NUNCA VOTÉ POR NINGÚN MAGISTRADO

Nunca voté por ningún magistrado. Nunca otorgué mi voto a un candidato en las elecciones judiciales, porque desde el principio me pareció que se estaba ofreciendo a la población una apariencia de poder para encubrir una decisión tomada en otra parte. Nos entregaron una papeleta y nos dijeron que la justicia estaba en nuestras manos, cuando lo que habían puesto en nuestras manos era la responsabilidad de legitimar a quienes habían conseguido pasar por el filtro del poder.

Considero que ese mecanismo constituye un fraude político frente a la ciudadanía, la promesa de elegir una justicia independiente mediante un procedimiento que permite condicionar su independencia desde la selección de los candidatos. El engaño puede producirse mucho antes del recuento, cuando se decide quién tiene derecho a aparecer en la papeleta y quién se queda fuera, por mucho conocimiento, experiencia o integridad que pueda acreditar.

En Bolivia, las candidaturas a las altas autoridades judiciales pasan por la preselección de la Asamblea Legislativa. Es decir, antes de que los ciudadanos podamos pronunciarnos, ya se ha delimitado el universo de nuestras opciones. Ese filtro tendría que garantizar que lleguen los mejores; el problema aparece cuando sirve para asegurar que lleguen los aceptables para quienes lo administran. Entonces, la ciudadanía escoge dentro de una oferta previamente condicionada y su voto termina presentado como certificado de independencia.

Hay algo profundamente tramposo en esa operación. Si después la justicia persigue al adversario, protege al poderoso o convierte los expedientes en mercancía, siempre queda disponible la coartada, «ustedes los eligieron». El poder organiza la oferta y el ciudadano carga con la factura. Una maravilla de la ingeniería política, salvo para quienes necesitan justicia.

Defiendo la democracia precisamente porque creo que debe permitirnos controlar el poder, distribuirlo y ponerle límites. Por eso me resisto a aceptar que cualquier procedimiento se vuelva democrático por el simple hecho de instalar una urna. La democracia también necesita instituciones que puedan resistir a una mayoría, proteger a una minoría y reconocerle derechos a una persona a la que casi nadie quiere defender.

Un juez debe poder absolver a quien la multitud considera culpable, si las pruebas no permiten condenarlo, y condenar al personaje más popular del país, si su responsabilidad está demostrada. Para cumplir esa función necesita conocimientos, integridad y garantías de independencia. Ninguna cantidad de votos puede suplir esas condiciones, como ninguna aclamación convierte por sí sola a un abogado en un buen magistrado.

Conviene, además, precisar una afirmación que suele acompañar esta discusión. Bolivia y México son los dos referentes actuales de elección popular de altas autoridades judiciales a escala nacional, aunque sus modelos tienen alcances distintos, Bolivia elige las cúpulas judiciales y México emprendió una reforma mucho más extensa. Existen también elecciones de jueces en ámbitos subnacionales de Estados Unidos y Suiza. La excepcionalidad de nuestra experiencia merece examinarse con cuidado; por sí sola, no demuestra ninguna virtud.

La experiencia mexicana tampoco autoriza demasiado entusiasmo. Después de observar las elecciones judiciales de 2025, la misión de la OEA recomendó que ese modelo de selección no se reprodujera en otros países de la región. Una advertencia suficientemente clara como para dejar de confundir la novedad institucional con el progreso democrático. Bolivia es ahora una buena demostración del riesgo que implica un sistema como ese.

El riesgo más grave aparece cuando quienes cuentan con dinero, estructuras territoriales, capacidad de presión o vínculos políticos pueden influir en el acceso a las candidaturas y en su respaldo electoral. Allí se abre una oportunidad para las redes mafiosas, conseguir una justicia agradecida, dependiente o intimidada. Una red criminal necesita impunidad, y pocas inversiones pueden resultarle más rentables que asegurarse protección dentro de las instituciones llamadas a perseguirla.

En Bolivia ya conocimos denuncias e investigaciones sobre consorcios de jueces, fiscales y abogados que favorecían la liberación de delincuentes condenados, entre ellos feminicidas; y qué mayor demostración de la corrupción de y en el sistema que un Presidente del Tribunal Supremo huido y reclamando exilio y un Fiscal General en la cárcel. Sería incorrecto atribuir automáticamente esos delitos a la elección popular de las altas autoridades, pero resulta igualmente insostenible presentar ese mecanismo como una garantía contra la penetración criminal de la justicia.

Hace unos años, cuando escribí sobre este mismo asunto, imaginaba a mi bisabuelo, que presidió la Corte de Justicia en Santa Cruz hace ya un siglo, reuniendo certificados, haciendo filas interminables y sometiendo sus conocimientos y su trayectoria al examen de una comisión de legisladores, para después intentar conseguir los votos necesarios para convertirse en magistrado. Esa imagen tiene algo de grotesco, lo reconozco, pero detrás de esta ironía hay una preocupación que mantengo intacta, cuando el mérito profesional queda subordinado a las conveniencias políticas, la justicia comienza a perder su dignidad incluso antes de que sus autoridades ocupen sus despachos.

Tampoco creo que la solución consista en devolver los nombramientos a una habitación donde los partidos se repartan cargos con mayor discreción. Bolivia necesita procedimientos públicos y verificables, evaluaciones rigurosas de conocimientos y trayectoria, escrutinio ciudadano de los antecedentes y decisiones fundamentadas que permitan saber por qué una persona resulta elegida. El mérito debe poder demostrarse y la independencia debe sostenerse después del nombramiento, mediante una carrera judicial digna, estabilidad, recursos suficientes y controles que sancionen la corrupción sin convertirse en instrumentos de sometimiento.

Queremos una justicia cercana a la gente, capaz de escuchar en nuestras distintas lenguas, comprender nuestras realidades y atender con la misma diligencia a quien tiene influencias y a quien llega solo. Esa igualdad exige instituciones competentes y accesibles; difícilmente se construye convirtiendo la administración de justicia en otra competencia por conseguir respaldo.

Por eso nunca voté por ningún magistrado. Mi voto no podía conceder conocimientos que yo no estaba en condiciones de comprobar, ni independencia que el procedimiento no me garantizaba. Me negué a participar de esa legitimación porque sigo creyendo que una sociedad democrática merece algo mejor, una justicia ante la cual los ciudadanos tengamos derechos y los poderosos, los ricos y los mafiosos encuentren límites, aunque les disguste las sentencias.