LA CONFIANZA PERDIDA

Hay victorias electorales que se miran en los números y parecen definitivas, aplastantes, luminosas incluso, hasta que uno se detiene, respira, mira mejor, y descubre que debajo de esa claridad estadística se escondía una profunda ambigüedad política. La victoria de Rodrigo Paz Pereira fue una de esas. Ganó, sí, y ganó bien (entre otras cosas, con mi sincero apoyo).

Ganó ampliamente en segunda vuelta, pero no ganó porque el país se hubiera convertido, de pronto, en una mayoría doctrinaria, disciplinada y convencida de emprender un giro liberal acelerado, menos aún una restauración conservadora. Ganó porque una parte importante de Bolivia quiso cerrar el ciclo del MAS, porque otra parte quiso impedir el retorno de Tuto, porque muchos sectores populares estaban cansados de la vieja política, porque las clases medias buscaban orden, porque los transportistas, los cuentapropistas, los ciudadanos agobiados por el desabastecimiento y por la angustia económica esperaban alivio, estabilidad, sensatez, pero no una ruptura del pacto electoral.

Ese fue, probablemente, el primer gran error de lectura. Paz y quienes lo rodean parecieron interpretar el resultado como un cheque en blanco. Y en política, sobre todo en Bolivia, no todo voto es adhesión. A veces el voto es esperanza, a veces miedo, a veces castigo, a veces resignación, a veces apenas el intento desesperado de evitar algo que se considera peor. Confundir esa suma contradictoria de motivaciones con obediencia política es una de las maneras más rápidas de perder el vínculo con la ciudadanía. Y cuando ese vínculo se rompe, no lo arregla un discurso bien leido, ni una fotografía solemne, ni un acuerdo bautizado con un nombre rimbombante.

La primera señal fue el retiro de las normas que imponían un impuesto a las grandes fortunas; vaya señal. Fue la peor manera de empezar.

Luego vino el retiro de la subvención a los combustibles, anunciado en diciembre de 2025, tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. No era una medida cualquiera, entraba directamente al bolsillo, al transporte, al precio de la comida, al costo de producir, trabajar, moverse y sobrevivir. Podía tener argumentos técnicos, por supuesto, dado que el país heredó una crisis económica real, con inflación, escasez de dólares, combustibles tensionados y un Estado fiscalmente exhausto. Negarlo sería demagogia mal intencionada. Pero una cosa es reconocer la crisis y otra muy distinta es administrar políticamente sus costos.

Pero hubo, además, otro factor más corrosivo, la sospecha de que la corrupción no se había ido, sino que apenas había cambiado de administración, de ropaje y de beneficiarios. La llamada gasolina basura no solo dañó motores y bolsillos; instaló también la pregunta más peligrosa para cualquier gobierno que llega prometiendo cambio, ¿quién compró, cómo compró y a qué precio compró? En la calle comenzó a circular la percepción de que pudo haber sobreprecios, intermediaciones oscuras y viejas prácticas intactas. A ello se sumó la sensación de que muchos funcionarios heredados del masismo seguían en sus puestos, operando como si nada hubiera cambiado, protegidos por redes burocráticas que sobreviven a todos los gobiernos y que se acomodan, con admirable desvergüenza, a cualquier nuevo poder. Aduanas, Policía, Órgano Judicial y otras instituciones continúan siendo vistas por la ciudadanía como pirámides de corrupción que van desde las jefaturas hasta las bases, donde cada trámite, cada protección, cada designación y cada silencio pueden tener precio. Y lo más grave, si se confirma (o aun si solo se instala como convicción social), es la denuncia de que también los puestos de trabajo se estarían vendiendo, que se cobra por otorgarlos y que el Estado sigue siendo tratado como botín. Cuando un gobierno llega prometiendo cambio y la gente siente que los mismos mecanismos de corrupción continúan funcionando, la confianza no solo se debilita, se pudre desde adentro.

Un gobierno puede pedir sacrificios cuando construye confianza, cuando explica con claridad, cuando reparte las cargas con justicia, cuando protege de verdad a los más vulnerables y cuando demuestra, además, que sabe lo que está haciendo. Lo que ocurrió fue distinto; la estabilización apareció como el primer idioma del gobierno, antes que la reconciliación, antes que la escucha, antes que la construcción paciente de una coalición social capaz de sostener el tránsito difícil que se venía encima. Primero vino la receta, después la explicación; primero el golpe, después la convocatoria; primero la decisión, después el intento tardío de persuadir.

Lo tremendo es que lo sabían. Se habló de ello con todos y cada uno de quienes tomaron esas primeras decisiones. Lo discutimos en detalle, en varias reuniones y diálogos personales, pero dijeron NO, primero la economía, primero la estabilidad, primero las inversiones...

Ahí comenzó a romperse el contrato implícito del voto. Muchos ciudadanos no habíamos votado por Paz para que gobernara como restaurador conservador, sino para que ordenara el país sin arrasar la sensibilidad popular. La diferencia no es menor. En nuestra Bolivia, esa diferencia puede ser el abismo.

Pero el verdadero punto de inflexión no fue el precio del combustible. Fue la gasolina de mala calidad. Allí el problema dejó de ser económico y se volvió moral. La ciudadanía puede aceptar una medida dura si cree que el gobierno es competente y sincero, pero cuando primero se defiende una versión, luego se admite otra, después se habla de sabotaje y finalmente se prometen compensaciones que la gente no termina de creer, el daño ya no está en el tanque del vehículo; está en la confianza pública.

Para un transportista, para un taxista, para quien vive de su motorizado, recibir combustible defectuoso no es una anécdota técnica. Es una amenaza a su instrumento de trabajo, a su ingreso diario, a la comida de su familia. Si además debe pagar más por ese combustible y luego peregrinar por una compensación incierta, el enojo no necesita demasiadas explicaciones. Basta imaginar a una familia que vive al día y que descubre que el Estado le cobra más, le entrega peor y todavía le pide paciencia.

Desde ese momento, el ajuste empezó a leerse de otra manera. Ya no como una medicina amarga pero necesaria, sino como una operación mal conducida, mal explicada y quizá poco transparente. El gobierno perdió el beneficio de la duda, que en política es una de las monedas más valiosas y también una de las más fáciles de malgastar.

Luego vino la ley agraria. Y con ella apareció un conflicto más hondo, porque la tierra en Bolivia nunca es solo tierra. Es memoria, comunidad, dignidad, historia, herida colonial, Reforma Agraria, identidad campesina e indígena, forma de vida y también refugio simbólico frente a los abusos. Tocar ese campo sin consultas suficientes, sin pedagogía política y sin sensibilidad histórica es jugar con fuego en un cuarto lleno de pólvora.

La ley fue percibida por organizaciones rurales e indígenas como una puerta hacia la mercantilización de la tierra y como una amenaza contra formas comunitarias de protección. El gobierno habló de voluntariedad, crédito, productividad o modernización; pero en política no basta con lo que se dice sobre lo que una norma significa; importa, y mucho, lo que los afectados sienten que esa norma anuncia. Y muchos sintieron que se estaba legislando para otros, para el agronegocio, para el mercado, para los poderes económicos, no para las comunidades campesinas.

Ahí el desencanto se convirtió en resentimiento. Ya no era solamente “subió la gasolina”. Era algo más profundo: “no nos escuchan”, “gobiernan para otros”, “nos piden sacrificios”, “tocan nuestra tierra” y “cuando llaman al diálogo, ya han decidido por nosotros”. En Bolivia, cuando esas frases empieza a circular por debajo de la piel social, lo que emerge suele ser áspero.

El llamado Acuerdo Nacional pudo haber sido una oportunidad para recomponer la relación política. Pero llegó tarde y mal diseñado. Reunir autoridades, anunciar leyes, producir una fotografía de institucionalidad, no equivale a reconstruir legitimidad. Para que un acuerdo sea nacional no basta con que el gobierno lo nombre de ese modo; tiene que estar allí la nación social que se siente agraviada; tienen que estar los que pagan el costo de las decisiones, los que sostienen las calles, los que viven de la economía diaria, los que dieron el voto prestado y ahora sienten que se les está cobrando una deuda que no contrajeron.

Eso, al parecer, no ocurrió. El encuentro no recompuso la representación de la coalición social que llevó a Paz Pereira al poder. Más bien reforzó la percepción de un acercamiento a la derecha tradicional, al agronegocio y a sectores de poder que muchos de sus votantes querían contener. El gobierno necesitaba una escena de re-legitimación y produjo, para muchos, una escena de subrepresentación. En Bolivia, cuando los actores sociales no se ven en la mesa, no sienten que hay diálogo. Sienten que es pura escenografía.

Aquí aparece un segundo nivel de responsabilidad. El Presidente gobierna, pero nadie gobierna solo. Todo indica que hay un problema serio de asesoramiento político alrededor de Rodrigo Paz y de su gabinete. No se observa una línea clara de trabajo, una narrativa coherente, una secuencia ordenada de decisiones, ni una comprensión fina de los tiempos sociales del país. Se reacciona más de lo que se conduce. Se comunica peor de lo que se decide. Se convoca al diálogo cuando la confianza ya está herida. Se lanzan medidas sin haber preparado antes el colchón político que permita sostenerlas.

En ese marco, la figura de Fernando Cerimedo se ha vuelto políticamente corrosiva. El problema no es su nacionalidad; sería pueril reducir el asunto a eso; el problema es su mirada. Cerimedo aparece asociado a los circuitos de la derecha digital latinoamericana, a una forma de hacer política basada en la polarización, la guerra cultural, la agresividad comunicacional y la lectura binaria. Se ha reportado su cercanía con Milei y Bolsonaro, y en Bolivia ha sido presentado como asesor personal del Presidente, aunque el vocero oficial haya aclarado que no forma parte de la estructura estatal ni toma decisiones de gobierno; pero se sabe que asiste invitado a sesiones del Gabinete Ministerial.

Bolivia no se gobierna desde un manual importado de guerra cultural. Bolivia no es un tablero simple dividido entre “socialismo” y “libertad”, ni entre “izquierda regional”, "zurdos de mierda" y “gobierno democrático”. Bolivia es una sociedad fracturada por regiones, memorias étnicas, economías informales, identidades populares, heridas coloniales, resentimientos acumulados y pactos sociales siempre inestables. Quien no entiende esa complejidad empuja al gobierno a errores estratégicos. Y esos errores, acumulados, llevan a mal puerto.

Si el Presidente ha depositado confianza política o comunicacional en una persona que interpreta Bolivia desde categorías ajenas a su historia, entonces el problema no es solamente Cerimedo. El problema es el Presidente que escucha mal, porque gobernar no es escoger al consejero que confirma los prejuicios propios o alimenta la épica de la confrontación; gobernar es saber escuchar aquello que incomoda, aquello que no cabe en el esquema, aquello que viene desde el país real y no desde los laboratorios digitales donde todo parece sencillo porque nada sangra.

Rodrigo Paz no perdió la confianza de todos sus votantes al mismo tiempo. La perdió primero entre los votantes decisivos, los populares urbanos, los transportistas, los cuentapropistas, los sectores indígenas y campesinos, los ciudadanos que querían cambio pero no restauración, orden pero no desprecio, estabilización pero no castigo. La consigna de renuncia no nace solamente de la oposición organizada, nace cuando el malestar material se transforma en agravio. Cuando la gente concluye que no solo está pagando más, sino que además no está siendo escuchada. Cuando siente que votó por una promesa de cambio moderado y recibió un gobierno encerrado en asesores, diagnósticos estrechos y gestos hacia sectores que no representan su esperanza original.

La confianza no se pierde de golpe. Se gasta. Se malgasta. Se administra mal. Y un día, cuando el gobierno quiere recuperarla, descubre que ya no le creen. Ese parece ser el punto al que ha llegado Rodrigo Paz Pereira. Todavía puede corregir, si entiende que gobernar no es imponer una receta, sino reconstruir un vínculo. Pero para eso tendría que hacer algo más difícil que cambiar ministros, explicar decretos o convocar reuniones solemnes, tendría que volver a escuchar al país real, ese país complejo, contradictorio, dolido y profundamente desconfiado que alguna vez le prestó su voto y ahora le está cobrando la deuda.