RAZÓN DE ESTADO

En política, no toda responsabilidad se agota en la aplicación mecánica de una norma. Existen circunstancias (excepcionales, incómodas, a veces desagradables) en las que la fidelidad literal a un procedimiento puede terminar poniendo en riesgo aquello que la Constitución pretende proteger, la continuidad del Estado, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Para esos escenarios límite existe una categoría tan antigua como controvertida, la razón de Estado.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli,

El debate vuelve a escena en Bolivia a propósito del Decreto Supremo 5515 y de la discusión (hipotética, pero legítima) sobre la sucesión presidencial en situaciones extraordinarias. Conviene despejar desde el inicio algunos malentendidos, no se trata de diagnósticos médicos ni de juicios personales. La pregunta es otra, estrictamente institucional, ¿qué ocurre si una autoridad llamada a asumir la Jefatura del Estado no se encuentra en condiciones plenas para ejercerla, aunque sea por minutos?

La arquitectura constitucional descansa sobre un supuesto elemental, quien ejerce el Poder Ejecutivo debe hacerlo con conciencia, racionalidad y responsabilidad. Si ese supuesto se quebrara el problema dejaría de ser individual para convertirse en un riesgo de Estado. En ese escenario extremo, una sucesión automática y acrítica podría abrir la puerta a decisiones irreversibles, crisis de mando o daños institucionales de gran escala. No es alarmismo, desde la Presidencia del Ejecutivo, cinco minutos pueden bastar para causar un estropicio.

Es aquí donde la razón de Estado aparece no como coartada autoritaria, sino como principio preventivo. Su función no es suspender la democracia, sino impedir que una lectura mecánica de las reglas termine saboteando su espíritu. Si el Decreto 5515 busca ganar tiempo institucional, contener un riesgo y permitir que operen los controles formales previstos por el orden constitucional, su justificación no es el capricho de nadie, sino la prudencia republicana.

Desde luego, la razón de Estado no es (ni puede ser) un cheque en blanco. Solo es defendible bajo condiciones estrictas, temporalidad claramente delimitada, proporcionalidad de la medida, verificación objetiva del riesgo, control parlamentario y judicial efectivo, y una finalidad inequívoca de restaurar la normalidad constitucional. Fuera de esos márgenes, es abuso; dentro de ellos, es responsabilidad democrática.

Bolivia conoce demasiado bien los estragos del decisionismo y del poder ejercido sin límites. Precisamente por esa experiencia histórica, conviene recordar que gobernar no consiste únicamente en cumplir procedimientos, sino en proteger a la comunidad política frente a riesgos extremos, incluso cuando hacerlo exige decisiones incómodas.

Si hoy Rodrigo Paz Pereira encarna la continuidad institucional, el debate no debería personalizarse en torno a Edmand Lara, sino elevarse a un plano más alto, el de la responsabilidad del Estado consigo mismo. Porque la democracia no se defiende solo aplicando reglas; también se preserva evitando que el poder caiga, aunque sea fugazmente, en manos de quien no está en condiciones de ejercerlo.

Lejos de una herejía constitucional, esa puede ser, paradójicamente, la forma más sobria y exigente de lealtad a la República.

CUANDO LA REALIDAD ALCANZA A LA POLÍTICA

La discusión en torno al DS 5503 ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda, largamente conocida y, sin embargo, sistemáticamente postergada: *la subvención a los combustibles no es sostenible*. No se trata de una revelación súbita ni de una imposición ideológica externa, sino de una corrección necesaria, forzada por la realidad económica. Durante años, una parte significativa de la ciudadanía supo (aunque prefirió no decirlo en voz muy alta) que ese esquema no podía prolongarse indefinidamente sin erosionar la estabilidad fiscal, agotar las reservas de divisas y debilitar la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. El decreto no crea el problema; lo reconoce y lo enfrenta.

La cuestión central, sin embargo, no reside únicamente en el ajuste, sino en el modo en que éste se gestiona y se comunica. El DS 5503 no actúa en el vacío, incorpora medidas de protección social, mecanismos de estabilización de precios y señales orientadas a la reactivación productiva, con el objetivo explícito de amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables y preservar el tejido de la economía real. El diagnóstico es severo, pero honesto, no hay soluciones mágicas ni salidas indoloras. Precisamente por eso, la conflictividad social que hoy se expresa en protestas intensas y discursos extremos tenderá (como lo muestra la experiencia) a procesarse y reconfigurarse con el paso del tiempo, a medida que el escenario se estabilice y se clarifiquen las reglas del juego.

Bolivia entra, inevitablemente, en un tramo exigente. Los próximos dos años demandarán sacrificio responsable, disciplina colectiva y una gestión pública firme, pero cuidadosa. Ninguna sociedad atraviesa una corrección estructural sin tensiones; sin embargo, también es cierto que las sociedades no se quiebran cuando el esfuerzo es percibido como compartido, razonable y temporal. La normalidad no se impone por decreto, se reconstruye cuando la ciudadanía comprende el rumbo, percibe que hay conducción y empieza a confiar (aunque sea de manera crítica) en que no se le está exigiendo más de lo que la situación demanda.

Aquí emerge el nudo verdaderamente decisivo, el desafío es político y democrático antes que el meramente económico. El ajuste solo será sostenible si se apoya en un pacto de confianza entre el Estado y la sociedad, fundado en transparencia, control social efectivo y protección real a quienes menos tienen. Sin ese piso ético y político, cualquier medida necesaria corre el riesgo de ser vivida como un castigo, y no como parte de una estrategia orientada al bienestar colectivo y al restablecimiento de un horizonte de desarrollo.

Lo que está en juego no es únicamente la corrección de una distorsión económica acumulada, sino la capacidad del país de atravesar la crisis sin fracturarse, sin recaer en el empate destructivo entre estatismo y privatizaciones, que ha marcado buena parte de nuestra historia reciente. Aguantar juntos, confiar sin ser ingenuos y sostener un acuerdo de convivencia democrática no son consignas retóricas ni gestos morales abstractos, son condiciones materiales para estabilizar la economía, restablecer la confianza entre bolivianos y bolivianas, preservar la democracia y abrir, más temprano que tarde, un nuevo ciclo de futuro compartido.

Ese futuro no es una promesa vacía ni una quimera voluntarista. Es positivo y posible en la medida en que Bolivia logre transformar este ajuste doloroso en una oportunidad de maduración intersubjetiva, para ordenar la economía, recomponer la institucionalidad, liberar energías productivas y reconstruir un sentido de comunidad política basado en la equidad, la responsabilidad y una esperanza razonable. No se trata de negar el sacrificado esfuerzo que viene, sino de dotarlo de sentido. Y allí, precisamente allí, empieza a construirse el futuro.

PIRÁMIDES DE CORRUPCIÓN

Si algo nos han enseñado los últimos años es que la corrupción en Bolivia no funciona como un puñado de manzanas podridas aisladas, sino como una canasta llena, organizada en estructura, en pirámide. En la Policía, las denuncias de “cuotas” y cobros por traslados, destinaciones, controles y operativos se repiten a lo largo y ancho del cuerpo institucional: el de abajo cobra al ciudadano, se queda con una parte y entrega el resto hacia arriba, hasta llegar a mandos que jamás cobran una multa, pero se benefician de cada soborno. Varios testimonios de exuniformados y oficiales han descrito precisamente este mecanismo, junto con la “enfermedad” institucional provocada por años de intromisión política y corrupción sistemática.

Por eso, si este nuevo Comandante logra exponer y suprimir la pirámide de corrupción que va desde el policía en la calle hasta la más alta cúpula —cada cual pidiendo y extorsionando, y entregando la parte correspondiente a su jefe superior— se habrá logrado un avance inimaginable hasta ahora. No se trata solo de sancionar a unos cuantos “malos policías”, sino de romper el modelo de recaudación ilegal que convierte el uniforme en franquicia de extorsión y transforma la jerarquía en red de rentas. Eso exige algo más que discursos: requiere investigaciones patrimoniales serias, rotación y evaluación de mandos, protección efectiva a denunciantes y una política de transparencia que exponga, con nombres y cifras, cómo funcionan esas cadenas.

Además, no es la única pirámide que se conoce. En la Aduana, por ejemplo, la propia institución ha tenido que procesar a cientos de funcionarios por favorecer hechos de corrupción, y aun así la percepción de coimas en los puntos de control sigue siendo altísima. Casos de sobornos en el Ministerio Público o en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua mostraron un esquema donde el dinero subía desde los niveles operativos hasta el despacho ministerial, con millones de bolivianos recaudados y blanqueados en inmuebles y lujos familiares. Lo mismo se ha visto en empresas públicas como EMAPA, descrita recientemente por el propio Gobierno como un “pulpo de corrupción”, con asociaciones fantasmas y proveedores ficticios.

De modo que el desafío es doble: o se desarman las pirámides, o ellas terminarán de desarmar al Estado. La limpieza en la Policía puede convertirse en un hito fundacional si es real, documentada y llega hasta arriba, pero solo será creíble si va acompañada por cirugías similares en la Aduana, en la Fiscalía, en las empresas públicas y en todos esos rincones donde el ciudadano ya asume que “sin coima no se mueve nada”. Romper la pirámide no es solo castigar a corruptos: es devolver a la ley su lugar de norma común y a la ciudadanía su derecho a vivir en un país donde el trámite, el control y la justicia no dependan de cuánto se está dispuesto a pagar por debajo de la mesa.

DE RETORNO

 Luis Revilla Herrero

y los Chalecos Amarillos

La Paz vive una paradoja, sigue siendo el corazón político del país, pero hace años que carece de un liderazgo propio, arraigado en su historia y capaz de proponer un rumbo compartido para la ciudad y el departamento. En ese vacío, el anunciado regreso de Luis Revilla Herrero desde el exilio (tras más de tres años fuera del país por los procesos judiciales que él denuncia como persecución política) reordena de inmediato el tablero. No vuelve sólo un exalcalde con experiencia, vuelve uno de los pocos líderes genuinamente paceños con capacidad de convocarnos a todos y todas, tejer puentes y hablarle a la vez a Sopocachi y Villa Fátima, a la Zona Sur y a los barrios populares, a La Paz y a El Alto.

Revilla no es un recién llegado, su biografía está ligada a la ciudad desde joven, primero como concejal y luego como alcalde reelecto, identificado con una centroizquierda progresista que puso énfasis en servicios públicos, espacio urbano y ciudadanía. A esa trayectoria se suma ahora la experiencia del exilio, en la que ha insistido en el sentido del servicio como hilo conductor de su vida pública. Ese capital simbólico lo coloca en una posición particular, puede hablar de gestión, de democracia y de derechos desde la memoria concreta de lo hecho y desde la herida de haber sido expulsado del juego por razones que miles de paceños percibieron como arbitrarias.

Lo que cambia con su retorno es la posibilidad real de construir un acuerdo suprapartidario genuinamente paceño. No se trata de resucitar viejas siglas ni de armar una alianza electoral más, sino de articular un “Pacto por La Paz” que ponga por delante un proyecto de ciudad y departamento antes que las candidaturas. Ahí Revilla aporta algo escaso en la política local. Tiene vasos comunicantes con la tradición municipalista, con sectores ciudadanos de centro y con organizaciones sociales que, sin ser masistas, tampoco se reconocen en la derecha tradicional. Es, por biografía y por lenguaje, un puente verosímil.

Ese pacto, además, no puede pensarse sólo en clave municipal. La Paz es ciudad y a la vez departamento diverso con un eje metropolitano La Paz–El Alto y unas provincias que hoy funcionan sin conducción estratégica. Una propuesta programática elaborada para El Alto como “ciudad del futuro” (con ejes de desarrollo tecnológico y productivo, fortalecimiento institucional y cohesión social con equidad territorial) ofrece pistas claras; la región paceña puede convertirse en el gran nodo logístico, industrial y de conocimiento del país si articula sus vocaciones. La Paz sede de gobierno, El Alto polo productivo y tecnológico, las provincias integradas por vías, conectividad y servicios. Hace falta alguien que convierta esa visión en una agenda política compartida; el regreso de Revilla abre la opción de que La Paz vuelva a mirarse a sí misma como región y no sólo como un municipio aislado.

También está en juego la salud de la democracia paceña. Durante años, el departamento ha oscilado entre la hegemonía del masismo, desgastada pero resistente, y opciones opositoras fragmentadas, muchas veces más preocupadas por disputarse el voto anti MAS que por construir una mayoría propositiva. Un liderazgo como el de Revilla puede ayudar a romper esa trampa binaria, convocando a fuerzas democráticas diversas alrededor de un mínimo común denominador, la defensa del Estado de derecho, la reconciliación, el respeto a la diversidad cultural y regional, y un proyecto de desarrollo que ponga en el centro a las personas, no a los caudillos. Esa lógica de unidad democrática ya ha sido ensayada en propuestas de alcance nacional que buscan convertir la crisis en oportunidades para reconstruir mayorías estables.

El retorno de Revilla, además, puede contribuir a cerrar un ciclo oscuro de persecución y exilio que afecta no sólo a él, sino a decenas de opositores y dirigentes sociales hoy fuera del país. Si un paceño que fue Alcalde y se vio obligado a refugiarse logra volver con garantías, someterse a una justicia no manipulada y defender su inocencia, se envía una señal potente a toda la sociedad; se nos dice que es posible pasar de la revancha a la competencia democrática, de la judicialización de la política al debate programático. La Paz, como sede de los poderes del Estado, tiene la responsabilidad simbólica de inaugurar ese nuevo clima, y la figura de Revilla puede ser uno de los catalizadores.

Nada de esto, por supuesto, está garantizado. El regreso de un líder puede también tentarlo a volver a la vieja lógica del campanario, cerrar filas en torno a su grupo, administrar el recuerdo de su buena gestión y negociar desde allí cuotas de poder. La diferencia estará en que Revilla se asuma como candidato de sí mismo o como articulador de un proyecto paceño más grande que su nombre, un acuerdo que convoque a universidades, colegios profesionales, juntas vecinales, empresarios, movimientos sociales y juventudes, y que ponga sobre la mesa una agenda concreta para los próximos veinte años, con seguridad ciudadana, movilidad, empleo juvenil, economía del conocimiento, cuidado del medio ambiente e integración campo y las ciudades.

La Paz y su departamento necesitan volver a creer que su voz cuenta en el destino de Bolivia. El anunciado retorno de Luis Revilla no es una varita mágica, pero sí una oportunidad política que no se presenta todos los días, la de recuperar un liderazgo paceño con experiencia, identidad y vocación democrática, capaz de tender puentes entre partidos y generaciones. Dependerá de él, y de la madurez de las fuerzas democráticas de la región, que esa oportunidad se traduzca en un verdadero proyecto de futuro para todas y todos los paceños, residentes y migrantes, que hemos hecho de este territorio nuestro hogar.

EL NUEVO MIR

O, EL MIR DE NUEVO

Dicen que el MIR ha recuperado su sigla después de veinte años de proscripción. Es una buena noticia para la memoria democrática boliviana, pero también una pregunta incómoda, ¿qué es exactamente lo que se quiere reconstruir? ¿Un recuerdo entrañable de juventud, un sello electoral disponible para negociar cargos, o un partido de la Izquierda Nacional boliviana para el siglo XXI, con identidad nítida, progresista y sin complejos? En estas dos décadas la militancia tomó rumbos muy distintos, algunos se alinearon con la ultraderecha tecnocrática, otros con la derecha populista, otros se refugiaron en el etnonacionalismo autoritario del MAS. Muy pocos hemos intentado conservar una visión de país que corresponda con la izquierda nacional y democrática, con raíces socialdemócratas, como la que quisimos tallar hace años, un hilo nacional, democrático y popular, feminista y ecologista, fruto de una larga reflexión escrita, discutida y defendida, no de un arrebato coyuntural.

Si hoy el MIR vuelve a la escena política, la vara para medir su sentido histórico no es la nostalgia, sino la coherencia con los principios de la izquierda democrática en Bolivia y la socialdemocracia internacional. Se entiende la izquierda democrática como un movimiento por la libertad, la justicia social y la solidaridad, cuyo objetivo es una sociedad en la que cada persona pueda desarrollar plenamente su personalidad, con garantías plenas de derechos humanos y civiles, en un marco de democracia efectiva. No se trata de un estilo amable de hacer política, sino de un proyecto integral que articula democracia política, igualdad social, economía regulada al servicio de las mayorías, paz, protección del medio ambiente y respeto radical a la dignidad humana. Ese respeto no es retórico, la Carta Ética de la Internacional Socialista, insta a defender la libertad de pensamiento, de creencias, de educación y de orientación sexual, el derecho a la igualdad de trato y la lucha contra toda discriminación por género, raza, origen étnico, orientación sexual, religión o ideas, y reconoce como aliados naturales a las organizaciones de mujeres, a los verdes, a la juventud y a los movimientos LGBTIQ+. La agenda que hoy la derecha descalifica con el rótulo despectivo de “woke” no es un capricho posmoderno, sino la consecuencia lógica de los valores clásicos de la socialdemocracia: libertad, igualdad, solidaridad, paz y derechos humanos. Si el nuevo MIR no asume sin ambigüedades ese piso ético y político, no será socialdemócrata, será otra cosa, un cascarón disponible para acomodarse al viento ideológico que sople.

En este marco, la defensa del Estado laico es un punto de partida ineludible. La protección simultánea de la laicidad y de la libertad religiosa debe ser un compromiso claro, el Estado no tiene religión, protege por igual a todas las creencias y también a quienes no profesan ninguna, y sus políticas públicas se basan en derechos y evidencias, no en dogmas. En Bolivia, aunque la Constitución consagra un Estado laico, en la práctica las iglesias católicas y evangélicas, junto a distintos fundamentalismos (incluidos algunos de supuesto signo “originario”) siguen influyendo sobre leyes, políticas públicas y decisiones judiciales. Eso se ve en los debates sobre educación sexual, aborto, derechos LGBTIQ+ o violencia de género, donde se intenta imponer una moral religiosa particular como norma obligatoria para toda la sociedad. Sin Estado laico no hay igualdad plena, y sin igualdad plena no hay socialdemocracia. Un MIR dispuesto a transar este punto para quedar bien con obispos, pastores o chamanes de ocasión, renunciaría, en los hechos, a su vocación de modernidad.

Lo mismo ocurre con los derechos de las mujeres y el aborto. La socialdemocracia y sus organizaciones de mujeres han insistido en que la igualdad de género implica el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En el espacio latinoamericano y caribeño han llamado explícitamente a desarrollar políticas públicas que garanticen estos derechos en condiciones de salud reproductiva adecuada y decisión libre, informada y segura. En Bolivia, sin embargo, el aborto continúa criminalizado, salvo excepciones restringidas (violación, incesto, riesgo para la vida o la salud de la mujer, algunas malformaciones fetales) y, aun en esos casos, el acceso real está plagado de trabas burocráticas, estigma y maltrato institucional. El resultado es conocido, cientos de abortos clandestinos e inseguros y muertes evitables de mujeres, sobre todo pobres y rurales. El MIR del siglo XXI no puede mirar hacia otro lado. Si las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, si la maternidad no es libre, sino impuesta por el miedo a la sanción penal o por la presión religiosa, entonces la ciudadanía femenina es de segunda clase y la democracia se convierte en escenografía. Un partido que se reclame de izquierda democrática debe comprometerse de manera explícita con la despenalización del aborto dentro de plazos razonables, con el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, y con una educación sexual integral, laica y científica. No se trata de provocar a nadie, sino de salvar vidas, reducir desigualdades y reconocer un derecho básico a la autonomía moral. Si el nuevo MIR se refugia en ambigüedades, eufemismos o invocaciones genéricas a la “libertad de conciencia” para no incomodar al conservadurismo religioso, estará renunciando a uno de los pilares contemporáneos de la izquierda democrática en América Latina.

Algo similar vale para la diversidad sexual y de género. Se debe respetar y reforzar los derechos fundamentales, mencionando de forma expresa la orientación sexual y el derecho a la igualdad de trato, y combatir toda forma de discriminación basada en ello. En su desarrollo programático, la socialdemocracia ha situado la lucha contra la homofobia y las distintas fobias ligadas a la orientación sexual y a la identidad de género en el corazón de la construcción de una “sociedad de derechos” basada en la inclusión y la igualdad. Un partido socialdemócrata no puede tratar los derechos LGBTIQ+ como un apéndice incómodo del programa, relegado a notas al pie o a mensajes oportunistas para foros internacionales. Si hablamos en serio de dignidad y libertad, hay que defender leyes antidiscriminación efectivas; el reconocimiento igualitario de las familias diversas; el respeto a la identidad de género y la protección frente a los crímenes de odio; así como políticas públicas específicas en salud, educación, trabajo y seguridad para estos colectivos. La derecha hablará de “agenda woke” para ridiculizar esta lucha, pero lo que está en juego es algo mucho más elemental, que nadie sea golpeado, expulsado de su casa, despedido o humillado por amar a quien ama o por ser quien es. Si, al recuperar su sigla, el MIR decide hacerse el distraído con estos temas para no perder votos en sectores conservadores, no estará demostrando astucia táctica, sino renunciando a los principios que decimos abrazar.

Después de veinte años de proscripción, el verdadero riesgo es que el regreso del MIR se convierta en una operación puramente instrumental, utilizar una sigla conocida para negociar alianzas, listas y cuotas, adaptando el discurso según la moda del momento, un día guiñando el ojo a la derecha “promercado”, otro día al populismo conservador, otro al identitarismo autoritario, sin brújula propia. Para eso, francamente, no hace falta reconstruir el MIR; el sistema político boliviano ya está lleno de siglas-taxi, micropartidos y franquicias personalistas que cumplen ese papel. La única razón para invertir energía vital en esta reconstrucción es convertir al MIR en un partido socialdemócrata nítido, progresista, comprometido con la democracia pluralista y el Estado de derecho; con un Estado laico entendido como garantía de libertad e igualdad; con la igualdad sustantiva de las mujeres, incluyendo su derecho al aborto seguro; con la plena ciudadanía de las personas LGBTIQ+; con la defensa del medio ambiente y una transición ecológica justa; con la reducción radical de las desigualdades sociales y territoriales; y con un proyecto de reconciliación nacional que una, en vez de enfrentar, nuestras diversidades regionales, étnicas y culturales. Dicho de otro modo, o el nuevo MIR asume con claridad la tradición socialdemócrata y la reinterpreta creativamente para la Bolivia plurinacional de hoy, o será, en el mejor de los casos, un partido más, indistinguible del resto, condenado a girar alrededor del poder de turno.

La recuperación de la sigla, entonces, es una oportunidad, no una garantía. Si el MIR se presenta ante la sociedad boliviana con un documento fundacional claro, que se reconozca explícitamente heredero de la socialdemocracia internacional y que defienda sin ambigüedades el Estado laico, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad LGBTIQ+, la justicia social y ecológica, estaremos ante algo distinto, un partido capaz de aportar a la renovación de la política boliviana, de contribuir a la construcción de una centroizquierda moderna y de impulsar una agenda de reconciliación basada en la igualdad de derechos. Si, en cambio, el “nuevo” MIR prefiere callar o diluir estos principios para no perder viejas amistades conservadoras o posibles alianzas coyunturales, la conclusión es sencilla, no vale la pena militar allí. Porque sin una columna vertebral ética y programática, será solo un vehículo más para participar del poder, y no una herramienta para transformar el país. La disyuntiva está servida, o un MIR socialdemócrata, laico, feminista, plural y progresista, o un MIR cualquiera. Y si va a ser cualquiera, mejor dejar el nombre en la memoria afectiva, antes que verlo convertido en la caricatura de aquello por lo que una generación entera luchó.