Después de más de cincuenta días de protestas, bloqueos, muertos, heridos y cientos de detenidos, el gobierno del presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción, y algunos bloqueos cedieron, ciertas rutas volvieron a abrirse, las ciudades respiraron mejor y la vida cotidiana, que había comenzado a sentirse secuestrada por la falta de alimentos, combustibles, medicinas y oxígeno, recuperó una parte mínima de su normalidad, esa normalidad precaria que en Bolivia suele parecernos una conquista cuando apenas debería ser el piso elemental de cualquier convivencia civilizada. Pero quien crea que la crisis está resuelta confunde la reapertura de caminos con la recomposición de un vínculo político roto, porque una carretera puede despejarse con policías, maquinaria, órdenes operativas y presencia estatal, mientras que la confianza, esa materia frágil y casi invisible sobre la que se sostiene la vida en común, no se despeja con un decreto ni se impone con uniforme, sino que se reconstruye con verdad, representación, inteligencia política, memoria y tiempo; sobre todo con tiempo, ese recurso que algunos suelen desperdiciar con una irresponsabilidad casi artesanal, hasta descubrir demasiado tarde que gobernar no consiste solamente en reaccionar cuando el país ya está incendiado.
El conflicto, en sus núcleos más duros, continuará latiendo en territorios cocaleros, rurales e indígenas, donde persistierán los reclamos por el costo de vida, la política de combustibles, la liberación de detenidos y el reconocimiento de organizaciones indígenas, lo que demuestra que la calma obtenida en las rutas no equivale necesariamente a la pacificación del país profundo, porque Bolivia, como sabemos desde hace demasiado tiempo, no se agota en sus carreteras principales ni en sus mercados urbanos, sino que también respira —y se irrita, y se organiza, y protesta— en esos territorios donde el Estado llega tarde, llega mal o llega solamente cuando necesita imponer autoridad. Y aquí conviene decirlo con toda claridad, sin eufemismos y sin hacerse los distraídos, si la mesa no representa al conflicto, el acuerdo no representa al país, y cuando un acuerdo no representa al país, apenas sirve para administrar unos meses de alivio, un par de conferencias de prensa, un titular tranquilizador o esa fotografía de circunstancia en la que todos parecen responsables mientras el problema sigue esperando, como tantas veces, fuera de la sala.
Esta crisis dejó de ser un episodio de bloqueo para convertirse en un litigio sobre quién habla por Bolivia, quién puede sentarse a decidir en nombre de Bolivia y quién queda, nuevamente, mirando desde la puerta, como si la patria fuera una casa grande pero con llaves repartidas siempre entre pocos. El trasfondo económico es serio y no admite negaciones voluntaristas, Bolivia arrastra deuda pública elevada, caída de la producción de gas, reservas internacionales reducidas y subsidios a los combustibles que se han vuelto difíciles de sostener, por no decir insostenibles, mientras el diagnóstico externo, severo en sus términos y preocupante en sus consecuencias, coincide en un punto que debería alarmarnos más allá de nuestras preferencias políticas, a saber que la trayectoria macroeconómica boliviana se ha vuelto inviable. Pero lo que está en juego no es solamente la caja fiscal, esa contabilidad fría donde los gobiernos suelen descubrir la realidad después de haberla negado durante años mientras eran parte de la política opositora, sino también la paciencia social, la confianza ciudadana y esa delicada trama que permite a una sociedad seguir creyendo que vale la pena convivir bajo las mismas reglas, aunque las reglas sean imperfectas, aunque el Estado sea lento, aunque la política decepcione y aunque la historia nos haya enseñado a desconfiar casi por instinto.
Hay, sin embargo, una dimensión que el análisis político suele esquivar por incomodidad, por cálculo o por miedo a decir demasiado y equivocarse, y es la presencia de economías criminales, en particular el narcotráfico, en el tejido de la protesta social boliviana. No se trata de lanzar una acusación generalizadora, ni de convertir en delincuentes a quienes protestan por razones legítimas, ni de regalarle al gobierno una coartada fácil para deslegitimar toda demanda popular, porque eso sería injusto, peligroso y políticamente torpe; se trata, más bien, de reconocer que en múltiples ciclos de conflicto previos se han documentado o sospechado razonablemente vínculos entre ciertas organizaciones cocaleras, estructuras de financiamiento y redes del tráfico de drogas, aunque siga siendo incierta, y acaso deliberadamente oscurecida, la magnitud real de esa incidencia. El gobierno tiene incentivos para magnificarla, las oposiciones tienen incentivos para minimizarla, los dirigentes involucrados tienen incentivos para negarla y la ciudadanía, atrapada entre propaganda oficial y omisión conveniente, termina mirando un juego de espejos en el que la verdad queda sepultada antes de poder convertirse en política pública, en investigación seria o en decisión estatal responsable. Lo que sí puede afirmarse sin temor es que una Bolivia incapaz de resolver su vulnerabilidad frente al narcotráfico no podrá construir ningún pacto duradero, porque el crimen organizado no negocia pactos nacionales, los infiltra, los contamina, los compra o los vacía por dentro, hasta convertir la representación en simulacro y la protesta en territorio disponible para poderes que no rinden cuentas ante nadie.
La secuencia 2003-2008-2019-2026 muestra un patrón que debería inquietarnos, no solo por la recurrencia de la violencia, sino por la pobreza de nuestra imaginación política para evitar que el mismo guion vuelva a representarse con otros actores y parecidas consecuencias. Cambian los gobiernos, cambian los dirigentes, cambian los discursos, cambian las consignas y hasta cambian las banderas que cada quien levanta para justificarse, pero el libreto profundo se parece demasiado, porque detrás del diésel, de la gasolina, de las rutas cortadas y de los mercados vacíos aparece una y otra vez la misma pregunta no resuelta: ¿qué Estado tenemos? ¿a quién representa? ¿a quién protege? ¿a quién escucha y a quién deja fuera hasta que ese alguien decide hacerse escuchar interrumpiendo la vida de todos los demás? Bolivia no atraviesa únicamente una crisis de caja; atraviesa una crisis de comunidad política, porque es un país de alma múltiple, surcado por fracturas coloniales, étnicas, regionales, sociales y generacionales que demasiadas veces han sido convertidas en arma arrojadiza, como si cada diferencia nuestra, en lugar de enriquecer la casa común, tuviera que servir para levantar una nueva trinchera.
Sin reconciliación política, sin reforma institucional y sin un rediseño territorial del poder, la mejora material aliviará el síntoma pero no cerrará la herida, y Bolivia conoce demasiado bien esa medicina incompleta que calma el dolor por unas horas, permite respirar un poco, abre una ruta, abastece un mercado, anuncia una tregua, pero luego deja que la fiebre vuelva con más rabia, más cansancio y más incredulidad. Por eso la pregunta no puede reducirse a cómo normalizar el abastecimiento, aunque eso sea urgente, ni a cómo estabilizar la macroeconomía, aunque eso sea imprescindible, sino a cómo reconstruir una comunidad política donde indígenas, campesinos, clases medias urbanas, trabajadores, empresarios, regiones, mujeres y juventudes puedan sentir que el Estado no escucha solamente a unos mientras posterga, descalifica o administra a los otros como un problema de seguridad.
¿Qué hacer entonces? Las respuestas son concretas, aunque exigentes, y quizá por eso mismo suelen ser evitadas por quienes prefieren los atajos, las consignas o los decretos con pretensiones milagrosas.
Primero, un diálogo nacional con diseño representativo y territorial, no una mesa de cúpulas ni una ceremonia de apaciguamiento, sino un espacio real que incluya organizaciones rurales e indígenas, gobiernos departamentales y municipales, trabajadores, mujeres y juventudes, con facilitación independiente, agenda pública, reglas claras y resultados verificables, porque ya sabemos, por experiencia dolorosa, que la exclusión de actores clave no resuelve los conflictos, apenas los posterga hasta que regresan más duros, más desconfiados y menos dispuestos a creer en la palabra del gobierno de turno.
Segundo, una transición económica justa, porque si los subsidios deben corregirse —y hay razones técnicas poderosas para hacerlo— esa corrección no puede ejecutarse como una operación contable sobre una sociedad exhausta, sino que debe venir acompañada de protección social, calendarios verificables, comunicación honesta y mecanismos de acompañamiento para los sectores más vulnerables, en especial aquellos cuya reproducción cotidiana depende del transporte, de los mercados populares y de una economía informal que el Estado suele perseguir, tolerar o utilizar según su conveniencia. Sin eso, cualquier ajuste, aunque sea técnicamente razonable, se convierte en nuevo combustible para el conflicto, porque en Bolivia las medidas económicas no caen sobre una planilla, caen sobre cuerpos, familias, oficios, regiones y memorias que ya han aprendido a desconfiar cuando se les pide sacrificio en nombre de un futuro que casi nunca llega para ellos.
Tercero, enfrentar las violencias de 2003, 2008, 2019 y esta nueva fractura este 2026, con verdad, justicia y memoria, no para quedarnos atrapados en el resentimiento, ni para fundar una contabilidad macabra de muertos propios y muertos ajenos, sino para impedir que cada crisis vuelva a dividirnos entre víctimas legítimas e ilegítimas, entre dolores reconocidos y dolores negados, entre duelos útiles para la propaganda y duelos incómodos para la conciencia nacional. Una sociedad que no reconoce el dolor del otro termina preparando la repetición de su propia tragedia, y Bolivia, que ya ha llorado demasiado en nombre de demasiadas causas, necesita encontrar una forma democrática de recordar sin vengarse y de hacer justicia sin convertir la justicia en revancha.
Cuarto, reformar profundamente la justicia, la policía y la administración pública, porque un Estado capturado por camarillas podrá imponer obediencia legal durante un tiempo, podrá dictar resoluciones, ordenar operativos, repartir cargos, administrar favores y castigos, pero nunca producirá legitimidad, que es la materia más difícil y más necesaria de cualquier gobierno que pretenda durar algo más que su propia emergencia. Sin justicia independiente, sin policía profesional, sin administración pública meritocrática, sin transparencia y sin control social, la reconciliación se vuelve discurso de ocasión y el Estado continúa pareciéndose demasiado a un botín, a un garrote o a una agencia de empleos para los amigos del poder.
El estado de excepción pudo haber sido necesario para evitar que la vida cotidiana terminara secuestrada por el bloqueo, y sería ingenuo desconocer que el gobierno tiene la obligación de garantizar la circulación, el abastecimiento y la seguridad de la ciudadanía; pero sería un error aún más grave confundir esa necesidad con una solución política, porque Bolivia necesita salir, de una buena vez, de esa falsa alternativa que nos ha condenado a elegir entre la arbitrariedad de la calle y la soberbia del poder. Las carreteras pueden abrirse en unos días; el país, en cambio, tarda mucho más en volver a abrirse por dentro, porque para eso no bastan decretos, ni operativos, ni acuerdos parciales, sino una decisión más profunda de reconocernos, escucharnos y construir reglas comunes que no humillen a nadie.
Se puede hacer y se tiene que hacer; será con este o con el próximo gobierno. Esa posibilidad, difícil, trabajosa, sin garantías y sin redentores disponibles en el horizonte, es lo que todavía nos obliga a seguir pensando en Bolivia como proyecto y no como herida herida abierta en mitad del continente; como tarea común y no solamente como inventario de fracasos; como una patria posible y no como esta costumbre nuestra, tan cansadora y tan persistente, de sobrevivir a nosotros mismos sin animarnos todavía a convivir de verdad.
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