PERIODISMO EN LAS ELECCIONES

para la escucha, el diálogo y la reconciliación

En una segunda vuelta que definirá el rumbo del país el 19 de octubre de 2025, es indispensable rechazar la televisión militante que pretendió manipular las urnas desde el set.

Hemos visto cómo varios canales, convertidos en actores de campaña, confunden noticia con propaganda, amplifican un libreto que empuja el eje programático y ofrecen al televidente una realidad recortada, donde la voz del ciudadano cede ante la pauta, el rating y la conveniencia empresarial. Ese desorden no es pluralismo; es parcialización de facto. Ha servido para acrecentar la división, la desconfianza y hasta los discursos de odio.

El periodismo de verdad tiene una misión simple y exigente, verificar, distinguir información de opinión, abrir la deliberación a voces diversas y poner el interés público por encima del interés de la redacción. Cuando ese estándar se abandona, la libertad del voto se vacía y la democracia se empobrece.

En esta campaña de balotaje, esa parcialización tuvo nombre y pantalla: DTV, GIGAVISIÓN, UNIVISIÓN y RED UNO TV, cruzaron el límite profesional y tomaron partido, de manera inocultable, por Tuto Quiroga, a pesar de ser una candidatura asociada a la derecha radical (como él mismo dice) y señalada por múltiples voces por machismo, racismo y homofobia. Lo hicieron mediante encuadres complacientes, paneles desequilibrados, consignas disfrazadas de noticia, silenciamiento de voces disonantes y una distribución de minutos de pantalla que convirtió la cobertura en propaganda. Eso no es libertad de prensa, es distorsión del derecho de las y los electores a recibir información veraz, plural y contrastada. Y si la prensa se juega el partido con la camiseta puesta, el árbitro desaparece y el público queda a merced de un marcador inventado.

Debemos defender reglas claras que devuelvan la construcción de la opinión pública a la ciudadanía, transparencia plena de la propiedad y de la pauta (pública y privada); etiquetado visible de todo contenido político pagado; encuestas con ficha técnica auditada; acceso equitativo y debates obligatorios; defensoría del televidente en los principales canales; y observación ciudadana continua sobre coberturas y minutos de pantalla. No se trata de censurar a nadie, sino de impedir que el árbitro sea jugador; de recordar que la prensa es un contrapoder, no un comité de campaña. Así se cuida el voto libre y así se honra la dignidad de las mayorías, que en Bolivia tienen rostro de mujeres que trabajan y cuidan, de juventudes que estudian y emprenden, de clase media urbana y popular, de pueblos indígenas y migrantes internos: todas y todos los que sostienen el país sin micrófonos ni privilegios.

La campaña que Bolivia necesita habla el idioma de la gente, empleo digno, salud cercana, escuelas que enseñen, seguridad sin abusos y justicia sin privilegios. Y, sobre todo, una decisión estratégica para romper el péndulo catastrófico que durante décadas nos ha oscilado entre un estatismo que asfixia y una privatización que excluye. Ese vaivén sólo se detiene con acuerdos de larga duración entre sociedad, mercado y Estado; con reglas estables; con un piso ético que ponga freno al cinismo y a la prebenda; y con una apuesta por la economía del conocimiento, la transición ecológica y la igualdad real de oportunidades. Esto no es consigna, es arquitectura de futuro.

Tenemos, además, un marco histórico que sigue siendo nuestra gramática común, lo nacional, lo democrático y lo popular, desde donde se construyen las mayorías electorales viables. Desde 1952, Bolivia se piensa y se reconoce en esa trilogía que articuló ciudadanía, inclusión y desarrollo. Actualizarla hoy implica incorporar sin miedo las energías del siglo XXI, feminismo, pluralidad cultural, compromiso ecológico, innovación tecnológica, para que el proyecto no sea pura nostalgia, sino un motor con un futuro donde podamos escucharnos, entendernos y reconciliarnos todos y todas.

La Reconciliación Nacional y Social no es una consigna ni una terapia de grupo, es una política de Estado para suturar una fractura histórica. No pide amnesia, exige memoria y justicia, verdad para las víctimas y reparación simbólica con un horizonte común. Supone instalar una institucionalidad permanente para la Reconciliación, con justicia restaurativa, educación para el pluralismo y un Archivo de la Memoria, que convoque a mujeres y hombres, juventudes, pueblos indígenas, trabajadores y emprendedores a un diálogo real, no solo de fotos para la televisión. Desde un centro democrático (alérgico a los dogmas de izquierda y de derecha) debe transformar el conflicto en acuerdos estables, reconstruir la confianza y convertir nuestra diversidad en proyecto compartido. Ese es el camino para que Bolivia deje de tropezar con sus fantasmas y empiece, por fin, a reconocerse en un futuro común.

Por estas razones, yo apoyo a Rodrigo Paz Pereira. No se trata de eslóganes ni de recuerdos acomodados, sino de un liderazgo capaz de ordenar el centro político, reconciliar regiones y culturas, proteger primero a los más vulnerables y encarar con pragmatismo los desafíos inmediatos, a saber, estabilizar la economía, devolver certidumbre a las familias y reconstruir servicios públicos que funcionen sin clientelas ni humillaciones.