego en un cuarto lleno de pólvora.

La ley fue percibida por organizaciones rurales e indígenas como una puerta hacia la mercantilización de la tierra y como una amenaza contra formas comunitarias de protección. El gobierno habló de voluntariedad, crédito, productividad o modernización; pero en política no basta con lo que se dice sobre lo que una norma significa; importa, y mucho, lo que los afectados sienten que esa norma anuncia. Y muchos sintieron que se estaba legislando para otros, para el agronegocio, para el mercado, para los poderes económicos, no para las comunidades campesinas.

Ahí el desencanto se convirtió en resentimiento. Ya no era solamente “subió la gasolina”. Era algo más profundo: “no nos escuchan”, “gobiernan para otros”, “nos piden sacrificios”, “tocan nuestra tierra” y “cuando llaman al diálogo, ya han decidido por nosotros”. En Bolivia, cuando esas frases empieza a circular por debajo de la piel social, lo que emerge suele ser áspero.

El llamado Acuerdo Nacional pudo haber sido una oportunidad para recomponer la relación política. Pero llegó tarde y mal diseñado. Reunir autoridades, anunciar leyes, producir una fotografía de institucionalidad, no equivale a reconstruir legitimidad. Para que un acuerdo sea nacional no basta con que el gobierno lo nombre de ese modo; tiene que estar allí la nación social que se siente agraviada; tienen que estar los que pagan el costo de las decisiones, los que sostienen las calles, los que viven de la economía diaria, los que dieron el voto prestado y ahora sienten que se les está cobrando una deuda que no contrajeron.

Eso, al parecer, no ocurrió. El encuentro no recompuso la representación de la coalición social que llevó a Paz Pereira al poder. Más bien reforzó la percepción de un acercamiento a la derecha tradicional, al agronegocio y a sectores de poder que muchos de sus votantes querían contener. El gobierno necesitaba una escena de re-legitimación y produjo, para muchos, una escena de subrepresentación. En Bolivia, cuando los actores sociales no se ven en la mesa, no sienten que hay diálogo. Sienten que es pura escenografía.

Aquí aparece un segundo nivel de responsabilidad. El Presidente gobierna, pero nadie gobierna solo. Todo indica que hay un problema serio de asesoramiento político alrededor de Rodrigo Paz y de su gabinete. No se observa una línea clara de trabajo, una narrativa coherente, una secuencia ordenada de decisiones, ni una comprensión fina de los tiempos sociales del país. Se reacciona más de lo que se conduce. Se comunica peor de lo que se decide. Se convoca al diálogo cuando la confianza ya está herida. Se lanzan medidas sin haber preparado antes el colchón político que permita sostenerlas.

En ese marco, la figura de Fernando Cerimedo se ha vuelto políticamente corrosiva. El problema no es su nacionalidad; sería pueril reducir el asunto a eso; el problema es su mirada. Cerimedo aparece asociado a los circuitos de la derecha digital latinoamericana, a una forma de hacer política basada en la polarización, la guerra cultural, la agresividad comunicacional y la lectura binaria. Se ha reportado su cercanía con Milei y Bolsonaro, y en Bolivia ha sido presentado como asesor personal del Presidente, aunque el vocero oficial haya aclarado que no forma parte de la estructura estatal ni toma decisiones de gobierno; pero se sabe que asiste invitado a sesiones del Gabinete Ministerial.

Bolivia no se gobierna desde un manual importado de guerra cultural. Bolivia no es un tablero simple dividido entre “socialismo” y “libertad”, ni entre “izquierda regional”, "zurdos de mierda" y “gobierno democrático”. Bolivia es una sociedad fracturada por regiones, memorias étnicas, economías informales, identidades populares, heridas coloniales, resentimientos acumulados y pactos sociales siempre inestables. Quien no entiende esa complejidad empuja al gobierno a errores estratégicos. Y esos errores, acumulados, llevan a mal puerto.

Si el Presidente ha depositado confianza política o comunicacional en una persona que interpreta Bolivia desde categorías ajenas a su historia, entonces el problema no es solamente Cerimedo. El problema es el Presidente que escucha mal, porque gobernar no es escoger al consejero que confirma los prejuicios propios o alimenta la épica de la confrontación; gobernar es saber escuchar aquello que incomoda, aquello que no cabe en el esquema, aquello que viene desde el país real y no desde los laboratorios digitales donde todo parece sencillo porque nada sangra.

Rodrigo Paz no perdió la confianza de todos sus votantes al mismo tiempo. La perdió primero entre los votantes decisivos, los populares urbanos, los transportistas, los cuentapropistas, los sectores indígenas y campesinos, los ciudadanos que querían cambio pero no restauración, orden pero no desprecio, estabilización pero no castigo. La consigna de renuncia no nace solamente de la oposición organizada, nace cuando el malestar material se transforma en agravio. Cuando la gente concluye que no solo está pagando más, sino que además no está siendo escuchada. Cuando siente que votó por una promesa de cambio moderado y recibió un gobierno encerrado en asesores, diagnósticos estrechos y gestos hacia sectores que no representan su esperanza original.

La confianza no se pierde de golpe. Se gasta. Se malgasta. Se administra mal. Y un día, cuando el gobierno quiere recuperarla, descubre que ya no le creen. Ese parece ser el punto al que ha llegado Rodrigo Paz Pereira. Todavía puede corregir, si entiende que gobernar no es imponer una receta, sino reconstruir un vínculo. Pero para eso tendría que hacer algo más difícil que cambiar ministros, explicar decretos o convocar reuniones solemnes, tendría que volver a escuchar al país real, ese país complejo, contradictorio, dolido y profundamente desconfiado que alguna vez le prestó su voto y ahora le está cobrando la deuda.

CONTRA RUTA

Al comienzo, cuando se dijo que terminado el tiempo del MAS vendría el momento –histórico de verdad– para la escucha, el diálogo y la reconciliación nacional y social, el Gobierno de Rodrigo Paz argumentó que eso sería después; que lo verdaderamente  urgente para empezar era "ordenar la casa", y que ordenar la casa quería decir economía, subvenciones, empresas deficitarias, déficit fiscal, dólares y combustibles. Eso dijeron, como si la política pudiera esperar frente a la puerta, mientras se acomodan los números en una tablet.

Y ahora, cuando el momento apremia para poner orden de verdad, no solo en la economía y la gobernabilidad, sino también en las calles, sale nuestro Presidente llamando a la reconciliación; organiza una reunión con aquellos que no votaron por él en las elecciones, se fotografía con Tuto, J.P. y Camacho, y nos presenta ese gesto como un “Acuerdo Nacional”. La reconciliación no es un junte cuando el país se desordena, ni bautizar como Acuerdo una fotografía con quienes son una arista ante la complicada diversidad social boliviana.

Entre paréntesis: (y no creo que lo apoyen de verdad. Uno de ellos debe estar esperando que el gobierno de Rodrigo se caiga, se haga pedazos, y que Lara sea el Presidente, para llamar a elecciones, si es posible este mismo año, porque sabe que podría ser, ahora sí, su última oportunidad).

¿Y el otro lado? ¿Las y los que no estaban invitados, o quienes vieron por conveniente no asistir? Ahí está el soberano problema; quienes faltaron son los que votaron por Rodrigo, los que le dieron la victoria, pensando que eso podía parar el retorno de las oligarquías y la restauración de un régimen que los mantuvo excluidos hasta la llegada del pedófilo Morales. Deben sentirse traicionados; deben tener un empute en las entrañas difícil de sanar. Por eso las protestas y bloqueos no son solo fruto de un núcleo conspirador que planifica y organiza todo desde algún oscuro lugar en el Chapare, también nacen íntimamente embroncados y a los gritos, desde la autonomía relativa de cada movimiento social, cada agrupación, cada sindicato.

¿Qué no quieren perder los privilegios que tenían con el MAS? ¡Claro que no quieren! ¿Quién quiere perder sus privilegios en esta vida? Por eso la Reconciliación Nacional y Social era con los unos y los otros, para los unos y para los otros, para cada quien un pedacito y su lugar. Había un plan, había un método, estaba propuesto un camino a caminar... si de eso se trata la política al final de los finales; es saber repartir la torta entre todas y todos los comensales.

Pero bueno, quienes lo apoyamos (y lo seguimos apoyando) repetimos una y otra vez que se trata de un gobierno con profesionales jóvenes y buenos técnicos, aguerridos muchachos que legítimamente quieren hacer historia, aunque no tengan mucha experiencia, y de política no sepan gran cosa. Eso no consuela –dijimos los viejos–, pero ayuda a entender el por qué es que ellos no entienden. No entienden que la economía sin política se vuelve contabilidad del incendio; que el orden sin escucha termina siendo apenas administración del miedo; y que la reconciliación, cuando llega tarde y mal acompañada, deja de ser un horizonte nacional para convertirse en una coartada.

Ha llegado, entonces, el momento en que el Gobierno decida con quién va y hacia dónde. Ya no se puede seguir navegando entre dos aguas, esperando que todos los vientos soplen a favor mientras no se anuncia puerto alguno. Séneca lo dijo mejor que nadie: “A marinero que no sabe cuál es su puerto de destino, ningún viento le es favorable”. Definir y presentar un camino claro, definitivo y políticamente honesto no es ya una opción retórica, sino una necesidad vital para el inmediato futuro, para la solidez del propio Gobierno y para que pueda actuar consecuentemente y fiel a su discurso.

El problema es que nos hemos pasado ya como tres leguas del punto de no retorno.

UN ACUERDO NACIONAL SE CONSTRUYE

En mi corto entender, y desde esa limitada experiencia personal que uno va acumulando más por vivir la vida que por haberla leído, conozco dos procesos de convergencia política que pueden llamarse, con propiedad, acuerdos o pactos nacionales, porque ambos tuvieron consecuencias históricas importantes, trascendentes y, en términos generales, positivas; los Pactos de la Moncloa, en España, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, en 1977, y los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz, en Bolivia, bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, suscritos en julio de 1992.

Los Pactos de la Moncloa reunieron al Gobierno español y a los principales partidos con representación parlamentaria de entonces, junto a los sindicatos más representativos, además de las organizaciones empresariales agrupadas en la Patronal Española. No todos fueron firmantes formales en el sentido jurídico, pero todos formaron parte del clima político, social y económico que hizo posible aquella concertación. Lo notable fue que sus actores comprendieron que nadie podía ganar solo. Ni el Gobierno podía imponer la transición desde arriba, ni la oposición podía exigirlo todo desde la calle, ni los sindicatos podían sostener una lógica puramente reivindicativa, ni los empresarios podían encerrarse en la nostalgia del viejo orden y sus privilegios. Cada quien tuvo que ceder algo para ganar algo mayor.

Otros procesos de escucha, diálogo y reconciliación nacional se han vivido, con menos éxito, aunque igual son importantes y constituyen buenos ejemplos de como se hicieron la cosas hasta alcanzar resultados relevantes: Sudáfrica, Irlanda del Norte; Chile después d la dictadura o el proceso de paz en Colombia en nuestro subcontinente.

En Bolivia, los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz cumplieron, a su manera una función parecida. Fueron suscritos por los jefes de los partidos con representación parlamentaria y tuvieron como propósito modernizar el andamiaje institucional del Estado y comprometer varias reformas que trascendieran a un solo gobierno. Esas reformas sentaron las bases de los cambios que luego impulsaría el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que desembocaron en la reforma constitucional de 1994. Después vendrían otras tensiones, otros errores, otros excesos y también otras frustraciones, pero sería injusto negar que ese ciclo tuvo una voluntad institucionalizadora importante.

¿Qué tuvieron en común esos dos procesos? No la perfección, porque ningún pacto histórico es perfecto; tampoco la pureza ideológica de sus participantes, porque la política no se hace con ángeles, sino con actores de carne y hueso, sus intereses, temores, ambiciones y límites. Lo que tuvieron en común fue algo más importante, preparación, método y una narrativa con sentido de futuro. Ambos acuerdos fueron trabajados con anticipación; los participantes tuvieron tiempo para consultar, discutir, resistir, negociar, entrar en conflicto y resolver parcialmente sus diferencias. Ninguno llegó a una mesa sin saber qué se esperaba de él. Detrás de esos procesos existía una narrativa política: una explicación del momento histórico, una lectura de la crisis, una propuesta de país y una distribución de roles. Cada actor sabía por qué estaba sentado allí y qué podía ganar, no solo para sí mismo, sino para la parte del país que decía representar.

La convocatoria del actual gobierno, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, pareció no conocer los éxitos de Jaime Paz Zamora en materia de concertación y acuerdos. El actual “Acuerdo Nacional” que Paz Pereira propone, terminó confirmando, lamentablemente, los límites de una iniciativa amplia en número, pero débil en representación, método y sentido político.

El Gobierno presentó el encuentro como un espacio para “sentar las bases de un acuerdo nacional para la estabilidad” y reunir a autoridades, líderes políticos, sectores sociales, empresarios y representantes institucionales. Se habló de 592 invitaciones, entre gobernadores, alcaldes, parlamentarios, jefes políticos, iglesias y sectores productivos. Pero la cantidad de invitados no garantiza, por sí sola, la calidad política de un pacto. Una mesa numerosa puede ser muy vistosa y, al mismo tiempo, insuficiente para representar de verdad la complejidad del país.

Las ausencias fueron demasiado importantes como para tratarlas como un detalle menor. Samuel Doria Medina no asistió y calificó el encuentro como un camino inadecuado, incluso como un acto “para la foto”. También se reportó la ausencia de la gobernadora de Tarija, María René Soruco, y de Andrónico Rodríguez, mientras que otros actores relevantes asistieron con advertencias explícitas sobre el carácter más simbólico que resolutivo de la reunión. Esa combinación de ausencias, reservas y presencias escépticas debilitó desde el inicio la pretensión de presentar el evento como una verdadera convergencia nacional.

El problema principal es que Bolivia no estuvo plenamente representada. Estuvo una parte de Bolivia, pero no Bolivia entera. Y, más aún, predominó una parte del país que, en buena medida, no votó por Rodrigo Paz Pereira (ese dato es terrible), la derecha, en sus distintas versiones, desde la democrática hasta la más dura. Asistieron actores políticos, regionales, empresariales y sectoriales importantes, sin duda; pero eso no equivale a una presencia equilibrada del conjunto nacional. Tuto Quiroga y la bancada de Libre, por ejemplo, se hizo presente, mientras que algunos de sus propios voceros advirtieron que el encuentro corría el rieasgo de convertirse en propaganda o en una simple fotografía de respaldo al Gobierno; y parece que con ello logró su objetivo.

Hay, además, un dato político que no debería pasar inadvertido, la convergencia entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez puede leerse como un cierre de un ciclo dentro del propio gobierno, una señal de que la administración ha optado por un camino que la desplaza hacia la derecha, con todas las consecuencias políticas, sociales y económicas que ello supone. El problema no es dialogar con la derecha, porque en democracia se debe conversar entre todos y todas; el problema es entregar el rumbo del país a esa convergencia. Rodrigo Paz llegó a la Presidencia con un voto más amplio, heterogéneo y, en buena medida, proveniente del centro y y la izquierda, de sectores que no querían un retorno puro y duro de la derecha tradicional; por eso, esta definición puede ser percibida por una parte de su electorado como una forma de abandono, cuando no de traición política. Y, al mismo tiempo, lo deja cada vez más condicionado por los intereses de la derecha organizada, del agronegocio y de los poderes fácticos, incluidos esos espacios informales de influencia que en Bolivia todos conocen, aunque pocas veces las logias cruceñas se nombren con claridad.

La parte progresista y la izquierda democrática, los movimientos sociales, los sindicatos, en cambio, no estuvieron presentes de manera significativa. Y quienes asistieron desde esos espacios, parecieron hacerlo más porque no les quedaba otra, o por educación, gentileza institucional o sentido de responsabilidad, sin por una convicción real en la eficacia del encuentro. El escepticismo fue más visible que el entusiasmo. Esa es una señal política delicada, un Acuerdo Nacional no puede nacer con media Bolivia sentada en la mesa y la otra media mirando desde lejos, con desconfianza o abierta disidencia.

A ello se suma otro problema de fondo, no quedó claro cuál era la arquitectura del acuerdo. El Gobierno habló de estabilidad, reformas, institucionalidad, economía, pacto fiscal, redistribución de recursos, crisis energética, seguridad jurídica y agenda 50-50. Son temas importantes, incluso urgentes. Pero una lista de temas no es una visión de país. Un pacto necesita una narrativa ordenadora, qué crisis se quiere resolver, qué futuro se propone, qué sacrificios se piden, qué compromisos asume cada actor y qué mecanismos harán verificable el cumplimiento de lo acordado.

Lo ocurrido mostró, más bien, una dificultad previsible: reunir a centenares de personas, cada una con su agenda, su territorio, su sector y sus demandas, hace muy difícil construir un acuerdo real. El propio alcalde anfitrión en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, había advertido que con 400 o 500 asistentes (yo añado en apenas ocho horas de trabajo) sería complicado abordar todos los temas y llegar a consensos, porque cada región y cada sector llevaría sus propios intereses. Eso fue precisamente lo que terminó pesando sobre la reunión; demasiadas voces, poco método y escasa capacidad para ordenar prioridades.

Las intervenciones fueron breves, limitadas y dispersas. En pocas horas se escucharon más quejas que soluciones, más diagnósticos de la crisis que rutas concretas para enfrentarla, más demandas sectoriales o regionales que compromisos nacionales. En lugar de construir una base común para un pacto, el encuentro pareció reunir una suma de malestares. Hubo pedidos, reclamos, advertencias, preocupaciones legítimas y demandas específicas; pero no apareció con claridad una voluntad común capaz de convertir todo eso en una hoja de ruta compartida.

Por eso, el resultado se parece más a una lista de buenas intenciones que a un verdadero pacto político. Incluso podría terminar pareciéndose a otro pliego petitorio, semejante al de la Central Obrera Boliviana, solo que formulado por otros actores, con otro lenguaje y desde otros intereses. Pero un pliego de demandas no es un Acuerdo Nacional.

No se trata de negar el valor del gesto. Que un Presidente convoque a dialogar siempre es mejor que encerrar al país en el monólogo del poder. Tampoco se trata de desconocer la legitimidad de Rodrigo Paz Pereira, ni la necesidad urgente de que Bolivia encuentre acuerdos mínimos para enfrentar su crisis económica, institucional, energética y social. El problema es otro, una convocatoria no reemplaza al trabajo político previo; una reunión masiva no sustituye a la construcción paciente de confianza; y una fotografía amplia no produce, por sí sola, gobernabilidad.

Los grandes pactos nacionales no se improvisan. Se preparan. Se conversan antes. Se negocian con anticipación. Se ordenan con método. Se sostienen con una narrativa. Los participantes deben saber para qué están sentados, qué se espera de ellos, qué pueden aportar, qué deben ceder y qué responsabilidades asumen. Aquí, en cambio, pareció faltar una explicación clara del lugar que cada sector ocuparía en el acuerdo y del rol que debía cumplir para sostenerlo. Bolivia necesita acuerdos serios, no ceremonias de aproximación; necesita diálogo, pero también método; necesita representación, pero también legitimidad; necesita escuchar demandas, pero sobre todo convertirlas en compromisos responsables. Y necesita una visión de país que convoque no solo a quienes ya están cerca del Gobierno, sino también a quienes dudan, discrepan, desconfían o piensan distinto.

Un Acuerdo Nacional no consiste en sentar a muchos alrededor de una mesa. Consiste en lograr que, al levantarse de ella, todos sepan que han asumido una responsabilidad compartida. Eso, por ahora, no ocurrió.

SOBRE LA 348 Y LA LEY BRISA

Quienes atacan con más furia la existencia de leyes destinadas a actuar rápidamente frente a violadores, acosadores y maltratadores suelen hacerlo en nombre de una defensa abstracta de la “presunción de inocencia”. Pero muchas veces esa defensa no nace de un verdadero compromiso con las garantías jurídicas, sino de una identificación subjetiva —no necesariamente criminal, pero sí cultural y emocional— con el agresor. No es que todos nosotros, los hombres, seamos violadores, acosadores o maltratadores. El problema es otro, nos sentimos interpelados por la ley porque reconocemos, en el fondo de nuestra propia conducta, en nuestros prejuicios o fantasías de poder, algo del mundo que esa ley intenta desmontar.

Por eso la "machósfera" reacciona como si la protección de las mujeres y los niños y niñas fuera una amenaza contra los hombres. Confunden deliberadamente una medida de protección con una condena anticipada. Olvidamos, o preferimos olvidar, que una cosa es castigar penalmente después de un juicio y otra muy distinta es impedir que una víctima potencial termine golpeada, violada o muerta mientras el sistema judicial “se toma su tiempo” para investigar. La presunción de inocencia que protege al acusado frente a una condena injusta no puede convertirse en una coartada para dejar indefensa a la víctima frente a un riesgo cierto, inmediato y muchas veces mortal.

Aquí aparece el fondo más oscuro del asunto, misoginia, homofobia y cultura de la violencia suelen caminar juntas. Quien ridiculiza a la mujer que denuncia, quien presume que exagera, que provoca, que miente o que “algo habrá hecho”, no está defendiendo la justicia, está defendiendo una vieja estructura de poder patriarcal. Una estructura donde el cuerpo de la mujer parece estar siempre bajo sospecha y donde el agresor aparece, curiosamente, como el verdadero damnificado.

El ejemplo es claro. ¿Dónde se ha visto que una persona asaltada, maniatada y golpeada tenga que demostrar que gritó lo suficiente, que se resistió lo bastante, que dijo muchas veces “no me asalten” para que el Estado recién le crea que no quería ser asaltado? Si alguien señala a su agresor y dice “ese me robó”, “ese me golpeó”, “ese me estafó”, “ese me violó”, el deber elemental del Estado es iniciar una investigación y adoptar medidas inmediatas para impedir nuevos daños. Nadie sensato diría que investigar un asalto es criminalizar a quienes pasaban por allí, pero cuando una mujer denuncia violencia sexual o doméstica, de pronto aparecen los defensores selectivos de las garantías, exigiéndole pruebas imposibles, resistencia heroica, pureza absoluta y hasta buena conducta retrospectiva.

La diferencia esencial es que en los casos de violencia contra las mujeres el riesgo no es teórico. Está sobradamente demostrado por la experiencia social que una mujer que denuncia a su agresor —incluso, y a veces sobre todo, si ese agresor es su pareja o marido— puede quedar expuesta a una represalia brutal. Muchas mujeres no mueren por denunciar tarde; mueren porque, después de denunciar, nadie actuó a tiempo.

Por eso estas leyes son excepcionales. No porque nieguen derechos al acusado, sino porque reconocen una realidad trágica, la violencia machista tiene una dinámica propia, progresiva, intimidatoria y potencialmente letal. La ley no puede esperar a que aparezca el cadáver para recién declarar que había peligro. Debe actuar antes. Debe separar, proteger, restringir, investigar y prevenir.

La verdadera justicia no consiste en poner en la misma balanza a una víctima amenazada y a un potencial feminicida como si ambos estuvieran en igualdad de condiciones. La verdadera justicia consiste en proteger primero la vida, garantizar después el debido proceso y sancionar finalmente con pruebas. Pero sin protección inmediata, el debido proceso puede llegar demasiado tarde, impecablemente escrito sobre una lápida.

CAPITALISMO PARA TODOS

En tiempos de crisis, los eslóganes florecen. Algunos consuelan, otros engañan. “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” pertenece, lamentablemente, a la segunda categoría. No porque el mercado no sea necesario, que lo es, sino porque la consigna evita deliberadamente las preguntas centrales de este momento: ¿cómo se genera la riqueza?, ¿cómo se distribuye y bajo qué reglas se gobierna esa distribución?

Desde una mirada mínimamente informada (y aquí Marx sigue siendo un punto de partida útil, incluso para quienes no se consideran marxistas) el capitalismo no es una promesa de prosperidad universal, sino un modo de producción estructuralmente desigual, basado en la apropiación privada del excedente generado por el trabajo. No se trata de una desviación ocasional ni de una falla moral, es su lógica interna. Por eso, la tendencia histórica a la concentración de la riqueza no es un accidente, sino una regularidad empíricamente comprobada.

Hablar entonces de “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” equivale a ofrecer un sistema competitivo sin perdedores, algo tan plausible como una carrera en la que todos llegan primeros.

En Bolivia esta consigna encuentra eco. ¿Por qué? No por su solidez teórica, sino por el desastre moral, institucional y económico dejado por dos décadas de estatismo mafioso, encarnado por el Movimiento al Socialismo. El colapso fiscal, la escasez de divisas, la corrupción estructural y la captura del Estado por redes clientelares y criminales no solo han demolido la economía, han erosionado profundamente la credibilidad de las narrativas de izquierda.

Conviene reconocer (sin ingenuidad, pero también sin purismo) que en labios del presidente Rodrigo Paz Pereira la consigna “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” cumple una función política concreta y no menor. En un país saturado por veinte años de retórica estatista, nacionalizadora y supuestamente redentora, el eslogan opera como gesto de ruptura simbólica frente al imaginario que dejaron los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora. No es una formulación teórica rigurosa, ni pretende serlo, es un marcador discursivo, una señal destinada a desmarcar al nuevo gobierno del estatismo clientelar, del Estado corporativo y mafioso, y de la captura del excedente por una burocracia partidaria. En ese sentido, su eficacia no reside en su verdad conceptual, sino en su capacidad para reordenar el campo político, correr el eje del debate y habilitar una conversación distinta, allí donde durante años solo hubo consignas únicas, dogmas incuestionables y una economía subordinada a la lógica del poder.

En esa situación, cualquier discurso que suene a “mercado”, “empresa” o “inversión” aparece como salvación. Pero confundir el rechazo al estatismo corrupto con una adhesión acrítica al capitalismo es un error que Bolivia ya ha cometido otras veces, con resultados conocidos. El Péndulo Catastrófico (estatismo ineficiente primero, privatización empobrecedora después) no nos ha llevado al desarrollo, sino al agotamiento. Cada giro promete una refundación; cada fracaso nos devuelve al punto de partida.

Aquí es donde nuestra Visión de País introduce una diferencia sustantiva. No propone ni estatismo redentor ni capitalismo ingenuo, sino algo mucho más difícil y, por lo mismo, más serio, un acuerdo democrático de larga duración entre Estado, mercado y sociedad, capaz de frenar ese vaivén histórico que nos obliga a “empezar de nuevo” cada veinte años.

El mercado es condición necesaria para generar riqueza, sin mercado solo hay pobreza para repartir. Pero esa afirmación no deriva en la idolatría del capital, deriva en una propuesta de Economía Social de Mercado, con reglas claras, Estado regulador, seguridad jurídica y propiedad privada, combinadas con políticas públicas orientadas a educación, salud, empleo digno y reducción efectiva de desigualdades.

La clave está en el excedente. El problema boliviano no ha sido solo cómo se produce la riqueza, sino quién captura el excedente y para qué. Bajo el MAS, ese excedente fue apropiado por una burocracia partidaria y criminal; ahora, bajo un capitalismo desregulado que exalta el reino del mercado, el riesgo es que sea capturado por élites económicas desconectadas del país profundo. En ambos casos, la mayoría queda fuera.

Por eso yo insisto en algo incómodo para los dogmáticos, la primacía del trabajo sobre el capital, la formalización del empleo, el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas, la inserción en la economía del conocimiento y un nuevo pacto fiscal que redistribuya capacidades reales entre los distintos niveles del Estado. No se trata de capitalismo para todos, sino de desarrollo para todos, que es algo muy distinto.

Hay, además, un punto decisivo que los eslóganes suelen ignorar, el factor institucional y cultural. No hay mercado que funcione sin justicia independiente, sin Estado de derecho, sin control social efectivo y sin ciudadanía activa. Bolivia no necesita más consignas; necesita instituciones que funcionen y reglas que se respeten, empezando por una reforma judicial profunda, verificable y sostenida en el tiempo.

Finalmente, está la dimensión que rara vez aparece en el debate económico, pero que aquí resulta central, la reconciliación nacional y social. Un país fracturado, polarizado y resentido no es terreno fértil ni para el mercado ni para la democracia. Sin confianza no hay inversión; sin diálogo no hay proyecto común; sin justicia no hay estabilidad. La reconciliación no es un gesto moral, es una condición material del desarrollo.

En suma, “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” es una frase fácil para tiempos difíciles. Bolivia necesita algo más exigente, una visión de país que combine mercado con justicia social, Estado con límites, crecimiento con ciudadanía y desarrollo con dignidad. Todo lo demás es publicidad política. Y ya sabemos, por experiencia propia, lo caro que sale gobernar a punta de puro eslóganes.

GOBERNAR SIN PARTIDOS

Hay una carencia silenciosa —pero decisiva— en el ejercicio del poder político en la Bolivia actual, el gobierno gobierna sin partidos que lo vinculen orgánicamente con la sociedad. No se trata de una acusación moral ni de una descalificación coyuntural, sino de un problema estructural de nuestra democracia, cuyas consecuencias van a empezar a sentirse en la fragilidad del respaldo social, la dificultad para sostener reformas y la potencial desconexión entre decisión estatal y ciudadanía.

Ahora bien, cuando decimos “partido político”, no estamos pidiendo resucitar las viejas maquinarias, los comités de notables, el clientelismo territorial ni el sindicalismo de aparato que dominaron el siglo pasado. Los partidos políticos no son un adorno institucional ni un resabio melancólico del siglo XX. Son (cuando cumplen su función) mecanismos indispensables de mediación democrática, recogen demandas sociales dispersas, las procesan políticamente, las traducen en programas de gobierno, les otorgan sentido histórico y organizan la representación en el ejercicio del poder.

Cuando esa mediación desaparece o se debilita, los gobiernos quedan expuestos a una relación directa con la sociedad, que suele ser tan intensa como frágil. Sin filtros, sin traducción política y sin canales estables, las demandas se expresan como presión inmediata, la protesta sustituye al debate y el conflicto reemplaza a la deliberación. Gobernar sin partidos no significa gobernar con más pueblo, sino gobernar con menos política y con mayor inestabilidad.

Una primera función del partido político es recoger y procesar las demandas sociales. No todas las demandas son iguales ni compatibles entre sí; algunas son urgentes, otras estructurales, otras expresan miedos, frustraciones o expectativas de futuro. El partido cumple la tarea —nada sencilla— de ordenarlas, jerarquizarlas y convertirlas en insumos políticos racionales.

Cuando esa mediación no existe, las demandas no desaparecen, se expresan como presión, como bloqueo, como protesta o como ruido permanente. El gobierno, entonces, deja de conducir y comienza a reaccionar. Se ve obligado a apagar incendios, a negociar caso por caso, sin un marco político que permita anticipar conflictos ni construir consensos duraderos.

La Visión de País que hemos venido defendiendo parte del reconocimiento de una sociedad fragmentada, urbana, mestiza, atravesada por heridas históricas y por una profunda desconfianza hacia la política. Sin partidos que procesen esa complejidad, el Estado queda inerme frente a la multitud.

La segunda función clave del partido es construir programa. Gobernar no es administrar el día a día, sino articular políticas públicas coherentes con una idea de país. Un programa no se improvisa, surge de diagnósticos históricos, de opciones ideológicas explícitas y de una lectura estratégica del futuro.

Cuando el gobierno carece de partidos sólidos, el programa se diluye. Las políticas aparecen como respuestas técnicas —muchas veces necesarias—, pero desconectadas entre sí y del horizonte político que las justifique. El resultado es una sensación social de arbitrariedad, decisiones correctas en lo técnico, pero débiles en legitimidad.

Bolivia conoce bien este problema. El péndulo histórico entre estatismo y privatización, entre Estado omnipresente y mercado desregulado, no se rompe sin un acuerdo político de largo plazo, sostenido por organizaciones capaces de darle continuidad más allá de la coyuntura.

Quizá la función más olvidada de los partidos sea la de otorgar sentido a las decisiones. La política no solo resuelve problemas, construye relatos colectivos, explica sacrificios, proyecta esfuerzos hacia un futuro compartido. Sin ese relato, las reformas —por muy necesarias que sean— se viven como imposiciones.

Nuestra Visión de País insiste en que Bolivia necesita cerrar ciclos históricos inconclusos y avanzar hacia una reconciliación nacional y social que no borre las diferencias, sino que permita convivir con ellas democráticamente. Esa tarea no puede ser asumida solo por el Estado ni por liderazgos individuales, requiere partidos que organicen sentido, memoria y porvenir.

Un gobierno sin partidos gobierna el presente, pero no logra narrar el futuro.

Finalmente, los partidos organizan la representación. Forman cuadros, seleccionan liderazgos, articulan intereses regionales y sectoriales, y sostienen al gobierno en el tiempo. Cuando esto no ocurre, el poder se ejerce en soledad, apoyado en figuras individuales, sin anclaje territorial ni militante.

La situación actual es ilustrativa, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria es el resultado de una diáspora de más de veinte años de inactividad política; Primero la Gente es un grupo reducido, focalizado casi exclusivamente en Tarija; y la Democracia Cristiana sobrevive más como sigla legal que como organización viva, sin militancia ni historia reciente que la respalde. Ninguna de estas estructuras puede cumplir hoy cabalmente la función de partido de gobierno que hemos explicado.

Conviene introducir, en este panorama, una salvedad necesaria: Unidad Nacional, el partido que preside Samuel Doria Medina, constituye hoy la única estructura partidaria real dentro del frente político gobernante. Se trata de una organización que ha logrado sobrevivir a más de dos décadas de ostracismo del sistema de partidos en Bolivia, sostenida por una perseverancia política poco común y por una capacidad material que le permitió mantenerse en pie cuando casi todas las demás estructuras colapsaban. Sin embargo, aun con ese mérito indiscutible, Unidad Nacional responde a un formato partidario clásico, propio de la democracia representativa del siglo pasado, una organización vertical, limitada para cumplir, en plenitud, las funciones que hoy demandan las sociedades contemporáneas. En tiempos de internet, redes sociales y ciudadanía hiperactiva, esa forma de partido resulta insuficiente para procesar demandas complejas, sostener deliberación colectiva en el tiempo y construir sentido compartido más allá del ciclo electoral. El desafío, por tanto, no es su supervivencia —ya probada—, sino su capacidad de transformarse en un dispositivo político acorde a una democracia más abierta, más horizontal y menos dependiente de las lógicas heredadas del siglo XX.

Y todo lo dicho hasta ahora no quiere expresar nostalgia. Se trata de advertir que sin partidos renovados y funcionando no hay bloque social de poder, y sin ese bloque la gobernabilidad se vuelve frágil, reversible y dependiente del humor social del momento.

Esos viejos partidos fueron útiles para consolidar la democracia representativa, pero hoy exhiben límites evidentes. Vivimos en un tiempo de una política de redes, de intermediaciones diluidas y de ciudadanía hiperexpresiva; cada persona produce opinión (a veces brillante, a veces francamente ruidosa) y la conversación pública circula a la velocidad de un meme. En este contexto, el partido que necesitamos no es un museo de prácticas obsoletas, sino una institución renovada, más abierta, más deliberativa, más transparente y técnicamente capaz.

La paradoja es simple, la sociedad se volvió cada vez más “horizontal” en comunicación, mientras que el Estado sigue siendo inevitablemente vertical por su diseño. Por eso, lejos de desaparecer, la función partidaria se vuelve más importante que nunca. Alguien debe transformar la conversación dispersa en agenda pública, la indignación en propuesta y el presente en un horizonte de futuro compartido. Sin esa mediación, la política queda reducida a impulsos fragmentarios, y el poder se ejerce sin traducción social ni sostén duradero.

Renovar el sentido contemporáneo del partido político supone asumir que la mediación democrática ya no puede organizarse exclusivamente mediante comités territoriales, frentes sectoriales, jerarquías rígidas y militancias cerradas. En diversos países han emergido partidos-plataforma que incorporan herramientas digitales para la consulta, el debate interno y la priorización de agendas. A estas experiencias se suman los ensayos de democracia líquida, inspirados en los partidos pirata europeos, que combinan participación directa con mecanismos de delegación revocable del voto por áreas temáticas.

La evidencia comparada muestra un potencial claro en términos de inclusión, especialización y dinamismo organizativo, pero también advierte riesgos conocidos como la concentración informal de poder, liderazgos opacos o la aparición de “super-votantes”. Tales riesgos no se corrigen negando la innovación, sino mediante reglas explícitas, transparencia operativa y controles democráticos efectivos.

Una innovación aún más relevante es la institucionalización de espacios deliberativos estructurados, las asambleas ciudadanas, jurados cívicos y paneles sectoriales seleccionados con criterios de representatividad social, capaces de deliberar sobre problemas complejos y producir recomendaciones dotadas de legitimidad pública. Se han documentado en el mundo cientos de estas experiencias que subrayan que hay un nuevo valor que emerge y que reside en la profesionalización de la escucha, lo que significa metodologías claras, acceso a información plural y contrastada, facilitación experta, trazabilidad de las decisiones y obligación de respuesta por parte de las autoridades.

Traducido a una clave boliviana, se trata de renovar lo que la ley denomina “partido político”, e implica construir un sistema mixto, inovando plataformas abiertas de escucha y priorización ciudadana; mecanismos deliberativos con reglas estables; equipos programáticos capaces de convertir insumos sociales en propuestas coherentes; y una arquitectura de representación territorial y sectorial que vuelva a conectar Estado y sociedad sin clientelismo, improvisación ni fetichismo organizativo

La Visión de País que venimos defendiendo insiste, precisamente, en que Bolivia necesita puentes ideológicos y sociales, no trincheras identitarias ni atajos personalistas. Partidos entendidos como plataformas de articulación (programática, territorial y generacional) capaces de producir sentido colectivo, organizar la representación y sostener acuerdos de largo plazo. Sin esa renovación de la intermediación política, no habrá reconciliación posible, solo un monólogo infinito que no llega nunca a convertirse en proyecto nacional.

Este no es un texto contra el gobierno, sino una advertencia política dirigida a quienes hoy ejercen el poder. Gobernar sin partidos es posible por un tiempo; sostener un proyecto de país sin ellos es, en el mediano plazo, prácticamente imposible. La historia boliviana es clara al respecto, los gobiernos que prescinden de la mediación política terminan atrapados entre la tecnocracia sin respaldo o la presión corporativa sin horizonte y tenemos ejemplos variados de no hace mucho tiempo atrás; es cosa de mirar con cuidado el inmediato pasado.

Las autoridades actuales harían bien en asumir que la legitimidad electoral, por amplia que haya sido, no reemplaza la necesidad de organización política. El respaldo ciudadano no se conserva solo con decisiones correctas, sino con estructuras capaces de explicarlas, defenderlas y proyectarlas en el tiempo. Sin partidos que articulen demandas, construyan programa y otorguen sentido, el gobierno corre el riesgo de gobernar en solitario, expuesto a la fatiga social y a la erosión progresiva de su autoridad.

Reconstruir vínculos partidarios no es una concesión ni una debilidad, es un acto de realismo democrático. Implica aceptar que el Estado no puede hablarle directamente a una sociedad compleja y fragmentada sin intermediaciones estables. Implica, también, asumir que sin bloque social de poder no hay reforma sostenible, por más necesaria o urgente que esta sea.

La pregunta que queda abierta, no es si Bolivia necesita partidos, sino si el gobierno está dispuesto a promover, reconstruir o tolerar organizaciones políticas reales que lo vinculen con la sociedad, aun cuando eso implique compartir poder, escuchar demandas, deliberar y aceptar límites.

Porque gobernar es, finalmente, algo más que decidir, es construir futuro con otros. Y sin partidos, ese futuro vuelve a quedar peligrosamente a la intemperie.

EL LENGUAJE: CONSCIENCIA Y REALIDAD

Uno de los problemas menos visibles (y sin embargo más decisivos) de la sociedad boliviana es la precariedad en el dominio del castellano y otros lenguajes vigentes en el país. No se trata de una deficiencia meramente escolar ni de un asunto estético vinculado a la “buena dicción”, sino de un problema estructural que incide directamente en la forma en que comprendemos la realidad, la explicamos y la proyectamos colectivamente. En una sociedad donde el lenguaje es frágil, la conciencia social también lo es; y donde la conciencia es débil, la ciudadanía se vuelve incompleta y la democracia vulnerable.

Bolivia es un país multilingüe en el papel y, paradójicamente, empobrecido en su práctica lingüística cotidiana. Para una parte significativa (aunque no mayoritaria) de la población, el castellano no es lengua materna, sino una segunda lengua aprendida de manera incompleta, fragmentaria o meramente funcional. Al mismo tiempo, las  otras lenguas vigentes (el quechua, el aymara, el guaraní) han ido perdiendo centralidad en la vida diaria, en el espacio público y en la educación formal, sin haber sido plenamente sistematizadas ni fortalecidas como lenguas aptas para el pensamiento complejo, la escritura rigurosa y la producción intelectual.

El resultado es una situación intermedia y problemática, ya que muchas y muchos bolivianos no dominamos plenamente el castellano, pero tampoco contamos con un manejo sólido, normativo y actualizado de las otras lenguas mencionadas. Se vive, por decirlo sin eufemismos, en un “entre-lenguas” empobrecido. Este déficit no se manifiesta solo en errores gramaticales o en un vocabulario reducido, sino en la dificultad para formular ideas abstractas, argumentar con precisión, matizar posiciones, establecer relaciones causales o construir narrativas coherentes sobre la experiencia social y política.

El lenguaje no es un simple instrumento de comunicación; es el dispositivo fundamental mediante el cual se organiza la percepción del mundo. Nombrar es ordenar; conceptualizar es delimitar; narrar es conferir sentido. Cuando el lenguaje es pobre, la realidad se vuelve opaca, confusa o se reduce a consignas. Allí donde faltan palabras, sobran gritos; donde no hay conceptos, proliferan prejuicios; donde la sintaxis se debilita, la violencia simbólica encuentra terreno fértil para crecer. No es casual que las sociedades con déficits lingüísticos estructurales sean también más propensas a la simplificación del conflicto y a la radicalización identitaria.

Esta carencia tiene consecuencias políticas profundas. Una ciudadanía con limitaciones lingüísticas estructurales enfrenta mayores dificultades para comprender discursos públicos complejos, evaluar propuestas, detectar contradicciones o exigir rendición de cuentas. El debate democrático se empobrece, se simplifica y se polariza. La política degenera entonces en eslóganes, dicotomías morales rudimentarias y relatos maniqueos que excluyen el matiz y anulan la deliberación racional. En ese contexto, el adversario deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo; y la diferencia, en lugar de tramitarse mediante el diálogo, se transforma en agravio.

Aquí aparece un vínculo decisivo con el problema de la imprescindible necesidad de escucha, diálogo y reconciliación nacional y social. No puede haber reconciliación efectiva en una sociedad que carece de lenguajes compartidos para nombrar su historia, sus heridas y sus desacuerdos. La reconciliación no es silencio ni olvido, es la capacidad de narrar el conflicto sin reducirlo a insulto, de reconocer al otro sin negarlo, de procesar el pasado sin convertirlo en arma permanente. Todo eso exige lenguaje, palabras para matizar, conceptos para comprender, narrativas para integrar.

Cuando una sociedad no dispone de esas herramientas, la fractura se vuelve estructural. Las diferencias étnicas, regionales, culturales o ideológicas dejan de ser diversidad y se convierten en trincheras de guerra. El conflicto se expresa entonces como identidad cerrada y no como desacuerdo democrático. La pobreza lingüística no solo limita la participación política; limita, sobre todo, la posibilidad de construir un “nosotros” inclusivo, condición básica de cualquier proyecto nacional.

La responsabilidad de esta situación no recae en los hablantes, sino en un sistema educativo que ha fracasado en su misión más elemental: formar sujetos capaces de pensar con palabras. La educación intercultural bilingüe fue proclamada como una conquista histórica, pero no se tradujo en un fortalecimiento real de las lenguas utilizadas como lenguas de conocimiento, ni en una enseñanza rigurosa y exigente del castellano como lengua común de deliberación pública. En no pocos casos se optó por una pedagogía condescendiente, de bajos estándares, que confundió inclusión con simplificación y terminó produciendo una ciudadanía frágil, más proclive a la adhesión emocional que al juicio crítico.

Revertir este escenario exige una decisión política y cultural de largo aliento. Supone asumir que el dominio del lenguaje, oral y escrito, es una condición básica de la ciudadanía democrática. Supone también tomar en serio todas las lenguas vigentes en el país, no como emblemas identitarios congelados, sino como sistemas vivos capaces de vehiculizar ciencia, filosofía, derecho y pensamiento crítico. Y, al mismo tiempo, implica enseñar un castellano exigente, rico y preciso, no como instrumento de dominación, sino como espacio común de encuentro intersubjetivo, donde las diferencias puedan expresarse sin romper la convivencia.

En última instancia, fortalecer el lenguaje en Bolivia es fortalecer la capacidad de la sociedad para pensarse a sí misma y reconocerse en su pluralidad. Sin palabras suficientes no hay ciudadanía plena; sin lenguajes compartidos no hay reconciliación posible. Y sin una conciencia lingüísticamente articulada, toda promesa de transformación democrática corre el riesgo de quedarse —literalmente— sin palabras.