BOLIVIA EN EL INTERREGNO

Un análisis construido  por quienes apoyamos el proyecto y hoy registramos su desplome.

Hay victorias que se parecen demasiado a una coronación, hasta que el tiempo —ese implacable notario de nuestras vanidades— empieza a mostrar que no eran una coronación, sino una advertencia. La victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira fue real, legítima y contundente en los números. Eso no está en discusión. Lo que estuvo mal no fue ganar, sino entender mal lo que esa victoria quería decir.

Ese 55% obtenido en segunda vuelta no fue un cheque en blanco, ni una súbita conversión del país a una doctrina liberal, moderna, eficiente, estabilizadora y feliz, como algunos entusiasmos palaciegos parecieron creer. Fue, más bien, una suma boliviana, es decir, una suma contradictoria de esperanzas, rechazos, temores, cansancios y resignaciones. Una parte del país quería cerrar, por fin, el largo ciclo del MAS; otra quería impedir el retorno de Tuto Quiroga; los sectores populares urbanos buscaban orden y alivio; las clases medias pedían algo tan modesto y tan difícil como algo de sensatez. Los transportistas, comerciantes, cuentapropistas y pequeños emprendedores esperaban, sencillamente, que la crisis dejara de respirarles en la nuca.

En Bolivia conviene recordarlo siempre, porque si no se nos olvida en cuanto aparecen los aplausos, no todo voto es amor. A veces es cansancio, otras veces es defensa propia, también puede ser la última papeleta antes de la desesperación.

Rodrigo Paz Pereira no fue elegido para refundar la República, ni para protagonizar una epopeya doctrinaria, ni para encabezar la conversión de los infieles a una nueva fe económica. Fue elegido como un Presidente de transición. Su error —y el error de quienes lo rodearon con ese entusiasmo cortesano que tanto daño hace a los gobiernos jóvenes— fue creer que el país le había entregado una licencia de transformación profunda, cuando en realidad le había confiado una tarea mucho más humilde, más ingrata y más difícil: administrar una fractura sin agrandarla.

Desde el inicio, el gobierno ordenó sus prioridades con una claridad que terminó siendo su primera ceguera, primero la economía, después la política; primero la estabilización, luego la representación; primero las inversiones, y más tarde, si quedaba tiempo y ganas, ya veríamos qué hacer con la sociedad. Como si la economía pudiera aplicarse sobre Bolivia del mismo modo en que se corrige una hoja de cálculo; como si este país fuera una planilla y no una sociedad atravesada por memorias, agravios, regiones, identidades, pobrezas, resentimientos acumulados y una historia que nunca termina de irse, aunque la demos por archivada cada cinco años.

La crisis heredada era real. Había inflación, escasez de dólares, agotamiento fiscal, problemas de combustibles y un Estado económicamente fatigado, después de años de despilfarro, improvisación y fiestas ajenas pagadas con plata que ya no existe. Nadie serio podría negar que el nuevo gobierno recibía una situación delicada. Pero una cosa es diagnosticar la enfermedad y otra muy distinta es administrar la medicina sin explicarle al paciente por qué le va a doler un tanto, cuánto durará el tratamiento y quién pagará finalmente la factura. En política, como en la medicina, el remedio puede matar si se administra con soberbia.

El retiro de la subvención a los combustibles tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. En teoría podía tener argumentos técnicos, en la práctica se convirtió en una herida política. Y esa herida se volvió más profunda con el episodio de la llamada “gasolina basura”, el combustible defectuoso, distribuido además a precios más altos, en un país donde miles de familias viven literalmente del funcionamiento de un motor. Para un transportista, para un taxista, para quien trabaja con su vehículo, aquello no fue un problema técnico ni un desperfecto administrativo. Fue una amenaza directa contra su herramienta de trabajo y, por lo tanto, contra la comida de su familia.

El gobierno no supo explicar el problema. Primero defendió una versión, luego admitió otra, después insinuó sabotajes y finalmente prometió compensaciones que no terminaron de convencer. La estabilización, que pudo haber sido comprendida como una medicina amarga pero necesaria, empezó a percibirse como una operación improvisada, mal comunicada y poco transparente. Y en política perder el beneficio de la duda es casi tan grave como perder la mayoría parlamentaria. A veces es peor, porque la mayoría se negocia; la confianza, en cambio, una vez quebrada, se vuelve un animal huidizo.

Antes de ese episodio ya había existido una señal inaugural desafortunada, el retiro de las normas que gravaban a las grandes fortunas. Tal vez el gobierno creyó que enviaba una señal de confianza a los sectores económicos, puede ser. El problema es que, al mismo tiempo, envió otra señal a los sectores populares y medios que lo habían votado esperando equilibrio, austeridad, moderación y cierta sensibilidad social; para ellos quedó flotando, desde el primer momento, una pregunta incómoda, ¿quiénes son en realidad los beneficiarios de este gobierno?

La ley agraria abrió otro frente, todavía más delicado. En Bolivia la tierra nunca es solamente tierra, es memoria, comunidad, identidad, herida colonial, Reforma Agraria, dignidad campesina e indígena. El gobierno habló de voluntariedad, productividad y modernización, pero muchas organizaciones rurales e indígenas escucharon otra cosa, que se abría una puerta a la mercantilización de la tierra y que el Estado legislaba con más oído para el agronegocio que para las comunidades. Allí el desencanto dejó de ser una molestia urbana y empezó a tocar fibras históricas mucho más hondas, de esas que no se curan con una presentación en PowerPoint ni con un ministro explicando, muy serio, que todo está técnicamente bajo control.

A ello se suma un problema estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar de verdad, el modelo económico sigue siendo extractivo. La disputa continúa girando alrededor de quién administra el excedente, no de cómo se transforma la matriz productiva del país. Se cambia el discurso, se cambian los beneficiarios, se cambia el decorado, pero el teatro económico sigue presentando la misma obra, y el público boliviano, que podrá ser paciente, sufrido y hasta resignado, tampoco vive completamente distraído.

En el terreno institucional, el gobierno tampoco logró producir una ruptura creíble. El poder judicial sigue apareciendo como un factor de conflicto, no como un árbitro confiable; su instrumentalización, su falta de independencia y las heridas que dejó en el pasado alimentan buena parte del enojo presente. La suspensión de la segunda vuelta en La Paz, por ejemplo, fue percibida por sectores movilizados como una decisión que los dejó sin representación institucional, y cuando la ciudadanía siente que se le cierra la puerta, no siempre se queda esperando educadamente en la vereda; a veces golpea la puerta, a veces la rompe. Otras veces, pocas, como sabemos bien, incendia la casa.

Aduana, Policía y Órgano Judicial continúan siendo vistos como estructuras donde la corrupción no parece una desviación sino una costumbre administrativa. Si además se confirma —o incluso si solo se instala como convicción social— que algunos puestos de trabajo también estarían siendo objeto de negociación, entonces se intuye que el Estado sigue siendo tratado como botín, solo que con nuevos administradores.

La promesa implícita de ruptura con la corrupción del masismo fue uno de los pilares silenciosos del contrato electoral de Paz Pereira, por eso la sospecha de continuidad resulta tan corrosiva. No basta con decir que se acabó el viejo régimen si muchos de sus funcionarios siguen en sus cargos, si las redes burocráticas sobreviven con esa admirable capacidad de acomodarse a cualquier poder, y si alrededor de compras estratégicas, como las del combustible, aparecen denuncias o sospechas de sobreprecios, intermediaciones oscuras y negocios demasiado parecidos a los de siempre.

Tampoco ayuda la percepción de que ciertos grupos de poder han encontrado asiento cómodo en la nueva administración. Los agroindustriales aparecen con notable visibilidad; los cooperativistas, tal vez con menos presencia pública, pero con influencia considerable. Así, el cambio prometido corre el riesgo de parecer apenas una mudanza de beneficiarios, y cuando el cambio se vuelve cosmético, la frustración social se vuelve profunda, porque el ciudadano común, que podrá no haber leído tratados de sociología política, pero entiende perfectamente cuándo lo están invitando a mirar el decorado para que no vea quién se comió la cena.

El gobierno, además, ha mostrado una seria dificultad para construir una narrativa de país. Bolivia no se gobierna solamente con medidas, se gobierna también con sentido, con relato, con símbolos, con capacidad de nombrar el momento histórico. Un gobierno puede tomar decisiones duras, pero necesita explicar hacia dónde conduce esas decisiones. Si solo administra variables, termina pareciendo una gerencia, y Bolivia, con todos sus defectos, no es una empresa quebrada, es una nación complicada, herida, vital, desconfiada y profundamente política.

Cada ministro parece encerrado en los límites de su cartera, justificando medidas parciales como si apagar incendios dispersos equivaliera a gobernar. El Presidente, por su parte, estuvo semana tras emana sobreexpuesto, intentando llenar por sí mismo el vacío de una narrativa pública que debería ser compartida por todo el equipo gubernamental. Para colmo, en más de una ocasión su palabra fue corregida por sus propios subalternos; algunos dirán que se trata de un detalle menorm pero no lo es. En política, esos detalles pesan mucho, transmiten falta de cohesión, ausencia de mando claro y debilidad comunicacional. Y los gobiernos débiles y tan faltos de apoyo, en Bolivia, no suelen vivir tranquilos.

El llamado “Acuerdo Nacional” tampoco logró resolver ese vacío. El Presidente convocó a una reunión con figuras que no representaban precisamente a los sectores que le dieron la victoria; se fotografió con líderes de la derecha que lo acompañaron, con actores asociados al viejo momento político, y presentó esa escena como un gesto de reconciliación. Pero reconciliar al país no es juntar en una sala a quienes ya tienen micrófono, agenda y poder de incidencia porque ya conviven en el gobierno. La reconciliación no es una fotografía; es una arquitectura política, y en este caso, la imagen terminó mostrando más ausencias que presencias. La paradoja fue evidente, faltaron precisamente los sectores que votaron por Rodrigo Paz Pereira. Faltaron los que esperaban alivio, representación, sensibilidad y una transición sensata, los que lo eligieron no por fervor ideológico, sino porque creyeron que con él podía evitar los extremos. Si esos sectores son los que se sienten traicionados, el enojo no es superficial sino que anida en las entrañas, de esos que no se resuelven con una conferencia de prensa ni con un nuevo eslogan diseñado por asesores que creen que la política consiste en encontrar una frase que suene bien en las redes.

Otro elemento políticamente corrosivo ha sido la figura de Fernando Cerimedo, asesor personal del Presidente. El problema no es su nacionalidad, sino la mirada política que representa, una forma de comunicación asociada a la polarización digital, a la guerra cultural de la ultraderecha en el mundo, a la agresividad discursiva y a la lectura binaria y simplista de sociedades profundamente complejas. Bolivia no se gobierna desde un manual importado de ultraderecha comunicacional, como es el caso de las recetas de este personaje. Bolivia no es un tablero abstracto de “buenos” y “malos”, “modernos” y “atrasados”, “ciudadanos” y “bloqueadores”, en un país atravesado por clivajes regionales, étnicos, económicos, históricos y simbólicos. Y el que no entienda eso podrá ganar una batalla en Twitter, pero perderá el país real, que suele ser menos obediente que los algoritmos.

El problema, en última instancia, no es solo el asesor que habla y manda fuerte, sino el Presidente que escucha mal. Gobernar no consiste en buscar consejeros que confirmen los prejuicios propios, sino en rodearse de voces capaces de advertir lo que uno no quiere oír; en Bolivia esa virtud es indispensable para sobrevivir políticamente. Aquí los presidentes no caen solo por sus enemigos, también caen por sus aduladores, que son más peligrosos porque entran sin tocar la puerta.

Las movilizaciones actuales tampoco deben ser idealizadas. Expresan un malestar real, pero no siempre tienen liderazgo claro ni agenda de futuro. Saben lo que no quieren, pero todavía no muestran con claridad qué país proponen. Esa ausencia es peligrosa, porque el malestar difuso puede ser capturado por actores con menos escrúpulos democráticos y mayor vocación de incendiar la pradera. Las y los bolivianos conocemos bastante bien la secuencia: primero se articula la rabia, luego se levanta una bandera, y finalmente esa bandera reclama para sí la representación del país.

Evo Morales, por supuesto, tiene interés en azuzar el conflicto, pero no capacidad para conducirlo plenamente; su presencia divide incluso a los sectores movilizados. El gobierno intentó atribuir la capacidad de movilización al MAS, como si todo descontento pudiera explicarse por una conspiración desde el Chapare con la marca de "narcoterrorismo" acuñada desde el Escudo de las Américas; esa explicación puede funcionar durante algunos días, pero no alcanza para entender la profundidad del malestar. Cuando demasiada gente está enojada, culpar solamente a un adversario es una forma elegante de no atreverse a mirar el espejo.

El caso de Lara añade otra complejidad. No puede leerse únicamente como víctima de Paz Pereira, aunque en parte lo haya sido. También construyó una retórica conveniente para cubrir su propia falta de pericia política, su figura, que en algún momento conectó con identidades populares y expectativas de ruptura, hoy parece alejarse de quienes se reconocieron inicialmente en ella. En política, la autenticidad puede abrir puertas, pero no reemplaza la capacidad de conducción, pero el Vicepresidente que hasta hace pocos días podía pasar por ser un payaso parado en el balcón que da a la plaza, ahora ha recuperado la figura que hace a su investidura y debe estar conspirando minuto a minuto contra el legítimo Presidente. Todos sabemos cuanto es que quiere remplazarlo, peor la rabia sirve para subir a la tarima; no siempre sirve para gobernar desde ella.

El racismo, por su parte, vuelve a aparecer con su vieja insolencia; nunca se fue del todo. Sigue vivo, agresivo y altanero, especialmente cuando los conflictos activan miedos sociales profundos. Las etiquetas, la criminalización y el desprecio son usados por los extremos con notable facilidad; cada insulto deja una herida, y cada herida prepara el siguiente episodio del conflicto. Bolivia no necesita más identidades humilladas; ya tiene demasiadas en su inventario histórico; lo que necesita es aprender, de una buena vez, que ningún proyecto nacional se construye despreciando al otro, aunque ese otro bloquee, grite, se equivoque o vote distinto.

El centro político, mientras tanto, parece haberse desplomado. El gobierno quiso presentarse como moderado, pero terminó apareciendo como un gobierno de derecha ambiguo, y la ambigüedad no es centro. El centro requiere equilibrio, sensibilidad social, capacidad de diálogo y representación plural; Paz Pereira no logró consolidarse como representante de los sectores populares que lo votaron, pero tampoco como líder confiable de las élites conservadoras con las que quiso caminar desde el primer minuto. En consecuencia, quedó en una zona incómoda, sin piso social sólido abajo y sin entusiasmo suficiente arriba. Es decir, demasiado solo para gobernar bien y acompañado por los equivocados para permitirse corregir a tiempo.

Hay una distinción que conviene subrayar, quienes rechazan los bloqueos y las movilizaciones no necesariamente apoyan al gobierno. Mucha gente puede estar cansada del conflicto, preocupada por la economía y harta de los bloqueos, sin por ello sentirse representada por Rodrigo Paz Pereira. Confundir rechazo al desorden con apoyo político sería otro error de lectura, y el gobierno ha demostrado que en materia de lectura política no anda precisamente sobresaliendo.

El fondo del problema es histórico. El cambio de periodo comenzó con la caída de Evo Morales, pero todavía no ha encontrado una forma nueva y estable. Vivimos un interregno, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es la frase que repetimos todos y todas, cada día. El Estado Plurinacional, con todas sus tensiones, parece que llegó para quedarse; el MAS, en cambio, enfrenta una destrucción moral que muchos ciudadanos no están dispuestos a perdonar. Pero que el MAS se desgaste no significa automáticamente que haya nacido una alternativa nacional capaz de ordenar el futuro, y esa confusión puede ser fatal. Una cosa es que el viejo poder se descomponga; otra muy distinta es que exista ya un nuevo proyecto de país.

Rodrigo Paz Pereira difícilmente será quien defina ese nuevo rumbo. A lo sumo, podría administrar transitoriamente la fractura, si logra entender a tiempo la magnitud del problema, pero para ello tendría que hacer algo más difícil que anunciar medidas, debiera reconstruir la confianza perdida, escuchar a quienes lo llevaron al poder, corregir el sesgo social de sus decisiones, transparentar la gestión pública, romper con las redes corruptas, abrir un verdadero proceso de diálogo y abandonar la ilusión de que Bolivia puede ser gobernada desde una mesa técnica o desde un laboratorio de guerra cultural.

El país no necesita épica vacía ni soberbia tecnocrática, necesita prudencia, verdad, firmeza democrática y sensibilidad social. Necesita un gobierno que entienda que estabilizar la economía sin estabilizar la representación política es como arreglar el techo mientras se destruyen los cimientos. Puede parecer eficiente durante unos minutos, incluso puede impresionar a los vecinos, pero al final la casa se cae igual.

La pregunta sigue abierta, incómoda y urgente: ¿a dónde va Bolivia? Tal vez todavía sea posible evitar el abismo. Pero para eso el gobierno tendría que comenzar por reconocer que no está sobre una cima, sino en medio de un puente estrecho, con demasiada gente mirando hacia abajo y muy poca confiando en quien lleva el timón. Y en este país nuestro, tan acostumbrado a caminar entre precipicios, no basta con decir que se sabe gobernar. Hay que demostrar, paso a paso, que todavía se puede cruzar al otro lado sin empujarnos unos a otros al vacío.