FRENTE AL ESPEJO

Hay momentos en los que un país debe mirarse sin metáforas, sin consuelos patrióticos, sin himnos usados como pañuelo y sin esa vieja costumbre nuestra de ponerle poncho retórico a las heridas abiertas, como si bastara cubrirlas con palabras solemnes para que dejen de sangrar. Bolivia vive uno de esos momentos, y quizá por eso mismo cuesta tanto nombrarlo, porque cada vez que este país se mira de frente descubre que no solo arrastra una crisis más, de esas que llenan noticieros, paralizan carreteras y cansan a la ciudadanía, sino una suma de dolores antiguos, agravios mal tramitados, miedos regionales, desconfianzas étnicas, fracturas sociales y esa persistente incapacidad nuestra de convertir el conflicto en política antes de que se convierta, otra vez, en bloqueo, cerco, amenaza, represión o muerte.

Después de más de cincuenta días de protestas, bloqueos, muertos, heridos y cientos de detenidos, el gobierno del presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción, y algunos bloqueos cedieron, ciertas rutas volvieron a abrirse, las ciudades respiraron mejor y la vida cotidiana, que había comenzado a sentirse secuestrada por la falta de alimentos, combustibles, medicinas y oxígeno, recuperó una parte mínima de su normalidad, esa normalidad precaria que en Bolivia suele parecernos una conquista cuando apenas debería ser el piso elemental de cualquier convivencia civilizada. Pero quien crea que la crisis está resuelta confunde la reapertura de caminos con la recomposición de un vínculo político roto, porque una carretera puede despejarse con policías, maquinaria, órdenes operativas y presencia estatal, mientras que la confianza, esa materia frágil y casi invisible sobre la que se sostiene la vida en común, no se despeja con un decreto ni se impone con uniforme, sino que se reconstruye con verdad, representación, inteligencia política, memoria y tiempo; sobre todo con tiempo, ese recurso que algunos suelen desperdiciar con una irresponsabilidad casi artesanal, hasta descubrir demasiado tarde que gobernar no consiste solamente en reaccionar cuando el país ya está incendiado.

El conflicto, en sus núcleos más duros, continuará latiendo en territorios cocaleros, rurales e indígenas, donde persistierán los reclamos por el costo de vida, la política de combustibles, la liberación de detenidos y el reconocimiento de organizaciones indígenas, lo que demuestra que la calma obtenida en las rutas no equivale necesariamente a la pacificación del país profundo, porque Bolivia, como sabemos desde hace demasiado tiempo, no se agota en sus carreteras principales ni en sus mercados urbanos, sino que también respira —y se irrita, y se organiza, y protesta— en esos territorios donde el Estado llega tarde, llega mal o llega solamente cuando necesita imponer autoridad. Y aquí conviene decirlo con toda claridad, sin eufemismos y sin hacerse los distraídos, si la mesa no representa al conflicto, el acuerdo no representa al país, y cuando un acuerdo no representa al país, apenas sirve para administrar unos meses de alivio, un par de conferencias de prensa, un titular tranquilizador o esa fotografía de circunstancia en la que todos parecen responsables mientras el problema sigue esperando, como tantas veces, fuera de la sala.

Esta crisis dejó de ser un episodio de bloqueo para convertirse en un litigio sobre quién habla por Bolivia, quién puede sentarse a decidir en nombre de Bolivia y quién queda, nuevamente, mirando desde la puerta, como si la patria fuera una casa grande pero con llaves repartidas siempre entre pocos. El trasfondo económico es serio y no admite negaciones voluntaristas, Bolivia arrastra deuda pública elevada, caída de la producción de gas, reservas internacionales reducidas y subsidios a los combustibles que se han vuelto difíciles de sostener, por no decir insostenibles, mientras el diagnóstico externo, severo en sus términos y preocupante en sus consecuencias, coincide en un punto que debería alarmarnos más allá de nuestras preferencias políticas, a saber que la trayectoria macroeconómica boliviana se ha vuelto inviable. Pero lo que está en juego no es solamente la caja fiscal, esa contabilidad fría donde los gobiernos suelen descubrir la realidad después de haberla negado durante años mientras eran parte de la política opositora, sino también la paciencia social, la confianza ciudadana y esa delicada trama que permite a una sociedad seguir creyendo que vale la pena convivir bajo las mismas reglas, aunque las reglas sean imperfectas, aunque el Estado sea lento, aunque la política decepcione y aunque la historia nos haya enseñado a desconfiar casi por instinto.

Hay, sin embargo, una dimensión que el análisis político suele esquivar por incomodidad, por cálculo o por miedo a decir demasiado y equivocarse, y es la presencia de economías criminales, en particular el narcotráfico, en el tejido de la protesta social boliviana. No se trata de lanzar una acusación generalizadora, ni de convertir en delincuentes a quienes protestan por razones legítimas, ni de regalarle al gobierno una coartada fácil para deslegitimar toda demanda popular, porque eso sería injusto, peligroso y políticamente torpe; se trata, más bien, de reconocer que en múltiples ciclos de conflicto previos se han documentado o sospechado razonablemente vínculos entre ciertas organizaciones cocaleras, estructuras de financiamiento y redes del tráfico de drogas, aunque siga siendo incierta, y acaso deliberadamente oscurecida, la magnitud real de esa incidencia. El gobierno tiene incentivos para magnificarla, las oposiciones tienen incentivos para minimizarla, los dirigentes involucrados tienen incentivos para negarla y la ciudadanía, atrapada entre propaganda oficial y omisión conveniente, termina mirando un juego de espejos en el que la verdad queda sepultada antes de poder convertirse en política pública, en investigación seria o en decisión estatal responsable. Lo que sí puede afirmarse sin temor es que una Bolivia incapaz de resolver su vulnerabilidad frente al narcotráfico no podrá construir ningún pacto duradero, porque el crimen organizado no negocia pactos nacionales, los infiltra, los contamina, los compra o los vacía por dentro, hasta convertir la representación en simulacro y la protesta en territorio disponible para poderes que no rinden cuentas ante nadie.

La secuencia 2003-2008-2019-2026 muestra un patrón que debería inquietarnos, no solo por la recurrencia de la violencia, sino por la pobreza de nuestra imaginación política para evitar que el mismo guion vuelva a representarse con otros actores y parecidas consecuencias. Cambian los gobiernos, cambian los dirigentes, cambian los discursos, cambian las consignas y hasta cambian las banderas que cada quien levanta para justificarse, pero el libreto profundo se parece demasiado, porque detrás del diésel, de la gasolina, de las rutas cortadas y de los mercados vacíos aparece una y otra vez la misma pregunta no resuelta: ¿qué Estado tenemos? ¿a quién representa? ¿a quién protege? ¿a quién escucha y a quién deja fuera hasta que ese alguien decide hacerse escuchar interrumpiendo la vida de todos los demás? Bolivia no atraviesa únicamente una crisis de caja; atraviesa una crisis de comunidad política, porque es un país de alma múltiple, surcado por fracturas coloniales, étnicas, regionales, sociales y generacionales que demasiadas veces han sido convertidas en arma arrojadiza, como si cada diferencia nuestra, en lugar de enriquecer la casa común, tuviera que servir para levantar una nueva trinchera.

Sin reconciliación política, sin reforma institucional y sin un rediseño territorial del poder, la mejora material aliviará el síntoma pero no cerrará la herida, y Bolivia conoce demasiado bien esa medicina incompleta que calma el dolor por unas horas, permite respirar un poco, abre una ruta, abastece un mercado, anuncia una tregua, pero luego deja que la fiebre vuelva con más rabia, más cansancio y más incredulidad. Por eso la pregunta no puede reducirse a cómo normalizar el abastecimiento, aunque eso sea urgente, ni a cómo estabilizar la macroeconomía, aunque eso sea imprescindible, sino a cómo reconstruir una comunidad política donde indígenas, campesinos, clases medias urbanas, trabajadores, empresarios, regiones, mujeres y juventudes puedan sentir que el Estado no escucha solamente a unos mientras posterga, descalifica o administra a los otros como un problema de seguridad.

¿Qué hacer entonces? Las respuestas son concretas, aunque exigentes, y quizá por eso mismo suelen ser evitadas por quienes prefieren los atajos, las consignas o los decretos con pretensiones milagrosas.

Primero, un diálogo nacional con diseño representativo y territorial, no una mesa de cúpulas ni una ceremonia de apaciguamiento, sino un espacio real que incluya organizaciones rurales e indígenas, gobiernos departamentales y municipales, trabajadores, mujeres y juventudes, con facilitación independiente, agenda pública, reglas claras y resultados verificables, porque ya sabemos, por experiencia dolorosa, que la exclusión de actores clave no resuelve los conflictos, apenas los posterga hasta que regresan más duros, más desconfiados y menos dispuestos a creer en la palabra del gobierno de turno.

Segundo, una transición económica justa, porque si los subsidios deben corregirse —y hay razones técnicas poderosas para hacerlo— esa corrección no puede ejecutarse como una operación contable sobre una sociedad exhausta, sino que debe venir acompañada de protección social, calendarios verificables, comunicación honesta y mecanismos de acompañamiento para los sectores más vulnerables, en especial aquellos cuya reproducción cotidiana depende del transporte, de los mercados populares y de una economía informal que el Estado suele perseguir, tolerar o utilizar según su conveniencia. Sin eso, cualquier ajuste, aunque sea técnicamente razonable, se convierte en nuevo combustible para el conflicto, porque en Bolivia las medidas económicas no caen sobre una planilla, caen sobre cuerpos, familias, oficios, regiones y memorias que ya han aprendido a desconfiar cuando se les pide sacrificio en nombre de un futuro que casi nunca llega para ellos.

Tercero, enfrentar las violencias de 2003, 2008, 2019 y esta nueva fractura este 2026, con verdad, justicia y memoria, no para quedarnos atrapados en el resentimiento, ni para fundar una contabilidad macabra de muertos propios y muertos ajenos, sino para impedir que cada crisis vuelva a dividirnos entre víctimas legítimas e ilegítimas, entre dolores reconocidos y dolores negados, entre duelos útiles para la propaganda y duelos incómodos para la conciencia nacional. Una sociedad que no reconoce el dolor del otro termina preparando la repetición de su propia tragedia, y Bolivia, que ya ha llorado demasiado en nombre de demasiadas causas, necesita encontrar una forma democrática de recordar sin vengarse y de hacer justicia sin convertir la justicia en revancha.

Cuarto, reformar profundamente la justicia, la policía y la administración pública, porque un Estado capturado por camarillas podrá imponer obediencia legal durante un tiempo, podrá dictar resoluciones, ordenar operativos, repartir cargos, administrar favores y castigos, pero nunca producirá legitimidad, que es la materia más difícil y más necesaria de cualquier gobierno que pretenda durar algo más que su propia emergencia. Sin justicia independiente, sin policía profesional, sin administración pública meritocrática, sin transparencia y sin control social, la reconciliación se vuelve discurso de ocasión y el Estado continúa pareciéndose demasiado a un botín, a un garrote o a una agencia de empleos para los amigos del poder.

El estado de excepción pudo haber sido necesario para evitar que la vida cotidiana terminara secuestrada por el bloqueo, y sería ingenuo desconocer que el gobierno tiene la obligación de garantizar la circulación, el abastecimiento y la seguridad de la ciudadanía; pero sería un error aún más grave confundir esa necesidad con una solución política, porque Bolivia necesita salir, de una buena vez, de esa falsa alternativa que nos ha condenado a elegir entre la arbitrariedad de la calle y la soberbia del poder. Las carreteras pueden abrirse en unos días; el país, en cambio, tarda mucho más en volver a abrirse por dentro, porque para eso no bastan decretos, ni operativos, ni acuerdos parciales, sino una decisión más profunda de reconocernos, escucharnos y construir reglas comunes que no humillen a nadie.

Se puede hacer y se tiene que hacer; será con este o con el próximo gobierno. Esa posibilidad, difícil, trabajosa, sin garantías y sin redentores disponibles en el horizonte, es lo que todavía nos obliga a seguir pensando en Bolivia como proyecto y no como herida herida abierta en mitad del continente; como tarea común y no solamente como inventario de fracasos; como una patria posible y no como esta costumbre nuestra, tan cansadora y tan persistente, de sobrevivir a nosotros mismos sin animarnos todavía a convivir de verdad.

BOLIVIA Y VENEZUELA, DOS DISTINTOS DESENLACES

Durante años he sostenido (como tantos otros observadores comprometidos con la democracia) que el régimen de Nicolás Maduro había agotado toda legitimidad política al desconocer los resultados electorales en su país, vaciar de contenido a las instituciones y perpetuarse en el poder mediante la coerción. El desenlace reciente, su captura y traslado forzoso a Nueva York para responder ante la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico y otros delitos, obliga a formular una comparación incómoda pero necesaria. ¿Por qué en Venezuela el final fue violento y mediado por una intervención externa, mientras que en Bolivia una crisis comparable pudo resolverse sin guerra civil ni ocupación extranjera?

En Venezuela, la evidencia de una victoria opositora encabezada por Edmundo González, con el liderazgo cívico de María Corina Machado, no produjo alternancia. El régimen optó por desconocer el mandato popular. Las protestas fueron masivas y persistentes, pero no lograron quebrar el núcleo decisivo del poder, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ese apoyo no fue neutro ni circunstancial; diversos informes e investigaciones han señalado la existencia de vínculos entre estructuras del poder venezolano y economías ilegales transnacionales, con conexiones hacia Colombia, a través de las FARC y el ELN, y hacia Bolivia, en particular el Chapare, bajo el control político-sindical de Evo Morales Ayma. Cuando una cúpula militar queda capturada por redes criminales, la desobediencia democrática deja de ser un incentivo suficiente, el costo de perder el poder se vuelve existencial y se traduce, inevitablemente, en la cárcel.

En ese contexto, la intervención de Estados Unidos de Norteamérica (condenable desde el derecho internacional y problemática desde la soberanía) aparece menos como una solución que como el síntoma de un bloqueo interno total. No es una salida virtuosa; es el recurso extremo al que ha recurrido la democracia venezolana cuando el sistema político ha sido vaciado desde dentro y la ciudadanía, por sí sola, ya no logra forzar la transición.

El contraste con Bolivia resulta elocuente. En 2019, un fraude electoral acotado, diseñado con la colaboración de Cuba y la propia Venezuela, para impedir una segunda vuelta que Evo Morales probablemente habría perdido, desató una reacción cívica inédita. Durante veintiún días, la movilización pacífica y persistente de la ciudadanía quebró el artificio autoritario. Lo decisivo no fue la violencia, sino la legitimidad social de la protesta y su capacidad de interpelar a las propias fuerzas del orden. Policías y militares se replegaron y se negaron a reprimir no por romanticismo democrático, sino porque el fraude era visible, el aislamiento del gobierno era real y, dato no menor, no existía una captura estructural de las Fuerzas Armadas por economías criminales como es el caso venezolano. El costo de obedecer al régimen era, a todas luces, mayor al de alinearse con la legalidad.

En Bolivia, la transición se desarrolló a través de una secuencia institucional que, pese a sus tensiones y fragilidades, buscó preservar la legalidad constitucional y evitar un vacío de poder. Tras la renuncia de Evo Morales Ayma, quien abandonó el país y se asiló en México, se abrió un proceso de deliberación parlamentaria orientado a restablecer una Presidencia reconocida por la ley y la Constitución. En ese marco, universidades, iglesias, partidos políticos (incluido el MAS) y diversos actores de la sociedad civil cumplieron un rol decisivo de mediación y contención, favoreciendo la construcción de un acuerdo social e institucional mínimo que permitiera encauzar la crisis. Ese consenso derivó finalmente en la designación de la Dra. Jeanine Añez como Presidenta transitoria, con un mandato explícito y acotado, el convocar a nuevas elecciones y garantizar la continuidad del Estado, evitando así una escalada de violencia y afirmando una salida democrática frente a una ruptura de legitimidad.

Bolivia mostró así una fortaleza poco celebrada, una cultura cívica capaz de defender el voto y de producir una salida sin espiral de sangre. Fue una resolución imperfecta y tensa, pero democrática en su núcleo. La diferencia entre ambos casos no reside en la épica ni en la pureza de los actores, sino en variables duras, la captura del aparato coercitivo, la existencia de economías ilegales como seguro de poder y la capacidad ciudadana de presión legítima. En Venezuela, el poder militar permaneció orgánicamente alineado al régimen; en Bolivia, no.

Exaltar la experiencia boliviana no implica negar sus fragilidades, sino reconocer un mérito colectivo, haber resuelto una crisis de legitimidad sin guerra interna ni tutela extranjera. Ese capital cívico existe y debe ser cuidado. Para Venezuela, el desafío que se abre ahora es enorme. Ojalá el fin del régimen no derive en una ocupación prolongada ni en un tutelaje indefinido. La única salida sostenible pasa por la negociación política, acuerdos verificables y reconstrucción institucional, con justicia y debido proceso para los responsables, pero sin venganza ni humillación nacional; la democracia no siempre llega en envases puros; a veces emerge del conflicto y, en los peores casos, de la intervención externa, pero incluso entonces, el horizonte debe ser la soberanía democrática. Si algo enseña esta comparación es una lección tan sobria como decisiva, cuando la ciudadanía conserva capacidad de acción y el Estado no ha sido secuestrado por el crimen, la democracia puede defenderse sin fusiles extranjeros. Bolivia lo hizo; Venezuela, ojalá, pueda ahora reconstruir ese camino.

DE LESA BOLIVIANIDAD

El MAS, ante la evidencia irrefutable de sus conexiones y componendas con el narcotráfico, nacional e internacional, ha decidido, para curarse en salud, embarrar todo lo que pueda y a quien pueda con el mismo estigma. No es difícil, porque después de 16 años no solo de quietismo, sino de una franca complicidad gubernamental, es difícil encontrar una parte de la política que no haya tenido, al menos, roces con este quehacer delictivo.

La diferencia está en que la relación del masismo con el narcotráfico es orgánica, no casual. No es una fotografía en la fiesta de bautizo de la hija de un amigo, a la que hay que asistir porque uno es concejal, y en la que estaba, invitado también, un vende droga de baja monta. Lo del MAS son las corporaciones sindicales de productores de la hoja de coca que se vende para producir cocaína (que fuera de ese nicho no hay mercado) que trafican los cárteles de la droga en el mundo, los que están enraizados en la estructura del partido político que gobierna el país desde el año 2006. Ellos son los que financian campañas y ponen y quitan a buena parte de los ministros, comandantes policiales, jueces, fiscales y embajadores.

Lo tremendo de este revolcón en el mismo lodazal, destinado a meter a todos y todas en el mismo chiquero, es que nos va a dejar la sensación de que las y los bolivianos somos todos embarrables, execrables, y potencialmente delincuentes. Y de esas identidades autoinfligidas no se sale fácil. Suficiente tenemos con nuestros propios complejos coloniales e interraciales, de inferioridad y baja autoestima; estito más, es un crimen de lesa bolivianidad sobre nuestra identidad.