BOLIVIA EN EL INTERREGNO

Un análisis construido  por quienes apoyamos el proyecto y hoy registramos su desplome.

Hay victorias que se parecen demasiado a una coronación, hasta que el tiempo —ese implacable notario de nuestras vanidades— empieza a mostrar que no eran una coronación, sino una advertencia. La victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira fue real, legítima y contundente en los números. Eso no está en discusión. Lo que estuvo mal no fue ganar, sino entender mal lo que esa victoria quería decir.

Ese 55% obtenido en segunda vuelta no fue un cheque en blanco, ni una súbita conversión del país a una doctrina liberal, moderna, eficiente, estabilizadora y feliz, como algunos entusiasmos palaciegos parecieron creer. Fue, más bien, una suma boliviana, es decir, una suma contradictoria de esperanzas, rechazos, temores, cansancios y resignaciones. Una parte del país quería cerrar, por fin, el largo ciclo del MAS; otra quería impedir el retorno de Tuto Quiroga; los sectores populares urbanos buscaban orden y alivio; las clases medias pedían algo tan modesto y tan difícil como algo de sensatez. Los transportistas, comerciantes, cuentapropistas y pequeños emprendedores esperaban, sencillamente, que la crisis dejara de respirarles en la nuca.

En Bolivia conviene recordarlo siempre, porque si no se nos olvida en cuanto aparecen los aplausos, no todo voto es amor. A veces es cansancio, otras veces es defensa propia, también puede ser la última papeleta antes de la desesperación.

Rodrigo Paz Pereira no fue elegido para refundar la República, ni para protagonizar una epopeya doctrinaria, ni para encabezar la conversión de los infieles a una nueva fe económica. Fue elegido como un Presidente de transición. Su error —y el error de quienes lo rodearon con ese entusiasmo cortesano que tanto daño hace a los gobiernos jóvenes— fue creer que el país le había entregado una licencia de transformación profunda, cuando en realidad le había confiado una tarea mucho más humilde, más ingrata y más difícil: administrar una fractura sin agrandarla.

Desde el inicio, el gobierno ordenó sus prioridades con una claridad que terminó siendo su primera ceguera, primero la economía, después la política; primero la estabilización, luego la representación; primero las inversiones, y más tarde, si quedaba tiempo y ganas, ya veríamos qué hacer con la sociedad. Como si la economía pudiera aplicarse sobre Bolivia del mismo modo en que se corrige una hoja de cálculo; como si este país fuera una planilla y no una sociedad atravesada por memorias, agravios, regiones, identidades, pobrezas, resentimientos acumulados y una historia que nunca termina de irse, aunque la demos por archivada cada cinco años.

La crisis heredada era real. Había inflación, escasez de dólares, agotamiento fiscal, problemas de combustibles y un Estado económicamente fatigado, después de años de despilfarro, improvisación y fiestas ajenas pagadas con plata que ya no existe. Nadie serio podría negar que el nuevo gobierno recibía una situación delicada. Pero una cosa es diagnosticar la enfermedad y otra muy distinta es administrar la medicina sin explicarle al paciente por qué le va a doler un tanto, cuánto durará el tratamiento y quién pagará finalmente la factura. En política, como en la medicina, el remedio puede matar si se administra con soberbia.

El retiro de la subvención a los combustibles tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. En teoría podía tener argumentos técnicos, en la práctica se convirtió en una herida política. Y esa herida se volvió más profunda con el episodio de la llamada “gasolina basura”, el combustible defectuoso, distribuido además a precios más altos, en un país donde miles de familias viven literalmente del funcionamiento de un motor. Para un transportista, para un taxista, para quien trabaja con su vehículo, aquello no fue un problema técnico ni un desperfecto administrativo. Fue una amenaza directa contra su herramienta de trabajo y, por lo tanto, contra la comida de su familia.

El gobierno no supo explicar el problema. Primero defendió una versión, luego admitió otra, después insinuó sabotajes y finalmente prometió compensaciones que no terminaron de convencer. La estabilización, que pudo haber sido comprendida como una medicina amarga pero necesaria, empezó a percibirse como una operación improvisada, mal comunicada y poco transparente. Y en política perder el beneficio de la duda es casi tan grave como perder la mayoría parlamentaria. A veces es peor, porque la mayoría se negocia; la confianza, en cambio, una vez quebrada, se vuelve un animal huidizo.

Antes de ese episodio ya había existido una señal inaugural desafortunada, el retiro de las normas que gravaban a las grandes fortunas. Tal vez el gobierno creyó que enviaba una señal de confianza a los sectores económicos, puede ser. El problema es que, al mismo tiempo, envió otra señal a los sectores populares y medios que lo habían votado esperando equilibrio, austeridad, moderación y cierta sensibilidad social; para ellos quedó flotando, desde el primer momento, una pregunta incómoda, ¿quiénes son en realidad los beneficiarios de este gobierno?

La ley agraria abrió otro frente, todavía más delicado. En Bolivia la tierra nunca es solamente tierra, es memoria, comunidad, identidad, herida colonial, Reforma Agraria, dignidad campesina e indígena. El gobierno habló de voluntariedad, productividad y modernización, pero muchas organizaciones rurales e indígenas escucharon otra cosa, que se abría una puerta a la mercantilización de la tierra y que el Estado legislaba con más oído para el agronegocio que para las comunidades. Allí el desencanto dejó de ser una molestia urbana y empezó a tocar fibras históricas mucho más hondas, de esas que no se curan con una presentación en PowerPoint ni con un ministro explicando, muy serio, que todo está técnicamente bajo control.

A ello se suma un problema estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar de verdad, el modelo económico sigue siendo extractivo. La disputa continúa girando alrededor de quién administra el excedente, no de cómo se transforma la matriz productiva del país. Se cambia el discurso, se cambian los beneficiarios, se cambia el decorado, pero el teatro económico sigue presentando la misma obra, y el público boliviano, que podrá ser paciente, sufrido y hasta resignado, tampoco vive completamente distraído.

En el terreno institucional, el gobierno tampoco logró producir una ruptura creíble. El poder judicial sigue apareciendo como un factor de conflicto, no como un árbitro confiable; su instrumentalización, su falta de independencia y las heridas que dejó en el pasado alimentan buena parte del enojo presente. La suspensión de la segunda vuelta en La Paz, por ejemplo, fue percibida por sectores movilizados como una decisión que los dejó sin representación institucional, y cuando la ciudadanía siente que se le cierra la puerta, no siempre se queda esperando educadamente en la vereda; a veces golpea la puerta, a veces la rompe. Otras veces, pocas, como sabemos bien, incendia la casa.

Aduana, Policía y Órgano Judicial continúan siendo vistos como estructuras donde la corrupción no parece una desviación sino una costumbre administrativa. Si además se confirma —o incluso si solo se instala como convicción social— que algunos puestos de trabajo también estarían siendo objeto de negociación, entonces se intuye que el Estado sigue siendo tratado como botín, solo que con nuevos administradores.

La promesa implícita de ruptura con la corrupción del masismo fue uno de los pilares silenciosos del contrato electoral de Paz Pereira, por eso la sospecha de continuidad resulta tan corrosiva. No basta con decir que se acabó el viejo régimen si muchos de sus funcionarios siguen en sus cargos, si las redes burocráticas sobreviven con esa admirable capacidad de acomodarse a cualquier poder, y si alrededor de compras estratégicas, como las del combustible, aparecen denuncias o sospechas de sobreprecios, intermediaciones oscuras y negocios demasiado parecidos a los de siempre.

Tampoco ayuda la percepción de que ciertos grupos de poder han encontrado asiento cómodo en la nueva administración. Los agroindustriales aparecen con notable visibilidad; los cooperativistas, tal vez con menos presencia pública, pero con influencia considerable. Así, el cambio prometido corre el riesgo de parecer apenas una mudanza de beneficiarios, y cuando el cambio se vuelve cosmético, la frustración social se vuelve profunda, porque el ciudadano común, que podrá no haber leído tratados de sociología política, pero entiende perfectamente cuándo lo están invitando a mirar el decorado para que no vea quién se comió la cena.

El gobierno, además, ha mostrado una seria dificultad para construir una narrativa de país. Bolivia no se gobierna solamente con medidas, se gobierna también con sentido, con relato, con símbolos, con capacidad de nombrar el momento histórico. Un gobierno puede tomar decisiones duras, pero necesita explicar hacia dónde conduce esas decisiones. Si solo administra variables, termina pareciendo una gerencia, y Bolivia, con todos sus defectos, no es una empresa quebrada, es una nación complicada, herida, vital, desconfiada y profundamente política.

Cada ministro parece encerrado en los límites de su cartera, justificando medidas parciales como si apagar incendios dispersos equivaliera a gobernar. El Presidente, por su parte, estuvo semana tras emana sobreexpuesto, intentando llenar por sí mismo el vacío de una narrativa pública que debería ser compartida por todo el equipo gubernamental. Para colmo, en más de una ocasión su palabra fue corregida por sus propios subalternos; algunos dirán que se trata de un detalle menorm pero no lo es. En política, esos detalles pesan mucho, transmiten falta de cohesión, ausencia de mando claro y debilidad comunicacional. Y los gobiernos débiles y tan faltos de apoyo, en Bolivia, no suelen vivir tranquilos.

El llamado “Acuerdo Nacional” tampoco logró resolver ese vacío. El Presidente convocó a una reunión con figuras que no representaban precisamente a los sectores que le dieron la victoria; se fotografió con líderes de la derecha que lo acompañaron, con actores asociados al viejo momento político, y presentó esa escena como un gesto de reconciliación. Pero reconciliar al país no es juntar en una sala a quienes ya tienen micrófono, agenda y poder de incidencia porque ya conviven en el gobierno. La reconciliación no es una fotografía; es una arquitectura política, y en este caso, la imagen terminó mostrando más ausencias que presencias. La paradoja fue evidente, faltaron precisamente los sectores que votaron por Rodrigo Paz Pereira. Faltaron los que esperaban alivio, representación, sensibilidad y una transición sensata, los que lo eligieron no por fervor ideológico, sino porque creyeron que con él podía evitar los extremos. Si esos sectores son los que se sienten traicionados, el enojo no es superficial sino que anida en las entrañas, de esos que no se resuelven con una conferencia de prensa ni con un nuevo eslogan diseñado por asesores que creen que la política consiste en encontrar una frase que suene bien en las redes.

Otro elemento políticamente corrosivo ha sido la figura de Fernando Cerimedo, asesor personal del Presidente. El problema no es su nacionalidad, sino la mirada política que representa, una forma de comunicación asociada a la polarización digital, a la guerra cultural de la ultraderecha en el mundo, a la agresividad discursiva y a la lectura binaria y simplista de sociedades profundamente complejas. Bolivia no se gobierna desde un manual importado de ultraderecha comunicacional, como es el caso de las recetas de este personaje. Bolivia no es un tablero abstracto de “buenos” y “malos”, “modernos” y “atrasados”, “ciudadanos” y “bloqueadores”, en un país atravesado por clivajes regionales, étnicos, económicos, históricos y simbólicos. Y el que no entienda eso podrá ganar una batalla en Twitter, pero perderá el país real, que suele ser menos obediente que los algoritmos.

El problema, en última instancia, no es solo el asesor que habla y manda fuerte, sino el Presidente que escucha mal. Gobernar no consiste en buscar consejeros que confirmen los prejuicios propios, sino en rodearse de voces capaces de advertir lo que uno no quiere oír; en Bolivia esa virtud es indispensable para sobrevivir políticamente. Aquí los presidentes no caen solo por sus enemigos, también caen por sus aduladores, que son más peligrosos porque entran sin tocar la puerta.

Las movilizaciones actuales tampoco deben ser idealizadas. Expresan un malestar real, pero no siempre tienen liderazgo claro ni agenda de futuro. Saben lo que no quieren, pero todavía no muestran con claridad qué país proponen. Esa ausencia es peligrosa, porque el malestar difuso puede ser capturado por actores con menos escrúpulos democráticos y mayor vocación de incendiar la pradera. Las y los bolivianos conocemos bastante bien la secuencia: primero se articula la rabia, luego se levanta una bandera, y finalmente esa bandera reclama para sí la representación del país.

Evo Morales, por supuesto, tiene interés en azuzar el conflicto, pero no capacidad para conducirlo plenamente; su presencia divide incluso a los sectores movilizados. El gobierno intentó atribuir la capacidad de movilización al MAS, como si todo descontento pudiera explicarse por una conspiración desde el Chapare con la marca de "narcoterrorismo" acuñada desde el Escudo de las Américas; esa explicación puede funcionar durante algunos días, pero no alcanza para entender la profundidad del malestar. Cuando demasiada gente está enojada, culpar solamente a un adversario es una forma elegante de no atreverse a mirar el espejo.

El caso de Lara añade otra complejidad. No puede leerse únicamente como víctima de Paz Pereira, aunque en parte lo haya sido. También construyó una retórica conveniente para cubrir su propia falta de pericia política, su figura, que en algún momento conectó con identidades populares y expectativas de ruptura, hoy parece alejarse de quienes se reconocieron inicialmente en ella. En política, la autenticidad puede abrir puertas, pero no reemplaza la capacidad de conducción, pero el Vicepresidente que hasta hace pocos días podía pasar por ser un payaso parado en el balcón que da a la plaza, ahora ha recuperado la figura que hace a su investidura y debe estar conspirando minuto a minuto contra el legítimo Presidente. Todos sabemos cuanto es que quiere remplazarlo, peor la rabia sirve para subir a la tarima; no siempre sirve para gobernar desde ella.

El racismo, por su parte, vuelve a aparecer con su vieja insolencia; nunca se fue del todo. Sigue vivo, agresivo y altanero, especialmente cuando los conflictos activan miedos sociales profundos. Las etiquetas, la criminalización y el desprecio son usados por los extremos con notable facilidad; cada insulto deja una herida, y cada herida prepara el siguiente episodio del conflicto. Bolivia no necesita más identidades humilladas; ya tiene demasiadas en su inventario histórico; lo que necesita es aprender, de una buena vez, que ningún proyecto nacional se construye despreciando al otro, aunque ese otro bloquee, grite, se equivoque o vote distinto.

El centro político, mientras tanto, parece haberse desplomado. El gobierno quiso presentarse como moderado, pero terminó apareciendo como un gobierno de derecha ambiguo, y la ambigüedad no es centro. El centro requiere equilibrio, sensibilidad social, capacidad de diálogo y representación plural; Paz Pereira no logró consolidarse como representante de los sectores populares que lo votaron, pero tampoco como líder confiable de las élites conservadoras con las que quiso caminar desde el primer minuto. En consecuencia, quedó en una zona incómoda, sin piso social sólido abajo y sin entusiasmo suficiente arriba. Es decir, demasiado solo para gobernar bien y acompañado por los equivocados para permitirse corregir a tiempo.

Hay una distinción que conviene subrayar, quienes rechazan los bloqueos y las movilizaciones no necesariamente apoyan al gobierno. Mucha gente puede estar cansada del conflicto, preocupada por la economía y harta de los bloqueos, sin por ello sentirse representada por Rodrigo Paz Pereira. Confundir rechazo al desorden con apoyo político sería otro error de lectura, y el gobierno ha demostrado que en materia de lectura política no anda precisamente sobresaliendo.

El fondo del problema es histórico. El cambio de periodo comenzó con la caída de Evo Morales, pero todavía no ha encontrado una forma nueva y estable. Vivimos un interregno, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es la frase que repetimos todos y todas, cada día. El Estado Plurinacional, con todas sus tensiones, parece que llegó para quedarse; el MAS, en cambio, enfrenta una destrucción moral que muchos ciudadanos no están dispuestos a perdonar. Pero que el MAS se desgaste no significa automáticamente que haya nacido una alternativa nacional capaz de ordenar el futuro, y esa confusión puede ser fatal. Una cosa es que el viejo poder se descomponga; otra muy distinta es que exista ya un nuevo proyecto de país.

Rodrigo Paz Pereira difícilmente será quien defina ese nuevo rumbo. A lo sumo, podría administrar transitoriamente la fractura, si logra entender a tiempo la magnitud del problema, pero para ello tendría que hacer algo más difícil que anunciar medidas, debiera reconstruir la confianza perdida, escuchar a quienes lo llevaron al poder, corregir el sesgo social de sus decisiones, transparentar la gestión pública, romper con las redes corruptas, abrir un verdadero proceso de diálogo y abandonar la ilusión de que Bolivia puede ser gobernada desde una mesa técnica o desde un laboratorio de guerra cultural.

El país no necesita épica vacía ni soberbia tecnocrática, necesita prudencia, verdad, firmeza democrática y sensibilidad social. Necesita un gobierno que entienda que estabilizar la economía sin estabilizar la representación política es como arreglar el techo mientras se destruyen los cimientos. Puede parecer eficiente durante unos minutos, incluso puede impresionar a los vecinos, pero al final la casa se cae igual.

La pregunta sigue abierta, incómoda y urgente: ¿a dónde va Bolivia? Tal vez todavía sea posible evitar el abismo. Pero para eso el gobierno tendría que comenzar por reconocer que no está sobre una cima, sino en medio de un puente estrecho, con demasiada gente mirando hacia abajo y muy poca confiando en quien lleva el timón. Y en este país nuestro, tan acostumbrado a caminar entre precipicios, no basta con decir que se sabe gobernar. Hay que demostrar, paso a paso, que todavía se puede cruzar al otro lado sin empujarnos unos a otros al vacío.

EL LENGUAJE: CONSCIENCIA Y REALIDAD

Uno de los problemas menos visibles (y sin embargo más decisivos) de la sociedad boliviana es la precariedad en el dominio del castellano y otros lenguajes vigentes en el país. No se trata de una deficiencia meramente escolar ni de un asunto estético vinculado a la “buena dicción”, sino de un problema estructural que incide directamente en la forma en que comprendemos la realidad, la explicamos y la proyectamos colectivamente. En una sociedad donde el lenguaje es frágil, la conciencia social también lo es; y donde la conciencia es débil, la ciudadanía se vuelve incompleta y la democracia vulnerable.

Bolivia es un país multilingüe en el papel y, paradójicamente, empobrecido en su práctica lingüística cotidiana. Para una parte significativa (aunque no mayoritaria) de la población, el castellano no es lengua materna, sino una segunda lengua aprendida de manera incompleta, fragmentaria o meramente funcional. Al mismo tiempo, las  otras lenguas vigentes (el quechua, el aymara, el guaraní) han ido perdiendo centralidad en la vida diaria, en el espacio público y en la educación formal, sin haber sido plenamente sistematizadas ni fortalecidas como lenguas aptas para el pensamiento complejo, la escritura rigurosa y la producción intelectual.

El resultado es una situación intermedia y problemática, ya que muchas y muchos bolivianos no dominamos plenamente el castellano, pero tampoco contamos con un manejo sólido, normativo y actualizado de las otras lenguas mencionadas. Se vive, por decirlo sin eufemismos, en un “entre-lenguas” empobrecido. Este déficit no se manifiesta solo en errores gramaticales o en un vocabulario reducido, sino en la dificultad para formular ideas abstractas, argumentar con precisión, matizar posiciones, establecer relaciones causales o construir narrativas coherentes sobre la experiencia social y política.

El lenguaje no es un simple instrumento de comunicación; es el dispositivo fundamental mediante el cual se organiza la percepción del mundo. Nombrar es ordenar; conceptualizar es delimitar; narrar es conferir sentido. Cuando el lenguaje es pobre, la realidad se vuelve opaca, confusa o se reduce a consignas. Allí donde faltan palabras, sobran gritos; donde no hay conceptos, proliferan prejuicios; donde la sintaxis se debilita, la violencia simbólica encuentra terreno fértil para crecer. No es casual que las sociedades con déficits lingüísticos estructurales sean también más propensas a la simplificación del conflicto y a la radicalización identitaria.

Esta carencia tiene consecuencias políticas profundas. Una ciudadanía con limitaciones lingüísticas estructurales enfrenta mayores dificultades para comprender discursos públicos complejos, evaluar propuestas, detectar contradicciones o exigir rendición de cuentas. El debate democrático se empobrece, se simplifica y se polariza. La política degenera entonces en eslóganes, dicotomías morales rudimentarias y relatos maniqueos que excluyen el matiz y anulan la deliberación racional. En ese contexto, el adversario deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo; y la diferencia, en lugar de tramitarse mediante el diálogo, se transforma en agravio.

Aquí aparece un vínculo decisivo con el problema de la imprescindible necesidad de escucha, diálogo y reconciliación nacional y social. No puede haber reconciliación efectiva en una sociedad que carece de lenguajes compartidos para nombrar su historia, sus heridas y sus desacuerdos. La reconciliación no es silencio ni olvido, es la capacidad de narrar el conflicto sin reducirlo a insulto, de reconocer al otro sin negarlo, de procesar el pasado sin convertirlo en arma permanente. Todo eso exige lenguaje, palabras para matizar, conceptos para comprender, narrativas para integrar.

Cuando una sociedad no dispone de esas herramientas, la fractura se vuelve estructural. Las diferencias étnicas, regionales, culturales o ideológicas dejan de ser diversidad y se convierten en trincheras de guerra. El conflicto se expresa entonces como identidad cerrada y no como desacuerdo democrático. La pobreza lingüística no solo limita la participación política; limita, sobre todo, la posibilidad de construir un “nosotros” inclusivo, condición básica de cualquier proyecto nacional.

La responsabilidad de esta situación no recae en los hablantes, sino en un sistema educativo que ha fracasado en su misión más elemental: formar sujetos capaces de pensar con palabras. La educación intercultural bilingüe fue proclamada como una conquista histórica, pero no se tradujo en un fortalecimiento real de las lenguas utilizadas como lenguas de conocimiento, ni en una enseñanza rigurosa y exigente del castellano como lengua común de deliberación pública. En no pocos casos se optó por una pedagogía condescendiente, de bajos estándares, que confundió inclusión con simplificación y terminó produciendo una ciudadanía frágil, más proclive a la adhesión emocional que al juicio crítico.

Revertir este escenario exige una decisión política y cultural de largo aliento. Supone asumir que el dominio del lenguaje, oral y escrito, es una condición básica de la ciudadanía democrática. Supone también tomar en serio todas las lenguas vigentes en el país, no como emblemas identitarios congelados, sino como sistemas vivos capaces de vehiculizar ciencia, filosofía, derecho y pensamiento crítico. Y, al mismo tiempo, implica enseñar un castellano exigente, rico y preciso, no como instrumento de dominación, sino como espacio común de encuentro intersubjetivo, donde las diferencias puedan expresarse sin romper la convivencia.

En última instancia, fortalecer el lenguaje en Bolivia es fortalecer la capacidad de la sociedad para pensarse a sí misma y reconocerse en su pluralidad. Sin palabras suficientes no hay ciudadanía plena; sin lenguajes compartidos no hay reconciliación posible. Y sin una conciencia lingüísticamente articulada, toda promesa de transformación democrática corre el riesgo de quedarse —literalmente— sin palabras.

ECOLOGÍA Y RECONCILIACIÓN

En Bolivia estamos acostumbrados a pensar la reconciliación en clave política, vencedores y vencidos, golpes y transiciones, memorias enfrentadas. Pero en pleno siglo XXI, si el gobierno de Rodrigo Paz Pereira quiere reconstruir el tejido social y abrir un nuevo ciclo democrático, no le bastará con un buen diseño institucional para la Reconciliación Nacional y Social. Necesita un segundo pilar igual de decisivo, una política ecológica seria, coherente y sostenida en el tiempo. Sin transición ecológica, no habrá reconciliación duradera; sin reconciliación, la transición ecológica se convertirá en otra fuente de conflicto.

Lo primero es entender que la crisis ambiental no es un tema “verde” de nicho, ni una excentricidad de ONGs internacionales. Es el espejo brutal del agotamiento de nuestro modelo de desarrollo. Detrás de los incendios que arrasan millones de hectáreas, de los ríos contaminados con mercurio, de los suelos agotados y de las áreas protegidas arrinconadas por la expansión irregular de la frontera agrícola, hay una forma de hacer política y economía, extraer rápido, repartir mal y mirar hacia otro lado. Ese modelo ha enfrentado regiones, comunidades y culturas; ha beneficiado a pocos y ha cargado los costos sobre pueblos indígenas, campesinos y barrios populares. Es decir, ha sido una fábrica silenciosa de resentimiento.

Cuando el gobierno de Rodrigo Paz propone una agenda ecológica que combina Deforestación Cero, restauración de bosques y suelos, protección estricta de cuencas, transición energética y una nueva gobernanza sobre el litio, no está “agregando” un capítulo moderno a su plan de gobierno. Está tocando el corazón mismo de la conflictividad boliviana. Y, sobre todo, está creando condiciones materiales para que la política de Reconciliación Nacional y Social tenga sentido para la gente común.

Una política de Estado para la reconciliación debe responder, al menos, a tres tipos de fracturas, territoriales, sociales e históricas. La agenda ecológica ayuda a las tres.

Primero, las fracturas territoriales. Hoy, la polarización “cambas vs collas” se expresa también en el mapa de la devastación, incendios y desmontes masivos en el oriente; crisis hídrica y retroceso de glaciares en el occidente; tensiones por la tierra y los bosques en la Amazonía y el Chaco. Si el gobierno impulsa un plan de Deforestación Cero con monitoreo satelital y participación ciudadana; si reforesta masivamente con especies nativas; si blinda áreas protegidas y territorios indígenas frente al avance ilegal; si ordena el uso del suelo con criterios técnicos y no clientelares, está haciendo algo más que “cuidar la naturaleza”, está enviando una señal de justicia territorial. El Estado deja de autorizar, por acción u omisión, que unas regiones “quemen” su propio futuro para sostener privilegios de otras; se convierte en árbitro equitativo de la casa común.

Segundo, las fracturas sociales. La reconciliación que hemos venido pensando no es solo entre élites políticas; es entre un Estado que durante décadas ha socializado los daños y privatizado los beneficios, y unas mayorías que han pagado el precio con su salud, su agua y sus medios de vida. Por eso, cuando se plantea erradicar progresivamente el mercurio, proteger cabeceras de cuenca y recuperar suelos degradados, se está hablando de reparación ecológica y social, de devolver, en la medida de lo posible, condiciones de vida digna a quienes fueron tratados como habitando "zonas de sacrificio". Si, además, se decide que los excedentes del litio se destinen de manera transparente a educación, salud y transición energética, la política ecológica se vuelve un mecanismo de redistribución, el nuevo ciclo productivo deja de ser un enclave más y se convierte en un motor compartido del desarrollo humano.

Tercero, las fracturas históricas. La Reconciliación Nacional y Social exige cerrar el ciclo nacional-popular e inaugurar un ciclo ciudadano, plural y democrático, donde libertad, igualdad e inclusión se sostengan en un proyecto de país compartido. La ecología, bien entendida, le da contenido concreto a ese horizonte, producimos, sí, pero sin incendiar el futuro; aprovechamos el litio, sí, pero para financiar la educación de nuestros hijos y la energía limpia que necesitaremos mañana; defendemos la propiedad y la iniciativa privada, sí, pero bajo reglas que impiden que la ganancia de unos se pague con el envenenamiento de otros. Es una manera de reconciliarnos también con nuestra propia historia, dejar atrás el papel de territorio colonial extractivo y asumir el desafío de ser una República que cuida responsablemente sus bienes comunes.

Aquí entra en escena un actor decisivo, la juventud. No es casual que las principales demandas ecológicas en Bolivia y en el mundo vengan de las y los jóvenes. Para ellos, el cambio climático no es una estadística, es el telón de fondo de sus vidas. Ven arder los bosques, secarse los ríos, retroceder las nieves que sus abuelos conocieron; y sienten que se les está robando el futuro a cuenta gotas. Una política de reconciliación que solo hable de heridas del pasado pero ignore el miedo y la rabia de las generaciones más jóvenes frente al colapso ambiental, será percibida como un ajuste de cuentas entre adultos, no como un proyecto de país.

Precisamente por eso, las medidas ecológicas del gobierno de Rodrigo Paz deberán tener un valor político adicional, pueden convertirse en el núcleo de un pacto intergeneracional. Una Escuela Nacional de Educación Ambiental, la incorporación de contenidos ecológicos en la currícula, los programas de emprendimiento verde para jóvenes y mujeres, la promoción de empleo vinculado a la transición energética y a la restauración de ecosistemas, son mucho más que políticas sectoriales. Son la forma de decirle a una generación entera, “ustedes no son solo quienes protestan en las calles con carteles reciclados; son quienes van a diseñar, gestionar y beneficiarse de la nueva economía verde boliviana”.

Si desde la Presidencia Plurinacional de la República se articula el trabajo de Reconciliación Nacional y Social con esta agenda ecológica —por ejemplo, tratando los conflictos socioambientales como prioridades, promoviendo diálogos territoriales sobre uso de suelo, agua y litio, incorporando la voz de la juventud y de las comunidades indígenas en el diseño de políticas—, la reconciliación dejará de ser una abstracción. Se volverá experiencia concreta, acuerdos locales para cuidar una cuenca, mesas de diálogo entre productores agroindustriales y comunidades afectadas por la quema, pactos regionales para transitar hacia formas de producción más sostenibles, con apoyos técnicos y financieros reales.

La reconstrucción del tejido social no se logrará solo con campañas de “tolerancia” o con actos simbólicos —que son necesarios—, sino también con proyectos compartidos que obliguen a cooperar. Nada obliga tanto a cooperar como gestionar un recurso común del que depende la vida, el agua de una cuenca, el bosque que protege una comunidad, la tierra de la que comen varias generaciones. Ahí, la combinación entre política ecológica y política de reconciliación tiene un potencial inmenso, crea espacios de escucha concreta (“¿cómo usamos este río?”), de diálogo informado (“¿qué alternativas a la quema tenemos?”) y de confianza ganada (“el compromiso que firmamos se cumplió, el Estado no nos mintió otra vez”).

Finalmente, hay un factor de legitimidad institucional que no debe subestimarse. La confianza en el Estado boliviano está muy dañada. Promesas incumplidas, leyes que no se aplican, instituciones capturadas, corrupción y opacidad han erosionado la credibilidad. Si, en los primeros días, el gobierno declara la emergencia ambiental y climática, pone en marcha un sistema de monitoreo con datos abiertos, deroga las leyes que incentivan desmontes e incendios y somete a auditoría pública las concesiones ilegales, estará enviando un mensaje potente: "esta vez vamos en serio". Si esa coherencia se mantiene en el tiempo, la percepción de legitimidad del Estado puede empezar a cambiar justamente allí donde hoy es más baja.

Por eso, cuando hablemos de la política de Reconciliación Nacional y Social del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, deberíamos dejar de pensar la ecología como un “anexo bonito” y empezar a verla como uno de sus cimientos. Cuidar los bosques, el agua, el clima y la biodiversidad no es un lujo de países ricos; en un país tan fracturado como el nuestro, es una condición de posibilidad para la paz social. La casa común no es una metáfora poética, es el territorio donde debemos aprender a vivir juntos, sin quemarnos el futuro unos a otros. Y nada reconciliará tanto a Bolivia consigo misma como descubrir que defender esa casa (de manera justa, democrática y participativa) puede ser, por primera vez, un proyecto compartido entre regiones, culturas y generaciones.

UN PROYECTO VIABLE

Bolivia no necesita un salto al vacío ni una victoria efímera, sino un proyecto de poder estable que convierta la crisis en oportunidad y reconstruya mayorías duraderas. Ese proyecto articula grandes sectores que, en el agotamiento del régimen masista, juntan a los descontentos que bajan (que votaron y fueron del MAS, pero están cansados de sostener lo insostenible) con los descontentos que suben (excluidos de las decisiones estos últimos veinte años) para abrir un nuevo ciclo. En nuestro idioma político, ese ciclo sigue regido por una gramática nacional, democrática y popular que no ha sido cerrada desde 1952. En clave gramsciana, toca disputar la hegemonía, la dirección moral e intelectual que haga de un programa sentido común, como se ha hecho cada 20/30 años en Bolivia. En clave zavaletiana, se trata de gobernar una sociedad abigarrada sin negar su pluralidad, sino sumándola bajo nuevas reglas. Quien no entienda esa matriz está condenado a gobernar contra la sociedad o a no gobernar.

La coyuntura obliga a sincerar un dato: existe un amplio consenso técnico sobre lo que toca hacer hoy para estabilizar la economía. Cerrar el déficit, normalizar el mercado cambiario, sincerar precios relativos (en especial energía y combustibles), recuperar reservas, elevar la productividad y proteger a la población vulnerable. En los objetivos no hay murallas entre las candidaturas: Rodrigo Paz Pereira y Tuto Quiroga apuntan a metas similares. Lo que los separa, y esto es decisivo, es el cómo y el cuándo. La secuencia importa porque la política boliviana no se maneja en un laboratorio, la gobernabilidad depende de ordenar los costos de la estabilización, de modo que la sociedad los procese sin estallar, mientras se construye una mayoría renovada. Si el método rompe vínculos y enardece la calle, la economía se arregla en papeles, pero se vuelve ingobernable en la vida real.

La propuesta de shock de Tuto Quiroga promete rapidez y limpieza quirúrgica. Pero en una sociedad abigarrada con tejidos frágiles, soltar de golpe el precio de los combustibles y desmantelar subsidios de una sola vez activa un mecanismo conocido, inflación de corto plazo, licuación de salarios y pensiones, encarecimiento de transporte y alimentos, conflictividad sindical y vecinal, y bloqueo de la agenda legislativa. Resultado, un gobierno asediado que pierde autoridad antes de consolidar su arquitectura institucional. Con el shock, el Bloque Social Alternativo de Poder que necesitamos para sostener reformas de largo aliento se vuelve impracticable: los descontentos que bajan se repliegan por miedo al costo político y social y los que suben sienten que el nuevo ciclo repite la exclusión con otro uniforme. Lo que debía ser recambio democrático se transforma en péndulo catastrófico; volvemos, como venimos haciendo hace casi cien años, del estatismo ineficiente a la privatización inequitativa.

El gradualismo de Rodrigo Paz Pereira parte de la misma hoja de ruta macro (orden fiscal, sinceramiento cambiario, corrección de precios), pero la despliega con una ingeniería política y social que hace posible la mayoría y un mínimo de estabilidad. Sincera el costo, sí, pero lo secuencia y lo amortigua, propone la convergencia de precios de combustibles con un calendario público y verificable; habla de compensaciones monetarias temporales a hogares vulnerables; protección transitoria al transporte y al agro, mientras se ajustan las cadenas de los costos; asegura un senda que recorta el gasto fiscal ineficiente, sin tocar la salud, la educación ni la red de bonos que blinda a los más pobres. En paralelo, propone reglas cambiarias claras; metas trimestrales de reservas y déficit con seguimiento independiente; y una agenda de productividad que active inversión, empleo y formalización. La economía no se ordena solo con números, se estabiliza con pactos que alinean expectativas y reparten esfuerzos de manera soportable.

Gobernar Bolivia hoy es, sobre todo, construir puentes. El liderazgo que hace posible un Bloque Social Alternativo que garantice la estabilidad del proceso no es el que gana la primera semana a punta de decretos, sino el que mantiene abierta la mesa de acuerdos con las clases medias urbanas, sindicatos, emprendedores, regiones, juventudes, mujeres, pueblos indígenas y movimientos ambientales. Rodrigo Paz encarna mejor esa lógica de arquitecto de puentes, su propuesta no demoniza a la otra mitad, convoca a la pluralidad bajo un paraguas común (liberalismo democrático e izquierda democrática con pulsiones progresistas y ecologistas) y entiende que la unidad no es la foto de cuatro dirigentes, sino una red viva que se articula con transparencia. Esa forma organizativa prefigura la gobernabilidad que promete, si la unidad se construye abajo, el gobierno respira; si la unidad se decreta desde arriba, el gobierno puede asfixiarse.

El contraste con Tuto Quiroga es nítido cuando miramos la capacidad de acuerdos parlamentarios y sociales. Un ajuste de choque, aplicado por una fuerza sin anclaje en el campo nacional/democrático/popular, activa vetos cruzados y paraliza la deliberación. Los bloques legislativos se endurecen, más aún cuando desde la campaña electoral ha generado rechazos puntuales fruto de las campañas sucias que se le atribuyen; la calle se llena de actores que solo pueden decir “no” y la agenda de reformas se convierte en una cadena de incendios. Aun si el shock produjera un alivio contable rápido, terminaría por erosionar la base social indispensable para sostener una segunda etapa de productividad, inversión y empleo. Sin mayoría social no hay reformas que duren; sin reformas que duren, la estabilización se evapora y asoma la siguiente crisis.

El gradualismo responsable, en cambio, habilita un pacto de transiciones, la transición de precios acompasada con la transición de ingresos; la transición fiscal con la transición normativa; la transición energética con la transición productiva. Ese “mientras tanto” es políticamente costoso, pero socialmente inteligente, pide más a quienes más tienen, cuida a quienes menos margen poseen y compra tiempo para que los cambios estructurales (logística, competencia, digitalización, energía limpia, seguridad jurídica) empiecen a rendir frutos. A la vez, ofrece una narrativa digna para los descontentos que bajan, "orden, legalidad, meritocracia" y para los que suben, "justicia, igualdad, respeto", habilitando su encuentro en un bloque que sostenga la alternancia. Así un programa técnico se vuelve hegemonía democrática.

No se trata de indulgencia ni de dilación, se trata de estrategia. En Bolivia, la autoridad nace de combinar competencias técnicas con capacidad de acuerdo. Creer que la economía se corrige pasando la aplanadora sobre la política ignora la experiencia reciente, que nos enseña que cada corrección abrupta rompe la coalición social que debía sostenerla. La candidatura de Rodrigo Paz Pereira ofrece, por diseño, un camino de estabilización compatible con la construcción de mayorías, metas claras, cronogramas, transparencia de costos y amortiguadores que evitan convertir la estabilización en una fábrica de enemigos. La candidatura de Tuto Quiroga, en cambio, supone que el shock producirá por sí mismo la coalición que no existe; pide a la sociedad que apruebe hoy lo que apenas podrá evaluar mañana, después de pagar un precio muy alto.

Hay otro punto crucial: la Reconciliación Nacional y Social. El shock, en un país marcado por memorias de agravios y desconfianzas, reabre heridas y ensancha distancias entre regiones y sectores, entre clases sociales e identidades culturales. El gradualismo, bien comunicado y bien controlado, permite una reparación simbólica y práctica, reconoce el dolor de los ajustes, explica sus razones, comparte sus beneficios y crea instituciones que devuelven previsibilidad a la vida cotidiana. No hay hegemonía sin reconocimiento, ni reconocimiento sin reglas claras. Por eso el camino que mejor cuida la democracia es también el que mejor cuida la economía.

Si el objetivo es garantizar gobernabilidad, sostenibilidad y capacidad de acuerdos, en la Asamblea Legislativa y en la calle, la elección racional favorece a quien puede construir y mantener el Bloque Social Alternativo de Poder que la coyuntura exige. Ese actor, hoy, es Rodrigo Paz Pereira. No porque eluda decisiones difíciles (están sobre la mesa y hay consenso en ejecutarlas), sino porque entiende que la forma importa tanto como el fondo, la secuencia y los amortiguadores no son concesiones, sino condiciones que hacen la estabilización posible. Tuto Quiroga puede acertar en diagnósticos y metas, pero su método haría inviable la coalición social que debe sostenerlas, al convertir la estabilización en shock, convertiría la esperanza en conflicto y el programa en papel mojado.

Elegir entre estas rutas no es escoger entre ser serios o blandos; es escoger entre ser eficaces o imprudentes. La eficacia, en Bolivia, se llama mayoría hegemónica Y democrática, un bloque amplio, plural y responsable que haga lo necesario sin romper lo irremplazable. Con gradualismo firme, pactos sociales y parlamentarios, y una narrativa que convoque a la diversidad, ese bloque es posible. Con shock, no. Por eso, si queremos una salida que dure más que un titular en los periódicos, la candidatura de Rodrigo Paz Pereira es la mejor apuesta para estabilizar la economía, recomponer la política y abrir, por fin, un ciclo ciudadano de prosperidad con justicia.

VOTAR POR RODRIGO PAZ

Aquí y ahora, Bolivia vive un momento bisagra. No se trata de una elección más, sino de encauzar, por fin, el cierre del ciclo nacional/democrático/popular que ordena nuestra historia desde 1952. Ese ciclo no es un eslogan, es la forma concreta en que el país se reconoce y se organiza cuando quiere avanzar con estabilidad, justicia y crecimiento. Cada vez que lo olvidamos, el péndulo catastrófico nos devuelve a la parálisis, estatismos que asfixian libertades o privatizaciones que desatienden a las mayorías. Hoy tenemos la opción de salir de ese vaivén y abrir un tiempo distinto. Esa puerta la abren mejor Rodrigo Paz y el controvertido Capitán Lara.

La Bolivia real, mestiza, urbana, trabajadora, hecha de clases medias que conviven con un movimiento popular vigoroso, no cabe en los extremos. Necesita un gobierno que articule libertades económicas con protección social; que respete la ley y, a la vez, escuche el humus popular donde anidan las demandas de justicia, reconocimiento e igualdad. Rodrigo Paz encarna esa bisagra, es un liderazgo de renovación con tono moderado, capaz de hablarle al emprendedor que requiere crédito y reglas claras, al al productor, al maestro, a la trabajadora por cuenta propia, que reclaman servicios públicos dignos y seguridad frente a la crisis.

Llamar “masista” o “comunista” a esa agenda es una maniobra pobre de la derecha radical para espantar al electorado popular y clausurar el diálogo. No funciona y es peligrosa, fragmenta, empuja al voto popular a replegarse en su viejo refugio y reanima la polarización que nos estanca. El voto popular no es propiedad del MAS; es un campo en disputa que solo se conquista con respeto, soluciones y cumpliendo la palabra empeñada.

Un gobierno encabezado por Tuto Quiroga nacería con una doble dificultad, social y política. Social, porque expresa, con su estilo de “señorito” y un séquito afincado en una derecha de reflejos oligárquicos, una distancia emocional con las mayorías. Esa desconexión no es estética, impide tejer una mayoría parlamentaria y conduce a excluir a los sectores populares y a las clases medias que hoy llevan el país en las espaldas. Política, porque su coalición es estrecha, más cómoda en el ruido de las redes sociales que en la negociación democrática; sobran adjetivos y faltan puentes. Un gobierno así tiende a confundir firmeza con provocación y reforma con revancha, alimentando el ciclo de confrontación que luego cobra factura en calles y urnas.

Sostener un gabinete frente a una economía frágil y con instituciones debilitadas exige un capital de legitimidad que esa propuesta no posee. El resultado previsible, serán previsibles las parálisis, los vetos cruzados, los conflictos que reactivan el péndulo catastrófico y, a la vuelta de la esquina, el riesgo de retorno del viejo orden que parece que podemos superar.

La salida responsable no es quemar etapas ni desmontar a mazazos lo que existe, es ordenar, recuperar el imperio de la ley, independizar la justicia, transparentar el Estado y desarmar el “capitalismo de amigotes” que ha impuesto el MAS durante 20 años, y que bloquea a quien produce y trabaja. A la par, estabilizar la economía con medidas que cuiden el bolsillo sin patear la olla de los más vulnerables, con disciplina fiscal inteligente, reglas para atraer dólares y crédito, con una lucha frontal contra contrabando y narcotráfico, y manteniendo los bonos sociales mientras se limpia y se ordena la casa. Eso es exactamente lo que una mayoría silenciosa espera: cambiar sin saltar al vacío.

Aquí la fórmula de Paz y Lara es nítida, libertades económicas junto a protección social, con un Estado que regula y no asfixia. No hay modernización posible sin educación y salud en el centro, sin seguridad ciudadana efectiva, ni sin respeto a la autonomía productiva de las regiones y los municipios. Ese equilibrio no es un “cambio tibio”, es el único camino que hará gobernable a Bolivia en esta dificil transición.

Las clases medias no pueden darse el lujo de mirar por encima del hombro al movimiento popular; y el movimiento popular no puede cerrarse a los cambios que exige la modernidad. Cuando esa alianza se rompe, el país queda en manos de minorías que imponen su agenda a gritos o por prebendas. Cuando se teje y se trabaja la solidaridad social, emergen estabilidad y crecimiento con inclusión. Rodrigo Paz y el capitán Lara encarnan esa doble pertenencia, hablan el idioma del trabajo y la ley, pero también el de la dignidad y la oportunidad para quienes han vivido siempre al margen.

Etiquetarlos con viejos insultos ideológicos no solo es injusto; es miope. Impide ver que su propuesta recoge la tradición nacional/democrática/popular, esa que desde hace setenta años intentamos cerrar, y la actualiza con civismo, ecologismo responsable y ciudadanía con derechos. No hay regresión ni culto al pasado, hay un salto de madurez.

La Bolivia que viene tendrá a Santa Cruz como vanguardia económica y cultural. Pero ese liderazgo solo será legítimo si aprende a escalar la cordillera, su destino está atado a El Alto, Oruro, Potosí, Beni y a toda la diversidad que somos. Un proyecto que confunda liderazgo con soberbia regional o religiosa chocará con el país real. Rodrigo Paz lo entiende, liderar hoy es tender puentes, no levantar fronteras; convocar a todos, no es administrar trincheras.

Transitar en paz no es pedir silencio, es institucionalizar el conflicto. Significa que las diferencias se tramiten en tribunales independientes, en una Asamblea que delibera de verdad, con medios de comuniación libres y una economía con reglas estables para producir, invertir, comerciar y trabajar. Significa, también, educación, educación y más educación, para salir del pantano de la ignorancia y enganchar al país a la economía del conocimiento. Y significa romper la cultura de la cancelación, reconocer lo que sirvió, corregir lo que falló y seguir adelante.

Si el gobierno cae en el desprecio a lo popular, en la arrogancia tecnocrática o en el ajuste sin amortiguadores sociales, el rebote será automático, las mayorías buscarán refugio en quien prometa protección, aunque no cumpla. Allí el MAS, con todas sus deformaciones, encontrará oxígeno para revivir. Votar por Paz es vacunar al país contra ese rebote, es ordenar la economía y el Estado sin romper el pacto social con quienes menos tienen.

No se trata solo de cambiar el gobierno, sino de cambiar de época. Bolivia necesita un gobierno que convoque a una mayoría nacional, democrática y popular; y repito: que ordene el Estado, estabilice la economía y cuide a su gente; que ponga educación y salud por delante; que respete a las regiones y, al mismo tiempo, piense el país como un todo. Ese gobierno es más viable con Rodrigo Paz. La otra opción, una derecha que se mira al espejo mientras sermonea al país, no solo es moralmente cansina; es, sobre todo, ingobernable.

La transición solo será pacífica si la convertimos en reconciliación nacional y social, una decisión del Estado y la ciudadanía que mira los agravios sin amnesia, escucha sin gritar y repara con justicia. No se trata de uniformar al país, sino de aprender a convivir en la diferencia, las clases medias y el movimiento popular tejiendo un mismo horizonte de dignidad, de respeto a la ley y creación de oportunidades. Ese es el sentido del centro democrático-popular, no es tibieza sino renuncia al dogma; no es revancha sino institucionalización del conflicto para que las tensiones no se tramiten en las calles. Reconciliar es, en suma, asegurar que el cambio económico y la limpieza del Estado sostengan el pacto social y no devuelvan a las mayorías al refugio del pasado.

Para que no sea un gesto frágil, la Reconciliación Nacional y Social debe institucionalizarse con un mandato presidencial; el futuro gobierno requiere con prioridad una Comisión Presidencial que escuche a víctimas y confronte a responsables; un Sistema de Justicia Restaurativa que transforme los agravios en reparación; un Programa de Educación para el pluralismo; un Archivo Nacional de la Memoria y símbolos cívicos que recuerden que sin justicia no hay paz. Debemos abrir audiencias públicas, convocar foros interdepartamentales y habilitar un portal ciudadano de seguimiento. Ese camino puede ser encabezado po el gobierno de Rodrigo Paz y del capitán Lara como puente real entre clases medias y movimiento popular, para inaugurar un tiempo en que la historia deje de repetirse como tragedia y empiece, por fin, a escribirse como esperanza.

Por eso vale la pena nuestro voto, para cerrar un ciclo abierto hace setenta años y empezar, por fin, el tiempo ciudadano. Con serenidad, con firmeza, con decencia. Y con la gente adentro, no mirando desde los palcos de la discordia.

SAMUEL Y MARCELO

ENTRE LA POLÍTICA Y EL DESCONCIERTO

Marcelo Claure es, sin duda, una de las figuras más notorias que ha producido la Bolivia contemporánea. Millonario hecho a sí mismo, global por excelencia, exitoso en múltiples rubros —tecnología, telecomunicaciones, deporte, capital de riesgo— y, además, boliviano. Sí, boliviano, aunque a ratos parezca más un personaje de novela que un ciudadano de carne y hueso comprometido con los asuntos de su país. Su reciente decisión de respaldar públicamente la candidatura de Samuel Doria Medina ha generado sorpresa, entusiasmo en algunos, escepticismo en otros y, como era de esperarse, una saludable dosis de desconfianza.

Y es que el ingreso de Claure a la política nacional ha sido, hasta ahora, un despliegue que mezcla intuición tecnológica con inexperiencia política, algo así como un elefante entrando a una cristalería con la mejor de las intenciones. El gesto de apoyar a Doria Medina no es menor, pero tampoco puede desligarse del contexto que lo rodea. En política, como en la diplomacia o la medicina, las buenas intenciones no bastan. Se requiere más: comprensión, prudencia, humildad, y sobre todo, conocimiento del terreno en que se pisa. Y Bolivia, hay que decirlo con claridad, no es un tablero de Silicon Valley. Es una tierra compleja, profundamente herida, donde las decisiones —y las palabras— tienen peso histórico.

El respaldo de Claure, sin embargo, abre una rendija de luz. Porque lo que aquí importa no es tanto el personaje, sino la posibilidad de que una parte del capital productivo comience a reconciliarse con el destino de su país. Lo verdaderamente prometedor es que dos figuras del empresariado —uno global y del capitalismo disruptivo, otro local, persistente y socialdemócrata— encuentren un espacio común para pensar Bolivia. No desde la ideología cerrada ni desde la revancha, sino desde el respeto mutuo por la eficiencia económica, la justicia social y el imperativo ético de construir un país donde todos y todas quepamos.

La Bolivia que necesitamos no es ni la del caudillismo mesiánico desde el Chapare ni la de los tecnócratas iluminados desde Miami. Es una Bolivia construida sobre la base de la diversidad, la legalidad y la reconciliación. En ese sentido, la confluencia entre Claure y Doria Medina puede representar, si se la sabe leer y encauzar, un punto de inflexión. No por lo que Marcelo dice —porque a veces dice demasiado— sino por lo que podría hacer si decide, de verdad, sumarse al esfuerzo colectivo sin afanes de protagonismo ni discursos grandilocuentes.

Pero hay que advertirlo: si Claure quiere ser parte del cambio que Bolivia necesita, lo primero que tiene que hacer es escuchar. Aprender. Dejarse enseñar por quienes conocen la Bolivia real, la que no aparece en los rankings de innovación ni en las estadísticas de Forbes. No se trata de callar por temor, sino de hablar cuando se sepa qué decir y cómo decirlo. Rodearse no de aduladores ni de asesores con acento neutro, sino de gente con raíces, con memoria, con experiencia de lucha.

La política no es una app ni una start-up. Es el arte difícil de representar intereses diversos, mediar entre tensiones legítimas y construir acuerdos duraderos. En ese terreno, la espontaneidad puede ser virtud, pero también riesgo. Y Claure, si quiere aportar de verdad, debe saber que no bastan los millones ni las conexiones; hace falta proyecto, ética y sentido de historia.

Samuel Doria Medina representa, hoy por hoy, un intento serio por construir una opción democrática, plural y sensata para Bolivia. Su trayectoria empresarial no le impide, sino que le permite —cuando hay voluntad— pensar el país con cabeza fría y corazón caliente. Por eso su propuesta no es meramente “pro-mercado”, sino, ante todo, “pro-personas”, y en ese equilibrio reside su valor. Que Claure lo respalde, entonces, tiene sentido. Pero ese respaldo debe estar a la altura del proyecto: debe sumar, no distraer; debe comprometerse, no improvisar.

Bolivia está cansada de los redentores de turno, de los iluminados sin raíces y de los líderes sin pueblo. Necesita reconstruir una vez más una mayoría social y política que transforme el Estado, que modernice la economía y que respete, sin folklorismos, la dignidad de su gente. En ese camino, toda mano es bienvenida.

ENFRENTAMIENTO O RECONCILIACIÓN

ELECCIONES 2025

ACLARANDO EL DILEMA

Ya no es una impresión efímera ni una especulación de coyuntura. Seis encuestas consecutivas lo confirman: el escenario electoral boliviano se ha decantado con claridad. Tres nombres concentran la disputa real por el poder: Samuel Doria Medina, Jorge “Tuto” Quiroga y Andrónico Rodríguez, en ese orden de intención de voto. Quienes de los tres logren acercarse a un 25% de la votación estarán en la segunda vuelta el mes de octubre.

El resto del panorama político —fragmentado, testimonial o en retirada— apenas alcanza a disputar los márgenes. Es sobre ese decisivo 80% del electorado que se libra la batalla real. Y es allí donde Bolivia se juega mucho más que una presidencia: se juega su futuro, su estabilidad y su democracia.

Andrónico: el riesgo del pasado que se disfraza de futuro

Andrónico Rodríguez no representa la renovación: representa el retorno de un ciclo agotado. Es la cara joven de un proyecto viejo, autoritario y corporativo, incapaz de autocrítica ni de reconciliación. Su “voto oculto” no es esperanza, es miedo y dependencia, el silencio de quienes aún están atrapados en redes clientelares o el recuerdo deformado de un poder que ya no soluciona nada. Una eventual victoria de Andrónico no sería una elección democrática plena, sino la restauración de un poder anclado en la confrontación, el bloqueo institucional y la violencia organizada. Sería la reedición del autoritarismo, esta vez con rostro renovado, pero con las mismas lógicas de exclusión, verticalidad y conflicto permanente.

Tuto: el otro extremo que vuelve con las mismas recetas

Jorge Quiroga, en el otro extremo, simboliza el regreso de un conservadurismo que ya fue probado —y fracasó— en su intento de imponer orden sin inclusión. Su narrativa racionaliza el miedo, pero en el fondo, reproduce el mismo espíritu de imposición que critica. Su propuesta no es reconciliadora ni integradora, es excluyente, nostálgica y ajena a las nuevas mayorías sociales del país. Tuto no ofrece una alternativa, sino una restauración ideológica que desprecia el pluralismo popular. No puede construir mayoría más allá de su núcleo duro urbano y antimasista. Y si llegara al balotaje con Andrónico, el país entero quedaría atrapado entre dos extremos incompatibles con la democracia del siglo XXI.

Samuel Doria Medina: el camino hacia la recuperación económica y la reconciliación

Frente a estos extremos, Samuel Doria Medina emerge como la opción real de estabilidad, sensatez y futuro compartido. Samuel no representa una revancha ni una restauración, sino una propuesta de unidad nacional, diálogo y reconstrucción institucional. Es la expresión más clara de un centro democrático que no claudica ni ante el autoritarismo ni ante el extremismo conservador. Samuel es el candidato con la capacidad real de derrotar a ambos extremos y a la vez convocar a todas las regiones, sectores y generaciones del país. Representa el punto de encuentro entre lo que somos y lo que podemos ser: un país reconciliado, libre de miedos, sin bloqueos, sin persecuciones, sin violencia.

Vamos a estrenar el balotaje

Si la segunda vuelta enfrenta a Samuel Doria Medina con Andrónico Rodríguez, los votos de Tuto, Rodrigo y Manfred —distintos en matices pero unidos por un compromiso democrático— convergerán naturalmente en Samuel, dándole una victoria clara, porque en ese escenario no se elige entre candidatos, sino entre reconciliación y confrontación, entre futuro institucional y retorno autoritario.

Si la segunda vuelta se da entre Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, muchos de los votos de Andrónico y Rodrigo, de Eva Copa en El Alto, y Manfred en Cochabamba —que representan a una Bolivia joven, popular, regionalista y crítica tanto del viejo orden conservador como del modelo masista— se volcarán mayoritariamente hacia Samuel, porque encarna una alternativa moderna, democrática e incluyente, capaz de construir futuro sin exclusión ni revancha, lo que le permitirá imponerse incluso si parte del electorado de Manfred opta por Tuto desde una lógica más tradicional o restauradora.

El peor escenario —aunque improbable— sería un balotaje entre Andrónico y Tuto. Sería una batalla campal entre la revancha autoritaria y la restauración excluyente que confirmaría que Bolivia está partida en dos. El país volvería al callejón sin salida de la confrontación: con bloqueos, convulsión, estancamiento económico y descomposición institucional. Ese escenario no es alternancia democrática, es conflagración asegurada.

Parte del voto de Rodrigo, Manfred e incluso de Samuel, podrían volcarse o abstenerse, y lo más grave, el descontento y frustración masista podría buscar sus orígenes y votar por Andrónico, sumando el aporte de Johny, Castillo y Eva Copa; esa es la única oportunidad que el autoritarismo masista tiene para vencer.

Bolivia no resiste otra década de fractura social y polarización política. Necesitamos reconstruir el pacto democrático sobre nuevas bases: con justicia, con instituciones, con crecimiento sostenible y con respeto. Hoy, más que una elección política, esta es una decisión histórica. O elegimos la paz con unidad, o nos hundimos en un nuevo ciclo de violencia. Samuel es quien que puede evitar el abismo y abrir un nuevo tiempo de reconciliación nacional y social.

RECONCILIACIÓN

Bolivia, nuestro país de alma múltiple, de rostros diversos y memorias que no siempre se reconocen entre sí, ha levantado su historia —como quien construye a tientas una casa— sobre la inestabilidad constante de sus tensiones políticas, étnicas, regionales, culturales, de género, y generaciones. Nuestra diversidad, tan celebrada en los discursos oficiales, es también una fuente de malentendidos, una promesa traicionada por décadas de exclusión, prejuicios y desencuentros.

Hoy, el país no camina, cojea. La convivencia nacional se halla trizada, herida por divisiones que han echado raíces en lo más profundo del cuerpo social. Y esa fractura, lejos de ser un accidente, parece ya un método. Estamos urgidos no solo de reformas, sino de un acto de voluntad colectiva, de esa rara virtud política que es la capacidad de escucharse, de hablar sin gritar, de reencontrarse sin imponerse. Una reconciliación auténtica, no como consigna, sino como propósito civilizatorio.

La historia de Bolivia —no la de los manuales escolares, sino la que se arrastra por las calles y caminos de tierra y por los pasillos de los ministerios— es una historia de desigualdades paridas en el vientre del orden colonial. De un Estado que ha vivido de espaldas a sus pueblos, de un país que se desangra en la frontera invisible entre el altiplano y la llanura, entre el centro burocrático y las periferias olvidadas.

A esas tradicionales heridas se han sumado otras nuevas: ideologías convertidas en trincheras, instituciones estatales corroídas por la sospecha, un racismo estructural que cambia de rostro pero no de esencia, y una juventud reducida a estadísticas de desempleo y desilusión. Un centralismo caprichoso que  se impone desde arriba completa el cuadro.

El descontento regional no es un capricho, nace de una distribución que no distribuye, de autonomías que sólo se esbozan en los papeles, de un pacto fiscal eternamente postergado. Las tensiones étnico-raciales, por su parte, no son invenciones de agitadores, son el reflejo de siglos de exclusión sistemática, de una democracia que a veces parece más un decorado que una realidad. Y las generaciones más jóvenes —nacidas en tiempos supuestamente más libres— se encuentran atrapadas entre el escepticismo y la impotencia.

Cuando los líderes, en vez de suturar heridas, las abren con cinismo para eternizarse en el poder, lo que se deshace no es solo la política: es la nación. El odio deja de ser una anomalía y se convierte en una constante. La polarización, en costumbre. El otro, en enemigo.

Hablar de reconciliación no es pedir amnesia. No se trata de olvidar los agravios del pasado, sino de mirarlos de frente, de nombrarlos sin miedo y, lo más difícil, de repararlos con justicia. Porque un país no se salva negando su historia, sino asumiéndola con lucidez y con coraje. La reconciliación no exige unanimidad, sino respeto; no supone homogeneidad, sino convivencia.

El diálogo, tan subestimado en tiempos de furia, es el único camino digno. No como trámite burocrático ni como simulacro televisado, sino como ejercicio genuino de escucha y comprensión. Escuchar al que piensa distinto no debilita la identidad, la enriquece. Entender los temores del otro no es ceder, es humanizar el conflicto.

Hoy, como en otros momentos cruciales de nuestra historia, el desafío es gigantesco: reactivar una economía al borde del abismo, generar empleo sin sacrificar la dignidad, defender los derechos humanos sin relativismos y, sobre todo, devolverle al país la fe en sí mismo.

Para eso, hacen falta espacios permanentes de diálogo social, mecanismos reales de consulta, y organizaciones sociales que no sean correas de transmisión de partidos, sino auténticas voces ciudadanas. El diálogo no puede seguir siendo privilegio de las élites, debe abrirse a las mujeres, a las y los jóvenes, a los pueblos indígenas, a las y los empresarios y a tantas y tantos emprendedores, a los trabajadores, a los líderes que todavía creen que la política es un servicio y no una farsa.

Porque, al final, el dilema que enfrentamos no es solamente técnico ni ideológico, es también moral. O aprendemos a convivir en la diferencia, o seguiremos repitiendo, con otras máscaras, el mismo drama de siempre.

Hubo una vez, lejos de aquí, un país desgarrado por el racismo institucionalizado, donde la ley dividía a los hombres por el color de su piel y la injusticia era doctrina de Estado. Sudáfrica, humillada por el apartheid, parecía destinada al abismo o a la venganza. Pero entonces, emergió Nelson Mandela con el African National Congress (ANC) que era su partido, quienes entendieron que un pueblo puede elegir la grandeza cuando renuncia al rencor.

Mandela no fue un santo. Fue un político lúcido, estratégico, consciente de que la reconciliación no es un acto de ingenuidad, sino una apuesta por el porvenir. La Comisión de la Verdad y Reconciliación no borró los crímenes del pasado, pero permitió que las víctimas fueran escuchadas y los victimarios confrontados. No se impuso el olvido, sino la memoria compartida. No se ofreció impunidad, sino el coraje de mirar al otro sin odio.

Bolivia, marcada también por viejas injusticias y nuevas heridas, haría bien en estudiar esos ejemplos con humildad. Aquí también necesitamos comisiones, sí, pero no solo jurídicas; necesitamos pactos éticos, compromisos ciudadanos, instituciones que no sean botines de facciones, sino garantes de equidad. Requiere valor sostener el diálogo cuando todo empuja al grito. Pero esos son precisamente los momentos donde se define el destino de un país.

La historia boliviana no ha sido amable ni lineal, pero nunca ha carecido de dignidad. Somos un pueblo que ha sabido resistir terremotos políticos, crisis económicas, traiciones históricas y falsas promesas. Nos han dividido muchas veces, pero jamás han logrado que dejemos de soñar un mejor futuro.

Hoy, ese sueño reclama un nuevo capítulo. La Reconciliación Nacional y Social no es una consigna para carteles de campaña, sino una tarea de Estado, de ciudadanía y de conciencia. Solo reconciliándonos podremos convertir esta casa fragmentada en un hogar común, donde nadie tema ser quien es, donde todas y todos nos sintamos parte de un relato nacional.

Soñemos, sí, pero con los ojos abiertos. Con un país donde las diferencias no se cancelen, sino que se abracen. Donde las costumbres nativas no sean un folclore exótico, sino un pilar cultural. Donde la justicia no se incline ante los poderosos. Donde ser joven no sea una condena al exilio o al desencanto, y donde la política recupere su sentido más noble, el de servir.

Este es un llamado a reconstruir lo más frágil y esencial que tiene una nación, la confianza. A dejar atrás los dogmas que justifican la exclusión, las palabras que siembran odio, los gestos que degradan. A creer, incluso contra la evidencia, que el país que merecemos todavía puede ser construido.

Bolivia no será grande porque elimine sus diferencias, sino porque aprenda a vivir con ellas. No será admirada por su riqueza natural, sino por su madurez democrática. No será recordada por sus conflictos, sino por haberlos transformado en acuerdos.

Solo desde el centro de la política —ese lugar despreciado por los fanáticos y temido por los caudillos— puede nacer una política de reconciliación genuina. No porque el centro posea verdades absolutas, sino porque ha renunciado a ellas. Los extremos, encandilados por sus propias ficciones redentoras, no dialogan, pontifican, excluyen, purgan. En cambio, el centro, cuando es verdaderamente democrático, entiende que la política no es un campo de guerra, sino un espacio de construcción. Allí no se impone la uniformidad, sino que se reconoce la diversidad como un hecho irreversible de la vida social. Y es desde ese reconocimiento —no desde la furia ni el resentimiento— que puede iniciarse una reconciliación que no sea una farsa ni sufra de amnesia.

En Bolivia, ese centro no puede ser un remanso conservador ni una coartada tecnocrática. Debe ser un centro que se construya desde la derecha liberal hasta la izquierda democrática, en el sentido más noble de ambos términos; liberal, porque solo en la libertad se dignifica la vida humana; progresista, porque la justicia social no es un lujo, sino una urgencia. Y debe ser, además, un centro abierto, capaz de tender puentes entre regiones, culturas, lenguas y memorias. Nada más contrario a la reconciliación que el dogma, sea de izquierda o de derecha. Y nada más esperanzador, en una sociedad herida como la nuestra, que la voluntad serena de escuchar, comprender y, finalmente, convivir. Esa es la empresa más difícil de todas. Pero también, sin duda, la más necesaria.

La reconciliación, si quiere ser verdadera, debe dejar de ser un gesto frágil de ocasión y convertirse en institución. Por eso propongo una Autoridad Nacional para la Reconciliación (ANR), que no sea  un simple despacho administrativo, sino un lugar donde la palabra herida y el dolor acumulado encuentren cauce en reglas, símbolos y compromisos compartidos. Esta autoridad, de nivel presidencial y con respaldo internacional, estará llamada a custodiar un pacto que no se repita cada cinco años con la mudanza de gobiernos, sino que se instale en la memoria viva de la nación, como un guardián de la convivencia y un recordatorio de que sin justicia no hay paz, y sin paz no hay futuro.

En torno a ella se articularán los instrumentos de un nuevo ciclo: una Comisión de la Verdad, donde la voz de los olvidados se haga pública; un Sistema de Justicia Restaurativa que sepa transformar el agravio en reparación; un Programa de Educación que enseñe a niños y jóvenes que ser distintos no es una amenaza, sino una riqueza; un Archivo Nacional de la Memoria que proteja los relatos del país de la desmemoria selectiva; y una Institución de Estado para la Memoria y el Pluralismo, destinada a resistir el paso del tiempo y las tentaciones al olvido. Todo esto acompañado de sitios de memoria y jornadas de encuentros ciudadanos, porque la reconciliación no habita únicamente en los papeles, sino en los espíritus y en los gestos que se reconocen como parte de una misma comunidad.

Las acciones inmediatas serán el inicio de una arquitectura más grande: la de un país que se atreve a mirarse en el espejo de su historia, no para enorgullecerse o culparse, sino para aprender a convivir en paz. La reconciliación es, en última instancia, un modo de nombrar esa tarea interminable de reconocernos en el otro, aun cuando los otro vengan cargados de una memoria diferente y con muchas heridas.

La reconciliación no es el fin. Es el inicio de un nuevo tiempo. Y tal vez, la última oportunidad para hacer que la historia, esta vez, no se repita como tragedia, sino como esperanza.

NO ME GASTEN LA PALABRA

La propuesta de Comunidad Ciudadana pareciera coherente y equilibrada, es justa además, porque propone un tratamiento igualitario a todas y todos los actores del culebrón político que venimos viviendo, si no sufriendo, los últimos años; lo propone sin presos, sin perseguidos, en libertad. Además, quiere reformar el sistema de justicia en Bolivia, tarea de gigantes que algún día habrá que empezar. ¡Apoyo la propuesta!

Pero con el MAS es una iniciativa inviable. Al MAS ni la pacificación, ni la justicia, ni la convivencia le interesan. El MAS está en otra, aunque por más que pregunto y discuto, no llegó a saber por qué, y menos pergeño el destino de sus obsesiones y mentiras. Me han convencido a medias las ideas de que trata de curar discrepancias internas antes de que se conviertan en escisiones, o de que los más duros de los duros, intentan una guerra final, que convierta las victorias electorales siempre efímeras en las democracias, en una victoria militar definitiva, como diría Linera, o a lo Choquehuanca, que imponiendo la voluntad de sus mayorías (recalco lo de sus mayorías) quiere ir más allá de la democracia (sic).

No van a poder, ni lo uno ni lo otro. Lo uno, porque la oligarquización de los grupos dirigentes del MAS no van a permitir el paso de la renovación que piden las bases; Morales Ayma y sus secuaces son un tapón al futuro del MAS y no se van a ir así de fácil, y esto está y va a ser bien utilizado por los liderazgos emergentes que han encontrado en ellos a los culpables del desgaste actual, que se va a ahondar con la crisis económica y el descontrol de la pandemia. Lo otro, porque la conciencia democrática, el larvario gusanillo del gobierno de las instituciones y el imperio de las leyes, ha cuajado hondo en la cultura popular de las clases medias mestizas y urbanas, que somos la mayoría y hemos aprendido a cómo reaccionar ante semejantes amenazas.

Aprovecho para meter publicidad: este es el gran aporte de mi generación a la cultura política y al bienestar del país. Yo soy de la Generación que construyó la democracia boliviana, y no les digo con quienes, para no despertar la antipatía de nadie; pero se pueden imaginar en quienes estoy pensando. Fin de la publicidad.

Ahora bien, al tema: La RECONCILIACIÓN es algo más complicado que un acuerdo sobre tres propuestas y que se vaya a firmar entre cuatro políticos, por muchos votos que tengan y por muy representativos que sean; a eso lo podemos llamar pacificación, eso será un acuerdo, un pacto, que sería lo ideal y lo razonable en este momento, pero no se va a dar, y lo digo y lo repito, porque el MAS está en otra.

La RECONCILIACIÓN –no me gasten la palabra– será un proceso largo, costoso, difícil y tiene que nacer desde abajo; tiene que venir desde dentro de los movimientos políticos y sociales, actualmente en pugna, tiene que ser de a poco, casa por casa; tiene que comprometer a muchos dirigentes, a muchos más militantes, a activistas de toda laya y de todos los colores. Eso toma tiempo y mucho trabajo.

No se me enojen los amigos de CC, pero esto no es apoltronados en un sillón al estilo del que ya ustedes saben más que nadie, que también, aunque no solo por ello, se quedaron –maldita sea– sin la Presidencia del Estado, sino como en la campaña municipal pasada y ganadora (y esto no es publicidad), la el Negro Arias: todos los días y en todos los rincones, 24/7, en las calles, las plazuelas, casa por casa, en las aulas de los colegios y en las universidades, en los centros de trabajo, en las oficinas; día tras día, mes a mes, sin prisa pero sin pausa, que esto nos va a tomar años.

¡Alguien tiene que empezar!