GOBERNAR SIN PARTIDOS

Hay una carencia silenciosa —pero decisiva— en el ejercicio del poder político en la Bolivia actual, el gobierno gobierna sin partidos que lo vinculen orgánicamente con la sociedad. No se trata de una acusación moral ni de una descalificación coyuntural, sino de un problema estructural de nuestra democracia, cuyas consecuencias van a empezar a sentirse en la fragilidad del respaldo social, la dificultad para sostener reformas y la potencial desconexión entre decisión estatal y ciudadanía.

Ahora bien, cuando decimos “partido político”, no estamos pidiendo resucitar las viejas maquinarias, los comités de notables, el clientelismo territorial ni el sindicalismo de aparato que dominaron el siglo pasado. Los partidos políticos no son un adorno institucional ni un resabio melancólico del siglo XX. Son (cuando cumplen su función) mecanismos indispensables de mediación democrática, recogen demandas sociales dispersas, las procesan políticamente, las traducen en programas de gobierno, les otorgan sentido histórico y organizan la representación en el ejercicio del poder.

Cuando esa mediación desaparece o se debilita, los gobiernos quedan expuestos a una relación directa con la sociedad, que suele ser tan intensa como frágil. Sin filtros, sin traducción política y sin canales estables, las demandas se expresan como presión inmediata, la protesta sustituye al debate y el conflicto reemplaza a la deliberación. Gobernar sin partidos no significa gobernar con más pueblo, sino gobernar con menos política y con mayor inestabilidad.

Una primera función del partido político es recoger y procesar las demandas sociales. No todas las demandas son iguales ni compatibles entre sí; algunas son urgentes, otras estructurales, otras expresan miedos, frustraciones o expectativas de futuro. El partido cumple la tarea —nada sencilla— de ordenarlas, jerarquizarlas y convertirlas en insumos políticos racionales.

Cuando esa mediación no existe, las demandas no desaparecen, se expresan como presión, como bloqueo, como protesta o como ruido permanente. El gobierno, entonces, deja de conducir y comienza a reaccionar. Se ve obligado a apagar incendios, a negociar caso por caso, sin un marco político que permita anticipar conflictos ni construir consensos duraderos.

La Visión de País que hemos venido defendiendo parte del reconocimiento de una sociedad fragmentada, urbana, mestiza, atravesada por heridas históricas y por una profunda desconfianza hacia la política. Sin partidos que procesen esa complejidad, el Estado queda inerme frente a la multitud.

La segunda función clave del partido es construir programa. Gobernar no es administrar el día a día, sino articular políticas públicas coherentes con una idea de país. Un programa no se improvisa, surge de diagnósticos históricos, de opciones ideológicas explícitas y de una lectura estratégica del futuro.

Cuando el gobierno carece de partidos sólidos, el programa se diluye. Las políticas aparecen como respuestas técnicas —muchas veces necesarias—, pero desconectadas entre sí y del horizonte político que las justifique. El resultado es una sensación social de arbitrariedad, decisiones correctas en lo técnico, pero débiles en legitimidad.

Bolivia conoce bien este problema. El péndulo histórico entre estatismo y privatización, entre Estado omnipresente y mercado desregulado, no se rompe sin un acuerdo político de largo plazo, sostenido por organizaciones capaces de darle continuidad más allá de la coyuntura.

Quizá la función más olvidada de los partidos sea la de otorgar sentido a las decisiones. La política no solo resuelve problemas, construye relatos colectivos, explica sacrificios, proyecta esfuerzos hacia un futuro compartido. Sin ese relato, las reformas —por muy necesarias que sean— se viven como imposiciones.

Nuestra Visión de País insiste en que Bolivia necesita cerrar ciclos históricos inconclusos y avanzar hacia una reconciliación nacional y social que no borre las diferencias, sino que permita convivir con ellas democráticamente. Esa tarea no puede ser asumida solo por el Estado ni por liderazgos individuales, requiere partidos que organicen sentido, memoria y porvenir.

Un gobierno sin partidos gobierna el presente, pero no logra narrar el futuro.

Finalmente, los partidos organizan la representación. Forman cuadros, seleccionan liderazgos, articulan intereses regionales y sectoriales, y sostienen al gobierno en el tiempo. Cuando esto no ocurre, el poder se ejerce en soledad, apoyado en figuras individuales, sin anclaje territorial ni militante.

La situación actual es ilustrativa, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria es el resultado de una diáspora de más de veinte años de inactividad política; Primero la Gente es un grupo reducido, focalizado casi exclusivamente en Tarija; y la Democracia Cristiana sobrevive más como sigla legal que como organización viva, sin militancia ni historia reciente que la respalde. Ninguna de estas estructuras puede cumplir hoy cabalmente la función de partido de gobierno que hemos explicado.

Conviene introducir, en este panorama, una salvedad necesaria: Unidad Nacional, el partido que preside Samuel Doria Medina, constituye hoy la única estructura partidaria real dentro del frente político gobernante. Se trata de una organización que ha logrado sobrevivir a más de dos décadas de ostracismo del sistema de partidos en Bolivia, sostenida por una perseverancia política poco común y por una capacidad material que le permitió mantenerse en pie cuando casi todas las demás estructuras colapsaban. Sin embargo, aun con ese mérito indiscutible, Unidad Nacional responde a un formato partidario clásico, propio de la democracia representativa del siglo pasado, una organización vertical, limitada para cumplir, en plenitud, las funciones que hoy demandan las sociedades contemporáneas. En tiempos de internet, redes sociales y ciudadanía hiperactiva, esa forma de partido resulta insuficiente para procesar demandas complejas, sostener deliberación colectiva en el tiempo y construir sentido compartido más allá del ciclo electoral. El desafío, por tanto, no es su supervivencia —ya probada—, sino su capacidad de transformarse en un dispositivo político acorde a una democracia más abierta, más horizontal y menos dependiente de las lógicas heredadas del siglo XX.

Y todo lo dicho hasta ahora no quiere expresar nostalgia. Se trata de advertir que sin partidos renovados y funcionando no hay bloque social de poder, y sin ese bloque la gobernabilidad se vuelve frágil, reversible y dependiente del humor social del momento.

Esos viejos partidos fueron útiles para consolidar la democracia representativa, pero hoy exhiben límites evidentes. Vivimos en un tiempo de una política de redes, de intermediaciones diluidas y de ciudadanía hiperexpresiva; cada persona produce opinión (a veces brillante, a veces francamente ruidosa) y la conversación pública circula a la velocidad de un meme. En este contexto, el partido que necesitamos no es un museo de prácticas obsoletas, sino una institución renovada, más abierta, más deliberativa, más transparente y técnicamente capaz.

La paradoja es simple, la sociedad se volvió cada vez más “horizontal” en comunicación, mientras que el Estado sigue siendo inevitablemente vertical por su diseño. Por eso, lejos de desaparecer, la función partidaria se vuelve más importante que nunca. Alguien debe transformar la conversación dispersa en agenda pública, la indignación en propuesta y el presente en un horizonte de futuro compartido. Sin esa mediación, la política queda reducida a impulsos fragmentarios, y el poder se ejerce sin traducción social ni sostén duradero.

Renovar el sentido contemporáneo del partido político supone asumir que la mediación democrática ya no puede organizarse exclusivamente mediante comités territoriales, frentes sectoriales, jerarquías rígidas y militancias cerradas. En diversos países han emergido partidos-plataforma que incorporan herramientas digitales para la consulta, el debate interno y la priorización de agendas. A estas experiencias se suman los ensayos de democracia líquida, inspirados en los partidos pirata europeos, que combinan participación directa con mecanismos de delegación revocable del voto por áreas temáticas.

La evidencia comparada muestra un potencial claro en términos de inclusión, especialización y dinamismo organizativo, pero también advierte riesgos conocidos como la concentración informal de poder, liderazgos opacos o la aparición de “super-votantes”. Tales riesgos no se corrigen negando la innovación, sino mediante reglas explícitas, transparencia operativa y controles democráticos efectivos.

Una innovación aún más relevante es la institucionalización de espacios deliberativos estructurados, las asambleas ciudadanas, jurados cívicos y paneles sectoriales seleccionados con criterios de representatividad social, capaces de deliberar sobre problemas complejos y producir recomendaciones dotadas de legitimidad pública. Se han documentado en el mundo cientos de estas experiencias que subrayan que hay un nuevo valor que emerge y que reside en la profesionalización de la escucha, lo que significa metodologías claras, acceso a información plural y contrastada, facilitación experta, trazabilidad de las decisiones y obligación de respuesta por parte de las autoridades.

Traducido a una clave boliviana, se trata de renovar lo que la ley denomina “partido político”, e implica construir un sistema mixto, inovando plataformas abiertas de escucha y priorización ciudadana; mecanismos deliberativos con reglas estables; equipos programáticos capaces de convertir insumos sociales en propuestas coherentes; y una arquitectura de representación territorial y sectorial que vuelva a conectar Estado y sociedad sin clientelismo, improvisación ni fetichismo organizativo

La Visión de País que venimos defendiendo insiste, precisamente, en que Bolivia necesita puentes ideológicos y sociales, no trincheras identitarias ni atajos personalistas. Partidos entendidos como plataformas de articulación (programática, territorial y generacional) capaces de producir sentido colectivo, organizar la representación y sostener acuerdos de largo plazo. Sin esa renovación de la intermediación política, no habrá reconciliación posible, solo un monólogo infinito que no llega nunca a convertirse en proyecto nacional.

Este no es un texto contra el gobierno, sino una advertencia política dirigida a quienes hoy ejercen el poder. Gobernar sin partidos es posible por un tiempo; sostener un proyecto de país sin ellos es, en el mediano plazo, prácticamente imposible. La historia boliviana es clara al respecto, los gobiernos que prescinden de la mediación política terminan atrapados entre la tecnocracia sin respaldo o la presión corporativa sin horizonte y tenemos ejemplos variados de no hace mucho tiempo atrás; es cosa de mirar con cuidado el inmediato pasado.

Las autoridades actuales harían bien en asumir que la legitimidad electoral, por amplia que haya sido, no reemplaza la necesidad de organización política. El respaldo ciudadano no se conserva solo con decisiones correctas, sino con estructuras capaces de explicarlas, defenderlas y proyectarlas en el tiempo. Sin partidos que articulen demandas, construyan programa y otorguen sentido, el gobierno corre el riesgo de gobernar en solitario, expuesto a la fatiga social y a la erosión progresiva de su autoridad.

Reconstruir vínculos partidarios no es una concesión ni una debilidad, es un acto de realismo democrático. Implica aceptar que el Estado no puede hablarle directamente a una sociedad compleja y fragmentada sin intermediaciones estables. Implica, también, asumir que sin bloque social de poder no hay reforma sostenible, por más necesaria o urgente que esta sea.

La pregunta que queda abierta, no es si Bolivia necesita partidos, sino si el gobierno está dispuesto a promover, reconstruir o tolerar organizaciones políticas reales que lo vinculen con la sociedad, aun cuando eso implique compartir poder, escuchar demandas, deliberar y aceptar límites.

Porque gobernar es, finalmente, algo más que decidir, es construir futuro con otros. Y sin partidos, ese futuro vuelve a quedar peligrosamente a la intemperie.

RAZÓN DE ESTADO

En política, no toda responsabilidad se agota en la aplicación mecánica de una norma. Existen circunstancias (excepcionales, incómodas, a veces desagradables) en las que la fidelidad literal a un procedimiento puede terminar poniendo en riesgo aquello que la Constitución pretende proteger, la continuidad del Estado, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Para esos escenarios límite existe una categoría tan antigua como controvertida, la razón de Estado.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli,

El debate vuelve a escena en Bolivia a propósito del Decreto Supremo 5515 y de la discusión (hipotética, pero legítima) sobre la sucesión presidencial en situaciones extraordinarias. Conviene despejar desde el inicio algunos malentendidos, no se trata de diagnósticos médicos ni de juicios personales. La pregunta es otra, estrictamente institucional, ¿qué ocurre si una autoridad llamada a asumir la Jefatura del Estado no se encuentra en condiciones plenas para ejercerla, aunque sea por minutos?

La arquitectura constitucional descansa sobre un supuesto elemental, quien ejerce el Poder Ejecutivo debe hacerlo con conciencia, racionalidad y responsabilidad. Si ese supuesto se quebrara el problema dejaría de ser individual para convertirse en un riesgo de Estado. En ese escenario extremo, una sucesión automática y acrítica podría abrir la puerta a decisiones irreversibles, crisis de mando o daños institucionales de gran escala. No es alarmismo, desde la Presidencia del Ejecutivo, cinco minutos pueden bastar para causar un estropicio.

Es aquí donde la razón de Estado aparece no como coartada autoritaria, sino como principio preventivo. Su función no es suspender la democracia, sino impedir que una lectura mecánica de las reglas termine saboteando su espíritu. Si el Decreto 5515 busca ganar tiempo institucional, contener un riesgo y permitir que operen los controles formales previstos por el orden constitucional, su justificación no es el capricho de nadie, sino la prudencia republicana.

Desde luego, la razón de Estado no es (ni puede ser) un cheque en blanco. Solo es defendible bajo condiciones estrictas, temporalidad claramente delimitada, proporcionalidad de la medida, verificación objetiva del riesgo, control parlamentario y judicial efectivo, y una finalidad inequívoca de restaurar la normalidad constitucional. Fuera de esos márgenes, es abuso; dentro de ellos, es responsabilidad democrática.

Bolivia conoce demasiado bien los estragos del decisionismo y del poder ejercido sin límites. Precisamente por esa experiencia histórica, conviene recordar que gobernar no consiste únicamente en cumplir procedimientos, sino en proteger a la comunidad política frente a riesgos extremos, incluso cuando hacerlo exige decisiones incómodas.

Si hoy Rodrigo Paz Pereira encarna la continuidad institucional, el debate no debería personalizarse en torno a Edmand Lara, sino elevarse a un plano más alto, el de la responsabilidad del Estado consigo mismo. Porque la democracia no se defiende solo aplicando reglas; también se preserva evitando que el poder caiga, aunque sea fugazmente, en manos de quien no está en condiciones de ejercerlo.

Lejos de una herejía constitucional, esa puede ser, paradójicamente, la forma más sobria y exigente de lealtad a la República.

ECOLOGÍA Y RECONCILIACIÓN

En Bolivia estamos acostumbrados a pensar la reconciliación en clave política, vencedores y vencidos, golpes y transiciones, memorias enfrentadas. Pero en pleno siglo XXI, si el gobierno de Rodrigo Paz Pereira quiere reconstruir el tejido social y abrir un nuevo ciclo democrático, no le bastará con un buen diseño institucional para la Reconciliación Nacional y Social. Necesita un segundo pilar igual de decisivo, una política ecológica seria, coherente y sostenida en el tiempo. Sin transición ecológica, no habrá reconciliación duradera; sin reconciliación, la transición ecológica se convertirá en otra fuente de conflicto.

Lo primero es entender que la crisis ambiental no es un tema “verde” de nicho, ni una excentricidad de ONGs internacionales. Es el espejo brutal del agotamiento de nuestro modelo de desarrollo. Detrás de los incendios que arrasan millones de hectáreas, de los ríos contaminados con mercurio, de los suelos agotados y de las áreas protegidas arrinconadas por la expansión irregular de la frontera agrícola, hay una forma de hacer política y economía, extraer rápido, repartir mal y mirar hacia otro lado. Ese modelo ha enfrentado regiones, comunidades y culturas; ha beneficiado a pocos y ha cargado los costos sobre pueblos indígenas, campesinos y barrios populares. Es decir, ha sido una fábrica silenciosa de resentimiento.

Cuando el gobierno de Rodrigo Paz propone una agenda ecológica que combina Deforestación Cero, restauración de bosques y suelos, protección estricta de cuencas, transición energética y una nueva gobernanza sobre el litio, no está “agregando” un capítulo moderno a su plan de gobierno. Está tocando el corazón mismo de la conflictividad boliviana. Y, sobre todo, está creando condiciones materiales para que la política de Reconciliación Nacional y Social tenga sentido para la gente común.

Una política de Estado para la reconciliación debe responder, al menos, a tres tipos de fracturas, territoriales, sociales e históricas. La agenda ecológica ayuda a las tres.

Primero, las fracturas territoriales. Hoy, la polarización “cambas vs collas” se expresa también en el mapa de la devastación, incendios y desmontes masivos en el oriente; crisis hídrica y retroceso de glaciares en el occidente; tensiones por la tierra y los bosques en la Amazonía y el Chaco. Si el gobierno impulsa un plan de Deforestación Cero con monitoreo satelital y participación ciudadana; si reforesta masivamente con especies nativas; si blinda áreas protegidas y territorios indígenas frente al avance ilegal; si ordena el uso del suelo con criterios técnicos y no clientelares, está haciendo algo más que “cuidar la naturaleza”, está enviando una señal de justicia territorial. El Estado deja de autorizar, por acción u omisión, que unas regiones “quemen” su propio futuro para sostener privilegios de otras; se convierte en árbitro equitativo de la casa común.

Segundo, las fracturas sociales. La reconciliación que hemos venido pensando no es solo entre élites políticas; es entre un Estado que durante décadas ha socializado los daños y privatizado los beneficios, y unas mayorías que han pagado el precio con su salud, su agua y sus medios de vida. Por eso, cuando se plantea erradicar progresivamente el mercurio, proteger cabeceras de cuenca y recuperar suelos degradados, se está hablando de reparación ecológica y social, de devolver, en la medida de lo posible, condiciones de vida digna a quienes fueron tratados como habitando "zonas de sacrificio". Si, además, se decide que los excedentes del litio se destinen de manera transparente a educación, salud y transición energética, la política ecológica se vuelve un mecanismo de redistribución, el nuevo ciclo productivo deja de ser un enclave más y se convierte en un motor compartido del desarrollo humano.

Tercero, las fracturas históricas. La Reconciliación Nacional y Social exige cerrar el ciclo nacional-popular e inaugurar un ciclo ciudadano, plural y democrático, donde libertad, igualdad e inclusión se sostengan en un proyecto de país compartido. La ecología, bien entendida, le da contenido concreto a ese horizonte, producimos, sí, pero sin incendiar el futuro; aprovechamos el litio, sí, pero para financiar la educación de nuestros hijos y la energía limpia que necesitaremos mañana; defendemos la propiedad y la iniciativa privada, sí, pero bajo reglas que impiden que la ganancia de unos se pague con el envenenamiento de otros. Es una manera de reconciliarnos también con nuestra propia historia, dejar atrás el papel de territorio colonial extractivo y asumir el desafío de ser una República que cuida responsablemente sus bienes comunes.

Aquí entra en escena un actor decisivo, la juventud. No es casual que las principales demandas ecológicas en Bolivia y en el mundo vengan de las y los jóvenes. Para ellos, el cambio climático no es una estadística, es el telón de fondo de sus vidas. Ven arder los bosques, secarse los ríos, retroceder las nieves que sus abuelos conocieron; y sienten que se les está robando el futuro a cuenta gotas. Una política de reconciliación que solo hable de heridas del pasado pero ignore el miedo y la rabia de las generaciones más jóvenes frente al colapso ambiental, será percibida como un ajuste de cuentas entre adultos, no como un proyecto de país.

Precisamente por eso, las medidas ecológicas del gobierno de Rodrigo Paz deberán tener un valor político adicional, pueden convertirse en el núcleo de un pacto intergeneracional. Una Escuela Nacional de Educación Ambiental, la incorporación de contenidos ecológicos en la currícula, los programas de emprendimiento verde para jóvenes y mujeres, la promoción de empleo vinculado a la transición energética y a la restauración de ecosistemas, son mucho más que políticas sectoriales. Son la forma de decirle a una generación entera, “ustedes no son solo quienes protestan en las calles con carteles reciclados; son quienes van a diseñar, gestionar y beneficiarse de la nueva economía verde boliviana”.

Si desde la Presidencia Plurinacional de la República se articula el trabajo de Reconciliación Nacional y Social con esta agenda ecológica —por ejemplo, tratando los conflictos socioambientales como prioridades, promoviendo diálogos territoriales sobre uso de suelo, agua y litio, incorporando la voz de la juventud y de las comunidades indígenas en el diseño de políticas—, la reconciliación dejará de ser una abstracción. Se volverá experiencia concreta, acuerdos locales para cuidar una cuenca, mesas de diálogo entre productores agroindustriales y comunidades afectadas por la quema, pactos regionales para transitar hacia formas de producción más sostenibles, con apoyos técnicos y financieros reales.

La reconstrucción del tejido social no se logrará solo con campañas de “tolerancia” o con actos simbólicos —que son necesarios—, sino también con proyectos compartidos que obliguen a cooperar. Nada obliga tanto a cooperar como gestionar un recurso común del que depende la vida, el agua de una cuenca, el bosque que protege una comunidad, la tierra de la que comen varias generaciones. Ahí, la combinación entre política ecológica y política de reconciliación tiene un potencial inmenso, crea espacios de escucha concreta (“¿cómo usamos este río?”), de diálogo informado (“¿qué alternativas a la quema tenemos?”) y de confianza ganada (“el compromiso que firmamos se cumplió, el Estado no nos mintió otra vez”).

Finalmente, hay un factor de legitimidad institucional que no debe subestimarse. La confianza en el Estado boliviano está muy dañada. Promesas incumplidas, leyes que no se aplican, instituciones capturadas, corrupción y opacidad han erosionado la credibilidad. Si, en los primeros días, el gobierno declara la emergencia ambiental y climática, pone en marcha un sistema de monitoreo con datos abiertos, deroga las leyes que incentivan desmontes e incendios y somete a auditoría pública las concesiones ilegales, estará enviando un mensaje potente: "esta vez vamos en serio". Si esa coherencia se mantiene en el tiempo, la percepción de legitimidad del Estado puede empezar a cambiar justamente allí donde hoy es más baja.

Por eso, cuando hablemos de la política de Reconciliación Nacional y Social del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, deberíamos dejar de pensar la ecología como un “anexo bonito” y empezar a verla como uno de sus cimientos. Cuidar los bosques, el agua, el clima y la biodiversidad no es un lujo de países ricos; en un país tan fracturado como el nuestro, es una condición de posibilidad para la paz social. La casa común no es una metáfora poética, es el territorio donde debemos aprender a vivir juntos, sin quemarnos el futuro unos a otros. Y nada reconciliará tanto a Bolivia consigo misma como descubrir que defender esa casa (de manera justa, democrática y participativa) puede ser, por primera vez, un proyecto compartido entre regiones, culturas y generaciones.

FIN DEL "ESTADO TRANCA"

Cambiar equipos cuando hay transición de gobierno no es un juego, es una cirugía fina. Si se opera con prisa o con ideología ciega, se pierde memoria institucional; si se le teme al cambio, se perpetúa la ineficiencia.

El mandato es claro, desmontar el “Estado tranca”, esa economía de la demora que convirtió los trámites redundantes y las firmas superfluas en peajes. ¿Cómo? Reduciendo dotaciones sobredimensionadas, cortando incentivos a la extorsión y reorganizando procesos bajo una regla sencilla: "digital por defecto, presencial por excepción"; ventanilla única, interoperabilidad de datos y plazos máximos obligatorios.

El punto de partida es reconocer lo que existe. En muchas oficinas hay funcionarias y funcionarios que manejan normas, sistemas y ciclos presupuestarios con pericia. No todos son del MAS, y la procedencia política (ayer como hoy) no sustituye la evaluación por desempeño, probidad y resultados. Descartar esas capacidades por reflejo partidario sería fabricar a pulso un Estado amnésico.

La justicia política también cuenta. Es legítimo que quienes trabajaron en la campaña de Rodrigo Paz o de Samuel Doria Medina tengan prioridad para acceder a cargos, el Estado no es ajeno a la política. Pero esa prioridad solo vale si se alinea con perfiles, méritos y competencias comprobables. Primero servicio y mérito; luego afinidad. Invertir el orden no desmonta la tranca, apenas la muda de lugar.

Conviene recordar que antes del MAS se avanzaba en la profesionalización del Servicio Civil, concursos, exámenes y estabilidad habían institucionalizado cerca de la mitad del aparato. Volver a esa senda no es nostalgia, es sentido común. Y debe hacerse concursos abiertos y públicos, jurados mixtos (Estado, academia, sociedad civil), evaluaciones de desempeño y estabilidad condicionada al cumplimiento de metas.

El método importa. En los primeros días, auditar puestos y procesos para mapear cargas y duplicidades; aplicar un “semáforo” de personal que preserve a quienes son clave, recualifique a quienes pueden mejorar y separe (con debido proceso) a quienes no cumplan estándares; y abrir concursos transparentes con una ventana de prioridad para quienes apoyaron la campaña, siempre que acrediten idoneidad. Todo con resultados auditables y publicación de listas, puntajes y fundamentos.

Para evitar recaídas, se requieren salvaguardas, topes de dotación por entidad y un catálogo único de puestos que impida el crecimiento inercial; contratos con fecha de caducidad en proyectos y evaluación ex post de impacto; un código anticorrupción operativo que obligue a declarar conflictos de interés, verifique patrimonios, rote personal en áreas sensibles y sancione la mora injustificada; y KPIs públicos por entidad/tiempos de trámite, satisfacción ciudadana) para medir, comparar y corregir.

Una transición inteligente no niega la política, la ordena. Recompensa la lealtad, pero la subordina al mérito; reduce la burocracia, pero preserva la experiencia; acelera los trámites, pero refuerza los controles. Ese equilibrio es la llave para desmontar el “Estado tranca”. Menos barreras, más servicio, que el cambio se note en la ventanilla y en la vida cotidiana.

LA CORRUPCIÓN

Los gobiernos pasan, como procesiones por las plazas, dejan una foto en la galería de Presidentes, una línea en la enciclopedia y algún almanaque colgado en la tienda del barrio. Lo que de veras queda no es la efigie, sino el sedimento, hábitos, léxicos, maneras de tratarse y de desconfiar, esas pequeñas teologías del “así se hace” que una época imprime en las costumbres. La política, más que un código de normas, es una escuela de gestos; y el gesto, cuando se repite, termina fundando una moral.

Veinte años del MAS son, en escala histórica, una era completa. Dos décadas alcanzan para fijar gramáticas (lo que se puede decir y lo que se considera posible) y para volver natural lo que empezó como una emergencia. Uno puede sacudirse como quiltro después del baño y creer que se libró de la mugre; no siente que el olor ya colonizó la fibra. Por eso las marcas que ciertas prácticas dejan en la psique colectiva no se borran con la alternancia ni con un decreto, exigen memoria larga y un trabajo sostenido de limpieza institucional.

Nuestra vida civil fue tomada por la retórica de la sospecha, nos miramos como si el otro fuera un documento falsificado con sello adulterado. El desprecio (ese hábito que vuelve objeto al prójimo) se deslizó sin ceremonia hasta el odio cotidiano. Y la política, degradada a escalera, se entendió como el arte de trepar sin convicciones, un ascensor social que pide pocos exámenes y exige muchas coimas. Nada nuevo bajo el sol, lo específico, pero lo grave es que la rapiña de lo público se volvió rutina, reglamento no escrito que se aprende por ósmosis y contagio.

Que la corrupción exista desde los escribas hace milenios es algo que se sabe. Lo alarmante es su metamorfosis, de pecado a procedimiento, de excepción vergonzante a protocolo tácito. Cuando en aduanas, impuestos, policía, fiscalía o ministerio público la exacción adopta forma de pirámide (diezmo que sube hasta el jefe pasando por el funcionario, el ujier, y del ujier al portero), ya no asistimos a la picardía del pícaro, sino a una liturgia. El mal deja de esconderse y se vuelve catecismo. Y un catecismo produce creyentes.

¿Cómo se desarma una religión equivocada? Con otra liturgia. La de la transparencia hecha hábito; la del trámite a la intemperie; la de la probidad (palabra simple y contundente) encarnada en personas dispuestas a jugarse el pellejo a cambio del descanso en su conciencia. Eso toma tiempo y método, paciencia, instituciones y, sobre todo, voluntad política. No el ademán para la foto, sino un contrato moral que obligue a gobernantes y gobernados a someterse a verificación y castigo, a sistemas de incentivos y controles que no dependan de los humores del gobernante.

No somos marcianos, somos humanos, mamíferos simbólicos. Allí donde países con historias ásperas de corrupción recompusieron sus pactos cívicos, no hubo milagros, hubo educación, ejemplaridad, sanción eficaz, premio a la honestidad, cultura de trámite simple y de dato público. Si ellos pudieron (por disciplina institucional, no por superioridad), nosotros también. La tarea es grande como una catedral y prosaica como una ventanilla en cualquier ministerio; es cosa de levantar estructuras mientras barremos el polvo del día.

Empecemos por lo básico y revolucionario, tratar la cosa pública como sagrada y al adversario como un interlocutor legítimo. Después, persistir. Porque las repúblicas (a diferencia de los almanaques) no cuelgan de un clavo, se sostienen cada día con manos limpias y con un poco de humor, para no perderse en el laberinto. ¡Vamos a intentarlo!

LA PAZ tiene un buen futuro

La ciudad de La Paz, como sede del Gobierno de Bolivia, concentra la mayoría de las instituciones gubernamentales, lo que la convierte en un centro político, administrativo y cultural de gran relevancia. Sin embargo, su condición actual no le otorga un estatus administrativo especial que le permita gestionar y autofinanciar adecuadamente su desarrollo urbano y su dinámica como núcleo nacional. Ejemplos internacionales, como la Ciudad de México y Washington D.C., muestran que ciudades con funciones capitalinas específicas pueden beneficiarse de estatus administrativos excepcionales que fortalecen su capacidad de autogestión y desarrollo. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el sistema de autonomías abren la posibilidad de explorar este camino dentro del marco legal y político.

Puestos a proponer, PROPONGO:

1. Reforma Legislativa para Estatus Especial:

Se requiere un proceso legislativo que reconozca a La Paz como una "Ciudad Sede Especial". Esto implicaría la modificación o creación de leyes que definan un régimen administrativo diferenciado, con competencias adicionales y recursos específicos para su financiamiento. Este modelo podría inspirarse en otras ciudades internacionales, como Ciudad de México, que cuenta con un gobierno autónomo y recursos propios para administrar su complejidad.

2. Fondo Especial de Desarrollo Urbano:

Proponer la creación de un fondo especial de desarrollo urbano financiado por contribuciones nacionales e internacionales, así como ingresos propios derivados de impuestos, tasas o contribuciones específicas. Este fondo sería administrado por un ente autónomo, pero sujeto a transparencia y rendición de cuentas, garantizando la sostenibilidad financiera de la ciudad sin depender exclusivamente del presupuesto nacional.

3. Plan Estratégico y Participativo de Desarrollo:

Diseñar un plan estratégico que articule las demandas urbanas, sociales y culturales con las funciones gubernamentales. Este plan debe priorizar la modernización de infraestructura, transporte, vivienda y gestión ambiental, considerando los desafíos particulares de La Paz como ciudad de altura y de alta densidad poblacional. La participación ciudadana y la colaboración con expertos nacionales e internacionales serán claves para un diseño eficiente y sostenible.

4. Proyección Internacional y Cooperación:

Aprovechar la condición de sede de gobierno para fortalecer las relaciones internacionales y buscar cooperación técnica y financiera que contribuya al desarrollo urbano y social. Esto posicionará a La Paz como un modelo de ciudad capital sostenible en la región, promoviendo inversiones que impulsen su crecimiento y equilibrio territorial.

LA EDUCACIÓN PRIMARIA

 

PREGUNTA: ¿Cómo podemos resolver el bajo nivel de formación de los profesores de educación primaria en Bolivia, de manera que mejore la calidad de la enseñanza?

CONTEXTUALIZACIÓN:
El bajo nivel de formación de los profesores de educación primaria en Bolivia constituye un desafío estructural que impacta directamente en la calidad educativa. A pesar de los esfuerzos por mejorar el acceso y las infraestructuras educativas, la preparación docente sigue siendo insuficiente, especialmente en áreas rurales y desfavorecidas. Este problema limita la capacidad de los maestros para implementar metodologías modernas y atender las necesidades específicas de sus estudiantes, perpetuando desigualdades en el aprendizaje.

LA CÁTEDRA BICENTENARIO:

1.      Establecimiento de Centros Regionales de Formación y Actualización Docente: Crear centros especializados para la formación continua de maestros, con un enfoque en metodologías innovadoras y herramientas pedagógicas actualizadas. Estos centros estarán ubicados estratégicamente, garantizando acceso equitativo a la capacitación. Además, se ofrecerán programas específicos adaptados a contextos culturales y lingüísticos locales, promoviendo un enfoque inclusivo.

2.     Programas de Incentivos para la Capacitación Docente: Implementar incentivos económicos y profesionales para que los docentes participen en programas de actualización. Estos incentivos pueden incluir becas de formación avanzada, mejoras salariales o reconocimientos en su carrera profesional. Al mismo tiempo, se reforzará la obligatoriedad de participar en estos programas como requisito para la renovación de licencias docentes.

3.     Digitalización y Tecnologías Educativas: Incorporar tecnologías modernas en la formación docente a través de plataformas digitales que ofrezcan cursos, materiales interactivos y comunidades de aprendizaje virtual. Esto permitirá a los maestros acceder a recursos educativos de alta calidad y conectarse con expertos y colegas para compartir buenas prácticas. La capacitación en habilidades digitales será un componente obligatorio de los programas.

4.     Supervisión y Evaluación Continua: Diseñar un sistema de monitoreo y evaluación del desempeño docente para medir el impacto de la formación recibida en el aula. Este sistema debe incluir observaciones periódicas, retroalimentación constructiva y planes de mejora individualizados. Además, las instituciones encargadas de la formación deben ser sometidas a evaluaciones regulares para asegurar la calidad de sus programas.

Con estas medidas no solo se busca elevar el nivel de formación de los profesores de educación primaria, sino también transformar la calidad educativa en Bolivia, preparando a las futuras generaciones para enfrentar los retos de un mundo cambiante y globalizado.

¡NO AFLOJAR! es la consigna

Bastó que Trump metiera sus narices en el drama venezolano para que las dictaduras populistas rencontraran su razón de ser, y sus seguidoras y seguidores reabrieran las compuertas de su antiimperialismo, pudiendo superar, en un cerrar y abrir de ojos, la vergüenza que sentían por apoyar a tiranos impresentables que vienen azotando a sus respectivas poblaciones con eso de que si de antiimperialismo se trata, es necesario quedarse en el poder para siempre.

Las redes se han llenado de textos, grabaciones de voz y vídeos, desde donde nos advierten que el Haliaeetus Leucocephalus amenaza con invadirnos y prepara sus misiles y sus tanques en nombre de la democracia y la libertad, empezando por Maduro, al que hay que expulsar del palacio de Miraflores en Caracas, porque los gringos lo han marcado como su próxima víctima; "¡como hicieron con Husein y con Gadafi!", claman espantados. Y esperan que al clamor la gente olvide que han pasado veinte, años y todo lo que hay detrás.

Quisieran que de pronto Maduro pase de dictador y asesino, a defensor de la soberanía de los pueblos. Vamos a agarrar esto con pinzas, porque los defensores de esta tiranía están rebosantes de dicha y gritando en todos los idiomas, que van a convertir en un nuevo Vietnam de los sesenta a toda América Latina, desde el Rio Bravo hasta la Patagonia, si los yankees hozan poner un pie en nuestro mapa y que Playa Girón va a parecer una fiesta infantil al lado de lo que se viene.

¡No señor! Maduro no se va a ir porque lo digan los gringos; se va a ir porque está usurpando la voluntad del pueblo venezolano expresada en la Asamblea Nacional donde radica la Soberanía del Pueblo, fruto de elecciones que el tirano no pudo amañar como las suyas propias, y que le dio a Venezuela la posibilidad, al fin, de representar legítima e institucionalmente sus anhelos democráticos, clamando por una justicia proba, por un Estado con los poderes independientes, por una corte electoral neutral, y como no, por instituciones que funcionen, regulen, cumplan la ley y permitan a las y los venezolanos vivir y ganarse con dignidad el pan de todos los días.

Igual que Morales Ayma, que se va a ir, no porque les disguste a los brasileños, o porque los chilenos no lo traguen ni tomándolo como purgante después de tantos insultos e improperios, sino porque los bolivianos le dijimos NO el 21F a su intento de perpetuarse en el poder, gracias a un Referéndum Nacional, que marcó sin vuelta de hoja el destino de su presidencia, porque todo intento por perpetuarse está fuera de la ley y lo convierte en un delincuente con poder a partir del día 22 de enero del año 2020, que es cuando fenece su mandato.

Escribo esto para prevenir que no empecemos a dudar de nosotros mismos porque nos pongan la foto de Trump en las propagandas que pasan por la tele y nos desportillen parte de la personalidad democrática que merecidamente hemos acuñado como ciudadanos de verdad, durante años de resistencia a estas tiranías; menos ahora que estamos ganando y que la consigna es no aflojar. Que la sombra de los norteamericanos no nos impida ver que Ignacio en Brasil, Cristina en Argentina, Morales en Bolivia, Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, son la cabeza de sendos clanes organizados desde La Habana, para la sobrevivencia y reproducción de un lumpen corrompido por el poder, gracias a las drogas que trafican, aliados a contrabandistas y otros delincuentes de toda laya y condición.

Hay un par de teclas en el subconsciente popular, que cuando se tocan producen reacciones poco elaboradas, pero profundas e inevitables, porque han calado dentro nuestro desde hace mucho tiempo atrás.

Aunque se apropie de mismo lenguaje, matizado con adornos bagatela de las consignas de la frustrada izquierda guerrillera, ésta, la de Morales Ayma, Maduro y Ortega, no es la lucha nación / antinación con la que irrumpieron nuestros padres o abuelos a mediados del siglo pasado, que encumbró a Harbens, Perón o Paz Estenssoro, y también a Fidel que andaba jovencito en ese entonces, luchando ellos contra la pobreza, el intercambio desigual y la defensa de las materias primas del subcontinente, y buscando al mismo tiempo abonar de identidad a un grupo de naciones que no terminaban de serlo; así se llenó de contenido el populismo de esa época, sazonado con la parafernalia heredada de la Guerra Fría; ahí están las reformas agrarias y la nacionalizaciones verdaderas, malas o buenas, de minas y pozos petroleros que hacen a nuestra identidad sigloveintera, que arrastramos desde entonces, incluidos los millenians latinoamericanos de hoy.

Pero no; Chávez no era Bolívar, ni Ortega es Sandino, ni Morales será Tupaj Katari nunca, así soñaran con serlo en los límites del delirio, que produce el poder absoluto del que estos sátrapas han gozado tanto tiempo.

Fiesta

La marcha campesina organizada por el gobierno nacional y encabezada por el mismísimo Presidente de la República, llegó a la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, con el objetivo explícito de cercar el Congreso Nacional, para obligar a los parlamentarios, si o si, a una ley de convocatoria al Referéndum Aprobatorio de la nueva Constitución Política del Estado. La cantidad de los marchistas y de quienes fueron a recibirlos fue impresionante, hasta 15 kilómetros —se dice— que se alargaba la fila humana sobre la carretera a Oruro y que descendieron las laderas paceñas hasta asentarse en los alrededores de la Plaza Murillo, vigilando desde allí el resultado del debate parlamentario.

A diferencia de lo esperado, el cerco se convirtió en una fiesta, gracias al acuerdo alcanzado entre el gobierno y parte de la oposición, sobre cambios en el texto propuesto por el MAS e impuesto en sendas sesiones y cercos populares, en Sucre y Oruro. ¿Ylos constituyentes? Nada; una vergüenza, sirvieron para escuchar un texto que redactaron otros, alzaron la mano para aprobarlo sin conocerlo (heridos y muertos incluidos), supieron que una comisión los redactó de nuevo e introdujo los cambios que les dictaban desde Palacio de Gobierno, y ahora una nueva comisión —de maquillaje—, esta vez de parlamentarios, le pusieron, le sacaron, y la redactaron de nuevo.

No se han superado los problemas y quedan heridas pendientes que no cerrarán, porque parte de la oposición y el gobierno hayan decidido ceder un poco el uno, otro tanto los otros. La capitalía plena para Sucre, por ejemplo, es algo pendiente que el país no puede pasar por alto, que algún día se tendrá que discutir. Nadie está contento del todo, es el resultados de tanto abuso y acuerdos tan mal hechos, pero es un resultado; nadie —insisto— podía pensar que el nuevo texto se asemejaría al de una constitución liberal.

El resultado será algo de tranquilidad durante un año. Otro referéndum el 25 de enero de 2009, donde el oficialismo y parte de la oposición harán campaña por el SI, mientras que pequeños bolsones en la Media Luna y las ciudades insistirán por el NO, de manera consecuente. En diciembre de 2009 habrán elecciones en combo, Presi, Vice, senadores, diputados, prefectos, subprefectos, alcaldes concejales, consejeros y algunos otros más serán puestos a consulta. El único partido con capacidad nacional de presentar más de cinco mil candidatos será el MAS, quien lo logre, en la oposición, será el grupo que se habilite para construir un proyecto alternativo, reconstruir un bloque de poder y devolverle a la política la posibilidad de institucionalizar un sistema en democracia.

Se trata de organizar un nuevo organismo político (llámese lo que le llamen, frente, plataforma, convergencia), con presencia en todo el territorio nacional, nuevo y renovado, con reglas claras y democráticas para la elección de dirigentes y candidatos, abierto a la participación ciudadana, capaz de acordar compromisos programáticos consultando y convenciendo a todos, capaz de financiar su actividad sin venderse. Ideológicamente será de izquierda democrática, porque la derecha tiene poco que hacer los próximos años, salvo organizarse para actuar como una alerta conservadora que evite la exacerbación sin límites del cambio. Izquierda democrática quiere decir, en estas circunstancias, que concentrará en su seno (si quiere tener éxito) desde el liberalismo social al socialismo democrático, conteniendo tambien otras tendencias: los ecologistas, los indigenistas no racistas, una pizca de nacionalismo. No está mal. Será una ensalada a la boliviana. Ahí nos vemos.

De lo que se trata al final del viaje, en un país que ha decidido caminar los caminos del socialismo contemporaneo, es saber si se hará a palos, a lo Chávez u Ortega, o democráticamente como Lula, Tabaré o Bachelet. Este será el dilema.