EL LENGUAJE: CONSCIENCIA Y REALIDAD

Uno de los problemas menos visibles (y sin embargo más decisivos) de la sociedad boliviana es la precariedad en el dominio del castellano y otros lenguajes vigentes en el país. No se trata de una deficiencia meramente escolar ni de un asunto estético vinculado a la “buena dicción”, sino de un problema estructural que incide directamente en la forma en que comprendemos la realidad, la explicamos y la proyectamos colectivamente. En una sociedad donde el lenguaje es frágil, la conciencia social también lo es; y donde la conciencia es débil, la ciudadanía se vuelve incompleta y la democracia vulnerable.

Bolivia es un país multilingüe en el papel y, paradójicamente, empobrecido en su práctica lingüística cotidiana. Para una parte significativa (aunque no mayoritaria) de la población, el castellano no es lengua materna, sino una segunda lengua aprendida de manera incompleta, fragmentaria o meramente funcional. Al mismo tiempo, las  otras lenguas vigentes (el quechua, el aymara, el guaraní) han ido perdiendo centralidad en la vida diaria, en el espacio público y en la educación formal, sin haber sido plenamente sistematizadas ni fortalecidas como lenguas aptas para el pensamiento complejo, la escritura rigurosa y la producción intelectual.

El resultado es una situación intermedia y problemática, ya que muchas y muchos bolivianos no dominamos plenamente el castellano, pero tampoco contamos con un manejo sólido, normativo y actualizado de las otras lenguas mencionadas. Se vive, por decirlo sin eufemismos, en un “entre-lenguas” empobrecido. Este déficit no se manifiesta solo en errores gramaticales o en un vocabulario reducido, sino en la dificultad para formular ideas abstractas, argumentar con precisión, matizar posiciones, establecer relaciones causales o construir narrativas coherentes sobre la experiencia social y política.

El lenguaje no es un simple instrumento de comunicación; es el dispositivo fundamental mediante el cual se organiza la percepción del mundo. Nombrar es ordenar; conceptualizar es delimitar; narrar es conferir sentido. Cuando el lenguaje es pobre, la realidad se vuelve opaca, confusa o se reduce a consignas. Allí donde faltan palabras, sobran gritos; donde no hay conceptos, proliferan prejuicios; donde la sintaxis se debilita, la violencia simbólica encuentra terreno fértil para crecer. No es casual que las sociedades con déficits lingüísticos estructurales sean también más propensas a la simplificación del conflicto y a la radicalización identitaria.

Esta carencia tiene consecuencias políticas profundas. Una ciudadanía con limitaciones lingüísticas estructurales enfrenta mayores dificultades para comprender discursos públicos complejos, evaluar propuestas, detectar contradicciones o exigir rendición de cuentas. El debate democrático se empobrece, se simplifica y se polariza. La política degenera entonces en eslóganes, dicotomías morales rudimentarias y relatos maniqueos que excluyen el matiz y anulan la deliberación racional. En ese contexto, el adversario deja de ser un interlocutor y pasa a ser un enemigo; y la diferencia, en lugar de tramitarse mediante el diálogo, se transforma en agravio.

Aquí aparece un vínculo decisivo con el problema de la imprescindible necesidad de escucha, diálogo y reconciliación nacional y social. No puede haber reconciliación efectiva en una sociedad que carece de lenguajes compartidos para nombrar su historia, sus heridas y sus desacuerdos. La reconciliación no es silencio ni olvido, es la capacidad de narrar el conflicto sin reducirlo a insulto, de reconocer al otro sin negarlo, de procesar el pasado sin convertirlo en arma permanente. Todo eso exige lenguaje, palabras para matizar, conceptos para comprender, narrativas para integrar.

Cuando una sociedad no dispone de esas herramientas, la fractura se vuelve estructural. Las diferencias étnicas, regionales, culturales o ideológicas dejan de ser diversidad y se convierten en trincheras de guerra. El conflicto se expresa entonces como identidad cerrada y no como desacuerdo democrático. La pobreza lingüística no solo limita la participación política; limita, sobre todo, la posibilidad de construir un “nosotros” inclusivo, condición básica de cualquier proyecto nacional.

La responsabilidad de esta situación no recae en los hablantes, sino en un sistema educativo que ha fracasado en su misión más elemental: formar sujetos capaces de pensar con palabras. La educación intercultural bilingüe fue proclamada como una conquista histórica, pero no se tradujo en un fortalecimiento real de las lenguas utilizadas como lenguas de conocimiento, ni en una enseñanza rigurosa y exigente del castellano como lengua común de deliberación pública. En no pocos casos se optó por una pedagogía condescendiente, de bajos estándares, que confundió inclusión con simplificación y terminó produciendo una ciudadanía frágil, más proclive a la adhesión emocional que al juicio crítico.

Revertir este escenario exige una decisión política y cultural de largo aliento. Supone asumir que el dominio del lenguaje, oral y escrito, es una condición básica de la ciudadanía democrática. Supone también tomar en serio todas las lenguas vigentes en el país, no como emblemas identitarios congelados, sino como sistemas vivos capaces de vehiculizar ciencia, filosofía, derecho y pensamiento crítico. Y, al mismo tiempo, implica enseñar un castellano exigente, rico y preciso, no como instrumento de dominación, sino como espacio común de encuentro intersubjetivo, donde las diferencias puedan expresarse sin romper la convivencia.

En última instancia, fortalecer el lenguaje en Bolivia es fortalecer la capacidad de la sociedad para pensarse a sí misma y reconocerse en su pluralidad. Sin palabras suficientes no hay ciudadanía plena; sin lenguajes compartidos no hay reconciliación posible. Y sin una conciencia lingüísticamente articulada, toda promesa de transformación democrática corre el riesgo de quedarse —literalmente— sin palabras.

BOLIVIA Y VENEZUELA, DOS DISTINTOS DESENLACES

Durante años he sostenido (como tantos otros observadores comprometidos con la democracia) que el régimen de Nicolás Maduro había agotado toda legitimidad política al desconocer los resultados electorales en su país, vaciar de contenido a las instituciones y perpetuarse en el poder mediante la coerción. El desenlace reciente, su captura y traslado forzoso a Nueva York para responder ante la justicia norteamericana por cargos de narcotráfico y otros delitos, obliga a formular una comparación incómoda pero necesaria. ¿Por qué en Venezuela el final fue violento y mediado por una intervención externa, mientras que en Bolivia una crisis comparable pudo resolverse sin guerra civil ni ocupación extranjera?

En Venezuela, la evidencia de una victoria opositora encabezada por Edmundo González, con el liderazgo cívico de María Corina Machado, no produjo alternancia. El régimen optó por desconocer el mandato popular. Las protestas fueron masivas y persistentes, pero no lograron quebrar el núcleo decisivo del poder, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Ese apoyo no fue neutro ni circunstancial; diversos informes e investigaciones han señalado la existencia de vínculos entre estructuras del poder venezolano y economías ilegales transnacionales, con conexiones hacia Colombia, a través de las FARC y el ELN, y hacia Bolivia, en particular el Chapare, bajo el control político-sindical de Evo Morales Ayma. Cuando una cúpula militar queda capturada por redes criminales, la desobediencia democrática deja de ser un incentivo suficiente, el costo de perder el poder se vuelve existencial y se traduce, inevitablemente, en la cárcel.

En ese contexto, la intervención de Estados Unidos de Norteamérica (condenable desde el derecho internacional y problemática desde la soberanía) aparece menos como una solución que como el síntoma de un bloqueo interno total. No es una salida virtuosa; es el recurso extremo al que ha recurrido la democracia venezolana cuando el sistema político ha sido vaciado desde dentro y la ciudadanía, por sí sola, ya no logra forzar la transición.

El contraste con Bolivia resulta elocuente. En 2019, un fraude electoral acotado, diseñado con la colaboración de Cuba y la propia Venezuela, para impedir una segunda vuelta que Evo Morales probablemente habría perdido, desató una reacción cívica inédita. Durante veintiún días, la movilización pacífica y persistente de la ciudadanía quebró el artificio autoritario. Lo decisivo no fue la violencia, sino la legitimidad social de la protesta y su capacidad de interpelar a las propias fuerzas del orden. Policías y militares se replegaron y se negaron a reprimir no por romanticismo democrático, sino porque el fraude era visible, el aislamiento del gobierno era real y, dato no menor, no existía una captura estructural de las Fuerzas Armadas por economías criminales como es el caso venezolano. El costo de obedecer al régimen era, a todas luces, mayor al de alinearse con la legalidad.

En Bolivia, la transición se desarrolló a través de una secuencia institucional que, pese a sus tensiones y fragilidades, buscó preservar la legalidad constitucional y evitar un vacío de poder. Tras la renuncia de Evo Morales Ayma, quien abandonó el país y se asiló en México, se abrió un proceso de deliberación parlamentaria orientado a restablecer una Presidencia reconocida por la ley y la Constitución. En ese marco, universidades, iglesias, partidos políticos (incluido el MAS) y diversos actores de la sociedad civil cumplieron un rol decisivo de mediación y contención, favoreciendo la construcción de un acuerdo social e institucional mínimo que permitiera encauzar la crisis. Ese consenso derivó finalmente en la designación de la Dra. Jeanine Añez como Presidenta transitoria, con un mandato explícito y acotado, el convocar a nuevas elecciones y garantizar la continuidad del Estado, evitando así una escalada de violencia y afirmando una salida democrática frente a una ruptura de legitimidad.

Bolivia mostró así una fortaleza poco celebrada, una cultura cívica capaz de defender el voto y de producir una salida sin espiral de sangre. Fue una resolución imperfecta y tensa, pero democrática en su núcleo. La diferencia entre ambos casos no reside en la épica ni en la pureza de los actores, sino en variables duras, la captura del aparato coercitivo, la existencia de economías ilegales como seguro de poder y la capacidad ciudadana de presión legítima. En Venezuela, el poder militar permaneció orgánicamente alineado al régimen; en Bolivia, no.

Exaltar la experiencia boliviana no implica negar sus fragilidades, sino reconocer un mérito colectivo, haber resuelto una crisis de legitimidad sin guerra interna ni tutela extranjera. Ese capital cívico existe y debe ser cuidado. Para Venezuela, el desafío que se abre ahora es enorme. Ojalá el fin del régimen no derive en una ocupación prolongada ni en un tutelaje indefinido. La única salida sostenible pasa por la negociación política, acuerdos verificables y reconstrucción institucional, con justicia y debido proceso para los responsables, pero sin venganza ni humillación nacional; la democracia no siempre llega en envases puros; a veces emerge del conflicto y, en los peores casos, de la intervención externa, pero incluso entonces, el horizonte debe ser la soberanía democrática. Si algo enseña esta comparación es una lección tan sobria como decisiva, cuando la ciudadanía conserva capacidad de acción y el Estado no ha sido secuestrado por el crimen, la democracia puede defenderse sin fusiles extranjeros. Bolivia lo hizo; Venezuela, ojalá, pueda ahora reconstruir ese camino.

RAZÓN DE ESTADO

En política, no toda responsabilidad se agota en la aplicación mecánica de una norma. Existen circunstancias (excepcionales, incómodas, a veces desagradables) en las que la fidelidad literal a un procedimiento puede terminar poniendo en riesgo aquello que la Constitución pretende proteger, la continuidad del Estado, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica. Para esos escenarios límite existe una categoría tan antigua como controvertida, la razón de Estado.

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli,

El debate vuelve a escena en Bolivia a propósito del Decreto Supremo 5515 y de la discusión (hipotética, pero legítima) sobre la sucesión presidencial en situaciones extraordinarias. Conviene despejar desde el inicio algunos malentendidos, no se trata de diagnósticos médicos ni de juicios personales. La pregunta es otra, estrictamente institucional, ¿qué ocurre si una autoridad llamada a asumir la Jefatura del Estado no se encuentra en condiciones plenas para ejercerla, aunque sea por minutos?

La arquitectura constitucional descansa sobre un supuesto elemental, quien ejerce el Poder Ejecutivo debe hacerlo con conciencia, racionalidad y responsabilidad. Si ese supuesto se quebrara el problema dejaría de ser individual para convertirse en un riesgo de Estado. En ese escenario extremo, una sucesión automática y acrítica podría abrir la puerta a decisiones irreversibles, crisis de mando o daños institucionales de gran escala. No es alarmismo, desde la Presidencia del Ejecutivo, cinco minutos pueden bastar para causar un estropicio.

Es aquí donde la razón de Estado aparece no como coartada autoritaria, sino como principio preventivo. Su función no es suspender la democracia, sino impedir que una lectura mecánica de las reglas termine saboteando su espíritu. Si el Decreto 5515 busca ganar tiempo institucional, contener un riesgo y permitir que operen los controles formales previstos por el orden constitucional, su justificación no es el capricho de nadie, sino la prudencia republicana.

Desde luego, la razón de Estado no es (ni puede ser) un cheque en blanco. Solo es defendible bajo condiciones estrictas, temporalidad claramente delimitada, proporcionalidad de la medida, verificación objetiva del riesgo, control parlamentario y judicial efectivo, y una finalidad inequívoca de restaurar la normalidad constitucional. Fuera de esos márgenes, es abuso; dentro de ellos, es responsabilidad democrática.

Bolivia conoce demasiado bien los estragos del decisionismo y del poder ejercido sin límites. Precisamente por esa experiencia histórica, conviene recordar que gobernar no consiste únicamente en cumplir procedimientos, sino en proteger a la comunidad política frente a riesgos extremos, incluso cuando hacerlo exige decisiones incómodas.

Si hoy Rodrigo Paz Pereira encarna la continuidad institucional, el debate no debería personalizarse en torno a Edmand Lara, sino elevarse a un plano más alto, el de la responsabilidad del Estado consigo mismo. Porque la democracia no se defiende solo aplicando reglas; también se preserva evitando que el poder caiga, aunque sea fugazmente, en manos de quien no está en condiciones de ejercerlo.

Lejos de una herejía constitucional, esa puede ser, paradójicamente, la forma más sobria y exigente de lealtad a la República.

CUANDO LA REALIDAD ALCANZA A LA POLÍTICA

La discusión en torno al DS 5503 ha vuelto a poner sobre la mesa una verdad incómoda, largamente conocida y, sin embargo, sistemáticamente postergada: *la subvención a los combustibles no es sostenible*. No se trata de una revelación súbita ni de una imposición ideológica externa, sino de una corrección necesaria, forzada por la realidad económica. Durante años, una parte significativa de la ciudadanía supo (aunque prefirió no decirlo en voz muy alta) que ese esquema no podía prolongarse indefinidamente sin erosionar la estabilidad fiscal, agotar las reservas de divisas y debilitar la capacidad del Estado para cumplir sus funciones esenciales. El decreto no crea el problema; lo reconoce y lo enfrenta.

La cuestión central, sin embargo, no reside únicamente en el ajuste, sino en el modo en que éste se gestiona y se comunica. El DS 5503 no actúa en el vacío, incorpora medidas de protección social, mecanismos de estabilización de precios y señales orientadas a la reactivación productiva, con el objetivo explícito de amortiguar el impacto sobre los sectores más vulnerables y preservar el tejido de la economía real. El diagnóstico es severo, pero honesto, no hay soluciones mágicas ni salidas indoloras. Precisamente por eso, la conflictividad social que hoy se expresa en protestas intensas y discursos extremos tenderá (como lo muestra la experiencia) a procesarse y reconfigurarse con el paso del tiempo, a medida que el escenario se estabilice y se clarifiquen las reglas del juego.

Bolivia entra, inevitablemente, en un tramo exigente. Los próximos dos años demandarán sacrificio responsable, disciplina colectiva y una gestión pública firme, pero cuidadosa. Ninguna sociedad atraviesa una corrección estructural sin tensiones; sin embargo, también es cierto que las sociedades no se quiebran cuando el esfuerzo es percibido como compartido, razonable y temporal. La normalidad no se impone por decreto, se reconstruye cuando la ciudadanía comprende el rumbo, percibe que hay conducción y empieza a confiar (aunque sea de manera crítica) en que no se le está exigiendo más de lo que la situación demanda.

Aquí emerge el nudo verdaderamente decisivo, el desafío es político y democrático antes que el meramente económico. El ajuste solo será sostenible si se apoya en un pacto de confianza entre el Estado y la sociedad, fundado en transparencia, control social efectivo y protección real a quienes menos tienen. Sin ese piso ético y político, cualquier medida necesaria corre el riesgo de ser vivida como un castigo, y no como parte de una estrategia orientada al bienestar colectivo y al restablecimiento de un horizonte de desarrollo.

Lo que está en juego no es únicamente la corrección de una distorsión económica acumulada, sino la capacidad del país de atravesar la crisis sin fracturarse, sin recaer en el empate destructivo entre estatismo y privatizaciones, que ha marcado buena parte de nuestra historia reciente. Aguantar juntos, confiar sin ser ingenuos y sostener un acuerdo de convivencia democrática no son consignas retóricas ni gestos morales abstractos, son condiciones materiales para estabilizar la economía, restablecer la confianza entre bolivianos y bolivianas, preservar la democracia y abrir, más temprano que tarde, un nuevo ciclo de futuro compartido.

Ese futuro no es una promesa vacía ni una quimera voluntarista. Es positivo y posible en la medida en que Bolivia logre transformar este ajuste doloroso en una oportunidad de maduración intersubjetiva, para ordenar la economía, recomponer la institucionalidad, liberar energías productivas y reconstruir un sentido de comunidad política basado en la equidad, la responsabilidad y una esperanza razonable. No se trata de negar el sacrificado esfuerzo que viene, sino de dotarlo de sentido. Y allí, precisamente allí, empieza a construirse el futuro.

PIRÁMIDES DE CORRUPCIÓN

Si algo nos han enseñado los últimos años es que la corrupción en Bolivia no funciona como un puñado de manzanas podridas aisladas, sino como una canasta llena, organizada en estructura, en pirámide. En la Policía, las denuncias de “cuotas” y cobros por traslados, destinaciones, controles y operativos se repiten a lo largo y ancho del cuerpo institucional: el de abajo cobra al ciudadano, se queda con una parte y entrega el resto hacia arriba, hasta llegar a mandos que jamás cobran una multa, pero se benefician de cada soborno. Varios testimonios de exuniformados y oficiales han descrito precisamente este mecanismo, junto con la “enfermedad” institucional provocada por años de intromisión política y corrupción sistemática.

Por eso, si este nuevo Comandante logra exponer y suprimir la pirámide de corrupción que va desde el policía en la calle hasta la más alta cúpula —cada cual pidiendo y extorsionando, y entregando la parte correspondiente a su jefe superior— se habrá logrado un avance inimaginable hasta ahora. No se trata solo de sancionar a unos cuantos “malos policías”, sino de romper el modelo de recaudación ilegal que convierte el uniforme en franquicia de extorsión y transforma la jerarquía en red de rentas. Eso exige algo más que discursos: requiere investigaciones patrimoniales serias, rotación y evaluación de mandos, protección efectiva a denunciantes y una política de transparencia que exponga, con nombres y cifras, cómo funcionan esas cadenas.

Además, no es la única pirámide que se conoce. En la Aduana, por ejemplo, la propia institución ha tenido que procesar a cientos de funcionarios por favorecer hechos de corrupción, y aun así la percepción de coimas en los puntos de control sigue siendo altísima. Casos de sobornos en el Ministerio Público o en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua mostraron un esquema donde el dinero subía desde los niveles operativos hasta el despacho ministerial, con millones de bolivianos recaudados y blanqueados en inmuebles y lujos familiares. Lo mismo se ha visto en empresas públicas como EMAPA, descrita recientemente por el propio Gobierno como un “pulpo de corrupción”, con asociaciones fantasmas y proveedores ficticios.

De modo que el desafío es doble: o se desarman las pirámides, o ellas terminarán de desarmar al Estado. La limpieza en la Policía puede convertirse en un hito fundacional si es real, documentada y llega hasta arriba, pero solo será creíble si va acompañada por cirugías similares en la Aduana, en la Fiscalía, en las empresas públicas y en todos esos rincones donde el ciudadano ya asume que “sin coima no se mueve nada”. Romper la pirámide no es solo castigar a corruptos: es devolver a la ley su lugar de norma común y a la ciudadanía su derecho a vivir en un país donde el trámite, el control y la justicia no dependan de cuánto se está dispuesto a pagar por debajo de la mesa.

DE RETORNO

 Luis Revilla Herrero

y los Chalecos Amarillos

La Paz vive una paradoja, sigue siendo el corazón político del país, pero hace años que carece de un liderazgo propio, arraigado en su historia y capaz de proponer un rumbo compartido para la ciudad y el departamento. En ese vacío, el anunciado regreso de Luis Revilla Herrero desde el exilio (tras más de tres años fuera del país por los procesos judiciales que él denuncia como persecución política) reordena de inmediato el tablero. No vuelve sólo un exalcalde con experiencia, vuelve uno de los pocos líderes genuinamente paceños con capacidad de convocarnos a todos y todas, tejer puentes y hablarle a la vez a Sopocachi y Villa Fátima, a la Zona Sur y a los barrios populares, a La Paz y a El Alto.

Revilla no es un recién llegado, su biografía está ligada a la ciudad desde joven, primero como concejal y luego como alcalde reelecto, identificado con una centroizquierda progresista que puso énfasis en servicios públicos, espacio urbano y ciudadanía. A esa trayectoria se suma ahora la experiencia del exilio, en la que ha insistido en el sentido del servicio como hilo conductor de su vida pública. Ese capital simbólico lo coloca en una posición particular, puede hablar de gestión, de democracia y de derechos desde la memoria concreta de lo hecho y desde la herida de haber sido expulsado del juego por razones que miles de paceños percibieron como arbitrarias.

Lo que cambia con su retorno es la posibilidad real de construir un acuerdo suprapartidario genuinamente paceño. No se trata de resucitar viejas siglas ni de armar una alianza electoral más, sino de articular un “Pacto por La Paz” que ponga por delante un proyecto de ciudad y departamento antes que las candidaturas. Ahí Revilla aporta algo escaso en la política local. Tiene vasos comunicantes con la tradición municipalista, con sectores ciudadanos de centro y con organizaciones sociales que, sin ser masistas, tampoco se reconocen en la derecha tradicional. Es, por biografía y por lenguaje, un puente verosímil.

Ese pacto, además, no puede pensarse sólo en clave municipal. La Paz es ciudad y a la vez departamento diverso con un eje metropolitano La Paz–El Alto y unas provincias que hoy funcionan sin conducción estratégica. Una propuesta programática elaborada para El Alto como “ciudad del futuro” (con ejes de desarrollo tecnológico y productivo, fortalecimiento institucional y cohesión social con equidad territorial) ofrece pistas claras; la región paceña puede convertirse en el gran nodo logístico, industrial y de conocimiento del país si articula sus vocaciones. La Paz sede de gobierno, El Alto polo productivo y tecnológico, las provincias integradas por vías, conectividad y servicios. Hace falta alguien que convierta esa visión en una agenda política compartida; el regreso de Revilla abre la opción de que La Paz vuelva a mirarse a sí misma como región y no sólo como un municipio aislado.

También está en juego la salud de la democracia paceña. Durante años, el departamento ha oscilado entre la hegemonía del masismo, desgastada pero resistente, y opciones opositoras fragmentadas, muchas veces más preocupadas por disputarse el voto anti MAS que por construir una mayoría propositiva. Un liderazgo como el de Revilla puede ayudar a romper esa trampa binaria, convocando a fuerzas democráticas diversas alrededor de un mínimo común denominador, la defensa del Estado de derecho, la reconciliación, el respeto a la diversidad cultural y regional, y un proyecto de desarrollo que ponga en el centro a las personas, no a los caudillos. Esa lógica de unidad democrática ya ha sido ensayada en propuestas de alcance nacional que buscan convertir la crisis en oportunidades para reconstruir mayorías estables.

El retorno de Revilla, además, puede contribuir a cerrar un ciclo oscuro de persecución y exilio que afecta no sólo a él, sino a decenas de opositores y dirigentes sociales hoy fuera del país. Si un paceño que fue Alcalde y se vio obligado a refugiarse logra volver con garantías, someterse a una justicia no manipulada y defender su inocencia, se envía una señal potente a toda la sociedad; se nos dice que es posible pasar de la revancha a la competencia democrática, de la judicialización de la política al debate programático. La Paz, como sede de los poderes del Estado, tiene la responsabilidad simbólica de inaugurar ese nuevo clima, y la figura de Revilla puede ser uno de los catalizadores.

Nada de esto, por supuesto, está garantizado. El regreso de un líder puede también tentarlo a volver a la vieja lógica del campanario, cerrar filas en torno a su grupo, administrar el recuerdo de su buena gestión y negociar desde allí cuotas de poder. La diferencia estará en que Revilla se asuma como candidato de sí mismo o como articulador de un proyecto paceño más grande que su nombre, un acuerdo que convoque a universidades, colegios profesionales, juntas vecinales, empresarios, movimientos sociales y juventudes, y que ponga sobre la mesa una agenda concreta para los próximos veinte años, con seguridad ciudadana, movilidad, empleo juvenil, economía del conocimiento, cuidado del medio ambiente e integración campo y las ciudades.

La Paz y su departamento necesitan volver a creer que su voz cuenta en el destino de Bolivia. El anunciado retorno de Luis Revilla no es una varita mágica, pero sí una oportunidad política que no se presenta todos los días, la de recuperar un liderazgo paceño con experiencia, identidad y vocación democrática, capaz de tender puentes entre partidos y generaciones. Dependerá de él, y de la madurez de las fuerzas democráticas de la región, que esa oportunidad se traduzca en un verdadero proyecto de futuro para todas y todos los paceños, residentes y migrantes, que hemos hecho de este territorio nuestro hogar.

EL NUEVO MIR

O, EL MIR DE NUEVO

Dicen que el MIR ha recuperado su sigla después de veinte años de proscripción. Es una buena noticia para la memoria democrática boliviana, pero también una pregunta incómoda, ¿qué es exactamente lo que se quiere reconstruir? ¿Un recuerdo entrañable de juventud, un sello electoral disponible para negociar cargos, o un partido de la Izquierda Nacional boliviana para el siglo XXI, con identidad nítida, progresista y sin complejos? En estas dos décadas la militancia tomó rumbos muy distintos, algunos se alinearon con la ultraderecha tecnocrática, otros con la derecha populista, otros se refugiaron en el etnonacionalismo autoritario del MAS. Muy pocos hemos intentado conservar una visión de país que corresponda con la izquierda nacional y democrática, con raíces socialdemócratas, como la que quisimos tallar hace años, un hilo nacional, democrático y popular, feminista y ecologista, fruto de una larga reflexión escrita, discutida y defendida, no de un arrebato coyuntural.

Si hoy el MIR vuelve a la escena política, la vara para medir su sentido histórico no es la nostalgia, sino la coherencia con los principios de la izquierda democrática en Bolivia y la socialdemocracia internacional. Se entiende la izquierda democrática como un movimiento por la libertad, la justicia social y la solidaridad, cuyo objetivo es una sociedad en la que cada persona pueda desarrollar plenamente su personalidad, con garantías plenas de derechos humanos y civiles, en un marco de democracia efectiva. No se trata de un estilo amable de hacer política, sino de un proyecto integral que articula democracia política, igualdad social, economía regulada al servicio de las mayorías, paz, protección del medio ambiente y respeto radical a la dignidad humana. Ese respeto no es retórico, la Carta Ética de la Internacional Socialista, insta a defender la libertad de pensamiento, de creencias, de educación y de orientación sexual, el derecho a la igualdad de trato y la lucha contra toda discriminación por género, raza, origen étnico, orientación sexual, religión o ideas, y reconoce como aliados naturales a las organizaciones de mujeres, a los verdes, a la juventud y a los movimientos LGBTIQ+. La agenda que hoy la derecha descalifica con el rótulo despectivo de “woke” no es un capricho posmoderno, sino la consecuencia lógica de los valores clásicos de la socialdemocracia: libertad, igualdad, solidaridad, paz y derechos humanos. Si el nuevo MIR no asume sin ambigüedades ese piso ético y político, no será socialdemócrata, será otra cosa, un cascarón disponible para acomodarse al viento ideológico que sople.

En este marco, la defensa del Estado laico es un punto de partida ineludible. La protección simultánea de la laicidad y de la libertad religiosa debe ser un compromiso claro, el Estado no tiene religión, protege por igual a todas las creencias y también a quienes no profesan ninguna, y sus políticas públicas se basan en derechos y evidencias, no en dogmas. En Bolivia, aunque la Constitución consagra un Estado laico, en la práctica las iglesias católicas y evangélicas, junto a distintos fundamentalismos (incluidos algunos de supuesto signo “originario”) siguen influyendo sobre leyes, políticas públicas y decisiones judiciales. Eso se ve en los debates sobre educación sexual, aborto, derechos LGBTIQ+ o violencia de género, donde se intenta imponer una moral religiosa particular como norma obligatoria para toda la sociedad. Sin Estado laico no hay igualdad plena, y sin igualdad plena no hay socialdemocracia. Un MIR dispuesto a transar este punto para quedar bien con obispos, pastores o chamanes de ocasión, renunciaría, en los hechos, a su vocación de modernidad.

Lo mismo ocurre con los derechos de las mujeres y el aborto. La socialdemocracia y sus organizaciones de mujeres han insistido en que la igualdad de género implica el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. En el espacio latinoamericano y caribeño han llamado explícitamente a desarrollar políticas públicas que garanticen estos derechos en condiciones de salud reproductiva adecuada y decisión libre, informada y segura. En Bolivia, sin embargo, el aborto continúa criminalizado, salvo excepciones restringidas (violación, incesto, riesgo para la vida o la salud de la mujer, algunas malformaciones fetales) y, aun en esos casos, el acceso real está plagado de trabas burocráticas, estigma y maltrato institucional. El resultado es conocido, cientos de abortos clandestinos e inseguros y muertes evitables de mujeres, sobre todo pobres y rurales. El MIR del siglo XXI no puede mirar hacia otro lado. Si las mujeres no pueden decidir sobre su cuerpo, si la maternidad no es libre, sino impuesta por el miedo a la sanción penal o por la presión religiosa, entonces la ciudadanía femenina es de segunda clase y la democracia se convierte en escenografía. Un partido que se reclame de izquierda democrática debe comprometerse de manera explícita con la despenalización del aborto dentro de plazos razonables, con el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, y con una educación sexual integral, laica y científica. No se trata de provocar a nadie, sino de salvar vidas, reducir desigualdades y reconocer un derecho básico a la autonomía moral. Si el nuevo MIR se refugia en ambigüedades, eufemismos o invocaciones genéricas a la “libertad de conciencia” para no incomodar al conservadurismo religioso, estará renunciando a uno de los pilares contemporáneos de la izquierda democrática en América Latina.

Algo similar vale para la diversidad sexual y de género. Se debe respetar y reforzar los derechos fundamentales, mencionando de forma expresa la orientación sexual y el derecho a la igualdad de trato, y combatir toda forma de discriminación basada en ello. En su desarrollo programático, la socialdemocracia ha situado la lucha contra la homofobia y las distintas fobias ligadas a la orientación sexual y a la identidad de género en el corazón de la construcción de una “sociedad de derechos” basada en la inclusión y la igualdad. Un partido socialdemócrata no puede tratar los derechos LGBTIQ+ como un apéndice incómodo del programa, relegado a notas al pie o a mensajes oportunistas para foros internacionales. Si hablamos en serio de dignidad y libertad, hay que defender leyes antidiscriminación efectivas; el reconocimiento igualitario de las familias diversas; el respeto a la identidad de género y la protección frente a los crímenes de odio; así como políticas públicas específicas en salud, educación, trabajo y seguridad para estos colectivos. La derecha hablará de “agenda woke” para ridiculizar esta lucha, pero lo que está en juego es algo mucho más elemental, que nadie sea golpeado, expulsado de su casa, despedido o humillado por amar a quien ama o por ser quien es. Si, al recuperar su sigla, el MIR decide hacerse el distraído con estos temas para no perder votos en sectores conservadores, no estará demostrando astucia táctica, sino renunciando a los principios que decimos abrazar.

Después de veinte años de proscripción, el verdadero riesgo es que el regreso del MIR se convierta en una operación puramente instrumental, utilizar una sigla conocida para negociar alianzas, listas y cuotas, adaptando el discurso según la moda del momento, un día guiñando el ojo a la derecha “promercado”, otro día al populismo conservador, otro al identitarismo autoritario, sin brújula propia. Para eso, francamente, no hace falta reconstruir el MIR; el sistema político boliviano ya está lleno de siglas-taxi, micropartidos y franquicias personalistas que cumplen ese papel. La única razón para invertir energía vital en esta reconstrucción es convertir al MIR en un partido socialdemócrata nítido, progresista, comprometido con la democracia pluralista y el Estado de derecho; con un Estado laico entendido como garantía de libertad e igualdad; con la igualdad sustantiva de las mujeres, incluyendo su derecho al aborto seguro; con la plena ciudadanía de las personas LGBTIQ+; con la defensa del medio ambiente y una transición ecológica justa; con la reducción radical de las desigualdades sociales y territoriales; y con un proyecto de reconciliación nacional que una, en vez de enfrentar, nuestras diversidades regionales, étnicas y culturales. Dicho de otro modo, o el nuevo MIR asume con claridad la tradición socialdemócrata y la reinterpreta creativamente para la Bolivia plurinacional de hoy, o será, en el mejor de los casos, un partido más, indistinguible del resto, condenado a girar alrededor del poder de turno.

La recuperación de la sigla, entonces, es una oportunidad, no una garantía. Si el MIR se presenta ante la sociedad boliviana con un documento fundacional claro, que se reconozca explícitamente heredero de la socialdemocracia internacional y que defienda sin ambigüedades el Estado laico, los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad LGBTIQ+, la justicia social y ecológica, estaremos ante algo distinto, un partido capaz de aportar a la renovación de la política boliviana, de contribuir a la construcción de una centroizquierda moderna y de impulsar una agenda de reconciliación basada en la igualdad de derechos. Si, en cambio, el “nuevo” MIR prefiere callar o diluir estos principios para no perder viejas amistades conservadoras o posibles alianzas coyunturales, la conclusión es sencilla, no vale la pena militar allí. Porque sin una columna vertebral ética y programática, será solo un vehículo más para participar del poder, y no una herramienta para transformar el país. La disyuntiva está servida, o un MIR socialdemócrata, laico, feminista, plural y progresista, o un MIR cualquiera. Y si va a ser cualquiera, mejor dejar el nombre en la memoria afectiva, antes que verlo convertido en la caricatura de aquello por lo que una generación entera luchó.

ECOLOGÍA Y RECONCILIACIÓN

En Bolivia estamos acostumbrados a pensar la reconciliación en clave política, vencedores y vencidos, golpes y transiciones, memorias enfrentadas. Pero en pleno siglo XXI, si el gobierno de Rodrigo Paz Pereira quiere reconstruir el tejido social y abrir un nuevo ciclo democrático, no le bastará con un buen diseño institucional para la Reconciliación Nacional y Social. Necesita un segundo pilar igual de decisivo, una política ecológica seria, coherente y sostenida en el tiempo. Sin transición ecológica, no habrá reconciliación duradera; sin reconciliación, la transición ecológica se convertirá en otra fuente de conflicto.

Lo primero es entender que la crisis ambiental no es un tema “verde” de nicho, ni una excentricidad de ONGs internacionales. Es el espejo brutal del agotamiento de nuestro modelo de desarrollo. Detrás de los incendios que arrasan millones de hectáreas, de los ríos contaminados con mercurio, de los suelos agotados y de las áreas protegidas arrinconadas por la expansión irregular de la frontera agrícola, hay una forma de hacer política y economía, extraer rápido, repartir mal y mirar hacia otro lado. Ese modelo ha enfrentado regiones, comunidades y culturas; ha beneficiado a pocos y ha cargado los costos sobre pueblos indígenas, campesinos y barrios populares. Es decir, ha sido una fábrica silenciosa de resentimiento.

Cuando el gobierno de Rodrigo Paz propone una agenda ecológica que combina Deforestación Cero, restauración de bosques y suelos, protección estricta de cuencas, transición energética y una nueva gobernanza sobre el litio, no está “agregando” un capítulo moderno a su plan de gobierno. Está tocando el corazón mismo de la conflictividad boliviana. Y, sobre todo, está creando condiciones materiales para que la política de Reconciliación Nacional y Social tenga sentido para la gente común.

Una política de Estado para la reconciliación debe responder, al menos, a tres tipos de fracturas, territoriales, sociales e históricas. La agenda ecológica ayuda a las tres.

Primero, las fracturas territoriales. Hoy, la polarización “cambas vs collas” se expresa también en el mapa de la devastación, incendios y desmontes masivos en el oriente; crisis hídrica y retroceso de glaciares en el occidente; tensiones por la tierra y los bosques en la Amazonía y el Chaco. Si el gobierno impulsa un plan de Deforestación Cero con monitoreo satelital y participación ciudadana; si reforesta masivamente con especies nativas; si blinda áreas protegidas y territorios indígenas frente al avance ilegal; si ordena el uso del suelo con criterios técnicos y no clientelares, está haciendo algo más que “cuidar la naturaleza”, está enviando una señal de justicia territorial. El Estado deja de autorizar, por acción u omisión, que unas regiones “quemen” su propio futuro para sostener privilegios de otras; se convierte en árbitro equitativo de la casa común.

Segundo, las fracturas sociales. La reconciliación que hemos venido pensando no es solo entre élites políticas; es entre un Estado que durante décadas ha socializado los daños y privatizado los beneficios, y unas mayorías que han pagado el precio con su salud, su agua y sus medios de vida. Por eso, cuando se plantea erradicar progresivamente el mercurio, proteger cabeceras de cuenca y recuperar suelos degradados, se está hablando de reparación ecológica y social, de devolver, en la medida de lo posible, condiciones de vida digna a quienes fueron tratados como habitando "zonas de sacrificio". Si, además, se decide que los excedentes del litio se destinen de manera transparente a educación, salud y transición energética, la política ecológica se vuelve un mecanismo de redistribución, el nuevo ciclo productivo deja de ser un enclave más y se convierte en un motor compartido del desarrollo humano.

Tercero, las fracturas históricas. La Reconciliación Nacional y Social exige cerrar el ciclo nacional-popular e inaugurar un ciclo ciudadano, plural y democrático, donde libertad, igualdad e inclusión se sostengan en un proyecto de país compartido. La ecología, bien entendida, le da contenido concreto a ese horizonte, producimos, sí, pero sin incendiar el futuro; aprovechamos el litio, sí, pero para financiar la educación de nuestros hijos y la energía limpia que necesitaremos mañana; defendemos la propiedad y la iniciativa privada, sí, pero bajo reglas que impiden que la ganancia de unos se pague con el envenenamiento de otros. Es una manera de reconciliarnos también con nuestra propia historia, dejar atrás el papel de territorio colonial extractivo y asumir el desafío de ser una República que cuida responsablemente sus bienes comunes.

Aquí entra en escena un actor decisivo, la juventud. No es casual que las principales demandas ecológicas en Bolivia y en el mundo vengan de las y los jóvenes. Para ellos, el cambio climático no es una estadística, es el telón de fondo de sus vidas. Ven arder los bosques, secarse los ríos, retroceder las nieves que sus abuelos conocieron; y sienten que se les está robando el futuro a cuenta gotas. Una política de reconciliación que solo hable de heridas del pasado pero ignore el miedo y la rabia de las generaciones más jóvenes frente al colapso ambiental, será percibida como un ajuste de cuentas entre adultos, no como un proyecto de país.

Precisamente por eso, las medidas ecológicas del gobierno de Rodrigo Paz deberán tener un valor político adicional, pueden convertirse en el núcleo de un pacto intergeneracional. Una Escuela Nacional de Educación Ambiental, la incorporación de contenidos ecológicos en la currícula, los programas de emprendimiento verde para jóvenes y mujeres, la promoción de empleo vinculado a la transición energética y a la restauración de ecosistemas, son mucho más que políticas sectoriales. Son la forma de decirle a una generación entera, “ustedes no son solo quienes protestan en las calles con carteles reciclados; son quienes van a diseñar, gestionar y beneficiarse de la nueva economía verde boliviana”.

Si desde la Presidencia Plurinacional de la República se articula el trabajo de Reconciliación Nacional y Social con esta agenda ecológica —por ejemplo, tratando los conflictos socioambientales como prioridades, promoviendo diálogos territoriales sobre uso de suelo, agua y litio, incorporando la voz de la juventud y de las comunidades indígenas en el diseño de políticas—, la reconciliación dejará de ser una abstracción. Se volverá experiencia concreta, acuerdos locales para cuidar una cuenca, mesas de diálogo entre productores agroindustriales y comunidades afectadas por la quema, pactos regionales para transitar hacia formas de producción más sostenibles, con apoyos técnicos y financieros reales.

La reconstrucción del tejido social no se logrará solo con campañas de “tolerancia” o con actos simbólicos —que son necesarios—, sino también con proyectos compartidos que obliguen a cooperar. Nada obliga tanto a cooperar como gestionar un recurso común del que depende la vida, el agua de una cuenca, el bosque que protege una comunidad, la tierra de la que comen varias generaciones. Ahí, la combinación entre política ecológica y política de reconciliación tiene un potencial inmenso, crea espacios de escucha concreta (“¿cómo usamos este río?”), de diálogo informado (“¿qué alternativas a la quema tenemos?”) y de confianza ganada (“el compromiso que firmamos se cumplió, el Estado no nos mintió otra vez”).

Finalmente, hay un factor de legitimidad institucional que no debe subestimarse. La confianza en el Estado boliviano está muy dañada. Promesas incumplidas, leyes que no se aplican, instituciones capturadas, corrupción y opacidad han erosionado la credibilidad. Si, en los primeros días, el gobierno declara la emergencia ambiental y climática, pone en marcha un sistema de monitoreo con datos abiertos, deroga las leyes que incentivan desmontes e incendios y somete a auditoría pública las concesiones ilegales, estará enviando un mensaje potente: "esta vez vamos en serio". Si esa coherencia se mantiene en el tiempo, la percepción de legitimidad del Estado puede empezar a cambiar justamente allí donde hoy es más baja.

Por eso, cuando hablemos de la política de Reconciliación Nacional y Social del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, deberíamos dejar de pensar la ecología como un “anexo bonito” y empezar a verla como uno de sus cimientos. Cuidar los bosques, el agua, el clima y la biodiversidad no es un lujo de países ricos; en un país tan fracturado como el nuestro, es una condición de posibilidad para la paz social. La casa común no es una metáfora poética, es el territorio donde debemos aprender a vivir juntos, sin quemarnos el futuro unos a otros. Y nada reconciliará tanto a Bolivia consigo misma como descubrir que defender esa casa (de manera justa, democrática y participativa) puede ser, por primera vez, un proyecto compartido entre regiones, culturas y generaciones.

FIN DEL "ESTADO TRANCA"

Cambiar equipos cuando hay transición de gobierno no es un juego, es una cirugía fina. Si se opera con prisa o con ideología ciega, se pierde memoria institucional; si se le teme al cambio, se perpetúa la ineficiencia.

El mandato es claro, desmontar el “Estado tranca”, esa economía de la demora que convirtió los trámites redundantes y las firmas superfluas en peajes. ¿Cómo? Reduciendo dotaciones sobredimensionadas, cortando incentivos a la extorsión y reorganizando procesos bajo una regla sencilla: "digital por defecto, presencial por excepción"; ventanilla única, interoperabilidad de datos y plazos máximos obligatorios.

El punto de partida es reconocer lo que existe. En muchas oficinas hay funcionarias y funcionarios que manejan normas, sistemas y ciclos presupuestarios con pericia. No todos son del MAS, y la procedencia política (ayer como hoy) no sustituye la evaluación por desempeño, probidad y resultados. Descartar esas capacidades por reflejo partidario sería fabricar a pulso un Estado amnésico.

La justicia política también cuenta. Es legítimo que quienes trabajaron en la campaña de Rodrigo Paz o de Samuel Doria Medina tengan prioridad para acceder a cargos, el Estado no es ajeno a la política. Pero esa prioridad solo vale si se alinea con perfiles, méritos y competencias comprobables. Primero servicio y mérito; luego afinidad. Invertir el orden no desmonta la tranca, apenas la muda de lugar.

Conviene recordar que antes del MAS se avanzaba en la profesionalización del Servicio Civil, concursos, exámenes y estabilidad habían institucionalizado cerca de la mitad del aparato. Volver a esa senda no es nostalgia, es sentido común. Y debe hacerse concursos abiertos y públicos, jurados mixtos (Estado, academia, sociedad civil), evaluaciones de desempeño y estabilidad condicionada al cumplimiento de metas.

El método importa. En los primeros días, auditar puestos y procesos para mapear cargas y duplicidades; aplicar un “semáforo” de personal que preserve a quienes son clave, recualifique a quienes pueden mejorar y separe (con debido proceso) a quienes no cumplan estándares; y abrir concursos transparentes con una ventana de prioridad para quienes apoyaron la campaña, siempre que acrediten idoneidad. Todo con resultados auditables y publicación de listas, puntajes y fundamentos.

Para evitar recaídas, se requieren salvaguardas, topes de dotación por entidad y un catálogo único de puestos que impida el crecimiento inercial; contratos con fecha de caducidad en proyectos y evaluación ex post de impacto; un código anticorrupción operativo que obligue a declarar conflictos de interés, verifique patrimonios, rote personal en áreas sensibles y sancione la mora injustificada; y KPIs públicos por entidad/tiempos de trámite, satisfacción ciudadana) para medir, comparar y corregir.

Una transición inteligente no niega la política, la ordena. Recompensa la lealtad, pero la subordina al mérito; reduce la burocracia, pero preserva la experiencia; acelera los trámites, pero refuerza los controles. Ese equilibrio es la llave para desmontar el “Estado tranca”. Menos barreras, más servicio, que el cambio se note en la ventanilla y en la vida cotidiana.

LA REPÚBLICA PLURINACIONAL

En las teorías políticas conviven varias maneras de entender el Estado. Mi mirada lo piensa como un aparato público que organiza el poder para legislar, gobernar e impartir justicia sobre y con la población que habita un determinado territorio.

La tradición republicana añade la forma, el poder se ejerce bajo el imperio de la ley, con división e independencia de poderes y controles recíprocos. Otras lecturas interpelan su contenido real, a quién le sirve y cómo se usa, porque sin límites efectivos el aparato termina capturado por intereses particulares. No son visiones que se excluyan, se complementan y obligan a una definición práctica y exigente.

Mi propuesta es clara y compatible con la diversidad del país, Bolivia es una República (la forma que limita y ordena el poder) cuyo Estado es plurinacional (la composición de su ciudadanía reconocida). No hay contradicción. La República fija reglas, leyes, derechos, separación de poderes, etc.. La plurinacionalidad reconoce que gobernamos sobre distintos pueblos que por razón de origen pueden considerarse naciones. La primera ordena; la segunda incluye. Juntas construyen un nosotros democrático.

Esta diferencia es trascendental. El masismo concibe al Estado como conteniendo a la sociedad, en su visión todas y todos los ciudadanos somos parte del Estado y es el Estado el que se compone en Sociedad Política y Sociedad Civil. Una visión republicana concibe al Estado como una oficina desde la que se gobierna y se regula la convivencia de la sociedad, el Estado es la Sociedad Política, mientras que fuera de él están las instituciones de la Sociedad Civil. Somos ciudadanos que ejercemos nuestra libertad, no somos funcionarios, ni subditos de un Estado.

Ese tipo de Estado debe cumplir sin ambigüedades sus tareas esenciales. Legislar, gobernar e impartir justicia; el Legislativo hace leyes, el Ejecutivo administra y ejecuta, el Judicial resuelve conflictos y protege derechos. Sin esa separación no hay República sino arbitrariedad. Por eso es innegociable una reforma judicial basada en mérito, carrera y transparencia.

El monopolio de la fuerza es exclusivo y único, pero estrictamente sometido a la ley. Fuerzas Armadas y Policía bajo conducción civil y control democrático; protocolos de uso proporcional de la coerción; y un Defensor del Pueblo capaz de proteger a la ciudadanía frente a abusos del propio Estado. Autoridad sí; discrecionalidad, no.

Garantizar derechos, seguridad jurídica y orden público es indelegable. Sin seguridad jurídica no hay inversión, empleo ni futuro; sin seguridad ciudadana no hay libertad. La prevención, la regulación y la sanción deben regirse por reglas claras, previsibles y estables. Primero la ley; nunca el capricho.

También corresponde al Estado coordinar y regular la economía cuentas claras. Recaudar, gastar y rendir cuentas con reglas fiscales; priorizar bienes públicos como la salud, la educación, la infraestructura. Esto exige autonomías vivas y un pacto fiscal efectivo, con competencias definidas y mayor capacidad de recaudación y gestión subnacional, para que la solución esté más cerca de la gente.

El Estado representa el interés general sin confundirse con la sociedad. No es el país en si mismo (como ha pretendido el MAS), ni un gobierno de turno, sirve a la ciudadanía y está sometido a la Constitución. Cuando el aparato estatal se confunde con “el pueblo”, se borran los límites y se abre la puerta a la corrupción y al abuso.

De esta arquitectura se desprende un modelo operativo nítido: un Estado pequeño pero fuerte, descentralizado y eficiente. Pequeño, porque no pretende hacerlo todo ni suplantar a la sociedad; fuerte, porque hace bien lo que le toca y no renuncia a su autoridad; descentralizado, porque decide junto a los territorios; eficiente, porque se organiza por resultados y rinde cuentas.

Nuestra apuesta republicana y plurinacional no es consigna sino un contrato institucional para recomponer confianzas, proteger libertades y encender de nuevo el motor del desarrollo. Se sostiene en reglas estables con separación de poderes y control recíproco; en una justicia que funcione por mérito, carrera, transparencia y acceso real; en una fuerza legítima y limitada, con seguridad que respeta derechos, responde a mando civil y al control democrático; descentralizado, con recursos equitativamente distribuidos, mediante un pacto fiscal y autonomías plenas para los gobiernos locales que deciden y rinden cuentas.

Bolivia necesita ese "Estado-oficina" que ordene, incluya y haga cumplir la ley; una República que sea ese poder y una plurinacionalidad que reconozca a todos y todas. Ese es el camino para pasar del conflicto repetido a la convivencia democrática, y del estancamiento a un progreso compartido. 

LA CORRUPCIÓN

Los gobiernos pasan, como procesiones por las plazas, dejan una foto en la galería de Presidentes, una línea en la enciclopedia y algún almanaque colgado en la tienda del barrio. Lo que de veras queda no es la efigie, sino el sedimento, hábitos, léxicos, maneras de tratarse y de desconfiar, esas pequeñas teologías del “así se hace” que una época imprime en las costumbres. La política, más que un código de normas, es una escuela de gestos; y el gesto, cuando se repite, termina fundando una moral.

Veinte años del MAS son, en escala histórica, una era completa. Dos décadas alcanzan para fijar gramáticas (lo que se puede decir y lo que se considera posible) y para volver natural lo que empezó como una emergencia. Uno puede sacudirse como quiltro después del baño y creer que se libró de la mugre; no siente que el olor ya colonizó la fibra. Por eso las marcas que ciertas prácticas dejan en la psique colectiva no se borran con la alternancia ni con un decreto, exigen memoria larga y un trabajo sostenido de limpieza institucional.

Nuestra vida civil fue tomada por la retórica de la sospecha, nos miramos como si el otro fuera un documento falsificado con sello adulterado. El desprecio (ese hábito que vuelve objeto al prójimo) se deslizó sin ceremonia hasta el odio cotidiano. Y la política, degradada a escalera, se entendió como el arte de trepar sin convicciones, un ascensor social que pide pocos exámenes y exige muchas coimas. Nada nuevo bajo el sol, lo específico, pero lo grave es que la rapiña de lo público se volvió rutina, reglamento no escrito que se aprende por ósmosis y contagio.

Que la corrupción exista desde los escribas hace milenios es algo que se sabe. Lo alarmante es su metamorfosis, de pecado a procedimiento, de excepción vergonzante a protocolo tácito. Cuando en aduanas, impuestos, policía, fiscalía o ministerio público la exacción adopta forma de pirámide (diezmo que sube hasta el jefe pasando por el funcionario, el ujier, y del ujier al portero), ya no asistimos a la picardía del pícaro, sino a una liturgia. El mal deja de esconderse y se vuelve catecismo. Y un catecismo produce creyentes.

¿Cómo se desarma una religión equivocada? Con otra liturgia. La de la transparencia hecha hábito; la del trámite a la intemperie; la de la probidad (palabra simple y contundente) encarnada en personas dispuestas a jugarse el pellejo a cambio del descanso en su conciencia. Eso toma tiempo y método, paciencia, instituciones y, sobre todo, voluntad política. No el ademán para la foto, sino un contrato moral que obligue a gobernantes y gobernados a someterse a verificación y castigo, a sistemas de incentivos y controles que no dependan de los humores del gobernante.

No somos marcianos, somos humanos, mamíferos simbólicos. Allí donde países con historias ásperas de corrupción recompusieron sus pactos cívicos, no hubo milagros, hubo educación, ejemplaridad, sanción eficaz, premio a la honestidad, cultura de trámite simple y de dato público. Si ellos pudieron (por disciplina institucional, no por superioridad), nosotros también. La tarea es grande como una catedral y prosaica como una ventanilla en cualquier ministerio; es cosa de levantar estructuras mientras barremos el polvo del día.

Empecemos por lo básico y revolucionario, tratar la cosa pública como sagrada y al adversario como un interlocutor legítimo. Después, persistir. Porque las repúblicas (a diferencia de los almanaques) no cuelgan de un clavo, se sostienen cada día con manos limpias y con un poco de humor, para no perderse en el laberinto. ¡Vamos a intentarlo!

EL VOTO: pérdidas y ganancias

Aquí no se ganó ni se perdió; se abrió, con crudeza, la página donde el país se miró sin maquillaje. La derrota de Tuto Quiroga no es un tropiezo táctico ni el capricho de una encuesta, exhibe el límite cultural de una élite que confunde el decorado con el cuarto, el trending topic con la memoria social. En Bolivia, parte de la sociedad no soporta mirarse en la herida colonial que se repite, una y otra vez, con el mismo error. Lo escribió ayer Susana Bejarano sin rodeos y yo le creo: el “error” no fue del manual electoral de Durán Barba, fue que se equivocaron de país. Cuando estallaron los tuits racistas del candidato a vicepresidente de LIBRE, se intentó rebajarlos a que eran solo ruido; en realidad tocaban un nervio que nos atraviesa y que es memoria viva. Ahí, en esa sílaba mal dicha, se decidió la campaña.

Horas después del balotaje vimos el envés del tapiz, protestar es un derecho; volver dogma a una sospecha, no. La incredulidad creció en los claustros digitales donde el espejo repite al espejo, “nadie apoya a Rodrigo Paz” –decían–, “todos son de Tuto”, y se lo creían. Cuando el conteo contradijo esa cámara de ecos, apareció la palabra ritual, “¡fraude!”. Pero las redes administran percepciones, no sustituyen el escrutinio.

Los hechos, incómodos como cualquier evidencia, no calzan con el relato conspirativo. Rodrigo Paz venció casi con un 10% por encima de su rival; el resultado es inobjetable. LIBRE pidió auditorías y acceso a actas (gesto saludable en una República) mientras observadores y autoridades electorales respaldaron la validez del proceso. Pedir transparencia no equivale a predicar fraude; convertir dudas de WhatsApp en certezas nacionales sí erosiona la convivencia.

Pero el problema es más hondo. En campaña reapareció, sin disfraz, una intolerancia de clase que llama “natural” a lo que es violencia simbólica, el “mascacocas hediondo”, al “mueran los collas”, al desprecio por el origen popular. No es una anécdota, es un cerco cultural que hace indigesto cualquier mensaje. Cuando prospera la fábula de “minorías ilustradas” llamadas a gobernar sobre una “mayoría ignorante”, se retira el puente y sólo queda un foso infecto. Desde ese lugar no sólo se pierden elecciones, se malogra cualquier proyecto de convivencia democrática.

Los ultras, a derecha e izquierda, deforman la democracia, cambian el voto por el grito, las reglas por el agravio. Dos décadas masistas de erosión institucional nos lo recuerdan, el Estado como herramienta de facción, la política como guerra moral. La novedad de este octubre no es que ambos extremos cayeran, es que ambos quedaron expuestos; el etnonacionalismo autoritario que bloqueó el país cuanto pudo y la derecha extrema para la cual la igualdad política es un tropiezo en el camino de sus ambiciones. Por eso el resultado abre una puerta y genera el desafío de reconstruir un centro popular, entre liberal y socialdemócrata, capaz de dar rumbo sin negar la pluralidad real de nuestro país.

Ese es el punto de partida del nuevo ciclo, reorganizar una izquierda democrática, liberal, nacional y progresista. No es nostalgia de etiquetas; es gramática de la gobernabilidad. Nuestra tradición y nuestra cultura política, cuando supo aliar libertad con igualdad, productividad con protección, mérito con reconocimiento, hizo transitable el camino. Ese lugar histórico tiene hoy algunas tareas inmediatas:

Primera: Defender el voto como sacralidad civil. Auditorías razonables, sí; “fraude sin pruebas”, no. Blindar el resultado hoy es blindar la alternancia mañana. El Estado de derecho se cuida en las buenas y, sobre todo, en las malas.

Segunda: Reconciliar de veras. No habrá hegemonía democrática mientras siga intacto el dispositivo racista que naturaliza jerarquías y convierte al distinto en sospechoso. Reconciliar no es olvidar, es reconocer, reparar y pactar reglas previsibles. En lo concreto, un lenguaje público que dignifique; una escuela que enseñe convivencia; medios que verifiquen y abran micrófonos diversos; justicia que castigue la violencia y la discriminación. Esa pedagogía cívica es también económica, sin ella, ninguna reforma sobrevivirá al próximo estallido.

Tercera. Ayudar a dar estabilidad y gobernabilidad, cuidando lo irremplazable. Ordenar cuentas, normalizar el mercado de hidrocarburos y divisas, y sincerar precios relativos con una secuencia que proteja a la mayoría. El mandato fue claro: cambio con certezas, reformas con amortiguadores, crecimiento con derechos. La democracia no se debe narrar desde la tribuna, debe empujar un pacto de transiciones (fiscal, cambiario, energético, productivo) que preserve servicios esenciales, promueva inversión y empleo, y remiende el tejido social. Gobernabilidad es menos un discurso épico y más cumplimiento, metas, calendarios, evaluación independiente y protección a las y los más vulnerables.

No se trata de cheques en blanco ni de negar diferencias; se trata de leer el signo de la hora, clausurar el péndulo catastrófico que nos lleva del estatismo clientelar al ajuste sin redes de seguridad, y abrir un ciclo ciudadano donde la política vuelva a ser una industria de acuerdos. El nuevo gobierno necesita una contraparte que le ayude con la brújula, democracia con ley, crecimiento con equidad, descentralización con inclusión territorial. Santa Cruz (motor imprescindible) tendrá que renovar élites para liderar sin desprecio; el altiplano y los valles, abandonar el ensimismamiento corporativo y volver a hablar el idioma del bien común.

Volvamos al principio. Esto no se resuelve con genialidades de un consultor, sino con una dirigencia que entienda la densidad cultural de Bolivia y hable en los mercados y con los sindicatos, las cooperativas y las startups, con maestras y transportistas, juntas vecinales y universidades. La ciudadanía no se decreta, se teje. Si las élites derrotadas no reconocen la raíz de su fracaso (racismo solapado, distancia social, desprecio al otro) volverán a tropezar otra vez con la misma piedra. Si el puente entre el liberalismo y la izquierda democrática se reorganiza como casa común de la pluralidad, hará posible lo urgente, la estabilidad con dignidad.

Porque aquí no ganó sólo Rodrigo Paz Pereira; ganó una oportunidad. Y eso es algo que no abunda en este tiempo. Que no la extravíen el resentimiento ni la soberbia. Que la conquiste, de una vez, la República de ciudadanas y ciudadanos, en democracia y libertad.

¿QUIEN GANÓ?

Protestar es un derecho; elevar la sospecha a una verdad sin fundamentos, no. En las horas posteriores a la segunda vuelta (que terminó con la victoria de Rodrigo Paz Pereira sobre Tuto Quiroga Ramírez) han irrumpido manifestaciones denunciando un supuesto fraude. Antes de enarbolar certezas conviene preguntarnos de dónde nace esa incredulidad; ¿del dato verificable o de la sensación de que “todo el mundo” pensaba lo mismo que yo? La política se parece más a un censo que a un chat de grupo, cuenta a quienes votan, no a quienes gritan más fuerte.

Ese asombro nace en las burbujas digitales. Durante semanas, muchas y muchos interactuaron casi exclusivamente con personas idénticas a ellas, reforzando la ilusión de unanimidad: que “no había nadie que apoyara a Rodrigo Paz” y que “todos los votos eran de Tuto”. Es el viejo sesgo de confirmación vestido con algoritmos, las redes son excelentes anticipando lo que ya creemos y pésimas para intuir lo que piensa la mayoría. Cuando la realidad no coincide con el feed, se interpreta como fraude; cuando el dato contradice la cámara de eco, se acusa a las urnas de mentir. Pero por más ruidosas, las redes no reemplazan el conteo de los votos; a lo sumo amplifican percepciones y, como ahora, autoengaños.

Paradójicamente, esas mismas voces contribuyeron decisivamente a la derrota de Tuto Quiroga, consolidaron durante la campaña la imagen de una candidatura de derecha extrema, racista, machista y homofóbica, repitiendo insultos como “laris”, “llamas”, “indios de mierda”, “collas ignorantes”, “mascacocas hediondos”. Con ese discurso levantaron una barrera infranqueable para millones de electores que, en otras circunstancias, quizá habrían considerado votar en otra dirección. Y son (no nos engañemos) las mismas personas que, de haber ganado Tuto, hoy estarían quemando wiphalas y ahondando las grietas de desconfianza y odio que el MAS sembró durante dos décadas.

Son tan antidemocráticos, violentos y peligrosos como las huestes del etnonacionalismo autoritario del MAS. La salida no es exacerbar el bando en la trinchera, sino abandonar la trinchera, aceptar el resultado (como ya lo hicieron el propio Tuto Quiroga y las misiones de veeduría internacional), exigir reglas claras siempre y recuperar esa virtud democrática que pocos celebran y todos necesitamos, la capacidad de perder sin destruir, ganar sin humillar y debatir sin deshumanizar.

PERIODISMO EN LAS ELECCIONES

para la escucha, el diálogo y la reconciliación

En una segunda vuelta que definirá el rumbo del país el 19 de octubre de 2025, es indispensable rechazar la televisión militante que pretendió manipular las urnas desde el set.

Hemos visto cómo varios canales, convertidos en actores de campaña, confunden noticia con propaganda, amplifican un libreto que empuja el eje programático y ofrecen al televidente una realidad recortada, donde la voz del ciudadano cede ante la pauta, el rating y la conveniencia empresarial. Ese desorden no es pluralismo; es parcialización de facto. Ha servido para acrecentar la división, la desconfianza y hasta los discursos de odio.

El periodismo de verdad tiene una misión simple y exigente, verificar, distinguir información de opinión, abrir la deliberación a voces diversas y poner el interés público por encima del interés de la redacción. Cuando ese estándar se abandona, la libertad del voto se vacía y la democracia se empobrece.

En esta campaña de balotaje, esa parcialización tuvo nombre y pantalla: DTV, GIGAVISIÓN, UNIVISIÓN y RED UNO TV, cruzaron el límite profesional y tomaron partido, de manera inocultable, por Tuto Quiroga, a pesar de ser una candidatura asociada a la derecha radical (como él mismo dice) y señalada por múltiples voces por machismo, racismo y homofobia. Lo hicieron mediante encuadres complacientes, paneles desequilibrados, consignas disfrazadas de noticia, silenciamiento de voces disonantes y una distribución de minutos de pantalla que convirtió la cobertura en propaganda. Eso no es libertad de prensa, es distorsión del derecho de las y los electores a recibir información veraz, plural y contrastada. Y si la prensa se juega el partido con la camiseta puesta, el árbitro desaparece y el público queda a merced de un marcador inventado.

Debemos defender reglas claras que devuelvan la construcción de la opinión pública a la ciudadanía, transparencia plena de la propiedad y de la pauta (pública y privada); etiquetado visible de todo contenido político pagado; encuestas con ficha técnica auditada; acceso equitativo y debates obligatorios; defensoría del televidente en los principales canales; y observación ciudadana continua sobre coberturas y minutos de pantalla. No se trata de censurar a nadie, sino de impedir que el árbitro sea jugador; de recordar que la prensa es un contrapoder, no un comité de campaña. Así se cuida el voto libre y así se honra la dignidad de las mayorías, que en Bolivia tienen rostro de mujeres que trabajan y cuidan, de juventudes que estudian y emprenden, de clase media urbana y popular, de pueblos indígenas y migrantes internos: todas y todos los que sostienen el país sin micrófonos ni privilegios.

La campaña que Bolivia necesita habla el idioma de la gente, empleo digno, salud cercana, escuelas que enseñen, seguridad sin abusos y justicia sin privilegios. Y, sobre todo, una decisión estratégica para romper el péndulo catastrófico que durante décadas nos ha oscilado entre un estatismo que asfixia y una privatización que excluye. Ese vaivén sólo se detiene con acuerdos de larga duración entre sociedad, mercado y Estado; con reglas estables; con un piso ético que ponga freno al cinismo y a la prebenda; y con una apuesta por la economía del conocimiento, la transición ecológica y la igualdad real de oportunidades. Esto no es consigna, es arquitectura de futuro.

Tenemos, además, un marco histórico que sigue siendo nuestra gramática común, lo nacional, lo democrático y lo popular, desde donde se construyen las mayorías electorales viables. Desde 1952, Bolivia se piensa y se reconoce en esa trilogía que articuló ciudadanía, inclusión y desarrollo. Actualizarla hoy implica incorporar sin miedo las energías del siglo XXI, feminismo, pluralidad cultural, compromiso ecológico, innovación tecnológica, para que el proyecto no sea pura nostalgia, sino un motor con un futuro donde podamos escucharnos, entendernos y reconciliarnos todos y todas.

La Reconciliación Nacional y Social no es una consigna ni una terapia de grupo, es una política de Estado para suturar una fractura histórica. No pide amnesia, exige memoria y justicia, verdad para las víctimas y reparación simbólica con un horizonte común. Supone instalar una institucionalidad permanente para la Reconciliación, con justicia restaurativa, educación para el pluralismo y un Archivo de la Memoria, que convoque a mujeres y hombres, juventudes, pueblos indígenas, trabajadores y emprendedores a un diálogo real, no solo de fotos para la televisión. Desde un centro democrático (alérgico a los dogmas de izquierda y de derecha) debe transformar el conflicto en acuerdos estables, reconstruir la confianza y convertir nuestra diversidad en proyecto compartido. Ese es el camino para que Bolivia deje de tropezar con sus fantasmas y empiece, por fin, a reconocerse en un futuro común.

Por estas razones, yo apoyo a Rodrigo Paz Pereira. No se trata de eslóganes ni de recuerdos acomodados, sino de un liderazgo capaz de ordenar el centro político, reconciliar regiones y culturas, proteger primero a los más vulnerables y encarar con pragmatismo los desafíos inmediatos, a saber, estabilizar la economía, devolver certidumbre a las familias y reconstruir servicios públicos que funcionen sin clientelas ni humillaciones.