Un pacto con el diablo

 

 

Emerge una contradicción recurrente a la hora de los acuerdos entre los representantes políticos en el Congreso Nacional o la Asamblea Constituyente y los grupos y movimientos sociales empoderados. En el “acuerdo nacional” último no están todos los que son y no son todos los que están. Su cumplimiento pende de un hilo.

 

Quienes se reúnen, acuerdan y firman, están faltos de reconocimiento para hacerlo; no totalmente, sino en parte; otros se sienten los actores centrales y no se ven en el acuerdo. La legitimidad del compromiso alcanzado entre los partidos dependerá, sustancialmente, del cumplimiento estricto de lo pactado. Un movimiento en falso y tendremos a los sectores sociales, comités, sindicatos y otros, organizando la protesta y la defensa en las calles, mientras que retornarán las acusaciones, los insultos y la sordera a los plenos camarales y asamblearios.

 

El riesgo que se corre es enorme, porque una parte de la sociedad organizada (y sus líderes) no cree en la palabra empeñada como mecanismo de obligado cumplimiento. Fruto de una cultura asamblearia de base, se considera posible el cambiar demandas y propósitos: el dirigente debe decir y hacer lo que se le manda desde las bases que dependen de sí mismas, del estado de ánimo, del aparato que se impone, de la consigna que llega desde fuera.

 

Se consensuó una ley de convocatoria que establecía los 2/3, pero se impuso una pura mayoría de mitad más uno. Detrás de los acuerdos pervive una complicidad ética pre-moderna a la que no le importa lo que se pacte, sino el resultado que se imponga. Si reunido el pleno de la Asamblea Constituyente se lanzan los unos contra los otros y aprueban, con solo mitad más uno, la propuesta ya redactad de Constitución presentada por el MAS, quedará develado ante todos lo que algunos sabemos desde hace tiempo: un paso atrás para saltar dos adelante.

 

Lo que importa ahora es que se apruebe el texto constitucional escrito por la mayoría. Para eso tiene que reunirse la Asamblea, hay que pactar lo que sea necesario para que se reúna y, una vez sentados en la plenaria, ir adelante con todo, aprobar el texto completo, olvidar los 2/3 otra vez. Después no importan la Asamblea, ni las protestas o las huelgas de hambre; que la otra parte se desgañiten gritando, el texto estará aprobado, será una bandera de la mayoría, el símbolo necesario con visos mínimos de legalidad. Entonces corresponderá defenderlo fuera de las instituciones, a patadas, manifestaciones, cabildos y chicotazos, que le otorgarán legitimidad.

 

Un par de meses después volverá el Vicepresidente a convocarlos a todos, estará hondamente preocupado, hasta compungido. Explicará al país que la Asamblea lo hizo al margen de lo acordado porque es originaria, plenipotenciaria y soberana, lo que hizo imposible imponer desde fuera el pacto que viabilizó su reinstalación. ¿Qué hacer entonces? Vayamos –dirán– a consultarle al soberano, que decida el pueblo entre dos constituciones, la que pacten las minorías de oligarcas y vendepatrias, frente a la que ya aprobó la mayoría clara y legítima en la Asamblea.

 

¡Más claro agua! Si no funciona así, tendré que tragarme estas palabras. Pero si funciona así, quienes han firmado el pacto entre diablos tendrían que arder en el infierno.

 

Mientras tanto y por si acaso, instalemos otro símbolo, esta vez moderno, democrático; que sirva para avanzar de a poco, para convencer y concientizar sobre lo que nos está pasando, que sea una bandera de referencia y lucha a la que podamos sumarnos todos todos, porque es la conquista más alta del espíritu humano (y los bolivianos, indios, mestizos, cholos y blancos, somos seres humanos): el fuego de la libertad, que arda en nuestros corazones y no se apague jamás.

 

Nada tendrá éxito si no sintetiza las dos visiones que conviven en el país como contrarias. El MAS no puede imponer una constitución comunitarista y atrasada a medio país que la rechaza. La oposición no puede pretender restaurar el viejo orden discriminador y excluyente, porque medio país lo rechaza también a sangre y fuego. Bolivia no puede pretender una constitución liberal, pero tampoco otra comunitarista. Hay que trabajar la síntesis y será (parece) un proceso más largo, en el que la Asamblea Constituyente será solo un importante momento.

 

Existe una base objetiva, sociológica y ciudadana, construida estos últimos lustros en democracia, que demanda una tercera vía, que tendrá que ser socialista y democrática; sin latifundios, sin explotación, con inclusión indígena definitiva, con autonomías regionales, con propiedad privada regulada, con leyes que se cumplan, con instituciones que se respeten. Donde todos los bolivianos valgamos por igual.