DE RETORNO

 Luis Revilla Herrero

y los Chalecos Amarillos

La Paz vive una paradoja, sigue siendo el corazón político del país, pero hace años que carece de un liderazgo propio, arraigado en su historia y capaz de proponer un rumbo compartido para la ciudad y el departamento. En ese vacío, el anunciado regreso de Luis Revilla Herrero desde el exilio (tras más de tres años fuera del país por los procesos judiciales que él denuncia como persecución política) reordena de inmediato el tablero. No vuelve sólo un exalcalde con experiencia, vuelve uno de los pocos líderes genuinamente paceños con capacidad de convocarnos a todos y todas, tejer puentes y hablarle a la vez a Sopocachi y Villa Fátima, a la Zona Sur y a los barrios populares, a La Paz y a El Alto.

Revilla no es un recién llegado, su biografía está ligada a la ciudad desde joven, primero como concejal y luego como alcalde reelecto, identificado con una centroizquierda progresista que puso énfasis en servicios públicos, espacio urbano y ciudadanía. A esa trayectoria se suma ahora la experiencia del exilio, en la que ha insistido en el sentido del servicio como hilo conductor de su vida pública. Ese capital simbólico lo coloca en una posición particular, puede hablar de gestión, de democracia y de derechos desde la memoria concreta de lo hecho y desde la herida de haber sido expulsado del juego por razones que miles de paceños percibieron como arbitrarias.

Lo que cambia con su retorno es la posibilidad real de construir un acuerdo suprapartidario genuinamente paceño. No se trata de resucitar viejas siglas ni de armar una alianza electoral más, sino de articular un “Pacto por La Paz” que ponga por delante un proyecto de ciudad y departamento antes que las candidaturas. Ahí Revilla aporta algo escaso en la política local. Tiene vasos comunicantes con la tradición municipalista, con sectores ciudadanos de centro y con organizaciones sociales que, sin ser masistas, tampoco se reconocen en la derecha tradicional. Es, por biografía y por lenguaje, un puente verosímil.

Ese pacto, además, no puede pensarse sólo en clave municipal. La Paz es ciudad y a la vez departamento diverso con un eje metropolitano La Paz–El Alto y unas provincias que hoy funcionan sin conducción estratégica. Una propuesta programática elaborada para El Alto como “ciudad del futuro” (con ejes de desarrollo tecnológico y productivo, fortalecimiento institucional y cohesión social con equidad territorial) ofrece pistas claras; la región paceña puede convertirse en el gran nodo logístico, industrial y de conocimiento del país si articula sus vocaciones. La Paz sede de gobierno, El Alto polo productivo y tecnológico, las provincias integradas por vías, conectividad y servicios. Hace falta alguien que convierta esa visión en una agenda política compartida; el regreso de Revilla abre la opción de que La Paz vuelva a mirarse a sí misma como región y no sólo como un municipio aislado.

También está en juego la salud de la democracia paceña. Durante años, el departamento ha oscilado entre la hegemonía del masismo, desgastada pero resistente, y opciones opositoras fragmentadas, muchas veces más preocupadas por disputarse el voto anti MAS que por construir una mayoría propositiva. Un liderazgo como el de Revilla puede ayudar a romper esa trampa binaria, convocando a fuerzas democráticas diversas alrededor de un mínimo común denominador, la defensa del Estado de derecho, la reconciliación, el respeto a la diversidad cultural y regional, y un proyecto de desarrollo que ponga en el centro a las personas, no a los caudillos. Esa lógica de unidad democrática ya ha sido ensayada en propuestas de alcance nacional que buscan convertir la crisis en oportunidades para reconstruir mayorías estables.

El retorno de Revilla, además, puede contribuir a cerrar un ciclo oscuro de persecución y exilio que afecta no sólo a él, sino a decenas de opositores y dirigentes sociales hoy fuera del país. Si un paceño que fue Alcalde y se vio obligado a refugiarse logra volver con garantías, someterse a una justicia no manipulada y defender su inocencia, se envía una señal potente a toda la sociedad; se nos dice que es posible pasar de la revancha a la competencia democrática, de la judicialización de la política al debate programático. La Paz, como sede de los poderes del Estado, tiene la responsabilidad simbólica de inaugurar ese nuevo clima, y la figura de Revilla puede ser uno de los catalizadores.

Nada de esto, por supuesto, está garantizado. El regreso de un líder puede también tentarlo a volver a la vieja lógica del campanario, cerrar filas en torno a su grupo, administrar el recuerdo de su buena gestión y negociar desde allí cuotas de poder. La diferencia estará en que Revilla se asuma como candidato de sí mismo o como articulador de un proyecto paceño más grande que su nombre, un acuerdo que convoque a universidades, colegios profesionales, juntas vecinales, empresarios, movimientos sociales y juventudes, y que ponga sobre la mesa una agenda concreta para los próximos veinte años, con seguridad ciudadana, movilidad, empleo juvenil, economía del conocimiento, cuidado del medio ambiente e integración campo y las ciudades.

La Paz y su departamento necesitan volver a creer que su voz cuenta en el destino de Bolivia. El anunciado retorno de Luis Revilla no es una varita mágica, pero sí una oportunidad política que no se presenta todos los días, la de recuperar un liderazgo paceño con experiencia, identidad y vocación democrática, capaz de tender puentes entre partidos y generaciones. Dependerá de él, y de la madurez de las fuerzas democráticas de la región, que esa oportunidad se traduzca en un verdadero proyecto de futuro para todas y todos los paceños, residentes y migrantes, que hemos hecho de este territorio nuestro hogar.

EL INEXISTENTE "TRANSFONDO POLÍTICO"

El régimen encabezado por Morales Ayma en Bolivia considera que las protestas contra el Código del Sistema Penal tienen un trasfondo político y acusa a los partidos de oposición de azuzarlas.

El régimen olvida que la discusión de un reglamento penal que establece y tipifica los delitos en una sociedad va a provocar protestas siempre; por ejemplo, decir que el contrabando es un delito va a provocar el descontento inevitable de los contrabandistas, y esto no tiene trasfondo político alguno.

La protesta de los médicos y de los profesionales en salud, tocados en sus intereses, tuvo la virtud de poner sobre el tapete de la disputa, los errores, vacíos y equivocaciones de una Código mal redactado, frente al cual se han generalizado los rechazos tanto por razones de los principios democráticos que están siendo limitados o conculcados, como de intereses sectoriales y particulares de grupos o gremios que en una sociedad altamente informalizada consideran atentatorio que sus actividades se tipifiquen fuera de la ley.

Si a esto le sumamos que quienes están encargados de ejecutar la justicia y juzgar quiénes y cómo están cometiendo los delitos que establece el nuevo Código, es decir, los fiscales que acusan y los jueces que juzgan, no son sino marionetas que responden a la voluntad de lo que quiere y considera correcto Su Excelencia, entronado por ello como un tirano cualquiera, podremos entender el efecto global de la protesta y la simpatía que esta provoca en una gran mayoría de la población.

¡Sigamos movilizados hasta abrogar el Código Penal masista! Esa es la consiga, y puesta así pareciera tener un trasfondo político, aunque en origen no sea así.

Lo que si tiene es una consecuencia política. Cuando Morales Ayma y el MAS decidieron en contra del pueblo y de su decisión expresada en sendos referendos de limitar el mandato del Presidente so pena de convertirlo en un tirano que gobierna por encima de las leyes, cuatro vías para permitirle re-re-re-repostularse, buscando su re-re-re-reelección, culminó toda credibilidad en sus intenciones y llegó el descrédito de su palabra, la Constitución dejó de ser Constitución, la Ley dejo de ser la Ley, y solo quedó la voluntad y/o el capricho del Jefazo, bajo cuyos designios vivimos ya desde hace años.

En ese entonces, quienes observamos a diario las aristas del poder, dijimos que ante todo ese poder concentrado en esas únicas manos, no habría forma de evitar esa repostulación, que se impondría a sangre y fuego de ser necesario. Pero también dijimos que esa repostulación ilegal tendría un costo tan alto, que la imagen del caudillo llegaría al momento electoral en diciembre del próximo año 2019, hecha jirones. Y así vamos.

La consecuencia política del reclamo popular contra el Código Penal, redactado por el MAS en beneficio de sus propios intereses, es parte de esa caída en picada que nadie ha trazado, ni planificado, ni impulsado siquiera, como quieren ver los masistas en su delirio paranoico, sino que llega como consecuencia previsible, ante la actitud mentirosa del Primer Mandatario, que ha develado ante todos y todas, que lo único que quiere es quedarse en el poder, si posible hasta el día de su muerte.

¡Muera el Código del Sistema Penal plurinacional, carajo!

SI DE CENTRALISMO SE TRATA...

La huelga de hambre del Gobernador Felix Patzi ha puesto un dedo en la llaga del secante centralismo boliviano, pero a diferencia de la mayoría de los casos, esta vez el reclamo se gesta en la sede de gobierno, en la mismísima plaza Murillo de la ciudad de La Paz.

El reclamo forma parte de la reducción de los presupuestos que impone la coyuntura económica y que afecta a las gobernaciones, los municipios y las universidades, cuyos ingresos dependen de la coparticipación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, cuyos precios se han venido abajo los últimos años, haciéndonos “tocar tierra” y entender que la realidad no es la jauja que vivimos durante siete años, y que la despilfarró el gobierno de Morales Ayma.

El gobierno que encabeza el presidente Morales, maneja cerca de un 80% del dinero disponible, y ejecuta proyectos municipales y departamentales a diestra y siniestra y sin coordinación con las instituciones locales.

Es ahora cuando se siente el centralismo con más fuerza. La disminución de las capacidades de inversión, ejecución y decisión en departamentos y municipios, ha dejado cada día más vulnerable a la población, siendo el Gobierno interplurimultiple (no sé cómo llamarlo en este país de gobierno sin nación y naciones sin gobierno), ideologizado al extremo y autoritario al límite, quien decide lo que se hace o no, lo mismo en La Paz que en las fronteras con el Brasil, digamos que en Riberalta o Yacuiba.

Una condición del programa de oposición democrática es la descentralización radical y el respeto a las autonomías. A la inversa de lo que sucede, el nuevo pacto fiscal (terminada la era masista, se entiende) debe invertir los porcentajes: un 80% para gobernaciones y municipios y un 20% al Gobierno Central para sus tareas de coordinación y construcción de consensos y cumplir con sus pocas funciones nacionales (porque habrá que restablecer una Nación), como son las Relaciones Internacionales, la Defensa (de la Nación, no del Estado) y la coordinación de la Seguridad Interna.

Es más, soy partícipe de terminar con la recaudación centralizada y pasar esta responsabilidad a las gobernaciones, descentralizando impuestos, aduanas, policías y un sinfín de instituciones corruptas e ineficientes, a tiempo de ir mejorando las responsabilidades impositivas que tienen actualmente los municipios. Esa es la única manera de terminar con estos líderes mesiánicos, que ejercen el poder desde su voluntad, más que para cubrir las necesidades de sus pueblos y de las regiones, para cumplir sus caprichos, dejando al país en la necesidad de complacer lisonjas y adulos vergonzantes ante el mandamás de turno; que como Morales Ayma, para ello, no hay ninguno.

UN PERFIL EQUIVOCADO

Escucho al diputado Borda en Dialogo en Panamericana y me doy cuenta que para el MAS el Defensor del Pueblo es innecesario. Borda lo confunden con un defensor de los Derechos Humanos. El Defensor del Pueblo no es un defensor de los Derechos Humanos (que también), sino un defensor del cumplimientos de la ley y de las normas frente a los abusos y atropellos del Estado.

Este concepto ha de ser difícil de comprender desde el populismo autoritario, porque ellos confunden el Estado con el pueblo, lo mimetizan, por lo que será inútil defender al pueblo de si mismo.

El error es de concepto y marca la diferencia entre democracia y autoritarismo. El gobierno de Morales es autoritario, porque considera que el Estado es la encarnación institucional del pueblo, cree que estar al servicio del Estado es lo mismo que estar al servicio del pueblo, que es el mérito más importante al que puede aspirar todo ser viviente. Al contrario, si criticas al Estado, estás automáticamente atacando los intereses del pueblo.

El estado es una maquinaria burocrática que defiende intereses que le son propios, que pueden ser cercanos o no a los intereses de la ciudadanía, pero que habitualmente tienden a proteger los intereses y derechos de unos en desmedro de los de los otros. A esa finalidad vista en su devenir histórico los marxistas le llaman "el contenido de clase del Estado"; una clase social se realiza a través del Estado, haciendo suya la historia.

En el caso del Estado plurinacional de Bolivia, ese contenido empieza a hacerse visible. Y esa visibilidad nos muestra lo imperioso de la tarea del Defensor del Pueblo, frente a un Estado cuyo contenido de clase está más ligado a la realización de los interesas de los productores de coca del Chapare y sus derivados, que a los industriosos burgueses de Santa Cruz, o los emprendedores de El Alto.

De un Estado mafioso, como expresa con preocupación la propia Iglesia Católica en Bolivia, si hay razones para defenderse.

ELIGIENDO AL OMBUSDMAN

El problema para organizar la candidatura a Defensor del Pueblo en Bolivia es que esta pasa por una decisión de la Asamblea Legislativa, donde uno de los partidos tiene una mayoría suficiente (2/3) como para imponer sus candidatos sin consultar ni concertar con ningún otro.

También está la calidad de los senadores y diputados que deciden la designación. Me refiero a los valores expresados por cada uno de los representantes devenidos en electores, que no condicen con los que presupone la responsabilidad del Ombusdman; el ejemplo más claro es el valor que el conjunto le otorga a la formación personal y académica de los candidatos… es de entender.

Para evitar que los mejores profesionales o activistas de los derechos humanos o la defensa de los más humildes esquive la convocatoria, el Estado debiera actuar como cuando lo gobernó una dictadura y establecer un Servicio Civil Obligatorio; un sistema que obliga a aceptar las designaciones a las que ningún ciudadano pueda negarse.

Pero como el régimen debe mantener la careta de “democrático”, los ciudadanos interesados deben postularse voluntariamente para ser evaluados y electos. ¿Alguien cree que en estas condiciones, algún ciudadano que reúna las condiciones y credenciales que lo conviertan en un postulante idóneo y ejemplar, se va a presentar? Puede ser que veamos a personas interesantes, más con una actitud testimonial que con expectativas serias.

Usted, ciudadano o ciudadana que está leyendo, ¿se pondría a disposición de un grupo que lo vaya a evaluar por sus acciones u opiniones si no son obsecuentes con la rapiña del régimen, cuando sabemos que la calificación depende de la aceptación o no de una rosca masista corrupta que defiende el secreto de sus fechorías?

Y suponiendo que nos eligieran, para cubrir y disimular la parcialidad de los asambleístas, ¿pasaría Usted por el sainete de tener que explicar asuntos que los examinadores ni entienden, ni les interesa saber, porque por consigna previa, emana en sinuosos lupanares, ya saben por quién tienen que votar y elegir en consecuencia?

Si alguien cree que esto no es una afrenta a la dignidad de las personas y ciudadanos con condiciones para competir por semejante encomienda como es la de Defensor del Pueblo, que vaya y se presente. Para él o ella, mis mejores deseos.