CAPITALISMO PARA TODOS

En tiempos de crisis, los eslóganes florecen. Algunos consuelan, otros engañan. “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” pertenece, lamentablemente, a la segunda categoría. No porque el mercado no sea necesario, que lo es, sino porque la consigna evita deliberadamente las preguntas centrales de este momento: ¿cómo se genera la riqueza?, ¿cómo se distribuye y bajo qué reglas se gobierna esa distribución?

Desde una mirada mínimamente informada (y aquí Marx sigue siendo un punto de partida útil, incluso para quienes no se consideran marxistas) el capitalismo no es una promesa de prosperidad universal, sino un modo de producción estructuralmente desigual, basado en la apropiación privada del excedente generado por el trabajo. No se trata de una desviación ocasional ni de una falla moral, es su lógica interna. Por eso, la tendencia histórica a la concentración de la riqueza no es un accidente, sino una regularidad empíricamente comprobada.

Hablar entonces de “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” equivale a ofrecer un sistema competitivo sin perdedores, algo tan plausible como una carrera en la que todos llegan primeros.

En Bolivia esta consigna encuentra eco. ¿Por qué? No por su solidez teórica, sino por el desastre moral, institucional y económico dejado por dos décadas de estatismo mafioso, encarnado por el Movimiento al Socialismo. El colapso fiscal, la escasez de divisas, la corrupción estructural y la captura del Estado por redes clientelares y criminales no solo han demolido la economía, han erosionado profundamente la credibilidad de las narrativas de izquierda.

Conviene reconocer (sin ingenuidad, pero también sin purismo) que en labios del presidente Rodrigo Paz Pereira la consigna “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” cumple una función política concreta y no menor. En un país saturado por veinte años de retórica estatista, nacionalizadora y supuestamente redentora, el eslogan opera como gesto de ruptura simbólica frente al imaginario que dejaron los gobiernos de Evo Morales Ayma y Luis Arce Catacora. No es una formulación teórica rigurosa, ni pretende serlo, es un marcador discursivo, una señal destinada a desmarcar al nuevo gobierno del estatismo clientelar, del Estado corporativo y mafioso, y de la captura del excedente por una burocracia partidaria. En ese sentido, su eficacia no reside en su verdad conceptual, sino en su capacidad para reordenar el campo político, correr el eje del debate y habilitar una conversación distinta, allí donde durante años solo hubo consignas únicas, dogmas incuestionables y una economía subordinada a la lógica del poder.

En esa situación, cualquier discurso que suene a “mercado”, “empresa” o “inversión” aparece como salvación. Pero confundir el rechazo al estatismo corrupto con una adhesión acrítica al capitalismo es un error que Bolivia ya ha cometido otras veces, con resultados conocidos. El Péndulo Catastrófico (estatismo ineficiente primero, privatización empobrecedora después) no nos ha llevado al desarrollo, sino al agotamiento. Cada giro promete una refundación; cada fracaso nos devuelve al punto de partida.

Aquí es donde nuestra Visión de País introduce una diferencia sustantiva. No propone ni estatismo redentor ni capitalismo ingenuo, sino algo mucho más difícil y, por lo mismo, más serio, un acuerdo democrático de larga duración entre Estado, mercado y sociedad, capaz de frenar ese vaivén histórico que nos obliga a “empezar de nuevo” cada veinte años.

El mercado es condición necesaria para generar riqueza, sin mercado solo hay pobreza para repartir. Pero esa afirmación no deriva en la idolatría del capital, deriva en una propuesta de Economía Social de Mercado, con reglas claras, Estado regulador, seguridad jurídica y propiedad privada, combinadas con políticas públicas orientadas a educación, salud, empleo digno y reducción efectiva de desigualdades.

La clave está en el excedente. El problema boliviano no ha sido solo cómo se produce la riqueza, sino quién captura el excedente y para qué. Bajo el MAS, ese excedente fue apropiado por una burocracia partidaria y criminal; ahora, bajo un capitalismo desregulado que exalta el reino del mercado, el riesgo es que sea capturado por élites económicas desconectadas del país profundo. En ambos casos, la mayoría queda fuera.

Por eso yo insisto en algo incómodo para los dogmáticos, la primacía del trabajo sobre el capital, la formalización del empleo, el apoyo decidido a las pequeñas y medianas empresas, la inserción en la economía del conocimiento y un nuevo pacto fiscal que redistribuya capacidades reales entre los distintos niveles del Estado. No se trata de capitalismo para todos, sino de desarrollo para todos, que es algo muy distinto.

Hay, además, un punto decisivo que los eslóganes suelen ignorar, el factor institucional y cultural. No hay mercado que funcione sin justicia independiente, sin Estado de derecho, sin control social efectivo y sin ciudadanía activa. Bolivia no necesita más consignas; necesita instituciones que funcionen y reglas que se respeten, empezando por una reforma judicial profunda, verificable y sostenida en el tiempo.

Finalmente, está la dimensión que rara vez aparece en el debate económico, pero que aquí resulta central, la reconciliación nacional y social. Un país fracturado, polarizado y resentido no es terreno fértil ni para el mercado ni para la democracia. Sin confianza no hay inversión; sin diálogo no hay proyecto común; sin justicia no hay estabilidad. La reconciliación no es un gesto moral, es una condición material del desarrollo.

En suma, “𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑜𝑑𝑜𝑠” es una frase fácil para tiempos difíciles. Bolivia necesita algo más exigente, una visión de país que combine mercado con justicia social, Estado con límites, crecimiento con ciudadanía y desarrollo con dignidad. Todo lo demás es publicidad política. Y ya sabemos, por experiencia propia, lo caro que sale gobernar a punta de puro eslóganes.

GOBERNAR SIN PARTIDOS

Hay una carencia silenciosa —pero decisiva— en el ejercicio del poder político en la Bolivia actual, el gobierno gobierna sin partidos que lo vinculen orgánicamente con la sociedad. No se trata de una acusación moral ni de una descalificación coyuntural, sino de un problema estructural de nuestra democracia, cuyas consecuencias van a empezar a sentirse en la fragilidad del respaldo social, la dificultad para sostener reformas y la potencial desconexión entre decisión estatal y ciudadanía.

Ahora bien, cuando decimos “partido político”, no estamos pidiendo resucitar las viejas maquinarias, los comités de notables, el clientelismo territorial ni el sindicalismo de aparato que dominaron el siglo pasado. Los partidos políticos no son un adorno institucional ni un resabio melancólico del siglo XX. Son (cuando cumplen su función) mecanismos indispensables de mediación democrática, recogen demandas sociales dispersas, las procesan políticamente, las traducen en programas de gobierno, les otorgan sentido histórico y organizan la representación en el ejercicio del poder.

Cuando esa mediación desaparece o se debilita, los gobiernos quedan expuestos a una relación directa con la sociedad, que suele ser tan intensa como frágil. Sin filtros, sin traducción política y sin canales estables, las demandas se expresan como presión inmediata, la protesta sustituye al debate y el conflicto reemplaza a la deliberación. Gobernar sin partidos no significa gobernar con más pueblo, sino gobernar con menos política y con mayor inestabilidad.

Una primera función del partido político es recoger y procesar las demandas sociales. No todas las demandas son iguales ni compatibles entre sí; algunas son urgentes, otras estructurales, otras expresan miedos, frustraciones o expectativas de futuro. El partido cumple la tarea —nada sencilla— de ordenarlas, jerarquizarlas y convertirlas en insumos políticos racionales.

Cuando esa mediación no existe, las demandas no desaparecen, se expresan como presión, como bloqueo, como protesta o como ruido permanente. El gobierno, entonces, deja de conducir y comienza a reaccionar. Se ve obligado a apagar incendios, a negociar caso por caso, sin un marco político que permita anticipar conflictos ni construir consensos duraderos.

La Visión de País que hemos venido defendiendo parte del reconocimiento de una sociedad fragmentada, urbana, mestiza, atravesada por heridas históricas y por una profunda desconfianza hacia la política. Sin partidos que procesen esa complejidad, el Estado queda inerme frente a la multitud.

La segunda función clave del partido es construir programa. Gobernar no es administrar el día a día, sino articular políticas públicas coherentes con una idea de país. Un programa no se improvisa, surge de diagnósticos históricos, de opciones ideológicas explícitas y de una lectura estratégica del futuro.

Cuando el gobierno carece de partidos sólidos, el programa se diluye. Las políticas aparecen como respuestas técnicas —muchas veces necesarias—, pero desconectadas entre sí y del horizonte político que las justifique. El resultado es una sensación social de arbitrariedad, decisiones correctas en lo técnico, pero débiles en legitimidad.

Bolivia conoce bien este problema. El péndulo histórico entre estatismo y privatización, entre Estado omnipresente y mercado desregulado, no se rompe sin un acuerdo político de largo plazo, sostenido por organizaciones capaces de darle continuidad más allá de la coyuntura.

Quizá la función más olvidada de los partidos sea la de otorgar sentido a las decisiones. La política no solo resuelve problemas, construye relatos colectivos, explica sacrificios, proyecta esfuerzos hacia un futuro compartido. Sin ese relato, las reformas —por muy necesarias que sean— se viven como imposiciones.

Nuestra Visión de País insiste en que Bolivia necesita cerrar ciclos históricos inconclusos y avanzar hacia una reconciliación nacional y social que no borre las diferencias, sino que permita convivir con ellas democráticamente. Esa tarea no puede ser asumida solo por el Estado ni por liderazgos individuales, requiere partidos que organicen sentido, memoria y porvenir.

Un gobierno sin partidos gobierna el presente, pero no logra narrar el futuro.

Finalmente, los partidos organizan la representación. Forman cuadros, seleccionan liderazgos, articulan intereses regionales y sectoriales, y sostienen al gobierno en el tiempo. Cuando esto no ocurre, el poder se ejerce en soledad, apoyado en figuras individuales, sin anclaje territorial ni militante.

La situación actual es ilustrativa, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria es el resultado de una diáspora de más de veinte años de inactividad política; Primero la Gente es un grupo reducido, focalizado casi exclusivamente en Tarija; y la Democracia Cristiana sobrevive más como sigla legal que como organización viva, sin militancia ni historia reciente que la respalde. Ninguna de estas estructuras puede cumplir hoy cabalmente la función de partido de gobierno que hemos explicado.

Conviene introducir, en este panorama, una salvedad necesaria: Unidad Nacional, el partido que preside Samuel Doria Medina, constituye hoy la única estructura partidaria real dentro del frente político gobernante. Se trata de una organización que ha logrado sobrevivir a más de dos décadas de ostracismo del sistema de partidos en Bolivia, sostenida por una perseverancia política poco común y por una capacidad material que le permitió mantenerse en pie cuando casi todas las demás estructuras colapsaban. Sin embargo, aun con ese mérito indiscutible, Unidad Nacional responde a un formato partidario clásico, propio de la democracia representativa del siglo pasado, una organización vertical, limitada para cumplir, en plenitud, las funciones que hoy demandan las sociedades contemporáneas. En tiempos de internet, redes sociales y ciudadanía hiperactiva, esa forma de partido resulta insuficiente para procesar demandas complejas, sostener deliberación colectiva en el tiempo y construir sentido compartido más allá del ciclo electoral. El desafío, por tanto, no es su supervivencia —ya probada—, sino su capacidad de transformarse en un dispositivo político acorde a una democracia más abierta, más horizontal y menos dependiente de las lógicas heredadas del siglo XX.

Y todo lo dicho hasta ahora no quiere expresar nostalgia. Se trata de advertir que sin partidos renovados y funcionando no hay bloque social de poder, y sin ese bloque la gobernabilidad se vuelve frágil, reversible y dependiente del humor social del momento.

Esos viejos partidos fueron útiles para consolidar la democracia representativa, pero hoy exhiben límites evidentes. Vivimos en un tiempo de una política de redes, de intermediaciones diluidas y de ciudadanía hiperexpresiva; cada persona produce opinión (a veces brillante, a veces francamente ruidosa) y la conversación pública circula a la velocidad de un meme. En este contexto, el partido que necesitamos no es un museo de prácticas obsoletas, sino una institución renovada, más abierta, más deliberativa, más transparente y técnicamente capaz.

La paradoja es simple, la sociedad se volvió cada vez más “horizontal” en comunicación, mientras que el Estado sigue siendo inevitablemente vertical por su diseño. Por eso, lejos de desaparecer, la función partidaria se vuelve más importante que nunca. Alguien debe transformar la conversación dispersa en agenda pública, la indignación en propuesta y el presente en un horizonte de futuro compartido. Sin esa mediación, la política queda reducida a impulsos fragmentarios, y el poder se ejerce sin traducción social ni sostén duradero.

Renovar el sentido contemporáneo del partido político supone asumir que la mediación democrática ya no puede organizarse exclusivamente mediante comités territoriales, frentes sectoriales, jerarquías rígidas y militancias cerradas. En diversos países han emergido partidos-plataforma que incorporan herramientas digitales para la consulta, el debate interno y la priorización de agendas. A estas experiencias se suman los ensayos de democracia líquida, inspirados en los partidos pirata europeos, que combinan participación directa con mecanismos de delegación revocable del voto por áreas temáticas.

La evidencia comparada muestra un potencial claro en términos de inclusión, especialización y dinamismo organizativo, pero también advierte riesgos conocidos como la concentración informal de poder, liderazgos opacos o la aparición de “super-votantes”. Tales riesgos no se corrigen negando la innovación, sino mediante reglas explícitas, transparencia operativa y controles democráticos efectivos.

Una innovación aún más relevante es la institucionalización de espacios deliberativos estructurados, las asambleas ciudadanas, jurados cívicos y paneles sectoriales seleccionados con criterios de representatividad social, capaces de deliberar sobre problemas complejos y producir recomendaciones dotadas de legitimidad pública. Se han documentado en el mundo cientos de estas experiencias que subrayan que hay un nuevo valor que emerge y que reside en la profesionalización de la escucha, lo que significa metodologías claras, acceso a información plural y contrastada, facilitación experta, trazabilidad de las decisiones y obligación de respuesta por parte de las autoridades.

Traducido a una clave boliviana, se trata de renovar lo que la ley denomina “partido político”, e implica construir un sistema mixto, inovando plataformas abiertas de escucha y priorización ciudadana; mecanismos deliberativos con reglas estables; equipos programáticos capaces de convertir insumos sociales en propuestas coherentes; y una arquitectura de representación territorial y sectorial que vuelva a conectar Estado y sociedad sin clientelismo, improvisación ni fetichismo organizativo

La Visión de País que venimos defendiendo insiste, precisamente, en que Bolivia necesita puentes ideológicos y sociales, no trincheras identitarias ni atajos personalistas. Partidos entendidos como plataformas de articulación (programática, territorial y generacional) capaces de producir sentido colectivo, organizar la representación y sostener acuerdos de largo plazo. Sin esa renovación de la intermediación política, no habrá reconciliación posible, solo un monólogo infinito que no llega nunca a convertirse en proyecto nacional.

Este no es un texto contra el gobierno, sino una advertencia política dirigida a quienes hoy ejercen el poder. Gobernar sin partidos es posible por un tiempo; sostener un proyecto de país sin ellos es, en el mediano plazo, prácticamente imposible. La historia boliviana es clara al respecto, los gobiernos que prescinden de la mediación política terminan atrapados entre la tecnocracia sin respaldo o la presión corporativa sin horizonte y tenemos ejemplos variados de no hace mucho tiempo atrás; es cosa de mirar con cuidado el inmediato pasado.

Las autoridades actuales harían bien en asumir que la legitimidad electoral, por amplia que haya sido, no reemplaza la necesidad de organización política. El respaldo ciudadano no se conserva solo con decisiones correctas, sino con estructuras capaces de explicarlas, defenderlas y proyectarlas en el tiempo. Sin partidos que articulen demandas, construyan programa y otorguen sentido, el gobierno corre el riesgo de gobernar en solitario, expuesto a la fatiga social y a la erosión progresiva de su autoridad.

Reconstruir vínculos partidarios no es una concesión ni una debilidad, es un acto de realismo democrático. Implica aceptar que el Estado no puede hablarle directamente a una sociedad compleja y fragmentada sin intermediaciones estables. Implica, también, asumir que sin bloque social de poder no hay reforma sostenible, por más necesaria o urgente que esta sea.

La pregunta que queda abierta, no es si Bolivia necesita partidos, sino si el gobierno está dispuesto a promover, reconstruir o tolerar organizaciones políticas reales que lo vinculen con la sociedad, aun cuando eso implique compartir poder, escuchar demandas, deliberar y aceptar límites.

Porque gobernar es, finalmente, algo más que decidir, es construir futuro con otros. Y sin partidos, ese futuro vuelve a quedar peligrosamente a la intemperie.

EL LENGUAJE: CONSCIENCIA Y REALIDAD

Uno de los problemas menos visibles (y sin embargo más decisivos) de la sociedad boliviana es la precariedad en el dominio del castellano y otros lenguajes vigentes en el país. No se trata de una deficiencia meramente escolar ni de un asunto estético vinculado a la “buena dicción”, sino de un problema estructural que incide directamente en la forma en que comprendemos la realidad, la explicamos y la proyectamos colectivamente. En una sociedad donde el lenguaje es frágil, la conciencia social también lo es; y donde la conciencia es débil, la ciudadanía se vuelve incompleta y la democracia vulnerable.

Bolivia es un país multilingüe en el papel y, paradójicamente, empobrecido en su práctica lingüística cotidiana. Para una parte significativa (aunque no mayoritaria) de la población, el castellano no es lengua materna, sino una segunda lengua aprendida de manera incompleta, fragmentaria o meramente funcional. Al mismo tiempo, las  otras lenguas vigentes (el quechua, el aymara, el guaraní) han ido perdiendo centralidad en la vida diaria, en el espacio público y en la educación formal, sin haber sido plenamente sistematizadas ni fortalecidas como lenguas aptas para el pensamiento complejo, la escritura rigurosa y la producción intelectual.

El resultado es una situación intermedia y problemática, ya que muchas y muchos bolivianos no dominamos plenamente el castellano, pero tampoco contamos con un manejo sólido, normativo y actualizado de las otras lenguas mencionadas. Se vive, por decirlo sin eufemismos, en un “entre-lenguas” empobrecido. Este déficit no se manifiesta solo en errores gramaticales o en un vocabulario reducido, sino en la dificultad para formular ideas abstractas, argumentar con precisión, matizar posiciones, establecer relaciones causales o construir narrativas coherentes sobre la experiencia social y política.

El lenguaje no es un simple instrumento de comunicación; es el dispositivo fundamental mediante el cual se organiza la percepción del mundo. Nombrar es ordenar; conceptualizar es delimitar; narrar es conferir sentido. Cuando el lenguaje es pobre, la realidad se vuelve opaca, confusa o se reduce a consignas. Allí donde faltan palabras, sobran gritos; donde no hay conceptos, proliferan prejuicios; donde la sintaxis se debilita, la violencia simbólica encuentra terreno fértil para crecer. No es casual que las sociedades con déficits lingüísticos estructurales sean también más propensas a la simplificación del conflicto y a la radicalización identitaria.

Esta carencia tiene consecuencias políticas profundas. Una ciudadanía con limitaciones lingüísticas estructurales enfrenta mayores dificultades para comprender discursos públicos complejos, evaluar propuestas, detectar contradicciones o exigir rendición de cuentas. El debate democrático se empobrece, se simplifica y se polariza. La política degenera entonces en eslóganes, dicotomías morales rudimentarias y relatos maniqueos que excluyen el matiz y anulan la deliberación racional. En ese contexto, el adversario deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo; y la diferencia, en lugar de tramitarse mediante el diálogo, se transforma en agravio.

Aquí aparece un vínculo decisivo con el problema de la imprescindible necesidad de escucha, diálogo y reconciliación nacional y social. No puede haber reconciliación efectiva en una sociedad que carece de lenguajes compartidos para nombrar su historia, sus heridas y sus desacuerdos. La reconciliación no es silencio ni olvido, es la capacidad de narrar el conflicto sin reducirlo a insulto, de reconocer al otro sin negarlo, de procesar el pasado sin convertirlo en arma permanente. Todo eso exige lenguaje, palabras para matizar, conceptos para comprender, narrativas para integrar.

Cuando una sociedad no dispone de esas herramientas, la fractura se vuelve estructural. Las diferencias étnicas, regionales, culturales o ideológicas dejan de ser diversidad y se convierten en trincheras de guerra. El conflicto se expresa entonces como identidad cerrada y no como desacuerdo democrático. La pobreza lingüística no solo limita la participación política; limita, sobre todo, la posibilidad de construir un “nosotros” inclusivo, condición básica de cualquier proyecto nacional.

La responsabilidad de esta situación no recae en los hablantes, sino en un sistema educativo que ha fracasado en su misión más elemental: formar sujetos capaces de pensar con palabras. La educación intercultural bilingüe fue proclamada como una conquista histórica, pero no se tradujo en un fortalecimiento real de las lenguas utilizadas como lenguas de conocimiento, ni en una enseñanza rigurosa y exigente del castellano como lengua común de deliberación pública. En no pocos casos se optó por una pedagogía condescendiente, de bajos estándares, que confundió inclusión con simplificación y terminó produciendo una ciudadanía frágil, más proclive a la adhesión emocional que al juicio crítico.

Revertir este escenario exige una decisión política y cultural de largo aliento. Supone asumir que el dominio del lenguaje, oral y escrito, es una condición básica de la ciudadanía democrática. Supone también tomar en serio todas las lenguas vigentes en el país, no como emblemas identitarios congelados, sino como sistemas vivos capaces de vehiculizar ciencia, filosofía, derecho y pensamiento crítico. Y, al mismo tiempo, implica enseñar un castellano exigente, rico y preciso, no como instrumento de dominación, sino como espacio común de encuentro intersubjetivo, donde las diferencias puedan expresarse sin romper la convivencia.

En última instancia, fortalecer el lenguaje en Bolivia es fortalecer la capacidad de la sociedad para pensarse a sí misma y reconocerse en su pluralidad. Sin palabras suficientes no hay ciudadanía plena; sin lenguajes compartidos no hay reconciliación posible. Y sin una conciencia lingüísticamente articulada, toda promesa de transformación democrática corre el riesgo de quedarse —literalmente— sin palabras.

RAZÓN DE ESTADO

En política, no toda responsabilidad se agota en la aplicación mecánica de una norma. Existen circunstancias (excepcionales, incómodas, a veces desagradables) en las que la fidelidad literal a un procedimiento puede terminar poniendo en riesgo aquello que la Constitución pretende proteger, la continuidad del Estado, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Para esos escenarios límite existe una categoría tan antigua como controvertida, la razón de Estado.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli,

El debate vuelve a escena en Bolivia a propósito del Decreto Supremo 5515 y de la discusión (hipotética, pero legítima) sobre la sucesión presidencial en situaciones extraordinarias. Conviene despejar desde el inicio algunos malentendidos, no se trata de diagnósticos médicos ni de juicios personales. La pregunta es otra, estrictamente institucional, ¿qué ocurre si una autoridad llamada a asumir la Jefatura del Estado no se encuentra en condiciones plenas para ejercerla, aunque sea por minutos?

La arquitectura constitucional descansa sobre un supuesto elemental, quien ejerce el Poder Ejecutivo debe hacerlo con conciencia, racionalidad y responsabilidad. Si ese supuesto se quebrara el problema dejaría de ser individual para convertirse en un riesgo de Estado. En ese escenario extremo, una sucesión automática y acrítica podría abrir la puerta a decisiones irreversibles, crisis de mando o daños institucionales de gran escala. No es alarmismo, desde la Presidencia del Ejecutivo, cinco minutos pueden bastar para causar un estropicio.

Es aquí donde la razón de Estado aparece no como coartada autoritaria, sino como principio preventivo. Su función no es suspender la democracia, sino impedir que una lectura mecánica de las reglas termine saboteando su espíritu. Si el Decreto 5515 busca ganar tiempo institucional, contener un riesgo y permitir que operen los controles formales previstos por el orden constitucional, su justificación no es el capricho de nadie, sino la prudencia republicana.

Desde luego, la razón de Estado no es (ni puede ser) un cheque en blanco. Solo es defendible bajo condiciones estrictas, temporalidad claramente delimitada, proporcionalidad de la medida, verificación objetiva del riesgo, control parlamentario y judicial efectivo, y una finalidad inequívoca de restaurar la normalidad constitucional. Fuera de esos márgenes, es abuso; dentro de ellos, es responsabilidad democrática.

Bolivia conoce demasiado bien los estragos del decisionismo y del poder ejercido sin límites. Precisamente por esa experiencia histórica, conviene recordar que gobernar no consiste únicamente en cumplir procedimientos, sino en proteger a la comunidad política frente a riesgos extremos, incluso cuando hacerlo exige decisiones incómodas.

Si hoy Rodrigo Paz Pereira encarna la continuidad institucional, el debate no debería personalizarse en torno a Edmand Lara, sino elevarse a un plano más alto, el de la responsabilidad del Estado consigo mismo. Porque la democracia no se defiende solo aplicando reglas; también se preserva evitando que el poder caiga, aunque sea fugazmente, en manos de quien no está en condiciones de ejercerlo.

Lejos de una herejía constitucional, esa puede ser, paradójicamente, la forma más sobria y exigente de lealtad a la República.

DE RETORNO

 Luis Revilla Herrero

y los Chalecos Amarillos

La Paz vive una paradoja, sigue siendo el corazón político del país, pero hace años que carece de un liderazgo propio, arraigado en su historia y capaz de proponer un rumbo compartido para la ciudad y el departamento. En ese vacío, el anunciado regreso de Luis Revilla Herrero desde el exilio (tras más de tres años fuera del país por los procesos judiciales que él denuncia como persecución política) reordena de inmediato el tablero. No vuelve sólo un exalcalde con experiencia, vuelve uno de los pocos líderes genuinamente paceños con capacidad de convocarnos a todos y todas, tejer puentes y hablarle a la vez a Sopocachi y Villa Fátima, a la Zona Sur y a los barrios populares, a La Paz y a El Alto.

Revilla no es un recién llegado, su biografía está ligada a la ciudad desde joven, primero como concejal y luego como alcalde reelecto, identificado con una centroizquierda progresista que puso énfasis en servicios públicos, espacio urbano y ciudadanía. A esa trayectoria se suma ahora la experiencia del exilio, en la que ha insistido en el sentido del servicio como hilo conductor de su vida pública. Ese capital simbólico lo coloca en una posición particular, puede hablar de gestión, de democracia y de derechos desde la memoria concreta de lo hecho y desde la herida de haber sido expulsado del juego por razones que miles de paceños percibieron como arbitrarias.

Lo que cambia con su retorno es la posibilidad real de construir un acuerdo suprapartidario genuinamente paceño. No se trata de resucitar viejas siglas ni de armar una alianza electoral más, sino de articular un “Pacto por La Paz” que ponga por delante un proyecto de ciudad y departamento antes que las candidaturas. Ahí Revilla aporta algo escaso en la política local. Tiene vasos comunicantes con la tradición municipalista, con sectores ciudadanos de centro y con organizaciones sociales que, sin ser masistas, tampoco se reconocen en la derecha tradicional. Es, por biografía y por lenguaje, un puente verosímil.

Ese pacto, además, no puede pensarse sólo en clave municipal. La Paz es ciudad y a la vez departamento diverso con un eje metropolitano La Paz–El Alto y unas provincias que hoy funcionan sin conducción estratégica. Una propuesta programática elaborada para El Alto como “ciudad del futuro” (con ejes de desarrollo tecnológico y productivo, fortalecimiento institucional y cohesión social con equidad territorial) ofrece pistas claras; la región paceña puede convertirse en el gran nodo logístico, industrial y de conocimiento del país si articula sus vocaciones. La Paz sede de gobierno, El Alto polo productivo y tecnológico, las provincias integradas por vías, conectividad y servicios. Hace falta alguien que convierta esa visión en una agenda política compartida; el regreso de Revilla abre la opción de que La Paz vuelva a mirarse a sí misma como región y no sólo como un municipio aislado.

También está en juego la salud de la democracia paceña. Durante años, el departamento ha oscilado entre la hegemonía del masismo, desgastada pero resistente, y opciones opositoras fragmentadas, muchas veces más preocupadas por disputarse el voto anti MAS que por construir una mayoría propositiva. Un liderazgo como el de Revilla puede ayudar a romper esa trampa binaria, convocando a fuerzas democráticas diversas alrededor de un mínimo común denominador, la defensa del Estado de derecho, la reconciliación, el respeto a la diversidad cultural y regional, y un proyecto de desarrollo que ponga en el centro a las personas, no a los caudillos. Esa lógica de unidad democrática ya ha sido ensayada en propuestas de alcance nacional que buscan convertir la crisis en oportunidades para reconstruir mayorías estables.

El retorno de Revilla, además, puede contribuir a cerrar un ciclo oscuro de persecución y exilio que afecta no sólo a él, sino a decenas de opositores y dirigentes sociales hoy fuera del país. Si un paceño que fue Alcalde y se vio obligado a refugiarse logra volver con garantías, someterse a una justicia no manipulada y defender su inocencia, se envía una señal potente a toda la sociedad; se nos dice que es posible pasar de la revancha a la competencia democrática, de la judicialización de la política al debate programático. La Paz, como sede de los poderes del Estado, tiene la responsabilidad simbólica de inaugurar ese nuevo clima, y la figura de Revilla puede ser uno de los catalizadores.

Nada de esto, por supuesto, está garantizado. El regreso de un líder puede también tentarlo a volver a la vieja lógica del campanario, cerrar filas en torno a su grupo, administrar el recuerdo de su buena gestión y negociar desde allí cuotas de poder. La diferencia estará en que Revilla se asuma como candidato de sí mismo o como articulador de un proyecto paceño más grande que su nombre, un acuerdo que convoque a universidades, colegios profesionales, juntas vecinales, empresarios, movimientos sociales y juventudes, y que ponga sobre la mesa una agenda concreta para los próximos veinte años, con seguridad ciudadana, movilidad, empleo juvenil, economía del conocimiento, cuidado del medio ambiente e integración campo y las ciudades.

La Paz y su departamento necesitan volver a creer que su voz cuenta en el destino de Bolivia. El anunciado retorno de Luis Revilla no es una varita mágica, pero sí una oportunidad política que no se presenta todos los días, la de recuperar un liderazgo paceño con experiencia, identidad y vocación democrática, capaz de tender puentes entre partidos y generaciones. Dependerá de él, y de la madurez de las fuerzas democráticas de la región, que esa oportunidad se traduzca en un verdadero proyecto de futuro para todas y todos los paceños, residentes y migrantes, que hemos hecho de este territorio nuestro hogar.

EL NUEVO MIR

O, EL MIR DE NUEVO

Dicen que el MIR ha recuperado su sigla después de veinte años de proscripción. Es una buena noticia para la memoria democrática boliviana, pero también una pregunta incómoda, ¿qué es exactamente lo que se quiere reconstruir? ¿Un recuerdo entrañable de juventud, un sello electoral disponible para negociar cargos, o un partido de la Izquierda Nacional boliviana para el siglo XXI, con identidad nítida, progresista y sin complejos? En estas dos décadas la militancia tomó rumbos muy distintos, algunos se alinearon con la ultraderecha tecnocrática, otros con la derecha populista, otros se refugiaron en el etnonacionalismo autoritario del MAS. Muy pocos hemos intentado conservar una visión de país que corresponda con la izquierda nacional y democrática, con raíces socialdemócratas, como la que quisimos tallar hace años, un hilo nacional, democrático y popular, feminista y ecologista, fruto de una larga reflexión escrita, discutida y defendida, no de un arrebato coyuntural.

Si hoy el MIR vuelve a la escena política, la vara para medir su sentido histórico no es la nostalgia, sino la coherencia con los principios de la izquierda democrática en Bolivia y la socialdemocracia internacional. Se entiende la izquierda democrática como un movimiento por la libertad, la justicia social y la solidaridad, cuyo objetivo es una sociedad en la que cada persona pueda desarrollar plenamente su personalidad, con garantías plenas de derechos humanos y civiles, en un marco de democracia efectiva. No se trata de un estilo amable de hacer política, sino de un proyecto integral que articula democracia política, igualdad social, economía regulada al servicio de las mayorías, paz, protección del medio ambiente y respeto radical a la dignidad humana. Ese respeto no es retórico, la Carta Ética de la Internacional Socialista, insta a defender la libertad de pensamiento, de creencias, de educación y de orientación sexual, el derecho a la igualdad de trato y la lucha contra toda discriminación por género, raza, origen étnico, orientación sexual, religión o ideas, y reconoce como aliados naturales a las organizaciones de mujeres, a los verdes, a la juventud y a los movimientos LGBTIQ+. La agenda que hoy la derecha descalifica con el rótulo despectivo de “woke” no es un capricho posmoderno, sino la consecuencia lógica de los valores clásicos de la socialdemocracia: libertad, igualdad, solidaridad, paz y derechos humanos. Si el nuevo MIR no asume sin ambigüedades ese piso ético y político, no será socialdemócrata, será otra cosa, un cascarón disponible para acomodarse al viento ideológico que sople.

En este marco, la defensa del Estado laico es un punto de partida ineludible. La protección simultánea de la laicidad y de la libertad religiosa debe ser un compromiso claro, el Estado no tiene religión, protege por igual a todas las creencias y también a quienes no profesan ninguna, y sus políticas públicas se basan en derechos y evidencias, no en dogmas. En Bolivia, aunque la Constitución consagra un Estado laico, en la práctica las iglesias católicas y evangélicas, junto a distintos fundamentalismos (incluidos algunos de supuesto signo “originario”) siguen influyendo sobre leyes, políticas públicas y decisiones judiciales. Eso se ve en los debates sobre educación sexual, aborto, derechos LGBTIQ+ o violencia de género, donde se intenta imponer una moral religiosa particular como norma obligatoria para toda la sociedad. Sin Estado laico no hay igualdad plena, y sin igualdad plena no hay socialdemocracia. Un MIR dispuesto a transar este punto para quedar bien con obispos, pastores o chamanes de ocasión, renunciaría, en los hechos, a su vocación de modernidad.

Lo mismo ocurre con los derechos de las mujeres y el aborto. La socialdemocracia y sus organizaciones de mujeres han insistido en que la igualdad de género implica el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En el espacio latinoamericano y caribeño han llamado explícitamente a desarrollar políticas públicas que garanticen estos derechos en condiciones de salud reproductiva adecuada y decisión libre, informada y segura. En Bolivia, sin embargo, el aborto continúa criminalizado, salvo excepciones restringidas (violación, incesto, riesgo para la vida o la salud de la mujer, algunas malformaciones fetales) y, aun en esos casos, el acceso real está plagado de trabas burocráticas, estigma y maltrato institucional. El resultado es conocido, cientos de abortos clandestinos e inseguros y muertes evitables de mujeres, sobre todo pobres y rurales. El MIR del siglo XXI no puede mirar hacia otro lado. Si las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, si la maternidad no es libre, sino impuesta por el miedo a la sanción penal o por la presión religiosa, entonces la ciudadanía femenina es de segunda clase y la democracia se convierte en escenografía. Un partido que se reclame de izquierda democrática debe comprometerse de manera explícita con la despenalización del aborto dentro de plazos razonables, con el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, y con una educación sexual integral, laica y científica. No se trata de provocar a nadie, sino de salvar vidas, reducir desigualdades y reconocer un derecho básico a la autonomía moral. Si el nuevo MIR se refugia en ambigüedades, eufemismos o invocaciones genéricas a la “libertad de conciencia” para no incomodar al conservadurismo religioso, estará renunciando a uno de los pilares contemporáneos de la izquierda democrática en América Latina.

Algo similar vale para la diversidad sexual y de género. Se debe respetar y reforzar los derechos fundamentales, mencionando de forma expresa la orientación sexual y el derecho a la igualdad de trato, y combatir toda forma de discriminación basada en ello. En su desarrollo programático, la socialdemocracia ha situado la lucha contra la homofobia y las distintas fobias ligadas a la orientación sexual y a la identidad de género en el corazón de la construcción de una “sociedad de derechos” basada en la inclusión y la igualdad. Un partido socialdemócrata no puede tratar los derechos LGBTIQ+ como un apéndice incómodo del programa, relegado a notas al pie o a mensajes oportunistas para foros internacionales. Si hablamos en serio de dignidad y libertad, hay que defender leyes antidiscriminación efectivas; el reconocimiento igualitario de las familias diversas; el respeto a la identidad de género y la protección frente a los crímenes de odio; así como políticas públicas específicas en salud, educación, trabajo y seguridad para estos colectivos. La derecha hablará de “agenda woke” para ridiculizar esta lucha, pero lo que está en juego es algo mucho más elemental, que nadie sea golpeado, expulsado de su casa, despedido o humillado por amar a quien ama o por ser quien es. Si, al recuperar su sigla, el MIR decide hacerse el distraído con estos temas para no perder votos en sectores conservadores, no estará demostrando astucia táctica, sino renunciando a los principios que decimos abrazar.

Después de veinte años de proscripción, el verdadero riesgo es que el regreso del MIR se convierta en una operación puramente instrumental, utilizar una sigla conocida para negociar alianzas, listas y cuotas, adaptando el discurso según la moda del momento, un día guiñando el ojo a la derecha “promercado”, otro día al populismo conservador, otro al identitarismo autoritario, sin brújula propia. Para eso, francamente, no hace falta reconstruir el MIR; el sistema político boliviano ya está lleno de siglas-taxi, micropartidos y franquicias personalistas que cumplen ese papel. La única razón para invertir energía vital en esta reconstrucción es convertir al MIR en un partido socialdemócrata nítido, progresista, comprometido con la democracia pluralista y el Estado de derecho; con un Estado laico entendido como garantía de libertad e igualdad; con la igualdad sustantiva de las mujeres, incluyendo su derecho al aborto seguro; con la plena ciudadanía de las personas LGBTIQ+; con la defensa del medio ambiente y una transición ecológica justa; con la reducción radical de las desigualdades sociales y territoriales; y con un proyecto de reconciliación nacional que una, en vez de enfrentar, nuestras diversidades regionales, étnicas y culturales. Dicho de otro modo, o el nuevo MIR asume con claridad la tradición socialdemócrata y la reinterpreta creativamente para la Bolivia plurinacional de hoy, o será, en el mejor de los casos, un partido más, indistinguible del resto, condenado a girar alrededor del poder de turno.

La recuperación de la sigla, entonces, es una oportunidad, no una garantía. Si el MIR se presenta ante la sociedad boliviana con un documento fundacional claro, que se reconozca explícitamente heredero de la socialdemocracia internacional y que defienda sin ambigüedades el Estado laico, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad LGBTIQ+, la justicia social y ecológica, estaremos ante algo distinto, un partido capaz de aportar a la renovación de la política boliviana, de contribuir a la construcción de una centroizquierda moderna y de impulsar una agenda de reconciliación basada en la igualdad de derechos. Si, en cambio, el “nuevo” MIR prefiere callar o diluir estos principios para no perder viejas amistades conservadoras o posibles alianzas coyunturales, la conclusión es sencilla, no vale la pena militar allí. Porque sin una columna vertebral ética y programática, será solo un vehículo más para participar del poder, y no una herramienta para transformar el país. La disyuntiva está servida, o un MIR socialdemócrata, laico, feminista, plural y progresista, o un MIR cualquiera. Y si va a ser cualquiera, mejor dejar el nombre en la memoria afectiva, antes que verlo convertido en la caricatura de aquello por lo que una generación entera luchó.

LA REPÚBLICA PLURINACIONAL

En las teorías políticas conviven varias maneras de entender el Estado. Mi mirada lo piensa como un aparato público que organiza el poder para legislar, gobernar e impartir justicia sobre y con la población que habita un determinado territorio.

La tradición republicana añade la forma, el poder se ejerce bajo el imperio de la ley, con división e independencia de poderes y controles recíprocos. Otras lecturas interpelan su contenido real, a quién le sirve y cómo se usa, porque sin límites efectivos el aparato termina capturado por intereses particulares. No son visiones que se excluyan, se complementan y obligan a una definición práctica y exigente.

Mi propuesta es clara y compatible con la diversidad del país, Bolivia es una República (la forma que limita y ordena el poder) cuyo Estado es plurinacional (la composición de su ciudadanía reconocida). No hay contradicción. La República fija reglas, leyes, derechos, separación de poderes, etc.. La plurinacionalidad reconoce que gobernamos sobre distintos pueblos que por razón de origen pueden considerarse naciones. La primera ordena; la segunda incluye. Juntas construyen un nosotros democrático.

Esta diferencia es trascendental. El masismo concibe al Estado como conteniendo a la sociedad, en su visión todas y todos los ciudadanos somos parte del Estado y es el Estado el que se compone en Sociedad Política y Sociedad Civil. Una visión republicana concibe al Estado como una oficina desde la que se gobierna y se regula la convivencia de la sociedad, el Estado es la Sociedad Política, mientras que fuera de él están las instituciones de la Sociedad Civil. Somos ciudadanos que ejercemos nuestra libertad, no somos funcionarios, ni subditos de un Estado.

Ese tipo de Estado debe cumplir sin ambigüedades sus tareas esenciales. Legislar, gobernar e impartir justicia; el Legislativo hace leyes, el Ejecutivo administra y ejecuta, el Judicial resuelve conflictos y protege derechos. Sin esa separación no hay República sino arbitrariedad. Por eso es innegociable una reforma judicial basada en mérito, carrera y transparencia.

El monopolio de la fuerza es exclusivo y único, pero estrictamente sometido a la ley. Fuerzas Armadas y Policía bajo conducción civil y control democrático; protocolos de uso proporcional de la coerción; y un Defensor del Pueblo capaz de proteger a la ciudadanía frente a abusos del propio Estado. Autoridad sí; discrecionalidad, no.

Garantizar derechos, seguridad jurídica y orden público es indelegable. Sin seguridad jurídica no hay inversión, empleo ni futuro; sin seguridad ciudadana no hay libertad. La prevención, la regulación y la sanción deben regirse por reglas claras, previsibles y estables. Primero la ley; nunca el capricho.

También corresponde al Estado coordinar y regular la economía cuentas claras. Recaudar, gastar y rendir cuentas con reglas fiscales; priorizar bienes públicos como la salud, la educación, la infraestructura. Esto exige autonomías vivas y un pacto fiscal efectivo, con competencias definidas y mayor capacidad de recaudación y gestión subnacional, para que la solución esté más cerca de la gente.

El Estado representa el interés general sin confundirse con la sociedad. No es el país en si mismo (como ha pretendido el MAS), ni un gobierno de turno, sirve a la ciudadanía y está sometido a la Constitución. Cuando el aparato estatal se confunde con “el pueblo”, se borran los límites y se abre la puerta a la corrupción y al abuso.

De esta arquitectura se desprende un modelo operativo nítido: un Estado pequeño pero fuerte, descentralizado y eficiente. Pequeño, porque no pretende hacerlo todo ni suplantar a la sociedad; fuerte, porque hace bien lo que le toca y no renuncia a su autoridad; descentralizado, porque decide junto a los territorios; eficiente, porque se organiza por resultados y rinde cuentas.

Nuestra apuesta republicana y plurinacional no es consigna sino un contrato institucional para recomponer confianzas, proteger libertades y encender de nuevo el motor del desarrollo. Se sostiene en reglas estables con separación de poderes y control recíproco; en una justicia que funcione por mérito, carrera, transparencia y acceso real; en una fuerza legítima y limitada, con seguridad que respeta derechos, responde a mando civil y al control democrático; descentralizado, con recursos equitativamente distribuidos, mediante un pacto fiscal y autonomías plenas para los gobiernos locales que deciden y rinden cuentas.

Bolivia necesita ese "Estado-oficina" que ordene, incluya y haga cumplir la ley; una República que sea ese poder y una plurinacionalidad que reconozca a todos y todas. Ese es el camino para pasar del conflicto repetido a la convivencia democrática, y del estancamiento a un progreso compartido. 

EL VOTO: pérdidas y ganancias

Aquí no se ganó ni se perdió; se abrió, con crudeza, la página donde el país se miró sin maquillaje. La derrota de Tuto Quiroga no es un tropiezo táctico ni el capricho de una encuesta, exhibe el límite cultural de una élite que confunde el decorado con el cuarto, el trending topic con la memoria social. En Bolivia, parte de la sociedad no soporta mirarse en la herida colonial que se repite, una y otra vez, con el mismo error. Lo escribió ayer Susana Bejarano sin rodeos y yo le creo: el “error” no fue del manual electoral de Durán Barba, fue que se equivocaron de país. Cuando estallaron los tuits racistas del candidato a vicepresidente de LIBRE, se intentó rebajarlos a que eran solo ruido; en realidad tocaban un nervio que nos atraviesa y que es memoria viva. Ahí, en esa sílaba mal dicha, se decidió la campaña.

Horas después del balotaje vimos el envés del tapiz, protestar es un derecho; volver dogma a una sospecha, no. La incredulidad creció en los claustros digitales donde el espejo repite al espejo, “nadie apoya a Rodrigo Paz” –decían–, “todos son de Tuto”, y se lo creían. Cuando el conteo contradijo esa cámara de ecos, apareció la palabra ritual, “¡fraude!”. Pero las redes administran percepciones, no sustituyen el escrutinio.

Los hechos, incómodos como cualquier evidencia, no calzan con el relato conspirativo. Rodrigo Paz venció casi con un 10% por encima de su rival; el resultado es inobjetable. LIBRE pidió auditorías y acceso a actas (gesto saludable en una República) mientras observadores y autoridades electorales respaldaron la validez del proceso. Pedir transparencia no equivale a predicar fraude; convertir dudas de WhatsApp en certezas nacionales sí erosiona la convivencia.

Pero el problema es más hondo. En campaña reapareció, sin disfraz, una intolerancia de clase que llama “natural” a lo que es violencia simbólica, el “mascacocas hediondo”, al “mueran los collas”, al desprecio por el origen popular. No es una anécdota, es un cerco cultural que hace indigesto cualquier mensaje. Cuando prospera la fábula de “minorías ilustradas” llamadas a gobernar sobre una “mayoría ignorante”, se retira el puente y sólo queda un foso infecto. Desde ese lugar no sólo se pierden elecciones, se malogra cualquier proyecto de convivencia democrática.

Los ultras, a derecha e izquierda, deforman la democracia, cambian el voto por el grito, las reglas por el agravio. Dos décadas masistas de erosión institucional nos lo recuerdan, el Estado como herramienta de facción, la política como guerra moral. La novedad de este octubre no es que ambos extremos cayeran, es que ambos quedaron expuestos; el etnonacionalismo autoritario que bloqueó el país cuanto pudo y la derecha extrema para la cual la igualdad política es un tropiezo en el camino de sus ambiciones. Por eso el resultado abre una puerta y genera el desafío de reconstruir un centro popular, entre liberal y socialdemócrata, capaz de dar rumbo sin negar la pluralidad real de nuestro país.

Ese es el punto de partida del nuevo ciclo, reorganizar una izquierda democrática, liberal, nacional y progresista. No es nostalgia de etiquetas; es gramática de la gobernabilidad. Nuestra tradición y nuestra cultura política, cuando supo aliar libertad con igualdad, productividad con protección, mérito con reconocimiento, hizo transitable el camino. Ese lugar histórico tiene hoy algunas tareas inmediatas:

Primera: Defender el voto como sacralidad civil. Auditorías razonables, sí; “fraude sin pruebas”, no. Blindar el resultado hoy es blindar la alternancia mañana. El Estado de derecho se cuida en las buenas y, sobre todo, en las malas.

Segunda: Reconciliar de veras. No habrá hegemonía democrática mientras siga intacto el dispositivo racista que naturaliza jerarquías y convierte al distinto en sospechoso. Reconciliar no es olvidar, es reconocer, reparar y pactar reglas previsibles. En lo concreto, un lenguaje público que dignifique; una escuela que enseñe convivencia; medios que verifiquen y abran micrófonos diversos; justicia que castigue la violencia y la discriminación. Esa pedagogía cívica es también económica, sin ella, ninguna reforma sobrevivirá al próximo estallido.

Tercera. Ayudar a dar estabilidad y gobernabilidad, cuidando lo irremplazable. Ordenar cuentas, normalizar el mercado de hidrocarburos y divisas, y sincerar precios relativos con una secuencia que proteja a la mayoría. El mandato fue claro: cambio con certezas, reformas con amortiguadores, crecimiento con derechos. La democracia no se debe narrar desde la tribuna, debe empujar un pacto de transiciones (fiscal, cambiario, energético, productivo) que preserve servicios esenciales, promueva inversión y empleo, y remiende el tejido social. Gobernabilidad es menos un discurso épico y más cumplimiento, metas, calendarios, evaluación independiente y protección a las y los más vulnerables.

No se trata de cheques en blanco ni de negar diferencias; se trata de leer el signo de la hora, clausurar el péndulo catastrófico que nos lleva del estatismo clientelar al ajuste sin redes de seguridad, y abrir un ciclo ciudadano donde la política vuelva a ser una industria de acuerdos. El nuevo gobierno necesita una contraparte que le ayude con la brújula, democracia con ley, crecimiento con equidad, descentralización con inclusión territorial. Santa Cruz (motor imprescindible) tendrá que renovar élites para liderar sin desprecio; el altiplano y los valles, abandonar el ensimismamiento corporativo y volver a hablar el idioma del bien común.

Volvamos al principio. Esto no se resuelve con genialidades de un consultor, sino con una dirigencia que entienda la densidad cultural de Bolivia y hable en los mercados y con los sindicatos, las cooperativas y las startups, con maestras y transportistas, juntas vecinales y universidades. La ciudadanía no se decreta, se teje. Si las élites derrotadas no reconocen la raíz de su fracaso (racismo solapado, distancia social, desprecio al otro) volverán a tropezar otra vez con la misma piedra. Si el puente entre el liberalismo y la izquierda democrática se reorganiza como casa común de la pluralidad, hará posible lo urgente, la estabilidad con dignidad.

Porque aquí no ganó sólo Rodrigo Paz Pereira; ganó una oportunidad. Y eso es algo que no abunda en este tiempo. Que no la extravíen el resentimiento ni la soberbia. Que la conquiste, de una vez, la República de ciudadanas y ciudadanos, en democracia y libertad.

PERIODISMO EN LAS ELECCIONES

para la escucha, el diálogo y la reconciliación

En una segunda vuelta que definirá el rumbo del país el 19 de octubre de 2025, es indispensable rechazar la televisión militante que pretendió manipular las urnas desde el set.

Hemos visto cómo varios canales, convertidos en actores de campaña, confunden noticia con propaganda, amplifican un libreto que empuja el eje programático y ofrecen al televidente una realidad recortada, donde la voz del ciudadano cede ante la pauta, el rating y la conveniencia empresarial. Ese desorden no es pluralismo; es parcialización de facto. Ha servido para acrecentar la división, la desconfianza y hasta los discursos de odio.

El periodismo de verdad tiene una misión simple y exigente, verificar, distinguir información de opinión, abrir la deliberación a voces diversas y poner el interés público por encima del interés de la redacción. Cuando ese estándar se abandona, la libertad del voto se vacía y la democracia se empobrece.

En esta campaña de balotaje, esa parcialización tuvo nombre y pantalla: DTV, GIGAVISIÓN, UNIVISIÓN y RED UNO TV, cruzaron el límite profesional y tomaron partido, de manera inocultable, por Tuto Quiroga, a pesar de ser una candidatura asociada a la derecha radical (como él mismo dice) y señalada por múltiples voces por machismo, racismo y homofobia. Lo hicieron mediante encuadres complacientes, paneles desequilibrados, consignas disfrazadas de noticia, silenciamiento de voces disonantes y una distribución de minutos de pantalla que convirtió la cobertura en propaganda. Eso no es libertad de prensa, es distorsión del derecho de las y los electores a recibir información veraz, plural y contrastada. Y si la prensa se juega el partido con la camiseta puesta, el árbitro desaparece y el público queda a merced de un marcador inventado.

Debemos defender reglas claras que devuelvan la construcción de la opinión pública a la ciudadanía, transparencia plena de la propiedad y de la pauta (pública y privada); etiquetado visible de todo contenido político pagado; encuestas con ficha técnica auditada; acceso equitativo y debates obligatorios; defensoría del televidente en los principales canales; y observación ciudadana continua sobre coberturas y minutos de pantalla. No se trata de censurar a nadie, sino de impedir que el árbitro sea jugador; de recordar que la prensa es un contrapoder, no un comité de campaña. Así se cuida el voto libre y así se honra la dignidad de las mayorías, que en Bolivia tienen rostro de mujeres que trabajan y cuidan, de juventudes que estudian y emprenden, de clase media urbana y popular, de pueblos indígenas y migrantes internos: todas y todos los que sostienen el país sin micrófonos ni privilegios.

La campaña que Bolivia necesita habla el idioma de la gente, empleo digno, salud cercana, escuelas que enseñen, seguridad sin abusos y justicia sin privilegios. Y, sobre todo, una decisión estratégica para romper el péndulo catastrófico que durante décadas nos ha oscilado entre un estatismo que asfixia y una privatización que excluye. Ese vaivén sólo se detiene con acuerdos de larga duración entre sociedad, mercado y Estado; con reglas estables; con un piso ético que ponga freno al cinismo y a la prebenda; y con una apuesta por la economía del conocimiento, la transición ecológica y la igualdad real de oportunidades. Esto no es consigna, es arquitectura de futuro.

Tenemos, además, un marco histórico que sigue siendo nuestra gramática común, lo nacional, lo democrático y lo popular, desde donde se construyen las mayorías electorales viables. Desde 1952, Bolivia se piensa y se reconoce en esa trilogía que articuló ciudadanía, inclusión y desarrollo. Actualizarla hoy implica incorporar sin miedo las energías del siglo XXI, feminismo, pluralidad cultural, compromiso ecológico, innovación tecnológica, para que el proyecto no sea pura nostalgia, sino un motor con un futuro donde podamos escucharnos, entendernos y reconciliarnos todos y todas.

La Reconciliación Nacional y Social no es una consigna ni una terapia de grupo, es una política de Estado para suturar una fractura histórica. No pide amnesia, exige memoria y justicia, verdad para las víctimas y reparación simbólica con un horizonte común. Supone instalar una institucionalidad permanente para la Reconciliación, con justicia restaurativa, educación para el pluralismo y un Archivo de la Memoria, que convoque a mujeres y hombres, juventudes, pueblos indígenas, trabajadores y emprendedores a un diálogo real, no solo de fotos para la televisión. Desde un centro democrático (alérgico a los dogmas de izquierda y de derecha) debe transformar el conflicto en acuerdos estables, reconstruir la confianza y convertir nuestra diversidad en proyecto compartido. Ese es el camino para que Bolivia deje de tropezar con sus fantasmas y empiece, por fin, a reconocerse en un futuro común.

Por estas razones, yo apoyo a Rodrigo Paz Pereira. No se trata de eslóganes ni de recuerdos acomodados, sino de un liderazgo capaz de ordenar el centro político, reconciliar regiones y culturas, proteger primero a los más vulnerables y encarar con pragmatismo los desafíos inmediatos, a saber, estabilizar la economía, devolver certidumbre a las familias y reconstruir servicios públicos que funcionen sin clientelas ni humillaciones.

UN PROYECTO VIABLE

Bolivia no necesita un salto al vacío ni una victoria efímera, sino un proyecto de poder estable que convierta la crisis en oportunidad y reconstruya mayorías duraderas. Ese proyecto articula grandes sectores que, en el agotamiento del régimen masista, juntan a los descontentos que bajan (que votaron y fueron del MAS, pero están cansados de sostener lo insostenible) con los descontentos que suben (excluidos de las decisiones estos últimos veinte años) para abrir un nuevo ciclo. En nuestro idioma político, ese ciclo sigue regido por una gramática nacional, democrática y popular que no ha sido cerrada desde 1952. En clave gramsciana, toca disputar la hegemonía, la dirección moral e intelectual que haga de un programa sentido común, como se ha hecho cada 20/30 años en Bolivia. En clave zavaletiana, se trata de gobernar una sociedad abigarrada sin negar su pluralidad, sino sumándola bajo nuevas reglas. Quien no entienda esa matriz está condenado a gobernar contra la sociedad o a no gobernar.

La coyuntura obliga a sincerar un dato: existe un amplio consenso técnico sobre lo que toca hacer hoy para estabilizar la economía. Cerrar el déficit, normalizar el mercado cambiario, sincerar precios relativos (en especial energía y combustibles), recuperar reservas, elevar la productividad y proteger a la población vulnerable. En los objetivos no hay murallas entre las candidaturas: Rodrigo Paz Pereira y Tuto Quiroga apuntan a metas similares. Lo que los separa, y esto es decisivo, es el cómo y el cuándo. La secuencia importa porque la política boliviana no se maneja en un laboratorio, la gobernabilidad depende de ordenar los costos de la estabilización, de modo que la sociedad los procese sin estallar, mientras se construye una mayoría renovada. Si el método rompe vínculos y enardece la calle, la economía se arregla en papeles, pero se vuelve ingobernable en la vida real.

La propuesta de shock de Tuto Quiroga promete rapidez y limpieza quirúrgica. Pero en una sociedad abigarrada con tejidos frágiles, soltar de golpe el precio de los combustibles y desmantelar subsidios de una sola vez activa un mecanismo conocido, inflación de corto plazo, licuación de salarios y pensiones, encarecimiento de transporte y alimentos, conflictividad sindical y vecinal, y bloqueo de la agenda legislativa. Resultado, un gobierno asediado que pierde autoridad antes de consolidar su arquitectura institucional. Con el shock, el Bloque Social Alternativo de Poder que necesitamos para sostener reformas de largo aliento se vuelve impracticable: los descontentos que bajan se repliegan por miedo al costo político y social y los que suben sienten que el nuevo ciclo repite la exclusión con otro uniforme. Lo que debía ser recambio democrático se transforma en péndulo catastrófico; volvemos, como venimos haciendo hace casi cien años, del estatismo ineficiente a la privatización inequitativa.

El gradualismo de Rodrigo Paz Pereira parte de la misma hoja de ruta macro (orden fiscal, sinceramiento cambiario, corrección de precios), pero la despliega con una ingeniería política y social que hace posible la mayoría y un mínimo de estabilidad. Sincera el costo, sí, pero lo secuencia y lo amortigua, propone la convergencia de precios de combustibles con un calendario público y verificable; habla de compensaciones monetarias temporales a hogares vulnerables; protección transitoria al transporte y al agro, mientras se ajustan las cadenas de los costos; asegura un senda que recorta el gasto fiscal ineficiente, sin tocar la salud, la educación ni la red de bonos que blinda a los más pobres. En paralelo, propone reglas cambiarias claras; metas trimestrales de reservas y déficit con seguimiento independiente; y una agenda de productividad que active inversión, empleo y formalización. La economía no se ordena solo con números, se estabiliza con pactos que alinean expectativas y reparten esfuerzos de manera soportable.

Gobernar Bolivia hoy es, sobre todo, construir puentes. El liderazgo que hace posible un Bloque Social Alternativo que garantice la estabilidad del proceso no es el que gana la primera semana a punta de decretos, sino el que mantiene abierta la mesa de acuerdos con las clases medias urbanas, sindicatos, emprendedores, regiones, juventudes, mujeres, pueblos indígenas y movimientos ambientales. Rodrigo Paz encarna mejor esa lógica de arquitecto de puentes, su propuesta no demoniza a la otra mitad, convoca a la pluralidad bajo un paraguas común (liberalismo democrático e izquierda democrática con pulsiones progresistas y ecologistas) y entiende que la unidad no es la foto de cuatro dirigentes, sino una red viva que se articula con transparencia. Esa forma organizativa prefigura la gobernabilidad que promete, si la unidad se construye abajo, el gobierno respira; si la unidad se decreta desde arriba, el gobierno puede asfixiarse.

El contraste con Tuto Quiroga es nítido cuando miramos la capacidad de acuerdos parlamentarios y sociales. Un ajuste de choque, aplicado por una fuerza sin anclaje en el campo nacional/democrático/popular, activa vetos cruzados y paraliza la deliberación. Los bloques legislativos se endurecen, más aún cuando desde la campaña electoral ha generado rechazos puntuales fruto de las campañas sucias que se le atribuyen; la calle se llena de actores que solo pueden decir “no” y la agenda de reformas se convierte en una cadena de incendios. Aun si el shock produjera un alivio contable rápido, terminaría por erosionar la base social indispensable para sostener una segunda etapa de productividad, inversión y empleo. Sin mayoría social no hay reformas que duren; sin reformas que duren, la estabilización se evapora y asoma la siguiente crisis.

El gradualismo responsable, en cambio, habilita un pacto de transiciones, la transición de precios acompasada con la transición de ingresos; la transición fiscal con la transición normativa; la transición energética con la transición productiva. Ese “mientras tanto” es políticamente costoso, pero socialmente inteligente, pide más a quienes más tienen, cuida a quienes menos margen poseen y compra tiempo para que los cambios estructurales (logística, competencia, digitalización, energía limpia, seguridad jurídica) empiecen a rendir frutos. A la vez, ofrece una narrativa digna para los descontentos que bajan, "orden, legalidad, meritocracia" y para los que suben, "justicia, igualdad, respeto", habilitando su encuentro en un bloque que sostenga la alternancia. Así un programa técnico se vuelve hegemonía democrática.

No se trata de indulgencia ni de dilación, se trata de estrategia. En Bolivia, la autoridad nace de combinar competencias técnicas con capacidad de acuerdo. Creer que la economía se corrige pasando la aplanadora sobre la política ignora la experiencia reciente, que nos enseña que cada corrección abrupta rompe la coalición social que debía sostenerla. La candidatura de Rodrigo Paz Pereira ofrece, por diseño, un camino de estabilización compatible con la construcción de mayorías, metas claras, cronogramas, transparencia de costos y amortiguadores que evitan convertir la estabilización en una fábrica de enemigos. La candidatura de Tuto Quiroga, en cambio, supone que el shock producirá por sí mismo la coalición que no existe; pide a la sociedad que apruebe hoy lo que apenas podrá evaluar mañana, después de pagar un precio muy alto.

Hay otro punto crucial: la Reconciliación Nacional y Social. El shock, en un país marcado por memorias de agravios y desconfianzas, reabre heridas y ensancha distancias entre regiones y sectores, entre clases sociales e identidades culturales. El gradualismo, bien comunicado y bien controlado, permite una reparación simbólica y práctica, reconoce el dolor de los ajustes, explica sus razones, comparte sus beneficios y crea instituciones que devuelven previsibilidad a la vida cotidiana. No hay hegemonía sin reconocimiento, ni reconocimiento sin reglas claras. Por eso el camino que mejor cuida la democracia es también el que mejor cuida la economía.

Si el objetivo es garantizar gobernabilidad, sostenibilidad y capacidad de acuerdos, en la Asamblea Legislativa y en la calle, la elección racional favorece a quien puede construir y mantener el Bloque Social Alternativo de Poder que la coyuntura exige. Ese actor, hoy, es Rodrigo Paz Pereira. No porque eluda decisiones difíciles (están sobre la mesa y hay consenso en ejecutarlas), sino porque entiende que la forma importa tanto como el fondo, la secuencia y los amortiguadores no son concesiones, sino condiciones que hacen la estabilización posible. Tuto Quiroga puede acertar en diagnósticos y metas, pero su método haría inviable la coalición social que debe sostenerlas, al convertir la estabilización en shock, convertiría la esperanza en conflicto y el programa en papel mojado.

Elegir entre estas rutas no es escoger entre ser serios o blandos; es escoger entre ser eficaces o imprudentes. La eficacia, en Bolivia, se llama mayoría hegemónica Y democrática, un bloque amplio, plural y responsable que haga lo necesario sin romper lo irremplazable. Con gradualismo firme, pactos sociales y parlamentarios, y una narrativa que convoque a la diversidad, ese bloque es posible. Con shock, no. Por eso, si queremos una salida que dure más que un titular en los periódicos, la candidatura de Rodrigo Paz Pereira es la mejor apuesta para estabilizar la economía, recomponer la política y abrir, por fin, un ciclo ciudadano de prosperidad con justicia.

RACISMO A LA VISTA

La parte buena de la impronta racista de J.P. Velasco es que el tema haya salido a flote y se visibilice con crudeza en la mesa electoral. El racismo en Bolivia no es un exabrupto ni un mal humor pasajero: es una estructura de dominación que atraviesa la historia nacional y se agazapa en nuestras prácticas cotidianas, instituciones y lenguajes. Viene de lejos y aún produce exclusiones reales entre altiplano y llanura, entre el centro burocrático y las periferias, entre el campo y las ciudades, entre mestizos blancos y mestizos indios; cambia de rostro sin cambiar de esencia.

Que hoy se devele el racismo con nombres y apellidos es la ocasión para dejar de tratarlo como decorado y asumirlo como lo que es, una herida que corta la convivencia, alimenta el resentimiento y convierte al otro en enemigo. La fractura no es un accidente; cuando para crecer en la política se la administra con cálculo, como ha ocurrido estos veinte últimos años, lo que se deshace no es solo la política, sino la nación. La Patria vive bajo el filo de la espada del racismo estructural.

Diagnóstico sin eufemismos

Bolivia es un país de alma múltiple que cojea por tensiones políticas, étnicas, regionales, culturales y generacionales. A la vieja matriz colonial se suman nuevas trincheras ideológicas, instituciones corroídas por la sospecha y un racismo estructural que persiste. El resultado es una convivencia trizada que exige no solo reformas, sino un acto de voluntad colectiva, es preciso escucharnos, hablar sin gritar, reencontrarnos sin imponernos.

Este deterioro convive con nuestro clásico “péndulo catastrófico”, décadas oscilando entre estatismo y privatización, sin resolver desigualdades ni construir reglas duraderas. El racismo se amarra a ese vaivén, unas élites administran la exclusión, otras prometen redenciones totales. Toca salir del péndulo y del prejuicio a la vez.

Compromiso ineludible

Luchar contra el racismo estructural debe ser un compromiso de Estado y de toda la sociedad. No como consigna vacía, sino como una política de Reconciliación Nacional y Social que cure heridas y reconstruya la confianza. La reconciliación no pide amnesia, exige nombrar verdades y encarar su reparación.

Pasar del discurso a los hechos

Verdad y memoria con horizonte de futuro: Inspirarnos en experiencias de otras sociedades que hicieron de la verdad un punto de partida (no para imponer olvido ni impunidad) y adaptar algo así como una Comisión de Escucha y Reconciliación a nuestra realidad, acompañada de pactos éticos e instituciones garantes de equidad.

Igualdad ciudadana efectiva: Políticas públicas y presupuestos con enfoque antidiscriminación; servicios y justicia sin sesgos; formación intercultural en las escuelas y universidades; reglas que protejan la dignidad sin relativismos.

Diálogo social permanente, no ceremonial: Mecanismos reales de consulta; concertación desde abajo; organizaciones que sean voces ciudadanas y no apéndices partidarios. El diálogo humaniza el conflicto y amplía pertenencias.

El Centro Democrático como método: Salir de los extremos que pontifican y purgan; edificar un centro liberal y progresista a la vez, capaz de tender puentes entre regiones, culturas y memorias.

Santa Cruz y El Alto como vanguardias integradoras: La nueva Bolivia mestiza, urbana y democrática ya se fragua allí; convertir esa energía económica y cultural en liderazgo nacional inclusivo depende de su capacidad para convocar y construir consensos que nos impliquen a todos y a todas.

Política, cultura y carácter

La reconciliación no es un documento para estampar cuatro firmas; es un proceso largo, costoso y paciente que nace desde abajo, casa por casa, aula por aula, barrio por barrio. Requiere liderazgos y militancias que trabajen cada día en el terreno social, no solo en sets televisivos y en las tarimas de actos montados para la política.

No confundamos, pedir reconciliación no es pedir silencio. Es pedir respeto y convivencia para que el país deje de repetirse como tragedia. Bolivia será grande no por eliminar diferencias, sino por aprender a vivir con ellas en una democracia madura.

La ocasión es ahora

Las y los bolivianos hemos construido una democracia muy nuestra, que caló hondo en las clases medias, mestizas y urbanas; hoy toca ampliarla a todo el cuerpo social, curando la vieja herida racial y sus nuevas mutaciones. Es nuestra oportunidad de mostrar que la política sirve para unir y elevar, y no para degradar.

La urgente Reconciliación Nacional y Social no es el fin, es el inicio de un nuevo tiempo y quizá la última oportunidad para convertir esta casa fragmentada en un hogar común.