El Pacto Fiscal que propone el gobierno es un pacto condicionado. Para recibir alrededor de 20% del presupuesto nacional y administrarlo, las gobernaciones, las alcaldías y las universidades, tienen que aceptar un largo proceso que pone límites a sus decisiones sobre qué hacer y cómo invertir ese dinero, obligándose a cumplir las metas que impone un gobierno centralizador, así no condigan con la visión de futuro que tiene cada gobierno "autónomo" regional, o choque contra los intereses y aspiraciones de regiones, ciudades y pueblos.
La respuesta desde la base democrática de la sociedad tiene que ser un rotundo NO a semejante imposición y abuso. La identidad de la Democracia perdida debe reflejarse junto a una propuesta de invertir la proporción de recepción, administración y gasto de los dineros públicos: un 80% a las regiones, los departamentos, las ciudades y los pueblos, que es lo mismo que decir un 80% del presupuesto para la gente, y solo un 20% a la burocracia de la administración central.
Esa es una manera de enfrentar la corrupción y alejar a la Rosca Masista de la oportunidad de seguir repartiendo el poco dinero que queda entre sus cómplices, aprobando proyectos sin destino ni sentido pero seguramente vinculado a sendas comisiones. Un pueblo que está más cerca de las instituciones que administran el dinero público, tiene mejores condiciones para vigilar y controlar el buen uso del mismo.
Y para que nunca más se vuelva a intentar confiscar a la gente el dinero de la gente, hay que invertir también la base del sistema de recaudación tributaria (lo que significaría una profunda reforma cultural a la hora de valorar las responsabilidades estatales y de la política). Que sean las regiones las que cobren, obligándose a ampliar la base de quienes pagan o no impuestos, de manera que los departamentos con base más amplia logren mejores resultados, mayor capacidad de inversión, más y mejores obras, e impulsen a los otros a imitarlos. Desde luego que un ciudadano (para ser ciudadano y gozar de los derechos que eso implica, hay que pagar impuestos) tendrá más confianza con un Estado que le cobra en el sitio donde vive, pero que invierte en ese mismo lugar en las obras o proyectos que le benefician directamente.
También habrá que hablar de sistemas compensatorios en beneficio de los más vulnerables y necesitados, pero no como una decisión burocrática que permite “un favor” des lo más alto del poder, sino como una contribución desde las instituciones más cercanas a la ciudadanía, cambiando así la cultura de solidaridad e integración de la Nación. Y vuelvo a decir Nación, para devolverle al Estado una base territorial y poblacional que ha perdido, volviéndose “plurinacional” sobre la nada, ya que no hay institucionalidad política que represente (y menos que defienda) los intereses de las consabidas "naciones culturales", que es el modo que ha logrado el MAS para hacer lo que le da la gana, sin respuesta crítica ni contestación desde la base popular desguarnecida.
