PARAGUAY HOY, a vuelo de pájaro

Lo sucedido en Paraguay, con el escándalo de Ueno Bank y sus consecuencias políticas, constituye una de las demostraciones más elocuentes de los extremos a los que puede conducir un modelo de capitalismo salvaje, sin controles efectivos ni instituciones capaces de impedir que el poder económico termine apropiándose del poder político. Un sistema en el que la riqueza se concentra en una pequeña minoría, particularmente vinculada al negocio financiero, que encuentra en sus relaciones con los gobernantes la posibilidad de multiplicar sus privilegios, disponer de recursos públicos y actuar con una impunidad que parece situarla incluso por encima de la ley. Cuando el Estado renuncia a regular, fiscalizar y proteger el interés colectivo, deja de ser el garante del bien común para convertirse en instrumento de acumulación privada, mientras los costos de semejante irresponsabilidad terminan recayendo, como siempre, sobre las y los ciudadanos.

En muchos países caracterizados por profundas desigualdades económicas, un desarrollo educativo insuficiente y una institucionalidad democrática precaria, los grupos dominantes han terminado considerando al Estado no como una construcción colectiva al servicio de la sociedad, sino como un botín que se conquista electoralmente para administrarlo en beneficio propio y de sus allegados. Paraguay constituye hoy, probablemente, el ejemplo más escandaloso de esa perversión de la democracia, donde la promiscuidad entre los negocios privados y las responsabilidades públicas ha terminado comprometiendo la estabilidad de las instituciones y la confianza de millones de ciudadanos. Porque el problema no es solamente la corrupción de algunos gobernantes o empresarios, sino un modelo de organización del poder que permite privatizar los beneficios, socializar las pérdidas y convertir la democracia en una fachada detrás de la cual gobiernan los intereses de unos pocos.

Y hay todavía una perversión adicional, la devolución de los dineros defraudados o perdidos por los ahorristas, que constituye sin duda un elemental acto de justicia hacia quienes confiaron sus recursos al sistema financiero, puede terminar convirtiéndose en una suerte de exculpación de quienes provocaron el desastre. Porque cuando esa reparación se realiza con dinero público, el desfalco privado termina siendo cubierto con los impuestos, el trabajo y el esfuerzo de todos y todas, incluidos aquellos que jamás participaron de semejantes negocios. Es la culminación perfecta de este capitalismo sin controles, unos pocos se apropian de las ganancias, pero cuando llega la hora de pagar por sus delitos, la factura se la presentan a toda la sociedad.