EL LENGUAJE: CONSCIENCIA Y REALIDAD

Uno de los problemas menos visibles (y sin embargo más decisivos) de la sociedad boliviana es la precariedad en el dominio del castellano y otros lenguajes vigentes en el país. No se trata de una deficiencia meramente escolar ni de un asunto estético vinculado a la “buena dicción”, sino de un problema estructural que incide directamente en la forma en que comprendemos la realidad, la explicamos y la proyectamos colectivamente. En una sociedad donde el lenguaje es frágil, la conciencia social también lo es; y donde la conciencia es débil, la ciudadanía se vuelve incompleta y la democracia vulnerable.

Bolivia es un país multilingüe en el papel y, paradójicamente, empobrecido en su práctica lingüística cotidiana. Para una parte significativa (aunque no mayoritaria) de la población, el castellano no es lengua materna, sino una segunda lengua aprendida de manera incompleta, fragmentaria o meramente funcional. Al mismo tiempo, las  otras lenguas vigentes (el quechua, el aymara, el guaraní) han ido perdiendo centralidad en la vida diaria, en el espacio público y en la educación formal, sin haber sido plenamente sistematizadas ni fortalecidas como lenguas aptas para el pensamiento complejo, la escritura rigurosa y la producción intelectual.

El resultado es una situación intermedia y problemática, ya que muchas y muchos bolivianos no dominamos plenamente el castellano, pero tampoco contamos con un manejo sólido, normativo y actualizado de las otras lenguas mencionadas. Se vive, por decirlo sin eufemismos, en un “entre-lenguas” empobrecido. Este déficit no se manifiesta solo en errores gramaticales o en un vocabulario reducido, sino en la dificultad para formular ideas abstractas, argumentar con precisión, matizar posiciones, establecer relaciones causales o construir narrativas coherentes sobre la experiencia social y política.

El lenguaje no es un simple instrumento de comunicación; es el dispositivo fundamental mediante el cual se organiza la percepción del mundo. Nombrar es ordenar; conceptualizar es delimitar; narrar es conferir sentido. Cuando el lenguaje es pobre, la realidad se vuelve opaca, confusa o se reduce a consignas. Allí donde faltan palabras, sobran gritos; donde no hay conceptos, proliferan prejuicios; donde la sintaxis se debilita, la violencia simbólica encuentra terreno fértil para crecer. No es casual que las sociedades con déficits lingüísticos estructurales sean también más propensas a la simplificación del conflicto y a la radicalización identitaria.

Esta carencia tiene consecuencias políticas profundas. Una ciudadanía con limitaciones lingüísticas estructurales enfrenta mayores dificultades para comprender discursos públicos complejos, evaluar propuestas, detectar contradicciones o exigir rendición de cuentas. El debate democrático se empobrece, se simplifica y se polariza. La política degenera entonces en eslóganes, dicotomías morales rudimentarias y relatos maniqueos que excluyen el matiz y anulan la deliberación racional. En ese contexto, el adversario deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo; y la diferencia, en lugar de tramitarse mediante el diálogo, se transforma en agravio.

Aquí aparece un vínculo decisivo con el problema de la imprescindible necesidad de escucha, diálogo y reconciliación nacional y social. No puede haber reconciliación efectiva en una sociedad que carece de lenguajes compartidos para nombrar su historia, sus heridas y sus desacuerdos. La reconciliación no es silencio ni olvido, es la capacidad de narrar el conflicto sin reducirlo a insulto, de reconocer al otro sin negarlo, de procesar el pasado sin convertirlo en arma permanente. Todo eso exige lenguaje, palabras para matizar, conceptos para comprender, narrativas para integrar.

Cuando una sociedad no dispone de esas herramientas, la fractura se vuelve estructural. Las diferencias étnicas, regionales, culturales o ideológicas dejan de ser diversidad y se convierten en trincheras de guerra. El conflicto se expresa entonces como identidad cerrada y no como desacuerdo democrático. La pobreza lingüística no solo limita la participación política; limita, sobre todo, la posibilidad de construir un “nosotros” inclusivo, condición básica de cualquier proyecto nacional.

La responsabilidad de esta situación no recae en los hablantes, sino en un sistema educativo que ha fracasado en su misión más elemental: formar sujetos capaces de pensar con palabras. La educación intercultural bilingüe fue proclamada como una conquista histórica, pero no se tradujo en un fortalecimiento real de las lenguas utilizadas como lenguas de conocimiento, ni en una enseñanza rigurosa y exigente del castellano como lengua común de deliberación pública. En no pocos casos se optó por una pedagogía condescendiente, de bajos estándares, que confundió inclusión con simplificación y terminó produciendo una ciudadanía frágil, más proclive a la adhesión emocional que al juicio crítico.

Revertir este escenario exige una decisión política y cultural de largo aliento. Supone asumir que el dominio del lenguaje, oral y escrito, es una condición básica de la ciudadanía democrática. Supone también tomar en serio todas las lenguas vigentes en el país, no como emblemas identitarios congelados, sino como sistemas vivos capaces de vehiculizar ciencia, filosofía, derecho y pensamiento crítico. Y, al mismo tiempo, implica enseñar un castellano exigente, rico y preciso, no como instrumento de dominación, sino como espacio común de encuentro intersubjetivo, donde las diferencias puedan expresarse sin romper la convivencia.

En última instancia, fortalecer el lenguaje en Bolivia es fortalecer la capacidad de la sociedad para pensarse a sí misma y reconocerse en su pluralidad. Sin palabras suficientes no hay ciudadanía plena; sin lenguajes compartidos no hay reconciliación posible. Y sin una conciencia lingüísticamente articulada, toda promesa de transformación democrática corre el riesgo de quedarse —literalmente— sin palabras.

BOLIVIA Y VENEZUELA, DOS DISTINTOS DESENLACES

Durante años he sostenido (como tantos otros observadores comprometidos con la democracia) que el régimen de Nicolás Maduro había agotado toda legitimidad política al desconocer los resultados electorales en su país, vaciar de contenido a las instituciones y perpetuarse en el poder mediante la coerción. El desenlace reciente, su captura y traslado forzoso a Nueva York para responder ante la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico y otros delitos, obliga a formular una comparación incómoda pero necesaria. ¿Por qué en Venezuela el final fue violento y mediado por una intervención externa, mientras que en Bolivia una crisis comparable pudo resolverse sin guerra civil ni ocupación extranjera?

En Venezuela, la evidencia de una victoria opositora encabezada por Edmundo González, con el liderazgo cívico de María Corina Machado, no produjo alternancia. El régimen optó por desconocer el mandato popular. Las protestas fueron masivas y persistentes, pero no lograron quebrar el núcleo decisivo del poder, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ese apoyo no fue neutro ni circunstancial; diversos informes e investigaciones han señalado la existencia de vínculos entre estructuras del poder venezolano y economías ilegales transnacionales, con conexiones hacia Colombia, a través de las FARC y el ELN, y hacia Bolivia, en particular el Chapare, bajo el control político-sindical de Evo Morales Ayma. Cuando una cúpula militar queda capturada por redes criminales, la desobediencia democrática deja de ser un incentivo suficiente, el costo de perder el poder se vuelve existencial y se traduce, inevitablemente, en la cárcel.

En ese contexto, la intervención de Estados Unidos de Norteamérica (condenable desde el derecho internacional y problemática desde la soberanía) aparece menos como una solución que como el síntoma de un bloqueo interno total. No es una salida virtuosa; es el recurso extremo al que ha recurrido la democracia venezolana cuando el sistema político ha sido vaciado desde dentro y la ciudadanía, por sí sola, ya no logra forzar la transición.

El contraste con Bolivia resulta elocuente. En 2019, un fraude electoral acotado, diseñado con la colaboración de Cuba y la propia Venezuela, para impedir una segunda vuelta que Evo Morales probablemente habría perdido, desató una reacción cívica inédita. Durante veintiún días, la movilización pacífica y persistente de la ciudadanía quebró el artificio autoritario. Lo decisivo no fue la violencia, sino la legitimidad social de la protesta y su capacidad de interpelar a las propias fuerzas del orden. Policías y militares se replegaron y se negaron a reprimir no por romanticismo democrático, sino porque el fraude era visible, el aislamiento del gobierno era real y, dato no menor, no existía una captura estructural de las Fuerzas Armadas por economías criminales como es el caso venezolano. El costo de obedecer al régimen era, a todas luces, mayor al de alinearse con la legalidad.

En Bolivia, la transición se desarrolló a través de una secuencia institucional que, pese a sus tensiones y fragilidades, buscó preservar la legalidad constitucional y evitar un vacío de poder. Tras la renuncia de Evo Morales Ayma, quien abandonó el país y se asiló en México, se abrió un proceso de deliberación parlamentaria orientado a restablecer una Presidencia reconocida por la ley y la Constitución. En ese marco, universidades, iglesias, partidos políticos (incluido el MAS) y diversos actores de la sociedad civil cumplieron un rol decisivo de mediación y contención, favoreciendo la construcción de un acuerdo social e institucional mínimo que permitiera encauzar la crisis. Ese consenso derivó finalmente en la designación de la Dra. Jeanine Añez como Presidenta transitoria, con un mandato explícito y acotado, el convocar a nuevas elecciones y garantizar la continuidad del Estado, evitando así una escalada de violencia y afirmando una salida democrática frente a una ruptura de legitimidad.

Bolivia mostró así una fortaleza poco celebrada, una cultura cívica capaz de defender el voto y de producir una salida sin espiral de sangre. Fue una resolución imperfecta y tensa, pero democrática en su núcleo. La diferencia entre ambos casos no reside en la épica ni en la pureza de los actores, sino en variables duras, la captura del aparato coercitivo, la existencia de economías ilegales como seguro de poder y la capacidad ciudadana de presión legítima. En Venezuela, el poder militar permaneció orgánicamente alineado al régimen; en Bolivia, no.

Exaltar la experiencia boliviana no implica negar sus fragilidades, sino reconocer un mérito colectivo, haber resuelto una crisis de legitimidad sin guerra interna ni tutela extranjera. Ese capital cívico existe y debe ser cuidado. Para Venezuela, el desafío que se abre ahora es enorme. Ojalá el fin del régimen no derive en una ocupación prolongada ni en un tutelaje indefinido. La única salida sostenible pasa por la negociación política, acuerdos verificables y reconstrucción institucional, con justicia y debido proceso para los responsables, pero sin venganza ni humillación nacional; la democracia no siempre llega en envases puros; a veces emerge del conflicto y, en los peores casos, de la intervención externa, pero incluso entonces, el horizonte debe ser la soberanía democrática. Si algo enseña esta comparación es una lección tan sobria como decisiva, cuando la ciudadanía conserva capacidad de acción y el Estado no ha sido secuestrado por el crimen, la democracia puede defenderse sin fusiles extranjeros. Bolivia lo hizo; Venezuela, ojalá, pueda ahora reconstruir ese camino.

RAZÓN DE ESTADO

En política, no toda responsabilidad se agota en la aplicación mecánica de una norma. Existen circunstancias (excepcionales, incómodas, a veces desagradables) en las que la fidelidad literal a un procedimiento puede terminar poniendo en riesgo aquello que la Constitución pretende proteger, la continuidad del Estado, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Para esos escenarios límite existe una categoría tan antigua como controvertida, la razón de Estado.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli,

El debate vuelve a escena en Bolivia a propósito del Decreto Supremo 5515 y de la discusión (hipotética, pero legítima) sobre la sucesión presidencial en situaciones extraordinarias. Conviene despejar desde el inicio algunos malentendidos, no se trata de diagnósticos médicos ni de juicios personales. La pregunta es otra, estrictamente institucional, ¿qué ocurre si una autoridad llamada a asumir la Jefatura del Estado no se encuentra en condiciones plenas para ejercerla, aunque sea por minutos?

La arquitectura constitucional descansa sobre un supuesto elemental, quien ejerce el Poder Ejecutivo debe hacerlo con conciencia, racionalidad y responsabilidad. Si ese supuesto se quebrara el problema dejaría de ser individual para convertirse en un riesgo de Estado. En ese escenario extremo, una sucesión automática y acrítica podría abrir la puerta a decisiones irreversibles, crisis de mando o daños institucionales de gran escala. No es alarmismo, desde la Presidencia del Ejecutivo, cinco minutos pueden bastar para causar un estropicio.

Es aquí donde la razón de Estado aparece no como coartada autoritaria, sino como principio preventivo. Su función no es suspender la democracia, sino impedir que una lectura mecánica de las reglas termine saboteando su espíritu. Si el Decreto 5515 busca ganar tiempo institucional, contener un riesgo y permitir que operen los controles formales previstos por el orden constitucional, su justificación no es el capricho de nadie, sino la prudencia republicana.

Desde luego, la razón de Estado no es (ni puede ser) un cheque en blanco. Solo es defendible bajo condiciones estrictas, temporalidad claramente delimitada, proporcionalidad de la medida, verificación objetiva del riesgo, control parlamentario y judicial efectivo, y una finalidad inequívoca de restaurar la normalidad constitucional. Fuera de esos márgenes, es abuso; dentro de ellos, es responsabilidad democrática.

Bolivia conoce demasiado bien los estragos del decisionismo y del poder ejercido sin límites. Precisamente por esa experiencia histórica, conviene recordar que gobernar no consiste únicamente en cumplir procedimientos, sino en proteger a la comunidad política frente a riesgos extremos, incluso cuando hacerlo exige decisiones incómodas.

Si hoy Rodrigo Paz Pereira encarna la continuidad institucional, el debate no debería personalizarse en torno a Edmand Lara, sino elevarse a un plano más alto, el de la responsabilidad del Estado consigo mismo. Porque la democracia no se defiende solo aplicando reglas; también se preserva evitando que el poder caiga, aunque sea fugazmente, en manos de quien no está en condiciones de ejercerlo.

Lejos de una herejía constitucional, esa puede ser, paradójicamente, la forma más sobria y exigente de lealtad a la República.

CUANDO LA REALIDAD ALCANZA A LA POLÍTICA

La discusión en torno al DS 5503 ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda, largamente conocida y, sin embargo, sistemáticamente postergada: *la subvención a los combustibles no es sostenible*. No se trata de una revelación súbita ni de una imposición ideológica externa, sino de una corrección necesaria, forzada por la realidad económica. Durante años, una parte significativa de la ciudadanía supo (aunque prefirió no decirlo en voz muy alta) que ese esquema no podía prolongarse indefinidamente sin erosionar la estabilidad fiscal, agotar las reservas de divisas y debilitar la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. El decreto no crea el problema; lo reconoce y lo enfrenta.

La cuestión central, sin embargo, no reside únicamente en el ajuste, sino en el modo en que éste se gestiona y se comunica. El DS 5503 no actúa en el vacío, incorpora medidas de protección social, mecanismos de estabilización de precios y señales orientadas a la reactivación productiva, con el objetivo explícito de amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables y preservar el tejido de la economía real. El diagnóstico es severo, pero honesto, no hay soluciones mágicas ni salidas indoloras. Precisamente por eso, la conflictividad social que hoy se expresa en protestas intensas y discursos extremos tenderá (como lo muestra la experiencia) a procesarse y reconfigurarse con el paso del tiempo, a medida que el escenario se estabilice y se clarifiquen las reglas del juego.

Bolivia entra, inevitablemente, en un tramo exigente. Los próximos dos años demandarán sacrificio responsable, disciplina colectiva y una gestión pública firme, pero cuidadosa. Ninguna sociedad atraviesa una corrección estructural sin tensiones; sin embargo, también es cierto que las sociedades no se quiebran cuando el esfuerzo es percibido como compartido, razonable y temporal. La normalidad no se impone por decreto, se reconstruye cuando la ciudadanía comprende el rumbo, percibe que hay conducción y empieza a confiar (aunque sea de manera crítica) en que no se le está exigiendo más de lo que la situación demanda.

Aquí emerge el nudo verdaderamente decisivo, el desafío es político y democrático antes que el meramente económico. El ajuste solo será sostenible si se apoya en un pacto de confianza entre el Estado y la sociedad, fundado en transparencia, control social efectivo y protección real a quienes menos tienen. Sin ese piso ético y político, cualquier medida necesaria corre el riesgo de ser vivida como un castigo, y no como parte de una estrategia orientada al bienestar colectivo y al restablecimiento de un horizonte de desarrollo.

Lo que está en juego no es únicamente la corrección de una distorsión económica acumulada, sino la capacidad del país de atravesar la crisis sin fracturarse, sin recaer en el empate destructivo entre estatismo y privatizaciones, que ha marcado buena parte de nuestra historia reciente. Aguantar juntos, confiar sin ser ingenuos y sostener un acuerdo de convivencia democrática no son consignas retóricas ni gestos morales abstractos, son condiciones materiales para estabilizar la economía, restablecer la confianza entre bolivianos y bolivianas, preservar la democracia y abrir, más temprano que tarde, un nuevo ciclo de futuro compartido.

Ese futuro no es una promesa vacía ni una quimera voluntarista. Es positivo y posible en la medida en que Bolivia logre transformar este ajuste doloroso en una oportunidad de maduración intersubjetiva, para ordenar la economía, recomponer la institucionalidad, liberar energías productivas y reconstruir un sentido de comunidad política basado en la equidad, la responsabilidad y una esperanza razonable. No se trata de negar el sacrificado esfuerzo que viene, sino de dotarlo de sentido. Y allí, precisamente allí, empieza a construirse el futuro.

PIRÁMIDES DE CORRUPCIÓN

Si algo nos han enseñado los últimos años es que la corrupción en Bolivia no funciona como un puñado de manzanas podridas aisladas, sino como una canasta llena, organizada en estructura, en pirámide. En la Policía, las denuncias de “cuotas” y cobros por traslados, destinaciones, controles y operativos se repiten a lo largo y ancho del cuerpo institucional: el de abajo cobra al ciudadano, se queda con una parte y entrega el resto hacia arriba, hasta llegar a mandos que jamás cobran una multa, pero se benefician de cada soborno. Varios testimonios de exuniformados y oficiales han descrito precisamente este mecanismo, junto con la “enfermedad” institucional provocada por años de intromisión política y corrupción sistemática.

Por eso, si este nuevo Comandante logra exponer y suprimir la pirámide de corrupción que va desde el policía en la calle hasta la más alta cúpula —cada cual pidiendo y extorsionando, y entregando la parte correspondiente a su jefe superior— se habrá logrado un avance inimaginable hasta ahora. No se trata solo de sancionar a unos cuantos “malos policías”, sino de romper el modelo de recaudación ilegal que convierte el uniforme en franquicia de extorsión y transforma la jerarquía en red de rentas. Eso exige algo más que discursos: requiere investigaciones patrimoniales serias, rotación y evaluación de mandos, protección efectiva a denunciantes y una política de transparencia que exponga, con nombres y cifras, cómo funcionan esas cadenas.

Además, no es la única pirámide que se conoce. En la Aduana, por ejemplo, la propia institución ha tenido que procesar a cientos de funcionarios por favorecer hechos de corrupción, y aun así la percepción de coimas en los puntos de control sigue siendo altísima. Casos de sobornos en el Ministerio Público o en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua mostraron un esquema donde el dinero subía desde los niveles operativos hasta el despacho ministerial, con millones de bolivianos recaudados y blanqueados en inmuebles y lujos familiares. Lo mismo se ha visto en empresas públicas como EMAPA, descrita recientemente por el propio Gobierno como un “pulpo de corrupción”, con asociaciones fantasmas y proveedores ficticios.

De modo que el desafío es doble: o se desarman las pirámides, o ellas terminarán de desarmar al Estado. La limpieza en la Policía puede convertirse en un hito fundacional si es real, documentada y llega hasta arriba, pero solo será creíble si va acompañada por cirugías similares en la Aduana, en la Fiscalía, en las empresas públicas y en todos esos rincones donde el ciudadano ya asume que “sin coima no se mueve nada”. Romper la pirámide no es solo castigar a corruptos: es devolver a la ley su lugar de norma común y a la ciudadanía su derecho a vivir en un país donde el trámite, el control y la justicia no dependan de cuánto se está dispuesto a pagar por debajo de la mesa.