VOTAR POR RODRIGO PAZ

Aquí y ahora, Bolivia vive un momento bisagra. No se trata de una elección más, sino de encauzar, por fin, el cierre del ciclo nacional/democrático/popular que ordena nuestra historia desde 1952. Ese ciclo no es un eslogan, es la forma concreta en que el país se reconoce y se organiza cuando quiere avanzar con estabilidad, justicia y crecimiento. Cada vez que lo olvidamos, el péndulo catastrófico nos devuelve a la parálisis, estatismos que asfixian libertades o privatizaciones que desatienden a las mayorías. Hoy tenemos la opción de salir de ese vaivén y abrir un tiempo distinto. Esa puerta la abren mejor Rodrigo Paz y el controvertido Capitán Lara.

La Bolivia real, mestiza, urbana, trabajadora, hecha de clases medias que conviven con un movimiento popular vigoroso, no cabe en los extremos. Necesita un gobierno que articule libertades económicas con protección social; que respete la ley y, a la vez, escuche el humus popular donde anidan las demandas de justicia, reconocimiento e igualdad. Rodrigo Paz encarna esa bisagra, es un liderazgo de renovación con tono moderado, capaz de hablarle al emprendedor que requiere crédito y reglas claras, al al productor, al maestro, a la trabajadora por cuenta propia, que reclaman servicios públicos dignos y seguridad frente a la crisis.

Llamar “masista” o “comunista” a esa agenda es una maniobra pobre de la derecha radical para espantar al electorado popular y clausurar el diálogo. No funciona y es peligrosa, fragmenta, empuja al voto popular a replegarse en su viejo refugio y reanima la polarización que nos estanca. El voto popular no es propiedad del MAS; es un campo en disputa que solo se conquista con respeto, soluciones y cumpliendo la palabra empeñada.

Un gobierno encabezado por Tuto Quiroga nacería con una doble dificultad, social y política. Social, porque expresa, con su estilo de “señorito” y un séquito afincado en una derecha de reflejos oligárquicos, una distancia emocional con las mayorías. Esa desconexión no es estética, impide tejer una mayoría parlamentaria y conduce a excluir a los sectores populares y a las clases medias que hoy llevan el país en las espaldas. Política, porque su coalición es estrecha, más cómoda en el ruido de las redes sociales que en la negociación democrática; sobran adjetivos y faltan puentes. Un gobierno así tiende a confundir firmeza con provocación y reforma con revancha, alimentando el ciclo de confrontación que luego cobra factura en calles y urnas.

Sostener un gabinete frente a una economía frágil y con instituciones debilitadas exige un capital de legitimidad que esa propuesta no posee. El resultado previsible, serán previsibles las parálisis, los vetos cruzados, los conflictos que reactivan el péndulo catastrófico y, a la vuelta de la esquina, el riesgo de retorno del viejo orden que parece que podemos superar.

La salida responsable no es quemar etapas ni desmontar a mazazos lo que existe, es ordenar, recuperar el imperio de la ley, independizar la justicia, transparentar el Estado y desarmar el “capitalismo de amigotes” que ha impuesto el MAS durante 20 años, y que bloquea a quien produce y trabaja. A la par, estabilizar la economía con medidas que cuiden el bolsillo sin patear la olla de los más vulnerables, con disciplina fiscal inteligente, reglas para atraer dólares y crédito, con una lucha frontal contra contrabando y narcotráfico, y manteniendo los bonos sociales mientras se limpia y se ordena la casa. Eso es exactamente lo que una mayoría silenciosa espera: cambiar sin saltar al vacío.

Aquí la fórmula de Paz y Lara es nítida, libertades económicas junto a protección social, con un Estado que regula y no asfixia. No hay modernización posible sin educación y salud en el centro, sin seguridad ciudadana efectiva, ni sin respeto a la autonomía productiva de las regiones y los municipios. Ese equilibrio no es un “cambio tibio”, es el único camino que hará gobernable a Bolivia en esta dificil transición.

Las clases medias no pueden darse el lujo de mirar por encima del hombro al movimiento popular; y el movimiento popular no puede cerrarse a los cambios que exige la modernidad. Cuando esa alianza se rompe, el país queda en manos de minorías que imponen su agenda a gritos o por prebendas. Cuando se teje y se trabaja la solidaridad social, emergen estabilidad y crecimiento con inclusión. Rodrigo Paz y el capitán Lara encarnan esa doble pertenencia, hablan el idioma del trabajo y la ley, pero también el de la dignidad y la oportunidad para quienes han vivido siempre al margen.

Etiquetarlos con viejos insultos ideológicos no solo es injusto; es miope. Impide ver que su propuesta recoge la tradición nacional/democrática/popular, esa que desde hace setenta años intentamos cerrar, y la actualiza con civismo, ecologismo responsable y ciudadanía con derechos. No hay regresión ni culto al pasado, hay un salto de madurez.

La Bolivia que viene tendrá a Santa Cruz como vanguardia económica y cultural. Pero ese liderazgo solo será legítimo si aprende a escalar la cordillera, su destino está atado a El Alto, Oruro, Potosí, Beni y a toda la diversidad que somos. Un proyecto que confunda liderazgo con soberbia regional o religiosa chocará con el país real. Rodrigo Paz lo entiende, liderar hoy es tender puentes, no levantar fronteras; convocar a todos, no es administrar trincheras.

Transitar en paz no es pedir silencio, es institucionalizar el conflicto. Significa que las diferencias se tramiten en tribunales independientes, en una Asamblea que delibera de verdad, con medios de comuniación libres y una economía con reglas estables para producir, invertir, comerciar y trabajar. Significa, también, educación, educación y más educación, para salir del pantano de la ignorancia y enganchar al país a la economía del conocimiento. Y significa romper la cultura de la cancelación, reconocer lo que sirvió, corregir lo que falló y seguir adelante.

Si el gobierno cae en el desprecio a lo popular, en la arrogancia tecnocrática o en el ajuste sin amortiguadores sociales, el rebote será automático, las mayorías buscarán refugio en quien prometa protección, aunque no cumpla. Allí el MAS, con todas sus deformaciones, encontrará oxígeno para revivir. Votar por Paz es vacunar al país contra ese rebote, es ordenar la economía y el Estado sin romper el pacto social con quienes menos tienen.

No se trata solo de cambiar el gobierno, sino de cambiar de época. Bolivia necesita un gobierno que convoque a una mayoría nacional, democrática y popular; y repito: que ordene el Estado, estabilice la economía y cuide a su gente; que ponga educación y salud por delante; que respete a las regiones y, al mismo tiempo, piense el país como un todo. Ese gobierno es más viable con Rodrigo Paz. La otra opción, una derecha que se mira al espejo mientras sermonea al país, no solo es moralmente cansina; es, sobre todo, ingobernable.

La transición solo será pacífica si la convertimos en reconciliación nacional y social, una decisión del Estado y la ciudadanía que mira los agravios sin amnesia, escucha sin gritar y repara con justicia. No se trata de uniformar al país, sino de aprender a convivir en la diferencia, las clases medias y el movimiento popular tejiendo un mismo horizonte de dignidad, de respeto a la ley y creación de oportunidades. Ese es el sentido del centro democrático-popular, no es tibieza sino renuncia al dogma; no es revancha sino institucionalización del conflicto para que las tensiones no se tramiten en las calles. Reconciliar es, en suma, asegurar que el cambio económico y la limpieza del Estado sostengan el pacto social y no devuelvan a las mayorías al refugio del pasado.

Para que no sea un gesto frágil, la Reconciliación Nacional y Social debe institucionalizarse con un mandato presidencial; el futuro gobierno requiere con prioridad una Comisión Presidencial que escuche a víctimas y confronte a responsables; un Sistema de Justicia Restaurativa que transforme los agravios en reparación; un Programa de Educación para el pluralismo; un Archivo Nacional de la Memoria y símbolos cívicos que recuerden que sin justicia no hay paz. Debemos abrir audiencias públicas, convocar foros interdepartamentales y habilitar un portal ciudadano de seguimiento. Ese camino puede ser encabezado po el gobierno de Rodrigo Paz y del capitán Lara como puente real entre clases medias y movimiento popular, para inaugurar un tiempo en que la historia deje de repetirse como tragedia y empiece, por fin, a escribirse como esperanza.

Por eso vale la pena nuestro voto, para cerrar un ciclo abierto hace setenta años y empezar, por fin, el tiempo ciudadano. Con serenidad, con firmeza, con decencia. Y con la gente adentro, no mirando desde los palcos de la discordia.

SAMUEL Y MARCELO

ENTRE LA POLÍTICA Y EL DESCONCIERTO

Marcelo Claure es, sin duda, una de las figuras más notorias que ha producido la Bolivia contemporánea. Millonario hecho a sí mismo, global por excelencia, exitoso en múltiples rubros —tecnología, telecomunicaciones, deporte, capital de riesgo— y, además, boliviano. Sí, boliviano, aunque a ratos parezca más un personaje de novela que un ciudadano de carne y hueso comprometido con los asuntos de su país. Su reciente decisión de respaldar públicamente la candidatura de Samuel Doria Medina ha generado sorpresa, entusiasmo en algunos, escepticismo en otros y, como era de esperarse, una saludable dosis de desconfianza.

Y es que el ingreso de Claure a la política nacional ha sido, hasta ahora, un despliegue que mezcla intuición tecnológica con inexperiencia política, algo así como un elefante entrando a una cristalería con la mejor de las intenciones. El gesto de apoyar a Doria Medina no es menor, pero tampoco puede desligarse del contexto que lo rodea. En política, como en la diplomacia o la medicina, las buenas intenciones no bastan. Se requiere más: comprensión, prudencia, humildad, y sobre todo, conocimiento del terreno en que se pisa. Y Bolivia, hay que decirlo con claridad, no es un tablero de Silicon Valley. Es una tierra compleja, profundamente herida, donde las decisiones —y las palabras— tienen peso histórico.

El respaldo de Claure, sin embargo, abre una rendija de luz. Porque lo que aquí importa no es tanto el personaje, sino la posibilidad de que una parte del capital productivo comience a reconciliarse con el destino de su país. Lo verdaderamente prometedor es que dos figuras del empresariado —uno global y del capitalismo disruptivo, otro local, persistente y socialdemócrata— encuentren un espacio común para pensar Bolivia. No desde la ideología cerrada ni desde la revancha, sino desde el respeto mutuo por la eficiencia económica, la justicia social y el imperativo ético de construir un país donde todos y todas quepamos.

La Bolivia que necesitamos no es ni la del caudillismo mesiánico desde el Chapare ni la de los tecnócratas iluminados desde Miami. Es una Bolivia construida sobre la base de la diversidad, la legalidad y la reconciliación. En ese sentido, la confluencia entre Claure y Doria Medina puede representar, si se la sabe leer y encauzar, un punto de inflexión. No por lo que Marcelo dice —porque a veces dice demasiado— sino por lo que podría hacer si decide, de verdad, sumarse al esfuerzo colectivo sin afanes de protagonismo ni discursos grandilocuentes.

Pero hay que advertirlo: si Claure quiere ser parte del cambio que Bolivia necesita, lo primero que tiene que hacer es escuchar. Aprender. Dejarse enseñar por quienes conocen la Bolivia real, la que no aparece en los rankings de innovación ni en las estadísticas de Forbes. No se trata de callar por temor, sino de hablar cuando se sepa qué decir y cómo decirlo. Rodearse no de aduladores ni de asesores con acento neutro, sino de gente con raíces, con memoria, con experiencia de lucha.

La política no es una app ni una start-up. Es el arte difícil de representar intereses diversos, mediar entre tensiones legítimas y construir acuerdos duraderos. En ese terreno, la espontaneidad puede ser virtud, pero también riesgo. Y Claure, si quiere aportar de verdad, debe saber que no bastan los millones ni las conexiones; hace falta proyecto, ética y sentido de historia.

Samuel Doria Medina representa, hoy por hoy, un intento serio por construir una opción democrática, plural y sensata para Bolivia. Su trayectoria empresarial no le impide, sino que le permite —cuando hay voluntad— pensar el país con cabeza fría y corazón caliente. Por eso su propuesta no es meramente “pro-mercado”, sino, ante todo, “pro-personas”, y en ese equilibrio reside su valor. Que Claure lo respalde, entonces, tiene sentido. Pero ese respaldo debe estar a la altura del proyecto: debe sumar, no distraer; debe comprometerse, no improvisar.

Bolivia está cansada de los redentores de turno, de los iluminados sin raíces y de los líderes sin pueblo. Necesita reconstruir una vez más una mayoría social y política que transforme el Estado, que modernice la economía y que respete, sin folklorismos, la dignidad de su gente. En ese camino, toda mano es bienvenida.

ENFRENTAMIENTO O RECONCILIACIÓN

ELECCIONES 2025

ACLARANDO EL DILEMA

Ya no es una impresión efímera ni una especulación de coyuntura. Seis encuestas consecutivas lo confirman: el escenario electoral boliviano se ha decantado con claridad. Tres nombres concentran la disputa real por el poder: Samuel Doria Medina, Jorge “Tuto” Quiroga y Andrónico Rodríguez, en ese orden de intención de voto. Quienes de los tres logren acercarse a un 25% de la votación estarán en la segunda vuelta el mes de octubre.

El resto del panorama político —fragmentado, testimonial o en retirada— apenas alcanza a disputar los márgenes. Es sobre ese decisivo 80% del electorado que se libra la batalla real. Y es allí donde Bolivia se juega mucho más que una presidencia: se juega su futuro, su estabilidad y su democracia.

Andrónico: el riesgo del pasado que se disfraza de futuro

Andrónico Rodríguez no representa la renovación: representa el retorno de un ciclo agotado. Es la cara joven de un proyecto viejo, autoritario y corporativo, incapaz de autocrítica ni de reconciliación. Su “voto oculto” no es esperanza, es miedo y dependencia, el silencio de quienes aún están atrapados en redes clientelares o el recuerdo deformado de un poder que ya no soluciona nada. Una eventual victoria de Andrónico no sería una elección democrática plena, sino la restauración de un poder anclado en la confrontación, el bloqueo institucional y la violencia organizada. Sería la reedición del autoritarismo, esta vez con rostro renovado, pero con las mismas lógicas de exclusión, verticalidad y conflicto permanente.

Tuto: el otro extremo que vuelve con las mismas recetas

Jorge Quiroga, en el otro extremo, simboliza el regreso de un conservadurismo que ya fue probado —y fracasó— en su intento de imponer orden sin inclusión. Su narrativa racionaliza el miedo, pero en el fondo, reproduce el mismo espíritu de imposición que critica. Su propuesta no es reconciliadora ni integradora, es excluyente, nostálgica y ajena a las nuevas mayorías sociales del país. Tuto no ofrece una alternativa, sino una restauración ideológica que desprecia el pluralismo popular. No puede construir mayoría más allá de su núcleo duro urbano y antimasista. Y si llegara al balotaje con Andrónico, el país entero quedaría atrapado entre dos extremos incompatibles con la democracia del siglo XXI.

Samuel Doria Medina: el camino hacia la recuperación económica y la reconciliación

Frente a estos extremos, Samuel Doria Medina emerge como la opción real de estabilidad, sensatez y futuro compartido. Samuel no representa una revancha ni una restauración, sino una propuesta de unidad nacional, diálogo y reconstrucción institucional. Es la expresión más clara de un centro democrático que no claudica ni ante el autoritarismo ni ante el extremismo conservador. Samuel es el candidato con la capacidad real de derrotar a ambos extremos y a la vez convocar a todas las regiones, sectores y generaciones del país. Representa el punto de encuentro entre lo que somos y lo que podemos ser: un país reconciliado, libre de miedos, sin bloqueos, sin persecuciones, sin violencia.

Vamos a estrenar el balotaje

Si la segunda vuelta enfrenta a Samuel Doria Medina con Andrónico Rodríguez, los votos de Tuto, Rodrigo y Manfred —distintos en matices pero unidos por un compromiso democrático— convergerán naturalmente en Samuel, dándole una victoria clara, porque en ese escenario no se elige entre candidatos, sino entre reconciliación y confrontación, entre futuro institucional y retorno autoritario.

Si la segunda vuelta se da entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, muchos de los votos de Andrónico y Rodrigo, de Eva Copa en El Alto, y Manfred en Cochabamba —que representan a una Bolivia joven, popular, regionalista y crítica tanto del viejo orden conservador como del modelo masista— se volcarán mayoritariamente hacia Samuel, porque encarna una alternativa moderna, democrática e incluyente, capaz de construir futuro sin exclusión ni revancha, lo que le permitirá imponerse incluso si parte del electorado de Manfred opta por Tuto desde una lógica más tradicional o restauradora.

El peor escenario —aunque improbable— sería un balotaje entre Andrónico y Tuto. Sería una batalla campal entre la revancha autoritaria y la restauración excluyente que confirmaría que Bolivia está partida en dos. El país volvería al callejón sin salida de la confrontación: con bloqueos, convulsión, estancamiento económico y descomposición institucional. Ese escenario no es alternancia democrática, es conflagración asegurada.

Parte del voto de Rodrigo, Manfred e incluso de Samuel, podrían volcarse o abstenerse, y lo más grave, el descontento y frustración masista podría buscar sus orígenes y votar por Andrónico, sumando el aporte de Johny, Castillo y Eva Copa; esa es la única oportunidad que el autoritarismo masista tiene para vencer.

Bolivia no resiste otra década de fractura social y polarización política. Necesitamos reconstruir el pacto democrático sobre nuevas bases: con justicia, con instituciones, con crecimiento sostenible y con respeto. Hoy, más que una elección política, esta es una decisión histórica. O elegimos la paz con unidad, o nos hundimos en un nuevo ciclo de violencia. Samuel es quien que puede evitar el abismo y abrir un nuevo tiempo de reconciliación nacional y social.

SAMUEL DORIA MEDINA

UN PAÍS EN VILO Y UNA VOZ CON FUTURO

EL PRIMER DEBATE PRESIDENCIAL DE BOLIVIA 2025

En medio de una crisis que ha dejado al país exhausto —sin dólares, con inflación creciente, combustible racionado y una justicia en ruinas—, el primer debate presidencial televisado en décadas no solo marcó un hito, sino que delineó con claridad los caminos posibles para salir del colapso. Más que un concurso de oratoria o un desfile de promesas, fue un acto de reencuentro con la deliberación democrática. Y entre los rostros presentes, emergió uno que no solo entendió el momento, sino que supo estar a su altura.

Un liderazgo sereno en un país fatigado

Mientras algunos apostaron por el efectismo técnico o la retórica del orden, hubo una figura que conjugó claridad con mesura, experiencia con apertura. Samuel Doria Medina no solo fue el más preparado; fue el único capaz de conectar la gestión con la reconciliación, el dato con la sensibilidad. Su propuesta de acción en los primeros 100 días de gobierno no fue un acto de marketing, sino la expresión de una voluntad real de gobierno: eficaz, sobria y sin estridencias. En un país harto de gritos y promesas, su tono fue elocuente precisamente por su serenidad.

La diferencia fue notable. Mientras Jorge Quiroga ofrecía un detallado —y distante— plan de ingeniería institucional, Samuel habló desde el terreno, desde la experiencia concreta de quien conoce los límites y posibilidades del Estado boliviano. Y mientras Manfred Reyes Villa agitaba banderas de orden con entusiasmo caudillesco, Samuel delineaba soluciones factibles, sostenibles, sin recurrir al atajo populista ni al espejismo autoritario.

Las ideas claras y los silencios elocuentes

En el bloque económico, Doria Medina evitó los maximalismos. Reconoció la magnitud del colapso, pero no se quedó en la denuncia. Propuso mecanismos concretos para estabilizar los precios, garantizar el abastecimiento de carburantes y reactivar el crédito productivo, todo enmarcado en una ética de gestión austera. Habló de eliminar privilegios y subvenciones improductivas, de empujar la inversión privada con reglas claras, de recuperar la institucionalidad como base de la recuperación. No vendió humo; ofreció gobernabilidad.

Pero tal vez lo más relevante fue su capacidad de asumir los vacíos del debate. No cayó en la comodidad del silencio frente a la crisis judicial o la descomposición del sistema electoral. Y aunque el formato limitó la profundidad de estos temas, Samuel dejó abierta una línea: la del consenso democrático como vía para la reconstrucción del Estado. No se limitó a criticar; sugirió. No se aisló; tendió puentes.

La unidad posible

El intercambio entre Doria Medina y Quiroga fue uno de los momentos más significativos del encuentro. Mientras otros se atrincheraban en relatos cerrados, ambos delinearon coincidencias programáticas en temas clave como el agro, el pacto fiscal y la inversión. Pero fue Samuel quien marcó el horizonte con más lucidez: “No hay solución posible sin un acuerdo amplio”, dijo, resumiendo en una frase el desafío mayor de este tiempo. Porque gobernar ya no será mandar, sino concertar.

En contraste, otros candidatos quedaron atrapados en viejas fórmulas. Eduardo del Castillo defendió sin fisuras un modelo agotado, incapaz de reconocerse en crisis. Johnny Fernández osciló entre el efectismo populista y la improvisación. Y Manfred, aunque eficaz en la forma, no logró articular una visión institucional del país. Solo Samuel asumió el reto de gobernar con otros, sin negar sus diferencias, pero sin usarlas como pretexto para la exclusión.

Un perfil que fusiona razón y compromiso

El país no necesita salvadores ni tecnócratas inalcanzables. Necesita dirigentes que puedan tender puentes entre el Estado colapsado y la sociedad que resiste. Samuel Doria Medina encarna esa posibilidad. Su figura no promete refundar el país en cien días, pero sí empezar a repararlo con responsabilidad, con manos limpias y cabeza fría. Y eso, en una Bolivia desbordada por el desencanto, puede ser el acto más revolucionario.

Una conclusión para el tiempo que viene

Este debate no resolvió la elección, pero reveló con claridad los perfiles en disputa. El tecnócrata sin pueblo, el caudillo sin equipo, el oficialista sin autocrítica, el populista sin norte… y el gestor democrático que habla con sensatez, piensa en el país y propone desde la experiencia. La Bolivia del Bicentenario no necesita más pendulazos ideológicos, necesita equilibrio. No más gritos, sino acuerdos. No más promesas vacías, sino compromiso real.

La esperanza no está en quien más promete, sino en quien más sabe hacer. Y esta vez, esa diferencia no fue retórica: fue visible, audible y, sobre todo, confiable.

 

¿ANDRÓNICO?

En el marco del actual proceso de reconfiguración del sistema político, la habilitación de la candidatura de Andrónico Rodríguez podría representar no solo una salida institucional, sino también una válvula de escape necesaria frente a las tensiones acumuladas al interior del Movimiento al Socialismo (MAS) y, por extensión, del sistema político boliviano en su conjunto. Impedir la participación de un liderazgo emergente como el de Andrónico Rodríguez implicaría un grave error estratégico y una amenaza concreta para la estabilidad del país. A este pequeño engendro masista hay que derrotarlo en las urnas, no dejarlo rabioso como a un tigre herido.

La figura de Evo Morales ha ido perdiendo legitimidad en amplios sectores de la población y dentro del propio movimiento que ayudó a construir. Su insistencia en controlar el proceso electoral y condicionar su candidatura con criterios personalistas más que institucionales, no solo vulnera principios democráticos, sino que arriesga incendiar un escenario ya marcado por la polarización. En este contexto, la habilitación de Andrónico Rodríguez podría descomprimir las tensiones internas del MAS y restar fuerza a la narrativa de persecución o victimización impulsada por Morales, desinflando así su tentativa de reposicionarse a través del conflicto y la confrontación.

Negar esta habilitación, en cambio, podría tener consecuencias catastróficas. Sería leído como una exclusión política deliberada, lo que puede derivar en una ruptura del orden electoral y en un nuevo ciclo de movilización y conflictividad social. No se puede —ni debe— llamar a elecciones generales cuando un cuarto del electorado percibe que su opción política ha sido vetada. Ello no solo afectaría la legitimidad del proceso, sino que pondría en cuestión la gobernabilidad posterior.

La historia boliviana ofrece precedentes que deberían alertarnos. Hace cuatro décadas, los intentos de proscripción de la candidatura de Hugo Banzer, aunque justificada por su condición de ex dictador, no hizo sino fortalecer su capital político y consolidar una narrativa de victimización que eventualmente lo llevó a la presidencia por la vía democrática. Más recientemente, en 2019, el intento de marginar al MAS del proceso electoral tras la renuncia de Morales y la crisis poselectoral, pudo ponernos en una situación de enfrentamientos fratricidas y lejos de debilitar a ese partido, contribuyó a su resurgimiento.

La lección es clara: la democracia no se fortalece excluyendo, sino integrando. La participación amplia y plural en las urnas es la única garantía para una transición ordenada, legítima y sostenible. Negar la candidatura de Andrónico Rodríguez no solo atentaría contra los principios de representación y competencia electoral, sino que reabriría heridas recientes y avivaría el conflicto. A las y los masistas hay que vencerlos en las urnas, situación que no se aplica a Evo Morales porque lo impide la ley y está proscrito por un mandamiento de apremio, por acusaciones de pedofilia de las que no quiso o no pudo defenderse.

Bolivia necesita elecciones con todas sus voces en juego. La exclusión nunca ha sido camino hacia la reconciliación ni la estabilidad. La historia, una vez más, nos ofrece la oportunidad de no repetir errores que ya hemos pagado caro.

DEL MITO FUNDACIONAL A LA DECADENCIA

En los procesos políticos de larga duración, no hay mayor tragedia que la de los movimientos que nacen como promesas de redención y terminan convertidos en caricaturas de sí mismos. Bolivia ha sido testigo —y víctima— de ese tránsito en la historia reciente del Movimiento al Socialismo (MAS) y su caudillo, Evo Morales Ayma. Lo que comenzó como una insurgencia democrática de los excluidos terminó degenerando en una forma de poder autorreferencial, impermeable a la crítica y corroído por sus propios excesos.

El MAS encarnó, en sus orígenes, un proyecto nacional-popular con base campesina e indígena, que interpelaba con justicia el racismo estructural y la exclusión histórica a esa parte de la población en Bolivia. Representaba la posibilidad de una refundación simbólica del Estado boliviano. Pero como ocurre con frecuencia en América Latina, el poder, una vez conquistado, deja de ser instrumento de transformación para convertirse en fin en sí mismo. Y en ese punto, el relato emancipador se transmuta en dominación ideológica.

Evo Morales, figura tutelar del proceso, encarnó inicialmente el liderazgo carismático de un campesino sindicalista que desafiaba las élites tradicionales. Sin embargo, su prolongación en el poder reveló no tanto su fortaleza, sino su inseguridad histórica: la necesidad de eternizarse en el cargo para evitar el juicio de la alternancia. La reelección indefinida, impuesta contra la voluntad expresada en el referéndum del 21F, no fue solo un acto de transgresión constitucional; fue la confesión tácita de que el ciclo histórico se había agotado.

Desde entonces, el MAS adoptó formas cada vez más autoritarias. Las instituciones fueron cooptadas con eficacia quirúrgica. El Tribunal Constitucional se convirtió en un apéndice del Ejecutivo. El Órgano Judicial perdió su autonomía, y el Parlamento fue convertido en caja de resonancia del oficialismo. Se instaló un clima de sospecha sistemática contra toda disidencia, y la polarización política fue transformada en método de gobierno. El otro ya no era adversario legítimo, sino enemigo moral, traidor y vendepatria.

En el plano económico, la narrativa de soberanía nacional fue utilizada para justificar una gestión basada en la renta extractiva, dependiente de los precios internacionales del gas y los minerales. La bonanza no se tradujo en diversificación productiva ni en industrialización estratégica. Por el contrario, el modelo se volvió adicto al gasto público, al subsidio y al clientelismo. Las reservas internacionales se diluyeron sin explicación transparente, y la deuda pública creció sin correlato en capacidad de respuesta estructural. Lo que parecía un milagro económico se reveló como un espejismo contable.

A este deterioro se sumó una corrupción que ya no se disimulaba, sino que se administraba. El Estado fue convertido en botín de guerra. Las empresas públicas, en feudos de funcionarios protegidos por lealtades partidarias. Las organizaciones sociales, otrora bastiones de reivindicación popular, fueron absorbidas como correas de transmisión del aparato político, perdiendo su autonomía y su credibilidad.

Pero quizá el daño más profundo del ciclo masista no se mide en dólares ni en decretos. Se mide en confianza rota. En una ciudadanía que volvió a descreer de la política. En jóvenes desencantados que no encuentran un horizonte. En pueblos indígenas instrumentalizados para justificar decisiones tomadas en palacios, no en asambleas. En la imposibilidad del diálogo sincero porque el lenguaje fue colonizado por la propaganda.

Lo más paradójico —y doloroso— es que el MAS pudo haber sido un momento constituyente de nuestra historia democrática. Pudo articular un proyecto intercultural moderno. Pudo haber democratizado el Estado sin degradarlo. Pero eligió otro camino: el del populismo personalista que todo lo sacrifica al altar del líder.

Hoy, el MAS ya no es proyecto ni esperanza. Es sistema. Un sistema fatigado, defensivo, reactivo. Su retórica ya no interpela: repite. Su estructura ya no moviliza: administra. Su moral ya no inspira: justifica. Y su líder, lejos de convocar a un nuevo tiempo, se aferra a un pasado que se deshace.

Y sin embargo, lo que hoy vivimos no es sólo el final de un ciclo político, sino también el estancamiento de un ciclo estatal más profundo, el mismo que se inició con la Revolución Nacional de 1952, cuyas pulsiones nacionales, democráticas y populares aún no han encontrado una realización plena ni un cauce institucional duradero. El MAS, como antes el MNR y luego el MIR, pretendió apropiarse de ese ciclo, pero terminó repitiendo sus deformaciones: el centralismo autoritario, el patrimonialismo del Estado, la instrumentalización de lo popular.

A diferencia de otros procesos históricos, el cierre de este ciclo estatal no llegará por decreto, sino cuando logremos consolidar un Estado democrático legítimo, equitativo y eficaz, que sea aceptado como tal por la mayoría de la sociedad boliviana, más allá de sus diferencias étnicas, culturales o regionales. Ese es el desafío de esta nueva generación: completar el ciclo nacional/democrático/popular, enriqueciéndolo hoy con las pulsiones ineludibles del feminismo, el ecologismo y la defensa de los derechos colectivos e individuales.

¿Qué queda por hacer, entonces? No el odio ni la revancha. Tampoco la nostalgia por una pureza ideológica que nunca existió. Lo que queda es el trabajo paciente de reconstrucción: de las instituciones, de la palabra pública, de la convivencia. Y también de la memoria, para no olvidar que las utopías traicionadas suelen dejar heridas más hondas que las derrotas.

Evo Morales y el MAS dejarán su lugar en la historia boliviana. Pero dependerá de nosotros que no lo hagan como una advertencia perpetua, sino como una lección asumida. Que nunca más la inclusión sea pretexto para la exclusión. Que nunca más la democracia se use para vaciar de sentido a la democracia. Que nunca más el nombre del pueblo se use para secuestrar al Estado.

Y que esta vez, la historia —por fin— no termine en un puro simulacro.

EL CORAJE DE UN ENCUENTRO

SOBRE LA CONFERENCIA BOLIVIA360

En Bolivia, como en gran parte de América Latina, arrastramos una historia política marcada por el caudillismo, el personalismo y la confrontación improductiva. Los regímenes presidencialistas, desde Norteamérica hasta la Patagonia en Argentina, han sido, desde sus orígenes, más proclives a la soledad del poder que al ejercicio colectivo del gobierno. En nuestro país, los liderazgos tienden a formarse en burbujas ideológicas o mediáticas, desconectadas de sus pares y alejadas del sano contraste de ideas que fortalece las democracias modernas.

Esta cultura del aislamiento ha debilitado nuestra vida política. Cada candidato se presenta como el redentor solitario, ajeno a toda necesidad de consenso. Cada proyecto se concibe como absoluto y autosuficiente, sin necesidad de confrontarse con los otros. La falta de espacios donde los líderes políticos se encuentren cara a cara —para debatir, confrontar, disentir y, eventualmente, acordar— ha empobrecido nuestra democracia y ha acrecentado la polarización.

En contraste, los regímenes parlamentarios, en Europa y Canadá, obligan a los líderes a convivir en el disenso. Allí, la política se hace mirándose a los ojos, todos los días. Se construye a partir del reconocimiento del otro como interlocutor legítimo, incluso si se lo enfrenta. En esos espacios regulares de deliberación —los parlamentos— las ideas se prueban, los errores se evidencian, y las coincidencias emergen. La democracia, en su forma más robusta, no es el arte de imponer sino el arte de convivir con la diferencia.

Bolivia necesita con urgencia construir esa dimensión política del encuentro. Necesitamos foros plurales y regulares donde los líderes de las diversas fuerzas que aspiran a gobernar el país se escuchen mutuamente, expongan sus visiones de país, confronten sus programas, y —por qué no— también sus ambiciones. Solo así se puede saber quién es quién, qué propone cada cual, y en qué medida es posible construir puentes que permitan una agenda mínima común para el futuro del país.

Esto es particularmente urgente hoy, cuando Bolivia atraviesa una crisis económica, social e institucional profunda, y cuando el MAS en sus diferentes versiones, evistas, arcistas, androniquistas, con su hegemonía autoritaria, ha logrado encapsular la política en una lógica binaria de poder o exclusión. En este escenario, cualquier proyecto democrático que aspire a liderar el país desde este 2025 debe nacer del diálogo, no de la imposición; de la convergencia, no del dogma.

Los documentos la Alianza UNIDAD son claros al respecto: proponen una nueva etapa histórica en la que Bolivia se construya desde una síntesis entre la derecha liberal y la izquierda democrática, un encuentro entre empresarios y trabajadores, entre regiones y culturas diversas, entre Estado y mercado, entre tradición y modernidad. Esta síntesis no puede lograrse si no hay espacios donde sus líderes se escuchen y se reconozcan mutuamente.

Por eso valoro y aliento iniciativas como las de Marcelo Claure (que no es un santo de mi devoción, a más de bolivarista, lo que ya le resta puntos), que convocan al diálogo público entre los protagonistas del escenario político nacional. Estos espacios son más que necesarios: son indispensables. Podrían ser desde el campo político y no solo desde la academia, si se repiten en el país, el germen de una nueva cultura democrática basada en la deliberación pública, la confrontación franca y el respeto mutuo.

El futuro democrático de Bolivia no se construirá en la soledad de los cuartos de estrategia ni en las trincheras digitales, sino en el encuentro valiente entre quienes piensan distinto pero comparten un mismo país. No se trata de disolver las diferencias, sino de civilizarlas. No se trata de forzar una unidad ficticia, sino de propiciar una convivencia política que permita disputar el poder sin destruir los principios que hacen a nuestra República.

En ese espíritu, hay que valorar la iniciativa de la Conferencia Bolivia 360º en Harvard, que ha reunido a los líderes de la oposición democrática, para intentar superar sus egos, dejar de lado rencores, y asumir el desafío de dialogar con quienes piensan convergentemente. Porque una democracia sin diálogo entre sus líderes es una democracia sin futuro. Y Bolivia no puede permitirse seguir perdiendo el tiempo ni las oportunidades que la historia le pone por delante.

Hoy más que nunca, necesitamos audacia para encontrarnos, lucidez para discernir, y coraje para construir juntos lo que cada quien por su lado, en soledad, no podrá lograr jamás.

RECONCILIACIÓN

Bolivia, nuestro país de alma múltiple, de rostros diversos y memorias que no siempre se reconocen entre sí, ha levantado su historia —como quien construye a tientas una casa— sobre la inestabilidad constante de sus tensiones políticas, étnicas, regionales, culturales, de género, y generaciones. Nuestra diversidad, tan celebrada en los discursos oficiales, es también una fuente de malentendidos, una promesa traicionada por décadas de exclusión, prejuicios y desencuentros.

Hoy, el país no camina, cojea. La convivencia nacional se halla trizada, herida por divisiones que han echado raíces en lo más profundo del cuerpo social. Y esa fractura, lejos de ser un accidente, parece ya un método. Estamos urgidos no solo de reformas, sino de un acto de voluntad colectiva, de esa rara virtud política que es la capacidad de escucharse, de hablar sin gritar, de reencontrarse sin imponerse. Una reconciliación auténtica, no como consigna, sino como propósito civilizatorio.

La historia de Bolivia —no la de los manuales escolares, sino la que se arrastra por las calles y caminos de tierra y por los pasillos de los ministerios— es una historia de desigualdades paridas en el vientre del orden colonial. De un Estado que ha vivido de espaldas a sus pueblos, de un país que se desangra en la frontera invisible entre el altiplano y la llanura, entre el centro burocrático y las periferias olvidadas.

A esas tradicionales heridas se han sumado otras nuevas: ideologías convertidas en trincheras, instituciones estatales corroídas por la sospecha, un racismo estructural que cambia de rostro pero no de esencia, y una juventud reducida a estadísticas de desempleo y desilusión. Un centralismo caprichoso que  se impone desde arriba completa el cuadro.

El descontento regional no es un capricho, nace de una distribución que no distribuye, de autonomías que sólo se esbozan en los papeles, de un pacto fiscal eternamente postergado. Las tensiones étnico-raciales, por su parte, no son invenciones de agitadores, son el reflejo de siglos de exclusión sistemática, de una democracia que a veces parece más un decorado que una realidad. Y las generaciones más jóvenes —nacidas en tiempos supuestamente más libres— se encuentran atrapadas entre el escepticismo y la impotencia.

Cuando los líderes, en vez de suturar heridas, las abren con cinismo para eternizarse en el poder, lo que se deshace no es solo la política: es la nación. El odio deja de ser una anomalía y se convierte en una constante. La polarización, en costumbre. El otro, en enemigo.

Hablar de reconciliación no es pedir amnesia. No se trata de olvidar los agravios del pasado, sino de mirarlos de frente, de nombrarlos sin miedo y, lo más difícil, de repararlos con justicia. Porque un país no se salva negando su historia, sino asumiéndola con lucidez y con coraje. La reconciliación no exige unanimidad, sino respeto; no supone homogeneidad, sino convivencia.

El diálogo, tan subestimado en tiempos de furia, es el único camino digno. No como trámite burocrático ni como simulacro televisado, sino como ejercicio genuino de escucha y comprensión. Escuchar al que piensa distinto no debilita la identidad, la enriquece. Entender los temores del otro no es ceder, es humanizar el conflicto.

Hoy, como en otros momentos cruciales de nuestra historia, el desafío es gigantesco: reactivar una economía al borde del abismo, generar empleo sin sacrificar la dignidad, defender los derechos humanos sin relativismos y, sobre todo, devolverle al país la fe en sí mismo.

Para eso, hacen falta espacios permanentes de diálogo social, mecanismos reales de consulta, y organizaciones sociales que no sean correas de transmisión de partidos, sino auténticas voces ciudadanas. El diálogo no puede seguir siendo privilegio de las élites, debe abrirse a las mujeres, a las y los jóvenes, a los pueblos indígenas, a las y los empresarios y a tantas y tantos emprendedores, a los trabajadores, a los líderes que todavía creen que la política es un servicio y no una farsa.

Porque, al final, el dilema que enfrentamos no es solamente técnico ni ideológico, es también moral. O aprendemos a convivir en la diferencia, o seguiremos repitiendo, con otras máscaras, el mismo drama de siempre.

Hubo una vez, lejos de aquí, un país desgarrado por el racismo institucionalizado, donde la ley dividía a los hombres por el color de su piel y la injusticia era doctrina de Estado. Sudáfrica, humillada por el apartheid, parecía destinada al abismo o a la venganza. Pero entonces, emergió Nelson Mandela con el African National Congress (ANC) que era su partido, quienes entendieron que un pueblo puede elegir la grandeza cuando renuncia al rencor.

Mandela no fue un santo. Fue un político lúcido, estratégico, consciente de que la reconciliación no es un acto de ingenuidad, sino una apuesta por el porvenir. La Comisión de la Verdad y Reconciliación no borró los crímenes del pasado, pero permitió que las víctimas fueran escuchadas y los victimarios confrontados. No se impuso el olvido, sino la memoria compartida. No se ofreció impunidad, sino el coraje de mirar al otro sin odio.

Bolivia, marcada también por viejas injusticias y nuevas heridas, haría bien en estudiar esos ejemplos con humildad. Aquí también necesitamos comisiones, sí, pero no solo jurídicas; necesitamos pactos éticos, compromisos ciudadanos, instituciones que no sean botines de facciones, sino garantes de equidad. Requiere valor sostener el diálogo cuando todo empuja al grito. Pero esos son precisamente los momentos donde se define el destino de un país.

La historia boliviana no ha sido amable ni lineal, pero nunca ha carecido de dignidad. Somos un pueblo que ha sabido resistir terremotos políticos, crisis económicas, traiciones históricas y falsas promesas. Nos han dividido muchas veces, pero jamás han logrado que dejemos de soñar un mejor futuro.

Hoy, ese sueño reclama un nuevo capítulo. La Reconciliación Nacional y Social no es una consigna para carteles de campaña, sino una tarea de Estado, de ciudadanía y de conciencia. Solo reconciliándonos podremos convertir esta casa fragmentada en un hogar común, donde nadie tema ser quien es, donde todas y todos nos sintamos parte de un relato nacional.

Soñemos, sí, pero con los ojos abiertos. Con un país donde las diferencias no se cancelen, sino que se abracen. Donde las costumbres nativas no sean un folclore exótico, sino un pilar cultural. Donde la justicia no se incline ante los poderosos. Donde ser joven no sea una condena al exilio o al desencanto, y donde la política recupere su sentido más noble, el de servir.

Este es un llamado a reconstruir lo más frágil y esencial que tiene una nación, la confianza. A dejar atrás los dogmas que justifican la exclusión, las palabras que siembran odio, los gestos que degradan. A creer, incluso contra la evidencia, que el país que merecemos todavía puede ser construido.

Bolivia no será grande porque elimine sus diferencias, sino porque aprenda a vivir con ellas. No será admirada por su riqueza natural, sino por su madurez democrática. No será recordada por sus conflictos, sino por haberlos transformado en acuerdos.

Solo desde el centro de la política —ese lugar despreciado por los fanáticos y temido por los caudillos— puede nacer una política de reconciliación genuina. No porque el centro posea verdades absolutas, sino porque ha renunciado a ellas. Los extremos, encandilados por sus propias ficciones redentoras, no dialogan, pontifican, excluyen, purgan. En cambio, el centro, cuando es verdaderamente democrático, entiende que la política no es un campo de guerra, sino un espacio de construcción. Allí no se impone la uniformidad, sino que se reconoce la diversidad como un hecho irreversible de la vida social. Y es desde ese reconocimiento —no desde la furia ni el resentimiento— que puede iniciarse una reconciliación que no sea una farsa ni sufra de amnesia.

En Bolivia, ese centro no puede ser un remanso conservador ni una coartada tecnocrática. Debe ser un centro que se construya desde la derecha liberal hasta la izquierda democrática, en el sentido más noble de ambos términos; liberal, porque solo en la libertad se dignifica la vida humana; progresista, porque la justicia social no es un lujo, sino una urgencia. Y debe ser, además, un centro abierto, capaz de tender puentes entre regiones, culturas, lenguas y memorias. Nada más contrario a la reconciliación que el dogma, sea de izquierda o de derecha. Y nada más esperanzador, en una sociedad herida como la nuestra, que la voluntad serena de escuchar, comprender y, finalmente, convivir. Esa es la empresa más difícil de todas. Pero también, sin duda, la más necesaria.

La reconciliación, si quiere ser verdadera, debe dejar de ser un gesto frágil de ocasión y convertirse en institución. Por eso propongo una Autoridad Nacional para la Reconciliación (ANR), que no sea  un simple despacho administrativo, sino un lugar donde la palabra herida y el dolor acumulado encuentren cauce en reglas, símbolos y compromisos compartidos. Esta autoridad, de nivel presidencial y con respaldo internacional, estará llamada a custodiar un pacto que no se repita cada cinco años con la mudanza de gobiernos, sino que se instale en la memoria viva de la nación, como un guardián de la convivencia y un recordatorio de que sin justicia no hay paz, y sin paz no hay futuro.

En torno a ella se articularán los instrumentos de un nuevo ciclo: una Comisión de la Verdad, donde la voz de los olvidados se haga pública; un Sistema de Justicia Restaurativa que sepa transformar el agravio en reparación; un Programa de Educación que enseñe a niños y jóvenes que ser distintos no es una amenaza, sino una riqueza; un Archivo Nacional de la Memoria que proteja los relatos del país de la desmemoria selectiva; y una Institución de Estado para la Memoria y el Pluralismo, destinada a resistir el paso del tiempo y las tentaciones al olvido. Todo esto acompañado de sitios de memoria y jornadas de encuentros ciudadanos, porque la reconciliación no habita únicamente en los papeles, sino en los espíritus y en los gestos que se reconocen como parte de una misma comunidad.

Las acciones inmediatas —instalar la ANR, convocar audiencias de la Comisión de la Verdad, abrir las escuelas y los medios al lenguaje del pluralismo, inaugurar ceremonias y símbolos de reconocimiento, establecer foros interdepartamentales y un portal ciudadano de seguimiento— son el inicio de una arquitectura más grande: la de un país que se atreve a mirarse en el espejo de su historia, no para enorgullecerse o culparse, sino para aprender a convivir en paz. La reconciliación es, en última instancia, un modo de nombrar esa tarea interminable de reconocernos en el otro, aun cuando los otro vengan cargados de una memoria diferente y con mjchas heridas.

La reconciliación no es el fin. Es el inicio de un nuevo tiempo. Y tal vez, la última oportunidad para hacer que la historia, esta vez, no se repita como tragedia, sino como esperanza.

LA UNIDAD POLÍTICA EN BOLIVIA

EL RETO DE UNA NACIÓN QUE QUIERE VIVIR

Hay momentos en la historia de los pueblos en los que la unidad deja de ser una consigna política para convertirse en una exigencia. En Bolivia, ese momento ha llegado. La unidad política no es una ingeniería de pactos ni una fórmula electoral. Es la respuesta a una interpelación histórica, una especie de imperativo categórico que nos lanza la propia democracia cuando siente que su subsuelo está cediendo. Bolivia no necesita una alianza de coyuntura; necesita una conjura civilizatoria.

Esa unidad no será fácil. No lo ha sido nunca. Las heridas de Bolivia son profundas y múltiples: la polarización, la desconfianza, el cinismo político, el caudillismo reincidente y un centralismo que ha hecho del Estado un botín. Pero no por ello debemos renunciar a la tarea. La política, en su mejor versión, es justamente eso: la voluntad de no rendirse ante el desencanto. Y en este caso, esa voluntad debe traducirse en un bloque democrático que no solo dispute el poder, sino que lo regenere.

La Bolivia que se aproxima al Bicentenario se parece demasiado a una república extenuada. No por falta de recursos, sino por la mediocridad en el ejercicio del poder. No por escasez de ideas, sino por la sordera frente a las voces ciudadanas. Es por eso que la unidad que necesitamos no puede ser aritmética. No puede ser la suma de egos, sino la multiplicación de esperanzas. No puede ser una alianza de cúpulas, sino una sinfonía de diferencias armónicas.

El Bloque de Unidad ha comprendido esto. Ha convocado no solo a los partidos, sino a los ciudadanos sin partido. Busca la palabra de las y los jóvenes, el pulso de los emprendedores, la sabiduría de las mujeres que sostienen el país desde los márgenes. Ha tendido puentes con los líderes emergentes de los pueblos indígenas y con los sectores productivos que ya no creen en milagros estatales. Lo que se propone desde el Bloque de Unidad no es una campaña, sino una refundación silenciosa.

No debemos engañarnos: la dispersión opositora ha sido, hasta ahora, el mejor aliado del oficialismo. Cada división, cada pequeño caudillo de ocasión, ha sido un ladrillo en el muro que nos separa del cambio. Por eso, esta vez, la unidad debe tener rostro, nombre y plan. Debe ser deliberada, sincera, programática. Y debe articularse con la ciudadanía, que ya no tolera las simulaciones. La ética pública debe ser la nueva militancia.

Bolivia está en una encrucijada. Si continúa gobernada por el populismo decadente que ha hecho del Estado una máquina de reparto, seguirá deslizándose hacia la informalidad institucional, la ruina económica y la anomia social. Pero si encuentra una alternativa real —una que combine estabilidad y justicia, mercado y equidad, ley y libertad— puede renacer de sus escombros. Esa alternativa, hoy por hoy, se llama unidad y esa unidad tiene, por primera vez en años, una cabeza reconocida: Samuel Doria Medina.

No hay política sin narrativa. Y la narrativa de esta unidad debe ser la del reencuentro con la dignidad. Con la idea de que no todo está perdido. De que los bolivianos no estamos condenados al eterno retorno del abuso. Que es posible construir una república donde las instituciones funcionen, donde la corrupción sea excepción y no regla, donde el poder sirva y no se sirva. Para eso hace falta coraje. Pero también hace falta dirección.

La verdadera hegemonía —esa que no se impone, sino que se persuade— no se logra con votos prestados ni con slogans estridentes. Se logra cuando una propuesta es capaz de interpelar a todos los sectores con una ética de responsabilidad y una estética de futuro. Ese es el tipo de hegemonía que necesita el Bloque de Unidad: una hegemonía moral, a tiempo que política. Una que derrote al autoritarismo no solo en las urnas, sino en la conciencia de la ciudadanía.

Por eso, la candidatura de Samuel Doria Medina no debe ser vista como una solución de compromiso, sino como una apuesta de futuro. No representa la perfección, sino la posibilidad. No simboliza el fin de las diferencias, sino su canalización constructiva. Su liderazgo no es carismático, es racional. No se impone por gritos, se construye por argumentos. Y tal vez eso sea lo que Bolivia más necesita: una política que recupere la razón.

Para decirlo con todas sus letras: la candidatura de Samuel Doria Medina al frente del Bloque de Unidad encarna esta respuesta. No por capricho ni cálculo personal, sino porque su figura sintetiza un ethos político —el del empresario austero que cree en el esfuerzo, el mérito, el valor de la palabra empeñada— y porque su recorrido encarna una voluntad clara de superar los personalismos estériles, de reunir a las fuerzas diversas que quieren construir país desde el centro democrático. En torno a él, y bajo su liderazgo, se está articulando una unidad que ya no es solo opositora: es constituyente.

La unidad no es un fin. Es el camino para que Bolivia vuelva a creer en sí misma. Y si la democracia es, como decía Raymond Aron, “la organización del pesimismo”, que al menos lo sea con grandeza. Que la reconstrucción comience por el verbo, y que el verbo se haga acción.

IZQUIERDAS Y DERECHAS

EN EL COMPLEJO ENTORNO DE LA POLÍTICA BOLIVIANA

Las categorías de izquierda y derecha, más que una simple herencia de la distribución de curules parlamentarios cuando la Revolución Francesa, responden a visiones distintas sobre la naturaleza humana y la organización de la sociedad. Mientras algunos afirman que estas categorías han caducado, lo cierto es que, mientras persista la abismal desigualdad entre ricos y pobres, seguirán siendo útiles para comprender el mundo político. Negar su vigencia, en nombre de una supuesta superación ideológica, no es otra cosa que una postura ideológica en sí misma.

La derecha parte de la idea de que los seres humanos estamos determinados por cualidades naturales inalterables: así como unos nacen más inteligentes o más hábiles, gordos unos y flacos los otros, también hay quienes les toca el ser pobres o ricos. Desde esta óptica, la desigualdad es inevitable e incluso necesaria, pues el esfuerzo individual es visto como el motor de la historia y del desarrollo. Los más capaces arrastran e impulsan al resto, como una locomotora a los vagones del tren social.

La izquierda, en cambio, sostiene que los seres humanos no estámos sujetos a leyes naturales inmodificables como los animales. A diferencia de las abejas, que no eligen ni pueden cambiar su rol en la colmena, los seres humanos hemos construido nuestros mundos a través de acuerdos, leyes, instituciones y valores, muchos de ellos fruto de las movilizaciones y la resistencia politica. La libertad, por ejemplo, no es un estado natural, sino una conquista cultural. Desde esta perspectiva, todo —desde la economía, la cultura, hasta lo que podríamos considerar puramente biológico, como la sexualidad humana— es una construcción social, y como tal, es susceptible de ser transformado.

Un buen ejemplo es el trabajo femenino. Históricamente invisibilizado y sin valor económico reconocido, el cuidado del hogar y de los dependientes no era considerado “trabajo”. Esta injusticia estructural, como tantas otras, no es natural: es cultural, histórica, y por lo tanto, modificable; vivimos ahora un tiempo en el que las mujeres reivindican la obligación de visibilizar ese trabajo, y valorarlo. Para la izquierda, la distribución de la riqueza responde a decisiones humanas y puede ser reestructurada de forma más equitativa. Esa posibilidad es también una obligación ética: quien comprende que la desigualdad es una construcción, no puede permanecer indiferente ante ella. Comprometerse con su transformación no es una consigna, sino un acto de integridad.

Sin embargo, al trasladar estas categorías al terreno político boliviano, emergen algunas dificultades. En Bolivia, izquierda y derecha no se expresan como proyectos ideológicos coherentes y duraderos, sino que están atravesados por factores históricos, sociales y culturalmente particulares. La política nacional se ha organizado más bien a partir de bloques sociales de poder que se reconfiguran cada cierto tiempo, aproximadamente cada treinta años, y que no se ajustan estrictamente a las divisiones ideológicas descritas.

En lugar de partidos con identidades ideológicas definidas, Bolivia ha tenido movimientos políticos con fuerte impronta populista, en los que coexisten dirigentes y militantes de distintas orientaciones, acomodándose según la coyuntura. Ni las élites tradicionales han logrado consolidar una derecha moderna, liberal y democrática, ni las clases emergentes han conseguido estructurar una izquierda democrática sólida. Los ejemplos del MNR, el MIR o el MAS ilustran este patrón: proyectos que se presentaron como nacionales, democráticos y populares, pero que en su evolución concentraron poder, se corrompieron, y se alejaron de sus principios fundacionales, priorizando la preservación del poder sobre la coherencia ideológica.

Así, el mapa político boliviano se caracteriza por una difusa frontera entre izquierda y derecha. Las tensiones reales siguen girando en torno a la distribución del poder, del excedente económico, del rol del Estado y del mercado. Pero estas disputas se expresan en términos más asociados a la representación de intereses y privilegios, sociales y económicos, que a plataformas ideológicas claras.

Hoy, el futuro político de Bolivia parece orientarse hacia un proyecto amplio y plural, donde convivan visiones liberales, socialdemócratas, feministas, ecologistas y comunitarias, unidas más por el compromiso democrático que por una doctrina única. Ante la crisis del modelo actual, impuesto durante años por el MAS, criticado por su estatismo centralista y sus redes clientelares, surgen propuestas que apelan a una unidad supraidelógica, centrada en la libertad, la justicia social, el emprendimiento empresarial y la equidad.

En última instancia, si bien izquierda y derecha siguen siendo referentes útiles para interpretar el mundo, en Bolivia su aplicación resulta limitada por la historia y la cultura política del país. Aquí, lo ideológico cede frente a lo pragmático, y lo doctrinario frente a la capacidad de articular demandas nacionales y populares. La tarea pendiente es construir una política que, sin renunciar a los valores, sea capaz de representar esta complejidad sin diluirse en el oportunismo.

LA UNIDAD COMO IMPERATIVO DEMOCRÁTICO

La historia política de Bolivia ha estado marcada por ciclos en los que se articulan grandes bloques sociales de poder capaces de transformar profundamente el país. Cada tres décadas, aproximadamente, emergen movimientos que logran aglutinar demandas nacionales, populares y democráticas, dando lugar a proyectos colectivos con una fuerte base social. Sin embargo, ese impulso transformador ha tendido a desfigurarse en el poder, degenerando en lógicas político/oligárquicas corruptas y desarticulando los vínculos con las mayorías que les dieron origen.

Hoy, Bolivia se enfrenta nuevamente al desafío de construir una unidad política que responda al momento histórico. Las experiencias pasadas muestran que la clave no está en pactos entre élites ni en acuerdos coyunturales de corto aliento, sino en la articulación de un renovado bloque social de poder que represente de forma genuina las aspiraciones de amplios sectores sociales, que a diferencia del pasado hoy pueden articular una gran mayoría urbana, fundamentalmente de clases medias y, por lo tanto, abiertas al desarrollo de instituciones modernas y democráticas.

Este nuevo proyecto debe tener un carácter supraidelógico, capaz de integrar desde visiones liberales hasta expresiones de la izquierda democrática, incluyendo sensibilidades emergentes como los feminismos, los ecologismos, los regionalismos y los indigenismos. La condición fundamental para esta convergencia es el compromiso con la democracia. No se trata de un simple acuerdo electoral, sino de una unidad imprescindible ante la creciente tensión entre libertad y autoritarismo.

El objetivo inmediato debe ser la reconstrucción del orden democrático. Esto implica restablecer la institucionalidad basada en la ley, garantizar la independencia de poderes, fomentar la transparencia en la administración económica, proteger las libertades fundamentales, defender los derechos humanos y emprender una reforma profunda de la justicia.

Para lograr este propósito, una parte significativa del electorado debe reconectarse con el campo democrático del que alguna vez fue parte. Este proceso debe ocurrir dentro del marco de lo nacional y lo popular, ahora enriquecido por nuevas demandas sociales que lo encaminan hacia una condición superior, democrática y ciudadana. Es necesario construir una mayoría democrática, organizada y comprometida, que logre una victoria clara, legítima y transformadora en las próximas elecciones generales de 2025.

La unidad política no puede ser el resultado de la suma de liderazgos individuales solamente. Debe emerger como una expresión hegemónica de la sociedad organizada en su diversidad. Requiere liderazgos capaces de tender puentes ideológicos, regionales, culturales y étnicos, liberando al poder de sus extremos y del cálculo mezquino. Solo así podrá surgir una alianza que represente auténticamente a la nación, superando las dicotomías de izquierda y derecha.

Este nuevo pacto debe aspirar a liderar el país desde la democracia, entendida no solo como un sistema de elección, sino como una cultura basada en la convivencia pacífica, el diálogo, la escucha, el reconocimiento del otro y la reconciliación. Se trata de reimaginar la política no como un campo de batalla, sino como un espacio común para construir un futuro de prosperidad e inclusión para todos los bolivianos.

Ese desafío histórico solo podrá encararse con éxito si se concreta un verdadero Bloque de Unidad, capaz de convocar a esa mayoría que hoy clama por la urgencia de un futuro compartido. En este contexto, liderazgos como los de Samuel Doria Medina y Vicente Cuéllar Téllez ocupan un lugar central en el tablero político. Su posicionamiento moderado, su trayectoria y su disposición al diálogo los colocan en una situación privilegiada para aglutinar voluntades diversas y construir puentes entre sectores sociales, ideológicos y regionales. Son figuras capaces de encarnar una propuesta amplia, democrática y realista que convoque a quienes, desde diferentes trayectorias, buscan dejar atrás la confrontación estéril y apostar por un proyecto de país.

La historia exige grandeza. Bolivia necesita, más que nunca, una unidad que esté a la altura de su diversidad y de su profundo anhelo de justicia y dignidad.

UNIDAD, DEMOCRACIA Y DESARROLLO

Por un nuevo momento político

historia y cierre de un largo ciclo

Bolivia es un país joven, en permanente construcción. Los pueblos son lentos forjando su historia, aunque hoy, en la era del internet y la inmediatez, muchas y muchos ciudadanos esperan soluciones instantáneas. Como pasa con todos los países, nuestra identidad nacional y social se está edificado a lo largo de procesos profundos y determinantes. 

Desde la Guerra del Chaco (1932), pasando por la Revolución Nacional (1952), la consolidación de la Democracia y el Estado de Derecho (1982), hasta el proceso de Inclusión Social (2006), hemos transitado por un camino que ha definido nuestra cultura política. Todo esto en la senda de un proyecto nacional-popular que ahora debe evolucionar hacia una democracia ciudadana. Esos fueron los hitos que han marcado nuestra historia y que cimentan nuestra memoria colectiva. Fuera de ese cauce, hasta ahora, toda iniciativa ha sido y es inviable, cualquier proyecto político que ignore esta realidad está condenado al fracaso. 

Nuestra historia, ha estado marcada también por la tensión entre dos visiones contrapuestas, un vaivén centenario que hemos llamado el "Péndulo Catastrófico". Este movimiento pendular ha dominado un discurso centenario, donde tanto la derecha como la izquierda están fraguadas en el populismo nacido a mediados del siglo pasado en América del Sur, con el peronismo en Argentina, el aprismo en Perú y el movimientismo en Bolivia. Tan es así, que salvo experiencias marginales, no han existido en nuestro país verdaderos partidos políticos, sino "movimientos" que han sido y son una "bolsa de gatos" de todos los colores, donde caben derechas e izquierdas, y sensibilidades muchas veces contradictorias entre sí, dispuestos a adaptarse al vaivén de las coyunturas.

Ante la incapacidad del Estado de controlar y administrar la economía, se han impuesto alternativas de privatización; ante el fracaso del mercado para paliar las desigualdades y la pobreza, se han repuesto las propuestas estatistas de la nacionalización de los recursos naturales y productivos. Ese es un círculo vicioso en el que estamos atrapados hace al menos cien años. Ahora toca pendular hacia el liberalismo, dentro de treinta años estaremos estatizando de nuevo. Requerimos un acuerdo nacional y democrático para la colaboración entre la sociedad, el mercado y el Estado, que sea de larga duración, una alianza cultural, económica y productiva entre los sectores público y privado. 

Los momentos clave de nuestra identidad fueron posibles gracias a la unidad de un Bloque Social de Poder, que sostuvo la hegemonía de cada época durante al menos veinte años, y que tuvo diferentes acepciones, la alianza de clases, el bloque social revolucionario, el pacto de unidad, respectivamente. Luego, cada momento terminó en crisis, caos y violencia hasta que emergió un nuevo proyecto. Así fue con el MNR, el MIR y el MAS; lamentablemente estos partidos históricos terminaron corrompidos y alejados de sus propios ideales.

Si no entendemos esta dinámica, no podemos explicar lo que ocurrió ni lo que está ocurriendo hoy. Más grave aún, sin esta comprensión, no podemos anticipar lo que viene ni tomar las decisiones correctas. Muchas y muchos bolivianos compartimos objetivos similares, pero diferimos en el camino a recorrer, porque no comprendemos las raíces de nuestra identidad, por ende, de nuestra historia y por ende, de cómo alcanzar juntos las metas que no son comunes. 

Por esta razón, en las elecciones de 2025 yo apoyo la candidatura de Unidad encabezada por Samuel Doria Medina. No es una elección arbitraria, ni de simpatías personales, sino una decisión basada en la viabilidad política de este proyecto. Es una decisión que se basa en hacer posible la transición hacia un nuevo ciclo de poder hegemónico que no se logrará si la cabeza del proceso se coloca fuera del marco nacional/popular evolucionando hacia un horizonte democrático y ciudadano. Un error en esta elección nos condenará a seguir estancados en el mismo lugar o, peor aún, a retroceder a los fracasos del pasado. 

Desde el Bloque de Unidad, Samuel Doria Medina representa la opción democrática para liderar este proceso de transformación. Su candidatura se encuentra en el punto posible, donde debe estar para consolidar una nueva etapa política, porque abarca desde la derecha liberal hasta la izquierda democrática, lo que hace posible incluir también las versiones democráticas de varios ismos, los ecologismos, feminismos, indianosmos regionalismos, etc, esa es la Unidad en el Bloque democrático. En el otro extremo, Andrónico Rodríguez representa la continuidad del populismo autoritario. Todo lo demás es cáscara, todo lo demás es adyacente, todo lo demás es un cuento. 

Ha llegado la hora de elegir con claridad y determinación.

¡Ha llegado la hora del Poder de la Unidad!

Bolivia:
el potencial desperdiciado
y la esperanza de un nuevo rumbo

Bolivia nunca fue un país próspero, pero sí tuvo momentos clave en los que pudo haber dado un salto definitivo hacia el desarrollo. Esos momentos son ventanas históricas en las que, con las decisiones correctas, se podrían haber superado los ciclos interminables de bonanza y crisis que caracterizan la economía boliviana.

La Revolución Nacional de 1952, por ejemplo, marcó un antes y un después al sentar las bases institucionales del Estado boliviano moderno. Esta corriente de la época produjo reformas profundas destinadas a romper con las estructuras coloniales, generando una identidad nacional sólida y redistribuyendo tierras y poder hacia las mayorías populares. Sin embargo, pese a estos logros, no logró transformar definitivamente la economía del país.

Otro punto clave en la historia boliviana ocurrió en 1982, cuando se consolidó finalmente la democracia, poniendo fin a décadas de dictaduras militares. La democracia no solo significó la apertura política, sino también generó las condiciones para una distribución más justa e igualitaria de la riqueza. Desde entonces, el país logró cierto equilibrio político y estabilidad económica que permitieron un desarrollo productivo importante, basado principalmente en recursos estratégicos como la minería, el gas y la agricultura. Bolivia, por primera vez en mucho tiempo, parecía tener la institucionalidad y las condiciones necesarias para encarar el futuro con optimismo.

Fue precisamente en esas condiciones que Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) asumieron el poder en 2006. Morales recibió un país institucionalmente democrático, económicamente activo y con importantes ingresos por la exportación de hidrocarburos y minerales, además de potencial agrícola y agroindustrial significativo. Sin embargo, en los años siguientes, Morales y el MAS cometieron graves errores: dilapidaron los ingresos, agotaron las reservas internacionales acumuladas en años anteriores y aumentaron el endeudamiento público hasta límites insostenibles.

Bajo el MAS, la economía boliviana pasó del auge a la caída en pocos años. El crecimiento se sostuvo artificialmente en un modelo de gasto público creciente, subsidios insostenibles y una burocracia estatal cada vez más grande y corrupta. La deuda pública alcanzó niveles alarmantes, agotando la capacidad del Estado de enfrentar una crisis económica como la que actualmente vive el país. Hoy, Bolivia se encuentra al borde del colapso financiero, con graves problemas en sus reservas internacionales, escasez de divisas y dificultades para garantizar servicios básicos y seguridad alimentaria a su población. Esta situación no puede interpretarse sino como responsabilidad directa del MAS y su gestión económica.

En el contexto actual, el gobierno de Luis Arce, también del MAS, no parece tener ni la voluntad ni la capacidad para cambiar el rumbo. Proyectos alternativos, como el de CAMBIO25 (http://bit.ly/CAMBIO25), surgidos desde la sociedad civil boliviana, subrayan con claridad que la solución a la crisis no será económica o técnica, sino fundamentalmente política. Es indispensable romper el ciclo del "péndulo catastrófico" entre privatizaciones y nacionalizaciones, construyendo una alianza productiva sólida entre Estado, mercado y sociedad civil, promoviendo la diversificación económica y fortaleciendo una educación orientada hacia el conocimiento y la innovación tecnológica.

En definitiva, Bolivia tiene la urgente tarea de reconstruir su institucionalidad democrática, reactivar su economía y apostar por un desarrollo sostenible, inclusivo y justo. La solución pasa inevitablemente por un cambio político profundo, que permita renovar el liderazgo nacional y articular un nuevo Bloque Social de Poder capaz de integrar a largo plazo las sensibilidades ideológicas y culturales, dejando atrás las polarizaciones del pasado.

Necesitamos un país capaz de rescatar los aciertos históricos y corregir los errores cometidos, impulsando una democracia sólida, pluralista y equitativa. Ese desafío político no puede esperar más tiempo. El futuro económico de Bolivia, y la calidad de vida de sus ciudadanos, dependen urgentemente de ello.

La política, lejos de ser una tarea reservada para unos pocos, constituye el único espacio público e incluyente donde todos podemos encontrarnos para pensar y trabajar juntos por el bien común; es allí donde nuestras diversas voces, preocupaciones y sueños adquieren fuerza colectiva. Por ello, asumir la responsabilidad personal de participar activamente, de involucrarnos —o "mojarnos", como se dice coloquialmente— es fundamental, porque no basta con observar desde la distancia cómo otros deciden el futuro; es necesario que cada ciudadano y ciudadana se comprometa y aporte, desde sus ideas y acciones, al fortalecimiento y a la construcción de una sociedad próspera, justa y solidaria.