EL ESTADO NO ES EL PAÍS

Al tratar de explicar como el reconocer que la totalidad del bolson gasífero de Incahuasi le pertenece al departamento de Santa Cruz, no es algo que afecte sustancialmente a los demás departamentos, porque los beneficios del dinero que producen los hidrocarburos en Bolivia son "de todos", salvo las regalías, el gobierno etnonacionalista que preside Morales Ayma devela la gran equivocación que han cometido y cometen al confundir el Estado con el país. Ellos creen que el Estado Plurinacional de Bolivia es Bolivia, y ahí está "la madre del cordero" del problema que han creado a partir de obligar e imponer la nueva Constitución Política.

El Estado no es el país. El dinero que tiene el Estado no es dinero de los habitantes del país. Las propiedades y bienes del estado no son del pueblo ni de los bolivianos. Son dineros, propiedades y bienes del Estado, y el Estado es un aparato burocrático (una oficina, para decirlo en fácil), una institución, que como ninguna tiene la capacidad de tomar decisiones que afectan a todos los habitantes y estantes en el territorio sobre el que tiene potestad y juridicción, y que ya no podemos llamar nación, porque el Estado cree (y se equivoca) que contiene un conjunto de naciones entre las que nos han dividido a los bolivianos, según origen, sea étnico y/o cultural.

Quienes administran, usufructúan, distribuyen y gastan los dineros, las propiedades y los bienes del Estado son una burocracia compuesta por autoridades y empleados, que son dueños temporales y que ganan dinero apropiándose de ese o esos aparatos y que, por ese motivo, han adquirido intereses únicos y particulares que los hacen distintos a los demás. Tienen una conciencia de grupo y defienden como grupo sus intereses, proyectándolos al futuro e intentando hacerlos sostenibles; son en ese sentido, algo muy parecido a una clase social: la Nomenclatura, le llamaron cuando los países del Socialismo Realmente Existente.

En Bolivia, esa Nomenclatura está compuesta por dirigentes políticos del MAS, que viven y dependen del Estado; de dirigentes masistas de los llamados Movimientos Sociales, que viven y dependen de las prebendas que el gobierno coorporativo les entrega; de los dirigentes masistas y representantes de cocaleros y contrabandistas que viven y dependen del clientelismo estatal que les otorga beneficios especiales; y de una burguesía mercantilista emergente cuyo crecimiento depende de hacer negocios (normalmente turbios) con el Estado. A esa Nomenclatura le llamamos en Bolivia la Rosca Corrupta Masista.

Esa Rosca es la dueña de los dineros, las propiedades, las empresas y los bienes del Estado Plurinacional. El Estado produce y recauda para esa Rosca, y ya se ha investigado y escrito como el conjunto del sistema está organizado para garantizar la reproducción de este estado de cosas. La condición para la existencia y permanencia de un gobierno corporativo es destruir o debilitar la institucionalidad democrática, reemplazándola por una organicidad política corporativa que informalice las relaciones entre Estado y sociedad; no hay leyes, no hay normas, solo vale la voluntad del Caudillo de turno y la presión de la violencia callejera que puedan ejercer las masas.

Transformar esa realidad y devolver la riqueza nacional al pueblo, a la ciudadanía, a los habitantes que compartimos penas y alegrías dentro del territorio boliviano, pasa por reorganizar el Estado, y quitarle a la Rosca Corrupta Masista (o las futuras roscas que pudieran existir) la posibilidad de seguir apropiándose de algo que no le pertenece. En el centro de esa necesaria reforma está la construcción de un Estado Autonómico, organizado entre gobiernos departamentales y municipales, que son más cercanos a las necesidades de la ciudadanía y también más fáciles de controlar y potencialmente menos corruptibles, por tal motivo.

La propuesta alternativa al MAS debe otorgar a municipios y gobernaciones la potestad de recaudar los ingresos estatales en impuestos, aduanas, y cobros de utilidades de las empresas estatales,  y decidir y ejecutar el destino de los gastos. Las y los ciudadanos deben saber que pagan sus impuestos y contribuciones a una institucionalidad que les garantiza que esta riqueza común no se traslada a una Rosca Corrupta que maneja el aparato central del Estado en beneficio propio, sino que las instituciones que se recauden se invierten en el mismo sitio de donde salen y en beneficio de quienes contribuyen. Esa es la condición. No hay otro camino.