FRENTE AL ESPEJO

Hay momentos en los que un país debe mirarse sin metáforas, sin consuelos patrióticos, sin himnos usados como pañuelo y sin esa vieja costumbre nuestra de ponerle poncho retórico a las heridas abiertas, como si bastara cubrirlas con palabras solemnes para que dejen de sangrar. Bolivia vive uno de esos momentos, y quizá por eso mismo cuesta tanto nombrarlo, porque cada vez que este país se mira de frente descubre que no solo arrastra una crisis más, de esas que llenan noticieros, paralizan carreteras y cansan a la ciudadanía, sino una suma de dolores antiguos, agravios mal tramitados, miedos regionales, desconfianzas étnicas, fracturas sociales y esa persistente incapacidad nuestra de convertir el conflicto en política antes de que se convierta, otra vez, en bloqueo, cerco, amenaza, represión o muerte.

Después de más de cincuenta días de protestas, bloqueos, muertos, heridos y cientos de detenidos, el gobierno del presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción, y algunos bloqueos cedieron, ciertas rutas volvieron a abrirse, las ciudades respiraron mejor y la vida cotidiana, que había comenzado a sentirse secuestrada por la falta de alimentos, combustibles, medicinas y oxígeno, recuperó una parte mínima de su normalidad, esa normalidad precaria que en Bolivia suele parecernos una conquista cuando apenas debería ser el piso elemental de cualquier convivencia civilizada. Pero quien crea que la crisis está resuelta confunde la reapertura de caminos con la recomposición de un vínculo político roto, porque una carretera puede despejarse con policías, maquinaria, órdenes operativas y presencia estatal, mientras que la confianza, esa materia frágil y casi invisible sobre la que se sostiene la vida en común, no se despeja con un decreto ni se impone con uniforme, sino que se reconstruye con verdad, representación, inteligencia política, memoria y tiempo; sobre todo con tiempo, ese recurso que algunos suelen desperdiciar con una irresponsabilidad casi artesanal, hasta descubrir demasiado tarde que gobernar no consiste solamente en reaccionar cuando el país ya está incendiado.

El conflicto, en sus núcleos más duros, continuará latiendo en territorios cocaleros, rurales e indígenas, donde persistierán los reclamos por el costo de vida, la política de combustibles, la liberación de detenidos y el reconocimiento de organizaciones indígenas, lo que demuestra que la calma obtenida en las rutas no equivale necesariamente a la pacificación del país profundo, porque Bolivia, como sabemos desde hace demasiado tiempo, no se agota en sus carreteras principales ni en sus mercados urbanos, sino que también respira —y se irrita, y se organiza, y protesta— en esos territorios donde el Estado llega tarde, llega mal o llega solamente cuando necesita imponer autoridad. Y aquí conviene decirlo con toda claridad, sin eufemismos y sin hacerse los distraídos, si la mesa no representa al conflicto, el acuerdo no representa al país, y cuando un acuerdo no representa al país, apenas sirve para administrar unos meses de alivio, un par de conferencias de prensa, un titular tranquilizador o esa fotografía de circunstancia en la que todos parecen responsables mientras el problema sigue esperando, como tantas veces, fuera de la sala.

Esta crisis dejó de ser un episodio de bloqueo para convertirse en un litigio sobre quién habla por Bolivia, quién puede sentarse a decidir en nombre de Bolivia y quién queda, nuevamente, mirando desde la puerta, como si la patria fuera una casa grande pero con llaves repartidas siempre entre pocos. El trasfondo económico es serio y no admite negaciones voluntaristas, Bolivia arrastra deuda pública elevada, caída de la producción de gas, reservas internacionales reducidas y subsidios a los combustibles que se han vuelto difíciles de sostener, por no decir insostenibles, mientras el diagnóstico externo, severo en sus términos y preocupante en sus consecuencias, coincide en un punto que debería alarmarnos más allá de nuestras preferencias políticas, a saber que la trayectoria macroeconómica boliviana se ha vuelto inviable. Pero lo que está en juego no es solamente la caja fiscal, esa contabilidad fría donde los gobiernos suelen descubrir la realidad después de haberla negado durante años mientras eran parte de la política opositora, sino también la paciencia social, la confianza ciudadana y esa delicada trama que permite a una sociedad seguir creyendo que vale la pena convivir bajo las mismas reglas, aunque las reglas sean imperfectas, aunque el Estado sea lento, aunque la política decepcione y aunque la historia nos haya enseñado a desconfiar casi por instinto.

Hay, sin embargo, una dimensión que el análisis político suele esquivar por incomodidad, por cálculo o por miedo a decir demasiado y equivocarse, y es la presencia de economías criminales, en particular el narcotráfico, en el tejido de la protesta social boliviana. No se trata de lanzar una acusación generalizadora, ni de convertir en delincuentes a quienes protestan por razones legítimas, ni de regalarle al gobierno una coartada fácil para deslegitimar toda demanda popular, porque eso sería injusto, peligroso y políticamente torpe; se trata, más bien, de reconocer que en múltiples ciclos de conflicto previos se han documentado o sospechado razonablemente vínculos entre ciertas organizaciones cocaleras, estructuras de financiamiento y redes del tráfico de drogas, aunque siga siendo incierta, y acaso deliberadamente oscurecida, la magnitud real de esa incidencia. El gobierno tiene incentivos para magnificarla, las oposiciones tienen incentivos para minimizarla, los dirigentes involucrados tienen incentivos para negarla y la ciudadanía, atrapada entre propaganda oficial y omisión conveniente, termina mirando un juego de espejos en el que la verdad queda sepultada antes de poder convertirse en política pública, en investigación seria o en decisión estatal responsable. Lo que sí puede afirmarse sin temor es que una Bolivia incapaz de resolver su vulnerabilidad frente al narcotráfico no podrá construir ningún pacto duradero, porque el crimen organizado no negocia pactos nacionales, los infiltra, los contamina, los compra o los vacía por dentro, hasta convertir la representación en simulacro y la protesta en territorio disponible para poderes que no rinden cuentas ante nadie.

La secuencia 2003-2008-2019-2026 muestra un patrón que debería inquietarnos, no solo por la recurrencia de la violencia, sino por la pobreza de nuestra imaginación política para evitar que el mismo guion vuelva a representarse con otros actores y parecidas consecuencias. Cambian los gobiernos, cambian los dirigentes, cambian los discursos, cambian las consignas y hasta cambian las banderas que cada quien levanta para justificarse, pero el libreto profundo se parece demasiado, porque detrás del diésel, de la gasolina, de las rutas cortadas y de los mercados vacíos aparece una y otra vez la misma pregunta no resuelta: ¿qué Estado tenemos? ¿a quién representa? ¿a quién protege? ¿a quién escucha y a quién deja fuera hasta que ese alguien decide hacerse escuchar interrumpiendo la vida de todos los demás? Bolivia no atraviesa únicamente una crisis de caja; atraviesa una crisis de comunidad política, porque es un país de alma múltiple, surcado por fracturas coloniales, étnicas, regionales, sociales y generacionales que demasiadas veces han sido convertidas en arma arrojadiza, como si cada diferencia nuestra, en lugar de enriquecer la casa común, tuviera que servir para levantar una nueva trinchera.

Sin reconciliación política, sin reforma institucional y sin un rediseño territorial del poder, la mejora material aliviará el síntoma pero no cerrará la herida, y Bolivia conoce demasiado bien esa medicina incompleta que calma el dolor por unas horas, permite respirar un poco, abre una ruta, abastece un mercado, anuncia una tregua, pero luego deja que la fiebre vuelva con más rabia, más cansancio y más incredulidad. Por eso la pregunta no puede reducirse a cómo normalizar el abastecimiento, aunque eso sea urgente, ni a cómo estabilizar la macroeconomía, aunque eso sea imprescindible, sino a cómo reconstruir una comunidad política donde indígenas, campesinos, clases medias urbanas, trabajadores, empresarios, regiones, mujeres y juventudes puedan sentir que el Estado no escucha solamente a unos mientras posterga, descalifica o administra a los otros como un problema de seguridad.

¿Qué hacer entonces? Las respuestas son concretas, aunque exigentes, y quizá por eso mismo suelen ser evitadas por quienes prefieren los atajos, las consignas o los decretos con pretensiones milagrosas.

Primero, un diálogo nacional con diseño representativo y territorial, no una mesa de cúpulas ni una ceremonia de apaciguamiento, sino un espacio real que incluya organizaciones rurales e indígenas, gobiernos departamentales y municipales, trabajadores, mujeres y juventudes, con facilitación independiente, agenda pública, reglas claras y resultados verificables, porque ya sabemos, por experiencia dolorosa, que la exclusión de actores clave no resuelve los conflictos, apenas los posterga hasta que regresan más duros, más desconfiados y menos dispuestos a creer en la palabra del gobierno de turno.

Segundo, una transición económica justa, porque si los subsidios deben corregirse —y hay razones técnicas poderosas para hacerlo— esa corrección no puede ejecutarse como una operación contable sobre una sociedad exhausta, sino que debe venir acompañada de protección social, calendarios verificables, comunicación honesta y mecanismos de acompañamiento para los sectores más vulnerables, en especial aquellos cuya reproducción cotidiana depende del transporte, de los mercados populares y de una economía informal que el Estado suele perseguir, tolerar o utilizar según su conveniencia. Sin eso, cualquier ajuste, aunque sea técnicamente razonable, se convierte en nuevo combustible para el conflicto, porque en Bolivia las medidas económicas no caen sobre una planilla, caen sobre cuerpos, familias, oficios, regiones y memorias que ya han aprendido a desconfiar cuando se les pide sacrificio en nombre de un futuro que casi nunca llega para ellos.

Tercero, enfrentar las violencias de 2003, 2008, 2019 y esta nueva fractura este 2026, con verdad, justicia y memoria, no para quedarnos atrapados en el resentimiento, ni para fundar una contabilidad macabra de muertos propios y muertos ajenos, sino para impedir que cada crisis vuelva a dividirnos entre víctimas legítimas e ilegítimas, entre dolores reconocidos y dolores negados, entre duelos útiles para la propaganda y duelos incómodos para la conciencia nacional. Una sociedad que no reconoce el dolor del otro termina preparando la repetición de su propia tragedia, y Bolivia, que ya ha llorado demasiado en nombre de demasiadas causas, necesita encontrar una forma democrática de recordar sin vengarse y de hacer justicia sin convertir la justicia en revancha.

Cuarto, reformar profundamente la justicia, la policía y la administración pública, porque un Estado capturado por camarillas podrá imponer obediencia legal durante un tiempo, podrá dictar resoluciones, ordenar operativos, repartir cargos, administrar favores y castigos, pero nunca producirá legitimidad, que es la materia más difícil y más necesaria de cualquier gobierno que pretenda durar algo más que su propia emergencia. Sin justicia independiente, sin policía profesional, sin administración pública meritocrática, sin transparencia y sin control social, la reconciliación se vuelve discurso de ocasión y el Estado continúa pareciéndose demasiado a un botín, a un garrote o a una agencia de empleos para los amigos del poder.

El estado de excepción pudo haber sido necesario para evitar que la vida cotidiana terminara secuestrada por el bloqueo, y sería ingenuo desconocer que el gobierno tiene la obligación de garantizar la circulación, el abastecimiento y la seguridad de la ciudadanía; pero sería un error aún más grave confundir esa necesidad con una solución política, porque Bolivia necesita salir, de una buena vez, de esa falsa alternativa que nos ha condenado a elegir entre la arbitrariedad de la calle y la soberbia del poder. Las carreteras pueden abrirse en unos días; el país, en cambio, tarda mucho más en volver a abrirse por dentro, porque para eso no bastan decretos, ni operativos, ni acuerdos parciales, sino una decisión más profunda de reconocernos, escucharnos y construir reglas comunes que no humillen a nadie.

Se puede hacer y se tiene que hacer; será con este o con el próximo gobierno. Esa posibilidad, difícil, trabajosa, sin garantías y sin redentores disponibles en el horizonte, es lo que todavía nos obliga a seguir pensando en Bolivia como proyecto y no como herida herida abierta en mitad del continente; como tarea común y no solamente como inventario de fracasos; como una patria posible y no como esta costumbre nuestra, tan cansadora y tan persistente, de sobrevivir a nosotros mismos sin animarnos todavía a convivir de verdad.

BOLIVIA EN EL INTERREGNO

Un análisis construido  por quienes apoyamos el proyecto y hoy registramos su desplome.

Hay victorias que se parecen demasiado a una coronación, hasta que el tiempo —ese implacable notario de nuestras vanidades— empieza a mostrar que no eran una coronación, sino una advertencia. La victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira fue real, legítima y contundente en los números. Eso no está en discusión. Lo que estuvo mal no fue ganar, sino entender mal lo que esa victoria quería decir.

Ese 55% obtenido en segunda vuelta no fue un cheque en blanco, ni una súbita conversión del país a una doctrina liberal, moderna, eficiente, estabilizadora y feliz, como algunos entusiasmos palaciegos parecieron creer. Fue, más bien, una suma boliviana, es decir, una suma contradictoria de esperanzas, rechazos, temores, cansancios y resignaciones. Una parte del país quería cerrar, por fin, el largo ciclo del MAS; otra quería impedir el retorno de Tuto Quiroga; los sectores populares urbanos buscaban orden y alivio; las clases medias pedían algo tan modesto y tan difícil como algo de sensatez. Los transportistas, comerciantes, cuentapropistas y pequeños emprendedores esperaban, sencillamente, que la crisis dejara de respirarles en la nuca.

En Bolivia conviene recordarlo siempre, porque si no se nos olvida en cuanto aparecen los aplausos, no todo voto es amor. A veces es cansancio, otras veces es defensa propia, también puede ser la última papeleta antes de la desesperación.

Rodrigo Paz Pereira no fue elegido para refundar la República, ni para protagonizar una epopeya doctrinaria, ni para encabezar la conversión de los infieles a una nueva fe económica. Fue elegido como un Presidente de transición. Su error —y el error de quienes lo rodearon con ese entusiasmo cortesano que tanto daño hace a los gobiernos jóvenes— fue creer que el país le había entregado una licencia de transformación profunda, cuando en realidad le había confiado una tarea mucho más humilde, más ingrata y más difícil: administrar una fractura sin agrandarla.

Desde el inicio, el gobierno ordenó sus prioridades con una claridad que terminó siendo su primera ceguera, primero la economía, después la política; primero la estabilización, luego la representación; primero las inversiones, y más tarde, si quedaba tiempo y ganas, ya veríamos qué hacer con la sociedad. Como si la economía pudiera aplicarse sobre Bolivia del mismo modo en que se corrige una hoja de cálculo; como si este país fuera una planilla y no una sociedad atravesada por memorias, agravios, regiones, identidades, pobrezas, resentimientos acumulados y una historia que nunca termina de irse, aunque la demos por archivada cada cinco años.

La crisis heredada era real. Había inflación, escasez de dólares, agotamiento fiscal, problemas de combustibles y un Estado económicamente fatigado, después de años de despilfarro, improvisación y fiestas ajenas pagadas con plata que ya no existe. Nadie serio podría negar que el nuevo gobierno recibía una situación delicada. Pero una cosa es diagnosticar la enfermedad y otra muy distinta es administrar la medicina sin explicarle al paciente por qué le va a doler un tanto, cuánto durará el tratamiento y quién pagará finalmente la factura. En política, como en la medicina, el remedio puede matar si se administra con soberbia.

El retiro de la subvención a los combustibles tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. En teoría podía tener argumentos técnicos, en la práctica se convirtió en una herida política. Y esa herida se volvió más profunda con el episodio de la llamada “gasolina basura”, el combustible defectuoso, distribuido además a precios más altos, en un país donde miles de familias viven literalmente del funcionamiento de un motor. Para un transportista, para un taxista, para quien trabaja con su vehículo, aquello no fue un problema técnico ni un desperfecto administrativo. Fue una amenaza directa contra su herramienta de trabajo y, por lo tanto, contra la comida de su familia.

El gobierno no supo explicar el problema. Primero defendió una versión, luego admitió otra, después insinuó sabotajes y finalmente prometió compensaciones que no terminaron de convencer. La estabilización, que pudo haber sido comprendida como una medicina amarga pero necesaria, empezó a percibirse como una operación improvisada, mal comunicada y poco transparente. Y en política perder el beneficio de la duda es casi tan grave como perder la mayoría parlamentaria. A veces es peor, porque la mayoría se negocia; la confianza, en cambio, una vez quebrada, se vuelve un animal huidizo.

Antes de ese episodio ya había existido una señal inaugural desafortunada, el retiro de las normas que gravaban a las grandes fortunas. Tal vez el gobierno creyó que enviaba una señal de confianza a los sectores económicos, puede ser. El problema es que, al mismo tiempo, envió otra señal a los sectores populares y medios que lo habían votado esperando equilibrio, austeridad, moderación y cierta sensibilidad social; para ellos quedó flotando, desde el primer momento, una pregunta incómoda, ¿quiénes son en realidad los beneficiarios de este gobierno?

La ley agraria abrió otro frente, todavía más delicado. En Bolivia la tierra nunca es solamente tierra, es memoria, comunidad, identidad, herida colonial, Reforma Agraria, dignidad campesina e indígena. El gobierno habló de voluntariedad, productividad y modernización, pero muchas organizaciones rurales e indígenas escucharon otra cosa, que se abría una puerta a la mercantilización de la tierra y que el Estado legislaba con más oído para el agronegocio que para las comunidades. Allí el desencanto dejó de ser una molestia urbana y empezó a tocar fibras históricas mucho más hondas, de esas que no se curan con una presentación en PowerPoint ni con un ministro explicando, muy serio, que todo está técnicamente bajo control.

A ello se suma un problema estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar de verdad, el modelo económico sigue siendo extractivo. La disputa continúa girando alrededor de quién administra el excedente, no de cómo se transforma la matriz productiva del país. Se cambia el discurso, se cambian los beneficiarios, se cambia el decorado, pero el teatro económico sigue presentando la misma obra, y el público boliviano, que podrá ser paciente, sufrido y hasta resignado, tampoco vive completamente distraído.

En el terreno institucional, el gobierno tampoco logró producir una ruptura creíble. El poder judicial sigue apareciendo como un factor de conflicto, no como un árbitro confiable; su instrumentalización, su falta de independencia y las heridas que dejó en el pasado alimentan buena parte del enojo presente. La suspensión de la segunda vuelta en La Paz, por ejemplo, fue percibida por sectores movilizados como una decisión que los dejó sin representación institucional, y cuando la ciudadanía siente que se le cierra la puerta, no siempre se queda esperando educadamente en la vereda; a veces golpea la puerta, a veces la rompe. Otras veces, pocas, como sabemos bien, incendia la casa.

Aduana, Policía y Órgano Judicial continúan siendo vistos como estructuras donde la corrupción no parece una desviación sino una costumbre administrativa. Si además se confirma —o incluso si solo se instala como convicción social— que algunos puestos de trabajo también estarían siendo objeto de negociación, entonces se intuye que el Estado sigue siendo tratado como botín, solo que con nuevos administradores.

La promesa implícita de ruptura con la corrupción del masismo fue uno de los pilares silenciosos del contrato electoral de Paz Pereira, por eso la sospecha de continuidad resulta tan corrosiva. No basta con decir que se acabó el viejo régimen si muchos de sus funcionarios siguen en sus cargos, si las redes burocráticas sobreviven con esa admirable capacidad de acomodarse a cualquier poder, y si alrededor de compras estratégicas, como las del combustible, aparecen denuncias o sospechas de sobreprecios, intermediaciones oscuras y negocios demasiado parecidos a los de siempre.

Tampoco ayuda la percepción de que ciertos grupos de poder han encontrado asiento cómodo en la nueva administración. Los agroindustriales aparecen con notable visibilidad; los cooperativistas, tal vez con menos presencia pública, pero con influencia considerable. Así, el cambio prometido corre el riesgo de parecer apenas una mudanza de beneficiarios, y cuando el cambio se vuelve cosmético, la frustración social se vuelve profunda, porque el ciudadano común, que podrá no haber leído tratados de sociología política, pero entiende perfectamente cuándo lo están invitando a mirar el decorado para que no vea quién se comió la cena.

El gobierno, además, ha mostrado una seria dificultad para construir una narrativa de país. Bolivia no se gobierna solamente con medidas, se gobierna también con sentido, con relato, con símbolos, con capacidad de nombrar el momento histórico. Un gobierno puede tomar decisiones duras, pero necesita explicar hacia dónde conduce esas decisiones. Si solo administra variables, termina pareciendo una gerencia, y Bolivia, con todos sus defectos, no es una empresa quebrada, es una nación complicada, herida, vital, desconfiada y profundamente política.

Cada ministro parece encerrado en los límites de su cartera, justificando medidas parciales como si apagar incendios dispersos equivaliera a gobernar. El Presidente, por su parte, estuvo semana tras emana sobreexpuesto, intentando llenar por sí mismo el vacío de una narrativa pública que debería ser compartida por todo el equipo gubernamental. Para colmo, en más de una ocasión su palabra fue corregida por sus propios subalternos; algunos dirán que se trata de un detalle menorm pero no lo es. En política, esos detalles pesan mucho, transmiten falta de cohesión, ausencia de mando claro y debilidad comunicacional. Y los gobiernos débiles y tan faltos de apoyo, en Bolivia, no suelen vivir tranquilos.

El llamado “Acuerdo Nacional” tampoco logró resolver ese vacío. El Presidente convocó a una reunión con figuras que no representaban precisamente a los sectores que le dieron la victoria; se fotografió con líderes de la derecha que lo acompañaron, con actores asociados al viejo momento político, y presentó esa escena como un gesto de reconciliación. Pero reconciliar al país no es juntar en una sala a quienes ya tienen micrófono, agenda y poder de incidencia porque ya conviven en el gobierno. La reconciliación no es una fotografía; es una arquitectura política, y en este caso, la imagen terminó mostrando más ausencias que presencias. La paradoja fue evidente, faltaron precisamente los sectores que votaron por Rodrigo Paz Pereira. Faltaron los que esperaban alivio, representación, sensibilidad y una transición sensata, los que lo eligieron no por fervor ideológico, sino porque creyeron que con él podía evitar los extremos. Si esos sectores son los que se sienten traicionados, el enojo no es superficial sino que anida en las entrañas, de esos que no se resuelven con una conferencia de prensa ni con un nuevo eslogan diseñado por asesores que creen que la política consiste en encontrar una frase que suene bien en las redes.

Otro elemento políticamente corrosivo ha sido la figura de Fernando Cerimedo, asesor personal del Presidente. El problema no es su nacionalidad, sino la mirada política que representa, una forma de comunicación asociada a la polarización digital, a la guerra cultural de la ultraderecha en el mundo, a la agresividad discursiva y a la lectura binaria y simplista de sociedades profundamente complejas. Bolivia no se gobierna desde un manual importado de ultraderecha comunicacional, como es el caso de las recetas de este personaje. Bolivia no es un tablero abstracto de “buenos” y “malos”, “modernos” y “atrasados”, “ciudadanos” y “bloqueadores”, en un país atravesado por clivajes regionales, étnicos, económicos, históricos y simbólicos. Y el que no entienda eso podrá ganar una batalla en Twitter, pero perderá el país real, que suele ser menos obediente que los algoritmos.

El problema, en última instancia, no es solo el asesor que habla y manda fuerte, sino el Presidente que escucha mal. Gobernar no consiste en buscar consejeros que confirmen los prejuicios propios, sino en rodearse de voces capaces de advertir lo que uno no quiere oír; en Bolivia esa virtud es indispensable para sobrevivir políticamente. Aquí los presidentes no caen solo por sus enemigos, también caen por sus aduladores, que son más peligrosos porque entran sin tocar la puerta.

Las movilizaciones actuales tampoco deben ser idealizadas. Expresan un malestar real, pero no siempre tienen liderazgo claro ni agenda de futuro. Saben lo que no quieren, pero todavía no muestran con claridad qué país proponen. Esa ausencia es peligrosa, porque el malestar difuso puede ser capturado por actores con menos escrúpulos democráticos y mayor vocación de incendiar la pradera. Las y los bolivianos conocemos bastante bien la secuencia: primero se articula la rabia, luego se levanta una bandera, y finalmente esa bandera reclama para sí la representación del país.

Evo Morales, por supuesto, tiene interés en azuzar el conflicto, pero no capacidad para conducirlo plenamente; su presencia divide incluso a los sectores movilizados. El gobierno intentó atribuir la capacidad de movilización al MAS, como si todo descontento pudiera explicarse por una conspiración desde el Chapare con la marca de "narcoterrorismo" acuñada desde el Escudo de las Américas; esa explicación puede funcionar durante algunos días, pero no alcanza para entender la profundidad del malestar. Cuando demasiada gente está enojada, culpar solamente a un adversario es una forma elegante de no atreverse a mirar el espejo.

El caso de Lara añade otra complejidad. No puede leerse únicamente como víctima de Paz Pereira, aunque en parte lo haya sido. También construyó una retórica conveniente para cubrir su propia falta de pericia política, su figura, que en algún momento conectó con identidades populares y expectativas de ruptura, hoy parece alejarse de quienes se reconocieron inicialmente en ella. En política, la autenticidad puede abrir puertas, pero no reemplaza la capacidad de conducción, pero el Vicepresidente que hasta hace pocos días podía pasar por ser un payaso parado en el balcón que da a la plaza, ahora ha recuperado la figura que hace a su investidura y debe estar conspirando minuto a minuto contra el legítimo Presidente. Todos sabemos cuanto es que quiere remplazarlo, peor la rabia sirve para subir a la tarima; no siempre sirve para gobernar desde ella.

El racismo, por su parte, vuelve a aparecer con su vieja insolencia; nunca se fue del todo. Sigue vivo, agresivo y altanero, especialmente cuando los conflictos activan miedos sociales profundos. Las etiquetas, la criminalización y el desprecio son usados por los extremos con notable facilidad; cada insulto deja una herida, y cada herida prepara el siguiente episodio del conflicto. Bolivia no necesita más identidades humilladas; ya tiene demasiadas en su inventario histórico; lo que necesita es aprender, de una buena vez, que ningún proyecto nacional se construye despreciando al otro, aunque ese otro bloquee, grite, se equivoque o vote distinto.

El centro político, mientras tanto, parece haberse desplomado. El gobierno quiso presentarse como moderado, pero terminó apareciendo como un gobierno de derecha ambiguo, y la ambigüedad no es centro. El centro requiere equilibrio, sensibilidad social, capacidad de diálogo y representación plural; Paz Pereira no logró consolidarse como representante de los sectores populares que lo votaron, pero tampoco como líder confiable de las élites conservadoras con las que quiso caminar desde el primer minuto. En consecuencia, quedó en una zona incómoda, sin piso social sólido abajo y sin entusiasmo suficiente arriba. Es decir, demasiado solo para gobernar bien y acompañado por los equivocados para permitirse corregir a tiempo.

Hay una distinción que conviene subrayar, quienes rechazan los bloqueos y las movilizaciones no necesariamente apoyan al gobierno. Mucha gente puede estar cansada del conflicto, preocupada por la economía y harta de los bloqueos, sin por ello sentirse representada por Rodrigo Paz Pereira. Confundir rechazo al desorden con apoyo político sería otro error de lectura, y el gobierno ha demostrado que en materia de lectura política no anda precisamente sobresaliendo.

El fondo del problema es histórico. El cambio de periodo comenzó con la caída de Evo Morales, pero todavía no ha encontrado una forma nueva y estable. Vivimos un interregno, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es la frase que repetimos todos y todas, cada día. El Estado Plurinacional, con todas sus tensiones, parece que llegó para quedarse; el MAS, en cambio, enfrenta una destrucción moral que muchos ciudadanos no están dispuestos a perdonar. Pero que el MAS se desgaste no significa automáticamente que haya nacido una alternativa nacional capaz de ordenar el futuro, y esa confusión puede ser fatal. Una cosa es que el viejo poder se descomponga; otra muy distinta es que exista ya un nuevo proyecto de país.

Rodrigo Paz Pereira difícilmente será quien defina ese nuevo rumbo. A lo sumo, podría administrar transitoriamente la fractura, si logra entender a tiempo la magnitud del problema, pero para ello tendría que hacer algo más difícil que anunciar medidas, debiera reconstruir la confianza perdida, escuchar a quienes lo llevaron al poder, corregir el sesgo social de sus decisiones, transparentar la gestión pública, romper con las redes corruptas, abrir un verdadero proceso de diálogo y abandonar la ilusión de que Bolivia puede ser gobernada desde una mesa técnica o desde un laboratorio de guerra cultural.

El país no necesita épica vacía ni soberbia tecnocrática, necesita prudencia, verdad, firmeza democrática y sensibilidad social. Necesita un gobierno que entienda que estabilizar la economía sin estabilizar la representación política es como arreglar el techo mientras se destruyen los cimientos. Puede parecer eficiente durante unos minutos, incluso puede impresionar a los vecinos, pero al final la casa se cae igual.

La pregunta sigue abierta, incómoda y urgente: ¿a dónde va Bolivia? Tal vez todavía sea posible evitar el abismo. Pero para eso el gobierno tendría que comenzar por reconocer que no está sobre una cima, sino en medio de un puente estrecho, con demasiada gente mirando hacia abajo y muy poca confiando en quien lleva el timón. Y en este país nuestro, tan acostumbrado a caminar entre precipicios, no basta con decir que se sabe gobernar. Hay que demostrar, paso a paso, que todavía se puede cruzar al otro lado sin empujarnos unos a otros al vacío.

LA CONFIANZA PERDIDA

Hay victorias electorales que se miran en los números y parecen definitivas, aplastantes, luminosas incluso, hasta que uno se detiene, respira, mira mejor, y descubre que debajo de esa claridad estadística se escondía una profunda ambigüedad política. La victoria de Rodrigo Paz Pereira fue una de esas. Ganó, sí, y ganó bien (entre otras cosas, con mi sincero apoyo).

Ganó ampliamente en segunda vuelta, pero no ganó porque el país se hubiera convertido, de pronto, en una mayoría doctrinaria, disciplinada y convencida de emprender un giro liberal acelerado, menos aún una restauración conservadora. Ganó porque una parte importante de Bolivia quiso cerrar el ciclo del MAS, porque otra parte quiso impedir el retorno de Tuto, porque muchos sectores populares estaban cansados de la vieja política, porque las clases medias buscaban orden, porque los transportistas, los cuentapropistas, los ciudadanos agobiados por el desabastecimiento y por la angustia económica esperaban alivio, estabilidad, sensatez, pero no una ruptura del pacto electoral.

Ese fue, probablemente, el primer gran error de lectura. Paz y quienes lo rodean parecieron interpretar el resultado como un cheque en blanco. Y en política, sobre todo en Bolivia, no todo voto es adhesión. A veces el voto es esperanza, a veces miedo, a veces castigo, a veces resignación, a veces apenas el intento desesperado de evitar algo que se considera peor. Confundir esa suma contradictoria de motivaciones con obediencia política es una de las maneras más rápidas de perder el vínculo con la ciudadanía. Y cuando ese vínculo se rompe, no lo arregla un discurso bien leido, ni una fotografía solemne, ni un acuerdo bautizado con un nombre rimbombante.

La primera señal fue el retiro de las normas que imponían un impuesto a las grandes fortunas; vaya señal. Fue la peor manera de empezar.

Luego vino el retiro de la subvención a los combustibles, anunciado en diciembre de 2025, tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. No era una medida cualquiera, entraba directamente al bolsillo, al transporte, al precio de la comida, al costo de producir, trabajar, moverse y sobrevivir. Podía tener argumentos técnicos, por supuesto, dado que el país heredó una crisis económica real, con inflación, escasez de dólares, combustibles tensionados y un Estado fiscalmente exhausto. Negarlo sería demagogia mal intencionada. Pero una cosa es reconocer la crisis y otra muy distinta es administrar políticamente sus costos.

Pero hubo, además, otro factor más corrosivo, la sospecha de que la corrupción no se había ido, sino que apenas había cambiado de administración, de ropaje y de beneficiarios. La llamada gasolina basura no solo dañó motores y bolsillos; instaló también la pregunta más peligrosa para cualquier gobierno que llega prometiendo cambio, ¿quién compró, cómo compró y a qué precio compró? En la calle comenzó a circular la percepción de que pudo haber sobreprecios, intermediaciones oscuras y viejas prácticas intactas. A ello se sumó la sensación de que muchos funcionarios heredados del masismo seguían en sus puestos, operando como si nada hubiera cambiado, protegidos por redes burocráticas que sobreviven a todos los gobiernos y que se acomodan, con admirable desvergüenza, a cualquier nuevo poder. Aduanas, Policía, Órgano Judicial y otras instituciones continúan siendo vistas por la ciudadanía como pirámides de corrupción que van desde las jefaturas hasta las bases, donde cada trámite, cada protección, cada designación y cada silencio pueden tener precio. Y lo más grave, si se confirma (o aun si solo se instala como convicción social), es la denuncia de que también los puestos de trabajo se estarían vendiendo, que se cobra por otorgarlos y que el Estado sigue siendo tratado como botín. Cuando un gobierno llega prometiendo cambio y la gente siente que los mismos mecanismos de corrupción continúan funcionando, la confianza no solo se debilita, se pudre desde adentro.

Un gobierno puede pedir sacrificios cuando construye confianza, cuando explica con claridad, cuando reparte las cargas con justicia, cuando protege de verdad a los más vulnerables y cuando demuestra, además, que sabe lo que está haciendo. Lo que ocurrió fue distinto; la estabilización apareció como el primer idioma del gobierno, antes que la reconciliación, antes que la escucha, antes que la construcción paciente de una coalición social capaz de sostener el tránsito difícil que se venía encima. Primero vino la receta, después la explicación; primero el golpe, después la convocatoria; primero la decisión, después el intento tardío de persuadir.

Lo tremendo es que lo sabían. Se habló de ello con todos y cada uno de quienes tomaron esas primeras decisiones. Lo discutimos en detalle, en varias reuniones y diálogos personales, pero dijeron NO, primero la economía, primero la estabilidad, primero las inversiones...

Ahí comenzó a romperse el contrato implícito del voto. Muchos ciudadanos no habíamos votado por Paz para que gobernara como restaurador conservador, sino para que ordenara el país sin arrasar la sensibilidad popular. La diferencia no es menor. En nuestra Bolivia, esa diferencia puede ser el abismo.

Pero el verdadero punto de inflexión no fue el precio del combustible. Fue la gasolina de mala calidad. Allí el problema dejó de ser económico y se volvió moral. La ciudadanía puede aceptar una medida dura si cree que el gobierno es competente y sincero, pero cuando primero se defiende una versión, luego se admite otra, después se habla de sabotaje y finalmente se prometen compensaciones que la gente no termina de creer, el daño ya no está en el tanque del vehículo; está en la confianza pública.

Para un transportista, para un taxista, para quien vive de su motorizado, recibir combustible defectuoso no es una anécdota técnica. Es una amenaza a su instrumento de trabajo, a su ingreso diario, a la comida de su familia. Si además debe pagar más por ese combustible y luego peregrinar por una compensación incierta, el enojo no necesita demasiadas explicaciones. Basta imaginar a una familia que vive al día y que descubre que el Estado le cobra más, le entrega peor y todavía le pide paciencia.

Desde ese momento, el ajuste empezó a leerse de otra manera. Ya no como una medicina amarga pero necesaria, sino como una operación mal conducida, mal explicada y quizá poco transparente. El gobierno perdió el beneficio de la duda, que en política es una de las monedas más valiosas y también una de las más fáciles de malgastar.

Luego vino la ley agraria. Y con ella apareció un conflicto más hondo, porque la tierra en Bolivia nunca es solo tierra. Es memoria, comunidad, dignidad, historia, herida colonial, Reforma Agraria, identidad campesina e indígena, forma de vida y también refugio simbólico frente a los abusos. Tocar ese campo sin consultas suficientes, sin pedagogía política y sin sensibilidad histórica es jugar con fuego en un cuarto lleno de pólvora.

La ley fue percibida por organizaciones rurales e indígenas como una puerta hacia la mercantilización de la tierra y como una amenaza contra formas comunitarias de protección. El gobierno habló de voluntariedad, crédito, productividad o modernización; pero en política no basta con lo que se dice sobre lo que una norma significa; importa, y mucho, lo que los afectados sienten que esa norma anuncia. Y muchos sintieron que se estaba legislando para otros, para el agronegocio, para el mercado, para los poderes económicos, no para las comunidades campesinas.

Ahí el desencanto se convirtió en resentimiento. Ya no era solamente “subió la gasolina”. Era algo más profundo: “no nos escuchan”, “gobiernan para otros”, “nos piden sacrificios”, “tocan nuestra tierra” y “cuando llaman al diálogo, ya han decidido por nosotros”. En Bolivia, cuando esas frases empieza a circular por debajo de la piel social, lo que emerge suele ser áspero.

El llamado Acuerdo Nacional pudo haber sido una oportunidad para recomponer la relación política. Pero llegó tarde y mal diseñado. Reunir autoridades, anunciar leyes, producir una fotografía de institucionalidad, no equivale a reconstruir legitimidad. Para que un acuerdo sea nacional no basta con que el gobierno lo nombre de ese modo; tiene que estar allí la nación social que se siente agraviada; tienen que estar los que pagan el costo de las decisiones, los que sostienen las calles, los que viven de la economía diaria, los que dieron el voto prestado y ahora sienten que se les está cobrando una deuda que no contrajeron.

Eso, al parecer, no ocurrió. El encuentro no recompuso la representación de la coalición social que llevó a Paz Pereira al poder. Más bien reforzó la percepción de un acercamiento a la derecha tradicional, al agronegocio y a sectores de poder que muchos de sus votantes querían contener. El gobierno necesitaba una escena de re-legitimación y produjo, para muchos, una escena de subrepresentación. En Bolivia, cuando los actores sociales no se ven en la mesa, no sienten que hay diálogo. Sienten que es pura escenografía.

Aquí aparece un segundo nivel de responsabilidad. El Presidente gobierna, pero nadie gobierna solo. Todo indica que hay un problema serio de asesoramiento político alrededor de Rodrigo Paz y de su gabinete. No se observa una línea clara de trabajo, una narrativa coherente, una secuencia ordenada de decisiones, ni una comprensión fina de los tiempos sociales del país. Se reacciona más de lo que se conduce. Se comunica peor de lo que se decide. Se convoca al diálogo cuando la confianza ya está herida. Se lanzan medidas sin haber preparado antes el colchón político que permita sostenerlas.

En ese marco, la figura de Fernando Cerimedo se ha vuelto políticamente corrosiva. El problema no es su nacionalidad; sería pueril reducir el asunto a eso; el problema es su mirada. Cerimedo aparece asociado a los circuitos de la derecha digital latinoamericana, a una forma de hacer política basada en la polarización, la guerra cultural, la agresividad comunicacional y la lectura binaria. Se ha reportado su cercanía con Milei y Bolsonaro, y en Bolivia ha sido presentado como asesor personal del Presidente, aunque el vocero oficial haya aclarado que no forma parte de la estructura estatal ni toma decisiones de gobierno; pero se sabe que asiste invitado a sesiones del Gabinete Ministerial.

Bolivia no se gobierna desde un manual importado de guerra cultural. Bolivia no es un tablero simple dividido entre “socialismo” y “libertad”, ni entre “izquierda regional”, "zurdos de mierda" y “gobierno democrático”. Bolivia es una sociedad fracturada por regiones, memorias étnicas, economías informales, identidades populares, heridas coloniales, resentimientos acumulados y pactos sociales siempre inestables. Quien no entiende esa complejidad empuja al gobierno a errores estratégicos. Y esos errores, acumulados, llevan a mal puerto.

Si el Presidente ha depositado confianza política o comunicacional en una persona que interpreta Bolivia desde categorías ajenas a su historia, entonces el problema no es solamente Cerimedo. El problema es el Presidente que escucha mal, porque gobernar no es escoger al consejero que confirma los prejuicios propios o alimenta la épica de la confrontación; gobernar es saber escuchar aquello que incomoda, aquello que no cabe en el esquema, aquello que viene desde el país real y no desde los laboratorios digitales donde todo parece sencillo porque nada sangra.

Rodrigo Paz no perdió la confianza de todos sus votantes al mismo tiempo. La perdió primero entre los votantes decisivos, los populares urbanos, los transportistas, los cuentapropistas, los sectores indígenas y campesinos, los ciudadanos que querían cambio pero no restauración, orden pero no desprecio, estabilización pero no castigo. La consigna de renuncia no nace solamente de la oposición organizada, nace cuando el malestar material se transforma en agravio. Cuando la gente concluye que no solo está pagando más, sino que además no está siendo escuchada. Cuando siente que votó por una promesa de cambio moderado y recibió un gobierno encerrado en asesores, diagnósticos estrechos y gestos hacia sectores que no representan su esperanza original.

La confianza no se pierde de golpe. Se gasta. Se malgasta. Se administra mal. Y un día, cuando el gobierno quiere recuperarla, descubre que ya no le creen. Ese parece ser el punto al que ha llegado Rodrigo Paz Pereira. Todavía puede corregir, si entiende que gobernar no es imponer una receta, sino reconstruir un vínculo. Pero para eso tendría que hacer algo más difícil que cambiar ministros, explicar decretos o convocar reuniones solemnes, tendría que volver a escuchar al país real, ese país complejo, contradictorio, dolido y profundamente desconfiado que alguna vez le prestó su voto y ahora le está cobrando la deuda.