Horas después del balotaje vimos el envés del tapiz, protestar es un derecho; volver dogma a una sospecha, no. La incredulidad creció en los claustros digitales donde el espejo repite al espejo, “nadie apoya a Rodrigo Paz” –decían–, “todos son de Tuto”, y se lo creían. Cuando el conteo contradijo esa cámara de ecos, apareció la palabra ritual, “¡fraude!”. Pero las redes administran percepciones, no sustituyen el escrutinio.
Pero el problema es más hondo. En campaña reapareció, sin disfraz, una intolerancia de clase que llama “natural” a lo que es violencia simbólica, el “mascacocas hediondo”, al “mueran los collas”, al desprecio por el origen popular. No es una anécdota, es un cerco cultural que hace indigesto cualquier mensaje. Cuando prospera la fábula de “minorías ilustradas” llamadas a gobernar sobre una “mayoría ignorante”, se retira el puente y sólo queda un foso infecto. Desde ese lugar no sólo se pierden elecciones, se malogra cualquier proyecto de convivencia democrática.
Los ultras, a derecha e izquierda, deforman la democracia, cambian el voto por el grito, las reglas por el agravio. Dos décadas masistas de erosión institucional nos lo recuerdan, el Estado como herramienta de facción, la política como guerra moral. La novedad de este octubre no es que ambos extremos cayeran, es que ambos quedaron expuestos; el etnonacionalismo autoritario que bloqueó el país cuanto pudo y la derecha extrema para la cual la igualdad política es un tropiezo en el camino de sus ambiciones. Por eso el resultado abre una puerta y genera el desafío de reconstruir un centro popular, entre liberal y socialdemócrata, capaz de dar rumbo sin negar la pluralidad real de nuestro país.
Ese es el punto de partida del nuevo ciclo, reorganizar una izquierda democrática, liberal, nacional y progresista. No es nostalgia de etiquetas; es gramática de la gobernabilidad. Nuestra tradición y nuestra cultura política, cuando supo aliar libertad con igualdad, productividad con protección, mérito con reconocimiento, hizo transitable el camino. Ese lugar histórico tiene hoy algunas tareas inmediatas:
Primera: Defender el voto como sacralidad civil. Auditorías razonables, sí; “fraude sin pruebas”, no. Blindar el resultado hoy es blindar la alternancia mañana. El Estado de derecho se cuida en las buenas y, sobre todo, en las malas.
Segunda: Reconciliar de veras. No habrá hegemonía democrática mientras siga intacto el dispositivo racista que naturaliza jerarquías y convierte al distinto en sospechoso. Reconciliar no es olvidar, es reconocer, reparar y pactar reglas previsibles. En lo concreto, un lenguaje público que dignifique; una escuela que enseñe convivencia; medios que verifiquen y abran micrófonos diversos; justicia que castigue la violencia y la discriminación. Esa pedagogía cívica es también económica, sin ella, ninguna reforma sobrevivirá al próximo estallido.
Tercera. Ayudar a dar estabilidad y gobernabilidad, cuidando lo irremplazable. Ordenar cuentas, normalizar el mercado de hidrocarburos y divisas, y sincerar precios relativos con una secuencia que proteja a la mayoría. El mandato fue claro: cambio con certezas, reformas con amortiguadores, crecimiento con derechos. La democracia no se debe narrar desde la tribuna, debe empujar un pacto de transiciones (fiscal, cambiario, energético, productivo) que preserve servicios esenciales, promueva inversión y empleo, y remiende el tejido social. Gobernabilidad es menos un discurso épico y más cumplimiento, metas, calendarios, evaluación independiente y protección a las y los más vulnerables.
No se trata de cheques en blanco ni de negar diferencias; se trata de leer el signo de la hora, clausurar el péndulo catastrófico que nos lleva del estatismo clientelar al ajuste sin redes de seguridad, y abrir un ciclo ciudadano donde la política vuelva a ser una industria de acuerdos. El nuevo gobierno necesita una contraparte que le ayude con la brújula, democracia con ley, crecimiento con equidad, descentralización con inclusión territorial. Santa Cruz (motor imprescindible) tendrá que renovar élites para liderar sin desprecio; el altiplano y los valles, abandonar el ensimismamiento corporativo y volver a hablar el idioma del bien común.
Volvamos al principio. Esto no se resuelve con genialidades de un consultor, sino con una dirigencia que entienda la densidad cultural de Bolivia y hable en los mercados y con los sindicatos, las cooperativas y las startups, con maestras y transportistas, juntas vecinales y universidades. La ciudadanía no se decreta, se teje. Si las élites derrotadas no reconocen la raíz de su fracaso (racismo solapado, distancia social, desprecio al otro) volverán a tropezar otra vez con la misma piedra. Si el puente entre el liberalismo y la izquierda democrática se reorganiza como casa común de la pluralidad, hará posible lo urgente, la estabilidad con dignidad.
Porque aquí no ganó sólo Rodrigo Paz Pereira; ganó una oportunidad. Y eso es algo que no abunda en este tiempo. Que no la extravíen el resentimiento ni la soberbia. Que la conquiste, de una vez, la República de ciudadanas y ciudadanos, en democracia y libertad.

