Puestos a proponer, PROPONGO:

En Bolivia, las elecciones generales de 2025 se acercan en un contexto político polarizado y fragmentado. Si bien la oposición ha reconocido la importancia de construir una unidad política alrededor de algún candidato fuerte, los intentos anteriores han sido obstaculizados por diferencias ideológicas, intereses regionales y la falta de una visión compartida. Para garantizar una candidatura sólida, se requiere articular un proyecto inclusivo y democrático que supere las divisiones históricas.

Nos guste o no nos guste. Nos parezca bien o nos parezca mal. ¡ESTO ES LO QUE HAY!

Y PUESTOS A PROPONER:

EL BLOQUE SOCIAL DE PODER ALTERNATIVO:

Inspirados en los principios de articulación nacional, democrática, popular y ciudadana, se debe tender a integrar a sectores diversos como las plataformas ciudadanas, movimientos sindicales, corporativos, juveniles, cívicos, feministas, animalistas, ecologistas, regionalistas e indigenistas. Este Bloque permitiría superar las fracturas ideológicas y regionales, promoviendo una plataforma común basada en el respeto a las diferencias y la búsqueda del bien colectivo. Este proceso debe centrarse en consolidar liderazgos democráticos que prioricen el diálogo, la transparencia y la inclusión, dejando de lado los intereses personalistas o caudillistas.

UNA PLATAFORMA ELECTORAL BASADA EN CONSENSOS:

Desarrollar un Plan de País que articule una visión de largo plazo, abordando temas estructurales como la educación, la salud, el empleo, la justicia y el medio ambiente. Esta plataforma debe ser producto de mesas de trabajo con participación de ciudadanos, expertos y organizaciones políticas y sociales. Los candidatos debieran comprometerse a liderar una coalición con una agenda que trascienda las elecciones, cimentando un modelo de gobernanza inclusiva y participativa. 

OCHO PUNTOS CARDINALES PARA ALCANZAR UN ACUERDO:

La ciudadanía requiere certezas, ahora más que nunca. Las candidaturas debieran poder ponerse de acuerdo en al menos estos temas centrales:

1. Reforma del Sistema Judicial:

Para garantizar un sistema judicial imparcial y eficiente, es esencial reformar el proceso de selección de jueces y magistrados bajo criterios de mérito, transparencia y competencia técnica, asegurando su independencia como contrapeso frente a otros poderes del Estado. Además, deben crearse mecanismos de supervisión y auditoría independientes que evalúen el desempeño judicial, complementados con programas de capacitación continua en derechos humanos, ética y jurisprudencia moderna. Finalmente, la digitalización de procesos judiciales permitirá acceso transparente, reducirá la retardación de justicia y eliminará oportunidades de corrupción, fortaleciendo así la confianza ciudadana en el sistema.

2. Eliminación de las bases y fuentes de corrupción:

Para combatir la corrupción, es fundamental implementar un marco normativo que obligue a la publicación transparente de presupuestos, contratos y auditorías en plataformas accesibles al público, acompañado de mecanismos de monitoreo ciudadano y sanciones severas contra actos ilícitos. Simultáneamente, se deben incorporar programas educativos que promuevan valores éticos y cívicos desde la escuela, complementados con campañas de sensibilización que destaquen los efectos negativos de la corrupción. Finalmente, es imprescindible fortalecer instituciones como la Contraloría General del Estado, dotándolas de mayor autonomía y recursos para garantizar una fiscalización efectiva y combatir la impunidad.

3. Rol independiente del Banco Central de Bolivia (BCB):

El Banco Central debe recuperar su independencia para garantizar una política monetaria sólida y responsable. La emisión inorgánica de dinero para financiar déficits fiscales o empresas públicas deficitarias ha distorsionado la economía y acelerado la inflación. Un BCB independiente puede controlar la inflación, mantener la estabilidad monetaria y preservar las reservas internacionales, fundamentales para sostener la confianza en la economía nacional. Además, limitar el uso del BCB como fuente de financiamiento evitará que se agraven los desequilibrios macroeconómicos y permitirá un manejo técnico y transparente de la política monetaria.

4. Cierre o privatización de empresas públicas deficitarias:

Las empresas públicas deficitarias representan uno de los mayores problemas para el déficit fiscal. La falta de sostenibilidad de estas entidades no solo drena recursos públicos, sino que impide que se destinen a sectores clave como la educación, la salud y la infraestructura. Se debe racionalizar el gasto estatal, cerrando o privatizando aquellas empresas que no sean estratégicas y que carezcan de un modelo de negocio rentable. Una privatización ordenada, acompañada de medidas de regulación, no solo puede aliviar el déficit, sino también fomentar la competitividad y atraer inversiones privadas.

5. Fin del financiamiento estatal de los carburantes:

El subsidio a los combustibles ha generado una presión insostenible sobre las finanzas públicas. Este mecanismo, aunque socialmente popular, perpetúa desigualdades al beneficiar más a quienes consumen mayores cantidades de energía, generalmente sectores con mayores ingresos. La eliminación gradual de este subsidio permitiría liberar recursos para inversión en energías renovables y tecnologías limpias, promoviendo la sostenibilidad ambiental y fiscal. Además, ajustar los precios al nivel del mercado fomentará un uso más eficiente de los combustibles y reducirá la dependencia de importaciones costosas.

6. Liberación y flotación del precio del dólar estadounidense:

Mantener un tipo de cambio fijo ha implicado un drenaje continuo de las reservas internacionales para sostener la demanda de divisas. Liberar y permitir la flotación del dólar otorgará al mercado la capacidad de ajustar el tipo de cambio según las condiciones económicas reales, mejorando la competitividad de las exportaciones y atrayendo inversiones extranjeras. Esta medida debe ser acompañada por políticas fiscales y monetarias responsables para evitar una volatilidad excesiva y proteger a los sectores más vulnerables.

7. El medio ambiente y el desarrollo sostenible:

Para equilibrar el desarrollo industrial con la preservación del medio ambiente, se debe implementar un modelo de desarrollo sostenible basado en la promoción de tecnologías limpias y prácticas responsables. Esto debe incluir la creación de incentivos fiscales para empresas que adopten procesos productivos amigables con el medio ambiente, así como la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental rigurosos antes de iniciar proyectos industriales. Además, se debe fortalecer la fiscalización ambiental con instituciones autónomas y transparentes que garanticen el cumplimiento de normativas sin comprometer el crecimiento económico. Finalmente, se plantea fomentar la educación ambiental en todos los niveles, promoviendo una cultura empresarial y ciudadana que valore la sostenibilidad como pilar del progreso nacional.

8. Igualdad, respeto y protección a la diversidad:

Para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos bolivianos y proteger a los sectores más vulnerables, es fundamental consolidar un marco legal y político que promueva la inclusión plena, respetando las diferencias regionales, culturales, étnicas, raciales, religiosas, sexuales y de género. Esto requiere reforzar políticas públicas de no discriminación y equidad, así como ampliar la red de protección social mediante transferencias monetarias condicionadas, acceso universal a la salud, y subsidios para grupos en riesgo como madres solteras, niños, ancianos y personas con discapacidad. Paralelamente, se deben garantizar servicios básicos mediante inversiones en infraestructura educativa, sanitaria y habitacional en regiones marginadas, fomentar la inclusión económica a través de capacitación técnica e incentivos para la contratación laboral, y establecer mecanismos de consulta y participación comunitaria para asegurar que las políticas públicas respondan directamente a las necesidades y realidades de todos los sectores de la sociedad, promoviendo así una Bolivia más justa, inclusiva y cohesionada.

SI SE LOGRARA UN ACUERDO ALREDEDOR DE ESTOS PUNTOS U OTROS QUE SE ACORDARAN, LA DEMOCRACIA TENDRÍA UNA PLATAFORMA COMÚN QUE NOS OTORGUE CERTIDUMBRE. APARTE DE ELLO, CADA CANDIDATO (que no habrá uno solo) PODRÁ DECIR Y PROMETER LO QUE BIEN CONSIDERE.