FRENTE AL ESPEJO

Hay momentos en los que un país debe mirarse sin metáforas, sin consuelos patrióticos, sin himnos usados como pañuelo y sin esa vieja costumbre nuestra de ponerle poncho retórico a las heridas abiertas, como si bastara cubrirlas con palabras solemnes para que dejen de sangrar. Bolivia vive uno de esos momentos, y quizá por eso mismo cuesta tanto nombrarlo, porque cada vez que este país se mira de frente descubre que no solo arrastra una crisis más, de esas que llenan noticieros, paralizan carreteras y cansan a la ciudadanía, sino una suma de dolores antiguos, agravios mal tramitados, miedos regionales, desconfianzas étnicas, fracturas sociales y esa persistente incapacidad nuestra de convertir el conflicto en política antes de que se convierta, otra vez, en bloqueo, cerco, amenaza, represión o muerte.

Después de más de cincuenta días de protestas, bloqueos, muertos, heridos y cientos de detenidos, el gobierno del presidente Rodrigo Paz decretó el estado de excepción, y algunos bloqueos cedieron, ciertas rutas volvieron a abrirse, las ciudades respiraron mejor y la vida cotidiana, que había comenzado a sentirse secuestrada por la falta de alimentos, combustibles, medicinas y oxígeno, recuperó una parte mínima de su normalidad, esa normalidad precaria que en Bolivia suele parecernos una conquista cuando apenas debería ser el piso elemental de cualquier convivencia civilizada. Pero quien crea que la crisis está resuelta confunde la reapertura de caminos con la recomposición de un vínculo político roto, porque una carretera puede despejarse con policías, maquinaria, órdenes operativas y presencia estatal, mientras que la confianza, esa materia frágil y casi invisible sobre la que se sostiene la vida en común, no se despeja con un decreto ni se impone con uniforme, sino que se reconstruye con verdad, representación, inteligencia política, memoria y tiempo; sobre todo con tiempo, ese recurso que algunos suelen desperdiciar con una irresponsabilidad casi artesanal, hasta descubrir demasiado tarde que gobernar no consiste solamente en reaccionar cuando el país ya está incendiado.

El conflicto, en sus núcleos más duros, continuará latiendo en territorios cocaleros, rurales e indígenas, donde persistierán los reclamos por el costo de vida, la política de combustibles, la liberación de detenidos y el reconocimiento de organizaciones indígenas, lo que demuestra que la calma obtenida en las rutas no equivale necesariamente a la pacificación del país profundo, porque Bolivia, como sabemos desde hace demasiado tiempo, no se agota en sus carreteras principales ni en sus mercados urbanos, sino que también respira —y se irrita, y se organiza, y protesta— en esos territorios donde el Estado llega tarde, llega mal o llega solamente cuando necesita imponer autoridad. Y aquí conviene decirlo con toda claridad, sin eufemismos y sin hacerse los distraídos, si la mesa no representa al conflicto, el acuerdo no representa al país, y cuando un acuerdo no representa al país, apenas sirve para administrar unos meses de alivio, un par de conferencias de prensa, un titular tranquilizador o esa fotografía de circunstancia en la que todos parecen responsables mientras el problema sigue esperando, como tantas veces, fuera de la sala.

Esta crisis dejó de ser un episodio de bloqueo para convertirse en un litigio sobre quién habla por Bolivia, quién puede sentarse a decidir en nombre de Bolivia y quién queda, nuevamente, mirando desde la puerta, como si la patria fuera una casa grande pero con llaves repartidas siempre entre pocos. El trasfondo económico es serio y no admite negaciones voluntaristas, Bolivia arrastra deuda pública elevada, caída de la producción de gas, reservas internacionales reducidas y subsidios a los combustibles que se han vuelto difíciles de sostener, por no decir insostenibles, mientras el diagnóstico externo, severo en sus términos y preocupante en sus consecuencias, coincide en un punto que debería alarmarnos más allá de nuestras preferencias políticas, a saber que la trayectoria macroeconómica boliviana se ha vuelto inviable. Pero lo que está en juego no es solamente la caja fiscal, esa contabilidad fría donde los gobiernos suelen descubrir la realidad después de haberla negado durante años mientras eran parte de la política opositora, sino también la paciencia social, la confianza ciudadana y esa delicada trama que permite a una sociedad seguir creyendo que vale la pena convivir bajo las mismas reglas, aunque las reglas sean imperfectas, aunque el Estado sea lento, aunque la política decepcione y aunque la historia nos haya enseñado a desconfiar casi por instinto.

Hay, sin embargo, una dimensión que el análisis político suele esquivar por incomodidad, por cálculo o por miedo a decir demasiado y equivocarse, y es la presencia de economías criminales, en particular el narcotráfico, en el tejido de la protesta social boliviana. No se trata de lanzar una acusación generalizadora, ni de convertir en delincuentes a quienes protestan por razones legítimas, ni de regalarle al gobierno una coartada fácil para deslegitimar toda demanda popular, porque eso sería injusto, peligroso y políticamente torpe; se trata, más bien, de reconocer que en múltiples ciclos de conflicto previos se han documentado o sospechado razonablemente vínculos entre ciertas organizaciones cocaleras, estructuras de financiamiento y redes del tráfico de drogas, aunque siga siendo incierta, y acaso deliberadamente oscurecida, la magnitud real de esa incidencia. El gobierno tiene incentivos para magnificarla, las oposiciones tienen incentivos para minimizarla, los dirigentes involucrados tienen incentivos para negarla y la ciudadanía, atrapada entre propaganda oficial y omisión conveniente, termina mirando un juego de espejos en el que la verdad queda sepultada antes de poder convertirse en política pública, en investigación seria o en decisión estatal responsable. Lo que sí puede afirmarse sin temor es que una Bolivia incapaz de resolver su vulnerabilidad frente al narcotráfico no podrá construir ningún pacto duradero, porque el crimen organizado no negocia pactos nacionales, los infiltra, los contamina, los compra o los vacía por dentro, hasta convertir la representación en simulacro y la protesta en territorio disponible para poderes que no rinden cuentas ante nadie.

La secuencia 2003-2008-2019-2026 muestra un patrón que debería inquietarnos, no solo por la recurrencia de la violencia, sino por la pobreza de nuestra imaginación política para evitar que el mismo guion vuelva a representarse con otros actores y parecidas consecuencias. Cambian los gobiernos, cambian los dirigentes, cambian los discursos, cambian las consignas y hasta cambian las banderas que cada quien levanta para justificarse, pero el libreto profundo se parece demasiado, porque detrás del diésel, de la gasolina, de las rutas cortadas y de los mercados vacíos aparece una y otra vez la misma pregunta no resuelta: ¿qué Estado tenemos? ¿a quién representa? ¿a quién protege? ¿a quién escucha y a quién deja fuera hasta que ese alguien decide hacerse escuchar interrumpiendo la vida de todos los demás? Bolivia no atraviesa únicamente una crisis de caja; atraviesa una crisis de comunidad política, porque es un país de alma múltiple, surcado por fracturas coloniales, étnicas, regionales, sociales y generacionales que demasiadas veces han sido convertidas en arma arrojadiza, como si cada diferencia nuestra, en lugar de enriquecer la casa común, tuviera que servir para levantar una nueva trinchera.

Sin reconciliación política, sin reforma institucional y sin un rediseño territorial del poder, la mejora material aliviará el síntoma pero no cerrará la herida, y Bolivia conoce demasiado bien esa medicina incompleta que calma el dolor por unas horas, permite respirar un poco, abre una ruta, abastece un mercado, anuncia una tregua, pero luego deja que la fiebre vuelva con más rabia, más cansancio y más incredulidad. Por eso la pregunta no puede reducirse a cómo normalizar el abastecimiento, aunque eso sea urgente, ni a cómo estabilizar la macroeconomía, aunque eso sea imprescindible, sino a cómo reconstruir una comunidad política donde indígenas, campesinos, clases medias urbanas, trabajadores, empresarios, regiones, mujeres y juventudes puedan sentir que el Estado no escucha solamente a unos mientras posterga, descalifica o administra a los otros como un problema de seguridad.

¿Qué hacer entonces? Las respuestas son concretas, aunque exigentes, y quizá por eso mismo suelen ser evitadas por quienes prefieren los atajos, las consignas o los decretos con pretensiones milagrosas.

Primero, un diálogo nacional con diseño representativo y territorial, no una mesa de cúpulas ni una ceremonia de apaciguamiento, sino un espacio real que incluya organizaciones rurales e indígenas, gobiernos departamentales y municipales, trabajadores, mujeres y juventudes, con facilitación independiente, agenda pública, reglas claras y resultados verificables, porque ya sabemos, por experiencia dolorosa, que la exclusión de actores clave no resuelve los conflictos, apenas los posterga hasta que regresan más duros, más desconfiados y menos dispuestos a creer en la palabra del gobierno de turno.

Segundo, una transición económica justa, porque si los subsidios deben corregirse —y hay razones técnicas poderosas para hacerlo— esa corrección no puede ejecutarse como una operación contable sobre una sociedad exhausta, sino que debe venir acompañada de protección social, calendarios verificables, comunicación honesta y mecanismos de acompañamiento para los sectores más vulnerables, en especial aquellos cuya reproducción cotidiana depende del transporte, de los mercados populares y de una economía informal que el Estado suele perseguir, tolerar o utilizar según su conveniencia. Sin eso, cualquier ajuste, aunque sea técnicamente razonable, se convierte en nuevo combustible para el conflicto, porque en Bolivia las medidas económicas no caen sobre una planilla, caen sobre cuerpos, familias, oficios, regiones y memorias que ya han aprendido a desconfiar cuando se les pide sacrificio en nombre de un futuro que casi nunca llega para ellos.

Tercero, enfrentar las violencias de 2003, 2008, 2019 y esta nueva fractura este 2026, con verdad, justicia y memoria, no para quedarnos atrapados en el resentimiento, ni para fundar una contabilidad macabra de muertos propios y muertos ajenos, sino para impedir que cada crisis vuelva a dividirnos entre víctimas legítimas e ilegítimas, entre dolores reconocidos y dolores negados, entre duelos útiles para la propaganda y duelos incómodos para la conciencia nacional. Una sociedad que no reconoce el dolor del otro termina preparando la repetición de su propia tragedia, y Bolivia, que ya ha llorado demasiado en nombre de demasiadas causas, necesita encontrar una forma democrática de recordar sin vengarse y de hacer justicia sin convertir la justicia en revancha.

Cuarto, reformar profundamente la justicia, la policía y la administración pública, porque un Estado capturado por camarillas podrá imponer obediencia legal durante un tiempo, podrá dictar resoluciones, ordenar operativos, repartir cargos, administrar favores y castigos, pero nunca producirá legitimidad, que es la materia más difícil y más necesaria de cualquier gobierno que pretenda durar algo más que su propia emergencia. Sin justicia independiente, sin policía profesional, sin administración pública meritocrática, sin transparencia y sin control social, la reconciliación se vuelve discurso de ocasión y el Estado continúa pareciéndose demasiado a un botín, a un garrote o a una agencia de empleos para los amigos del poder.

El estado de excepción pudo haber sido necesario para evitar que la vida cotidiana terminara secuestrada por el bloqueo, y sería ingenuo desconocer que el gobierno tiene la obligación de garantizar la circulación, el abastecimiento y la seguridad de la ciudadanía; pero sería un error aún más grave confundir esa necesidad con una solución política, porque Bolivia necesita salir, de una buena vez, de esa falsa alternativa que nos ha condenado a elegir entre la arbitrariedad de la calle y la soberbia del poder. Las carreteras pueden abrirse en unos días; el país, en cambio, tarda mucho más en volver a abrirse por dentro, porque para eso no bastan decretos, ni operativos, ni acuerdos parciales, sino una decisión más profunda de reconocernos, escucharnos y construir reglas comunes que no humillen a nadie.

Se puede hacer y se tiene que hacer; será con este o con el próximo gobierno. Esa posibilidad, difícil, trabajosa, sin garantías y sin redentores disponibles en el horizonte, es lo que todavía nos obliga a seguir pensando en Bolivia como proyecto y no como herida herida abierta en mitad del continente; como tarea común y no solamente como inventario de fracasos; como una patria posible y no como esta costumbre nuestra, tan cansadora y tan persistente, de sobrevivir a nosotros mismos sin animarnos todavía a convivir de verdad.

BOLIVIA EN EL INTERREGNO

Hay victorias que se parecen demasiado a una coronación, hasta que el tiempo —ese implacable notario de nuestras vanidades— empieza a mostrar que no eran una coronación, sino una advertencia. La victoria electoral de Rodrigo Paz Pereira fue real, legítima y contundente en los números. Eso no está en discusión. Lo que estuvo mal no fue ganar, sino entender mal lo que esa victoria quería decir.

Ese 55% obtenido en segunda vuelta no fue un cheque en blanco, ni una súbita conversión del país a una doctrina liberal, moderna, eficiente, estabilizadora y feliz, como algunos entusiasmos palaciegos parecieron creer. Fue, más bien, una suma boliviana, es decir, una suma contradictoria de esperanzas, rechazos, temores, cansancios y resignaciones. Una parte del país quería cerrar, por fin, el largo ciclo del MAS; otra quería impedir el retorno de Tuto Quiroga; los sectores populares urbanos buscaban orden y alivio; las clases medias pedían algo tan modesto y tan difícil como algo de sensatez. Los transportistas, comerciantes, cuentapropistas y pequeños emprendedores esperaban, sencillamente, que la crisis dejara de respirarles en la nuca.

En Bolivia conviene recordarlo siempre, porque si no se nos olvida en cuanto aparecen los aplausos, no todo voto es amor. A veces es cansancio, otras veces es defensa propia, también puede ser la última papeleta antes de la desesperación.

Rodrigo Paz Pereira no fue elegido para refundar la República, ni para protagonizar una epopeya doctrinaria, ni para encabezar la conversión de los infieles a una nueva fe económica. Fue elegido como un Presidente de transición. Su error —y el error de quienes lo rodearon con ese entusiasmo cortesano que tanto daño hace a los gobiernos jóvenes— fue creer que el país le había entregado una licencia de transformación profunda, cuando en realidad le había confiado una tarea mucho más humilde, más ingrata y más difícil: administrar una fractura sin agrandarla.

Desde el inicio, el gobierno ordenó sus prioridades con una claridad que terminó siendo su primera ceguera, primero la economía, después la política; primero la estabilización, luego la representación; primero las inversiones, y más tarde, si quedaba tiempo y ganas, ya veríamos qué hacer con la sociedad. Como si la economía pudiera aplicarse sobre Bolivia del mismo modo en que se corrige una hoja de cálculo; como si este país fuera una planilla y no una sociedad atravesada por memorias, agravios, regiones, identidades, pobrezas, resentimientos acumulados y una historia que nunca termina de irse, aunque la demos por archivada cada cinco años.

La crisis heredada era real. Había inflación, escasez de dólares, agotamiento fiscal, problemas de combustibles y un Estado económicamente fatigado, después de años de despilfarro, improvisación y fiestas ajenas pagadas con plata que ya no existe. Nadie serio podría negar que el nuevo gobierno recibía una situación delicada. Pero una cosa es diagnosticar la enfermedad y otra muy distinta es administrar la medicina sin explicarle al paciente por qué le va a doler un tanto, cuánto durará el tratamiento y quién pagará finalmente la factura. En política, como en la medicina, el remedio puede matar si se administra con soberbia.

El retiro de la subvención a los combustibles tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. En teoría podía tener argumentos técnicos, en la práctica se convirtió en una herida política. Y esa herida se volvió más profunda con el episodio de la llamada “gasolina basura”, el combustible defectuoso, distribuido además a precios más altos, en un país donde miles de familias viven literalmente del funcionamiento de un motor. Para un transportista, para un taxista, para quien trabaja con su vehículo, aquello no fue un problema técnico ni un desperfecto administrativo. Fue una amenaza directa contra su herramienta de trabajo y, por lo tanto, contra la comida de su familia.

El gobierno no supo explicar el problema. Primero defendió una versión, luego admitió otra, después insinuó sabotajes y finalmente prometió compensaciones que no terminaron de convencer. La estabilización, que pudo haber sido comprendida como una medicina amarga pero necesaria, empezó a percibirse como una operación improvisada, mal comunicada y poco transparente. Y en política perder el beneficio de la duda es casi tan grave como perder la mayoría parlamentaria. A veces es peor, porque la mayoría se negocia; la confianza, en cambio, una vez quebrada, se vuelve un animal huidizo.

Antes de ese episodio ya había existido una señal inaugural desafortunada, el retiro de las normas que gravaban a las grandes fortunas. Tal vez el gobierno creyó que enviaba una señal de confianza a los sectores económicos, puede ser. El problema es que, al mismo tiempo, envió otra señal a los sectores populares y medios que lo habían votado esperando equilibrio, austeridad, moderación y cierta sensibilidad social; para ellos quedó flotando, desde el primer momento, una pregunta incómoda, ¿quiénes son en realidad los beneficiarios de este gobierno?

La ley agraria abrió otro frente, todavía más delicado. En Bolivia la tierra nunca es solamente tierra, es memoria, comunidad, identidad, herida colonial, Reforma Agraria, dignidad campesina e indígena. El gobierno habló de voluntariedad, productividad y modernización, pero muchas organizaciones rurales e indígenas escucharon otra cosa, que se abría una puerta a la mercantilización de la tierra y que el Estado legislaba con más oído para el agronegocio que para las comunidades. Allí el desencanto dejó de ser una molestia urbana y empezó a tocar fibras históricas mucho más hondas, de esas que no se curan con una presentación en PowerPoint ni con un ministro explicando, muy serio, que todo está técnicamente bajo control.

A ello se suma un problema estructural que ningún gobierno ha querido enfrentar de verdad, el modelo económico sigue siendo extractivo. La disputa continúa girando alrededor de quién administra el excedente, no de cómo se transforma la matriz productiva del país. Se cambia el discurso, se cambian los beneficiarios, se cambia el decorado, pero el teatro económico sigue presentando la misma obra, y el público boliviano, que podrá ser paciente, sufrido y hasta resignado, tampoco vive completamente distraído.

En el terreno institucional, el gobierno tampoco logró producir una ruptura creíble. El poder judicial sigue apareciendo como un factor de conflicto, no como un árbitro confiable; su instrumentalización, su falta de independencia y las heridas que dejó en el pasado alimentan buena parte del enojo presente. La suspensión de la segunda vuelta en La Paz, por ejemplo, fue percibida por sectores movilizados como una decisión que los dejó sin representación institucional, y cuando la ciudadanía siente que se le cierra la puerta, no siempre se queda esperando educadamente en la vereda; a veces golpea la puerta, a veces la rompe. Otras veces, pocas, como sabemos bien, incendia la casa.

Aduana, Policía y Órgano Judicial continúan siendo vistos como estructuras donde la corrupción no parece una desviación sino una costumbre administrativa. Si además se confirma —o incluso si solo se instala como convicción social— que algunos puestos de trabajo también estarían siendo objeto de negociación, entonces se intuye que el Estado sigue siendo tratado como botín, solo que con nuevos administradores.

La promesa implícita de ruptura con la corrupción del masismo fue uno de los pilares silenciosos del contrato electoral de Paz Pereira, por eso la sospecha de continuidad resulta tan corrosiva. No basta con decir que se acabó el viejo régimen si muchos de sus funcionarios siguen en sus cargos, si las redes burocráticas sobreviven con esa admirable capacidad de acomodarse a cualquier poder, y si alrededor de compras estratégicas, como las del combustible, aparecen denuncias o sospechas de sobreprecios, intermediaciones oscuras y negocios demasiado parecidos a los de siempre.

Tampoco ayuda la percepción de que ciertos grupos de poder han encontrado asiento cómodo en la nueva administración. Los agroindustriales aparecen con notable visibilidad; los cooperativistas, tal vez con menos presencia pública, pero con influencia considerable. Así, el cambio prometido corre el riesgo de parecer apenas una mudanza de beneficiarios, y cuando el cambio se vuelve cosmético, la frustración social se vuelve profunda, porque el ciudadano común, que podrá no haber leído tratados de sociología política, pero entiende perfectamente cuándo lo están invitando a mirar el decorado para que no vea quién se comió la cena.

El gobierno, además, ha mostrado una seria dificultad para construir una narrativa de país. Bolivia no se gobierna solamente con medidas, se gobierna también con sentido, con relato, con símbolos, con capacidad de nombrar el momento histórico. Un gobierno puede tomar decisiones duras, pero necesita explicar hacia dónde conduce esas decisiones. Si solo administra variables, termina pareciendo una gerencia, y Bolivia, con todos sus defectos, no es una empresa quebrada, es una nación complicada, herida, vital, desconfiada y profundamente política.

Cada ministro parece encerrado en los límites de su cartera, justificando medidas parciales como si apagar incendios dispersos equivaliera a gobernar. El Presidente, por su parte, estuvo semana tras emana sobreexpuesto, intentando llenar por sí mismo el vacío de una narrativa pública que debería ser compartida por todo el equipo gubernamental. Para colmo, en más de una ocasión su palabra fue corregida por sus propios subalternos; algunos dirán que se trata de un detalle menorm pero no lo es. En política, esos detalles pesan mucho, transmiten falta de cohesión, ausencia de mando claro y debilidad comunicacional. Y los gobiernos débiles y tan faltos de apoyo, en Bolivia, no suelen vivir tranquilos.

El llamado “Acuerdo Nacional” tampoco logró resolver ese vacío. El Presidente convocó a una reunión con figuras que no representaban precisamente a los sectores que le dieron la victoria; se fotografió con líderes de la derecha que lo acompañaron, con actores asociados al viejo momento político, y presentó esa escena como un gesto de reconciliación. Pero reconciliar al país no es juntar en una sala a quienes ya tienen micrófono, agenda y poder de incidencia porque ya conviven en el gobierno. La reconciliación no es una fotografía; es una arquitectura política, y en este caso, la imagen terminó mostrando más ausencias que presencias. La paradoja fue evidente, faltaron precisamente los sectores que votaron por Rodrigo Paz Pereira. Faltaron los que esperaban alivio, representación, sensibilidad y una transición sensata, los que lo eligieron no por fervor ideológico, sino porque creyeron que con él podía evitar los extremos. Si esos sectores son los que se sienten traicionados, el enojo no es superficial sino que anida en las entrañas, de esos que no se resuelven con una conferencia de prensa ni con un nuevo eslogan diseñado por asesores que creen que la política consiste en encontrar una frase que suene bien en las redes.

Otro elemento políticamente corrosivo ha sido la figura de Fernando Cerimedo, asesor personal del Presidente. El problema no es su nacionalidad, sino la mirada política que representa, una forma de comunicación asociada a la polarización digital, a la guerra cultural de la ultraderecha en el mundo, a la agresividad discursiva y a la lectura binaria y simplista de sociedades profundamente complejas. Bolivia no se gobierna desde un manual importado de ultraderecha comunicacional, como es el caso de las recetas de este personaje. Bolivia no es un tablero abstracto de “buenos” y “malos”, “modernos” y “atrasados”, “ciudadanos” y “bloqueadores”, en un país atravesado por clivajes regionales, étnicos, económicos, históricos y simbólicos. Y el que no entienda eso podrá ganar una batalla en Twitter, pero perderá el país real, que suele ser menos obediente que los algoritmos.

El problema, en última instancia, no es solo el asesor que habla y manda fuerte, sino el Presidente que escucha mal. Gobernar no consiste en buscar consejeros que confirmen los prejuicios propios, sino en rodearse de voces capaces de advertir lo que uno no quiere oír; en Bolivia esa virtud es indispensable para sobrevivir políticamente. Aquí los presidentes no caen solo por sus enemigos, también caen por sus aduladores, que son más peligrosos porque entran sin tocar la puerta.

Las movilizaciones actuales tampoco deben ser idealizadas. Expresan un malestar real, pero no siempre tienen liderazgo claro ni agenda de futuro. Saben lo que no quieren, pero todavía no muestran con claridad qué país proponen. Esa ausencia es peligrosa, porque el malestar difuso puede ser capturado por actores con menos escrúpulos democráticos y mayor vocación de incendiar la pradera. Las y los bolivianos conocemos bastante bien la secuencia: primero se articula la rabia, luego se levanta una bandera, y finalmente esa bandera reclama para sí la representación del país.

Evo Morales, por supuesto, tiene interés en azuzar el conflicto, pero no capacidad para conducirlo plenamente; su presencia divide incluso a los sectores movilizados. El gobierno intentó atribuir la capacidad de movilización al MAS, como si todo descontento pudiera explicarse por una conspiración desde el Chapare con la marca de "narcoterrorismo" acuñada desde el Escudo de las Américas; esa explicación puede funcionar durante algunos días, pero no alcanza para entender la profundidad del malestar. Cuando demasiada gente está enojada, culpar solamente a un adversario es una forma elegante de no atreverse a mirar el espejo.

El caso de Lara añade otra complejidad. No puede leerse únicamente como víctima de Paz Pereira, aunque en parte lo haya sido. También construyó una retórica conveniente para cubrir su propia falta de pericia política, su figura, que en algún momento conectó con identidades populares y expectativas de ruptura, hoy parece alejarse de quienes se reconocieron inicialmente en ella. En política, la autenticidad puede abrir puertas, pero no reemplaza la capacidad de conducción, pero el Vicepresidente que hasta hace pocos días podía pasar por ser un payaso parado en el balcón que da a la plaza, ahora ha recuperado la figura que hace a su investidura y debe estar conspirando minuto a minuto contra el legítimo Presidente. Todos sabemos cuanto es que quiere remplazarlo, peor la rabia sirve para subir a la tarima; no siempre sirve para gobernar desde ella.

El racismo, por su parte, vuelve a aparecer con su vieja insolencia; nunca se fue del todo. Sigue vivo, agresivo y altanero, especialmente cuando los conflictos activan miedos sociales profundos. Las etiquetas, la criminalización y el desprecio son usados por los extremos con notable facilidad; cada insulto deja una herida, y cada herida prepara el siguiente episodio del conflicto. Bolivia no necesita más identidades humilladas; ya tiene demasiadas en su inventario histórico; lo que necesita es aprender, de una buena vez, que ningún proyecto nacional se construye despreciando al otro, aunque ese otro bloquee, grite, se equivoque o vote distinto.

El centro político, mientras tanto, parece haberse desplomado. El gobierno quiso presentarse como moderado, pero terminó apareciendo como un gobierno de derecha ambiguo, y la ambigüedad no es centro. El centro requiere equilibrio, sensibilidad social, capacidad de diálogo y representación plural; Paz Pereira no logró consolidarse como representante de los sectores populares que lo votaron, pero tampoco como líder confiable de las élites conservadoras con las que quiso caminar desde el primer minuto. En consecuencia, quedó en una zona incómoda, sin piso social sólido abajo y sin entusiasmo suficiente arriba. Es decir, demasiado solo para gobernar bien y acompañado por los equivocados para permitirse corregir a tiempo.

Hay una distinción que conviene subrayar, quienes rechazan los bloqueos y las movilizaciones no necesariamente apoyan al gobierno. Mucha gente puede estar cansada del conflicto, preocupada por la economía y harta de los bloqueos, sin por ello sentirse representada por Rodrigo Paz Pereira. Confundir rechazo al desorden con apoyo político sería otro error de lectura, y el gobierno ha demostrado que en materia de lectura política no anda precisamente sobresaliendo.

El fondo del problema es histórico. El cambio de periodo comenzó con la caída de Evo Morales, pero todavía no ha encontrado una forma nueva y estable. Vivimos un interregno, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, es la frase que repetimos todos y todas, cada día. El Estado Plurinacional, con todas sus tensiones, parece que llegó para quedarse; el MAS, en cambio, enfrenta una destrucción moral que muchos ciudadanos no están dispuestos a perdonar. Pero que el MAS se desgaste no significa automáticamente que haya nacido una alternativa nacional capaz de ordenar el futuro, y esa confusión puede ser fatal. Una cosa es que el viejo poder se descomponga; otra muy distinta es que exista ya un nuevo proyecto de país.

Rodrigo Paz Pereira difícilmente será quien defina ese nuevo rumbo. A lo sumo, podría administrar transitoriamente la fractura, si logra entender a tiempo la magnitud del problema, pero para ello tendría que hacer algo más difícil que anunciar medidas, debiera reconstruir la confianza perdida, escuchar a quienes lo llevaron al poder, corregir el sesgo social de sus decisiones, transparentar la gestión pública, romper con las redes corruptas, abrir un verdadero proceso de diálogo y abandonar la ilusión de que Bolivia puede ser gobernada desde una mesa técnica o desde un laboratorio de guerra cultural.

El país no necesita épica vacía ni soberbia tecnocrática, necesita prudencia, verdad, firmeza democrática y sensibilidad social. Necesita un gobierno que entienda que estabilizar la economía sin estabilizar la representación política es como arreglar el techo mientras se destruyen los cimientos. Puede parecer eficiente durante unos minutos, incluso puede impresionar a los vecinos, pero al final la casa se cae igual.

La pregunta sigue abierta, incómoda y urgente: ¿a dónde va Bolivia? Tal vez todavía sea posible evitar el abismo. Pero para eso el gobierno tendría que comenzar por reconocer que no está sobre una cima, sino en medio de un puente estrecho, con demasiada gente mirando hacia abajo y muy poca confiando en quien lleva el timón. Y en este país nuestro, tan acostumbrado a caminar entre precipicios, no basta con decir que se sabe gobernar. Hay que demostrar, paso a paso, que todavía se puede cruzar al otro lado sin empujarnos unos a otros al vacío.

LA CONFIANZA PERDIDA

Hay victorias electorales que se miran en los números y parecen definitivas, aplastantes, luminosas incluso, hasta que uno se detiene, respira, mira mejor, y descubre que debajo de esa claridad estadística se escondía una profunda ambigüedad política. La victoria de Rodrigo Paz Pereira fue una de esas. Ganó, sí, y ganó bien (entre otras cosas, con mi sincero apoyo).

Ganó ampliamente en segunda vuelta, pero no ganó porque el país se hubiera convertido, de pronto, en una mayoría doctrinaria, disciplinada y convencida de emprender un giro liberal acelerado, menos aún una restauración conservadora. Ganó porque una parte importante de Bolivia quiso cerrar el ciclo del MAS, porque otra parte quiso impedir el retorno de Tuto, porque muchos sectores populares estaban cansados de la vieja política, porque las clases medias buscaban orden, porque los transportistas, los cuentapropistas, los ciudadanos agobiados por el desabastecimiento y por la angustia económica esperaban alivio, estabilidad, sensatez, pero no una ruptura del pacto electoral.

Ese fue, probablemente, el primer gran error de lectura. Paz y quienes lo rodean parecieron interpretar el resultado como un cheque en blanco. Y en política, sobre todo en Bolivia, no todo voto es adhesión. A veces el voto es esperanza, a veces miedo, a veces castigo, a veces resignación, a veces apenas el intento desesperado de evitar algo que se considera peor. Confundir esa suma contradictoria de motivaciones con obediencia política es una de las maneras más rápidas de perder el vínculo con la ciudadanía. Y cuando ese vínculo se rompe, no lo arregla un discurso bien leido, ni una fotografía solemne, ni un acuerdo bautizado con un nombre rimbombante.

La primera señal fue el retiro de las normas que imponían un impuesto a las grandes fortunas; vaya señal. Fue la peor manera de empezar.

Luego vino el retiro de la subvención a los combustibles, anunciado en diciembre de 2025, tocó uno de los nervios más sensibles de la sociedad boliviana. No era una medida cualquiera, entraba directamente al bolsillo, al transporte, al precio de la comida, al costo de producir, trabajar, moverse y sobrevivir. Podía tener argumentos técnicos, por supuesto, dado que el país heredó una crisis económica real, con inflación, escasez de dólares, combustibles tensionados y un Estado fiscalmente exhausto. Negarlo sería demagogia mal intencionada. Pero una cosa es reconocer la crisis y otra muy distinta es administrar políticamente sus costos.

Pero hubo, además, otro factor más corrosivo, la sospecha de que la corrupción no se había ido, sino que apenas había cambiado de administración, de ropaje y de beneficiarios. La llamada gasolina basura no solo dañó motores y bolsillos; instaló también la pregunta más peligrosa para cualquier gobierno que llega prometiendo cambio, ¿quién compró, cómo compró y a qué precio compró? En la calle comenzó a circular la percepción de que pudo haber sobreprecios, intermediaciones oscuras y viejas prácticas intactas. A ello se sumó la sensación de que muchos funcionarios heredados del masismo seguían en sus puestos, operando como si nada hubiera cambiado, protegidos por redes burocráticas que sobreviven a todos los gobiernos y que se acomodan, con admirable desvergüenza, a cualquier nuevo poder. Aduanas, Policía, Órgano Judicial y otras instituciones continúan siendo vistas por la ciudadanía como pirámides de corrupción que van desde las jefaturas hasta las bases, donde cada trámite, cada protección, cada designación y cada silencio pueden tener precio. Y lo más grave, si se confirma (o aun si solo se instala como convicción social), es la denuncia de que también los puestos de trabajo se estarían vendiendo, que se cobra por otorgarlos y que el Estado sigue siendo tratado como botín. Cuando un gobierno llega prometiendo cambio y la gente siente que los mismos mecanismos de corrupción continúan funcionando, la confianza no solo se debilita, se pudre desde adentro.

Un gobierno puede pedir sacrificios cuando construye confianza, cuando explica con claridad, cuando reparte las cargas con justicia, cuando protege de verdad a los más vulnerables y cuando demuestra, además, que sabe lo que está haciendo. Lo que ocurrió fue distinto; la estabilización apareció como el primer idioma del gobierno, antes que la reconciliación, antes que la escucha, antes que la construcción paciente de una coalición social capaz de sostener el tránsito difícil que se venía encima. Primero vino la receta, después la explicación; primero el golpe, después la convocatoria; primero la decisión, después el intento tardío de persuadir.

Lo tremendo es que lo sabían. Se habló de ello con todos y cada uno de quienes tomaron esas primeras decisiones. Lo discutimos en detalle, en varias reuniones y diálogos personales, pero dijeron NO, primero la economía, primero la estabilidad, primero las inversiones...

Ahí comenzó a romperse el contrato implícito del voto. Muchos ciudadanos no habíamos votado por Paz para que gobernara como restaurador conservador, sino para que ordenara el país sin arrasar la sensibilidad popular. La diferencia no es menor. En nuestra Bolivia, esa diferencia puede ser el abismo.

Pero el verdadero punto de inflexión no fue el precio del combustible. Fue la gasolina de mala calidad. Allí el problema dejó de ser económico y se volvió moral. La ciudadanía puede aceptar una medida dura si cree que el gobierno es competente y sincero, pero cuando primero se defiende una versión, luego se admite otra, después se habla de sabotaje y finalmente se prometen compensaciones que la gente no termina de creer, el daño ya no está en el tanque del vehículo; está en la confianza pública.

Para un transportista, para un taxista, para quien vive de su motorizado, recibir combustible defectuoso no es una anécdota técnica. Es una amenaza a su instrumento de trabajo, a su ingreso diario, a la comida de su familia. Si además debe pagar más por ese combustible y luego peregrinar por una compensación incierta, el enojo no necesita demasiadas explicaciones. Basta imaginar a una familia que vive al día y que descubre que el Estado le cobra más, le entrega peor y todavía le pide paciencia.

Desde ese momento, el ajuste empezó a leerse de otra manera. Ya no como una medicina amarga pero necesaria, sino como una operación mal conducida, mal explicada y quizá poco transparente. El gobierno perdió el beneficio de la duda, que en política es una de las monedas más valiosas y también una de las más fáciles de malgastar.

Luego vino la ley agraria. Y con ella apareció un conflicto más hondo, porque la tierra en Bolivia nunca es solo tierra. Es memoria, comunidad, dignidad, historia, herida colonial, Reforma Agraria, identidad campesina e indígena, forma de vida y también refugio simbólico frente a los abusos. Tocar ese campo sin consultas suficientes, sin pedagogía política y sin sensibilidad histórica es jugar con fuego en un cuarto lleno de pólvora.

La ley fue percibida por organizaciones rurales e indígenas como una puerta hacia la mercantilización de la tierra y como una amenaza contra formas comunitarias de protección. El gobierno habló de voluntariedad, crédito, productividad o modernización; pero en política no basta con lo que se dice sobre lo que una norma significa; importa, y mucho, lo que los afectados sienten que esa norma anuncia. Y muchos sintieron que se estaba legislando para otros, para el agronegocio, para el mercado, para los poderes económicos, no para las comunidades campesinas.

Ahí el desencanto se convirtió en resentimiento. Ya no era solamente “subió la gasolina”. Era algo más profundo: “no nos escuchan”, “gobiernan para otros”, “nos piden sacrificios”, “tocan nuestra tierra” y “cuando llaman al diálogo, ya han decidido por nosotros”. En Bolivia, cuando esas frases empieza a circular por debajo de la piel social, lo que emerge suele ser áspero.

El llamado Acuerdo Nacional pudo haber sido una oportunidad para recomponer la relación política. Pero llegó tarde y mal diseñado. Reunir autoridades, anunciar leyes, producir una fotografía de institucionalidad, no equivale a reconstruir legitimidad. Para que un acuerdo sea nacional no basta con que el gobierno lo nombre de ese modo; tiene que estar allí la nación social que se siente agraviada; tienen que estar los que pagan el costo de las decisiones, los que sostienen las calles, los que viven de la economía diaria, los que dieron el voto prestado y ahora sienten que se les está cobrando una deuda que no contrajeron.

Eso, al parecer, no ocurrió. El encuentro no recompuso la representación de la coalición social que llevó a Paz Pereira al poder. Más bien reforzó la percepción de un acercamiento a la derecha tradicional, al agronegocio y a sectores de poder que muchos de sus votantes querían contener. El gobierno necesitaba una escena de re-legitimación y produjo, para muchos, una escena de subrepresentación. En Bolivia, cuando los actores sociales no se ven en la mesa, no sienten que hay diálogo. Sienten que es pura escenografía.

Aquí aparece un segundo nivel de responsabilidad. El Presidente gobierna, pero nadie gobierna solo. Todo indica que hay un problema serio de asesoramiento político alrededor de Rodrigo Paz y de su gabinete. No se observa una línea clara de trabajo, una narrativa coherente, una secuencia ordenada de decisiones, ni una comprensión fina de los tiempos sociales del país. Se reacciona más de lo que se conduce. Se comunica peor de lo que se decide. Se convoca al diálogo cuando la confianza ya está herida. Se lanzan medidas sin haber preparado antes el colchón político que permita sostenerlas.

En ese marco, la figura de Fernando Cerimedo se ha vuelto políticamente corrosiva. El problema no es su nacionalidad; sería pueril reducir el asunto a eso; el problema es su mirada. Cerimedo aparece asociado a los circuitos de la derecha digital latinoamericana, a una forma de hacer política basada en la polarización, la guerra cultural, la agresividad comunicacional y la lectura binaria. Se ha reportado su cercanía con Milei y Bolsonaro, y en Bolivia ha sido presentado como asesor personal del Presidente, aunque el vocero oficial haya aclarado que no forma parte de la estructura estatal ni toma decisiones de gobierno; pero se sabe que asiste invitado a sesiones del Gabinete Ministerial.

Bolivia no se gobierna desde un manual importado de guerra cultural. Bolivia no es un tablero simple dividido entre “socialismo” y “libertad”, ni entre “izquierda regional”, "zurdos de mierda" y “gobierno democrático”. Bolivia es una sociedad fracturada por regiones, memorias étnicas, economías informales, identidades populares, heridas coloniales, resentimientos acumulados y pactos sociales siempre inestables. Quien no entiende esa complejidad empuja al gobierno a errores estratégicos. Y esos errores, acumulados, llevan a mal puerto.

Si el Presidente ha depositado confianza política o comunicacional en una persona que interpreta Bolivia desde categorías ajenas a su historia, entonces el problema no es solamente Cerimedo. El problema es el Presidente que escucha mal, porque gobernar no es escoger al consejero que confirma los prejuicios propios o alimenta la épica de la confrontación; gobernar es saber escuchar aquello que incomoda, aquello que no cabe en el esquema, aquello que viene desde el país real y no desde los laboratorios digitales donde todo parece sencillo porque nada sangra.

Rodrigo Paz no perdió la confianza de todos sus votantes al mismo tiempo. La perdió primero entre los votantes decisivos, los populares urbanos, los transportistas, los cuentapropistas, los sectores indígenas y campesinos, los ciudadanos que querían cambio pero no restauración, orden pero no desprecio, estabilización pero no castigo. La consigna de renuncia no nace solamente de la oposición organizada, nace cuando el malestar material se transforma en agravio. Cuando la gente concluye que no solo está pagando más, sino que además no está siendo escuchada. Cuando siente que votó por una promesa de cambio moderado y recibió un gobierno encerrado en asesores, diagnósticos estrechos y gestos hacia sectores que no representan su esperanza original.

La confianza no se pierde de golpe. Se gasta. Se malgasta. Se administra mal. Y un día, cuando el gobierno quiere recuperarla, descubre que ya no le creen. Ese parece ser el punto al que ha llegado Rodrigo Paz Pereira. Todavía puede corregir, si entiende que gobernar no es imponer una receta, sino reconstruir un vínculo. Pero para eso tendría que hacer algo más difícil que cambiar ministros, explicar decretos o convocar reuniones solemnes, tendría que volver a escuchar al país real, ese país complejo, contradictorio, dolido y profundamente desconfiado que alguna vez le prestó su voto y ahora le está cobrando la deuda.

GOBERNAR

Vivimos prendidos al incendio de cada día. Una marcha, una declaración, una escasez, una pelea, una sospecha, una nueva amenaza que ocupa la mañana y envejece antes de que caiga la noche. La coyuntura nos arrastra como un río crecido y, mientras corremos detrás de lo urgente, dejamos de mirar lo importante; ese tiempo largo donde una sociedad se construye, se reconoce, se hiere, se rompe o aprende, con dificultad y paciencia, a convivir consigo misma.

Bolivia se parece demasiado a una casa rajada. Todos vivimos dentro de ella, todos dormimos bajo el mismo techo, pero algunos creen que la grieta está solamente en el cuarto del vecino. Esa es una de nuestras tragedias nacionales, hemos aprendido a reaccionar, pero no siempre hemos aprendido a comprender. Saltamos de crisis en crisis, de gobierno en gobierno, de consigna en consigna, como si la historia empezara cada lunes y terminara cada viernes, y así no se construye una nación. Apenas se administra el susto que llevamos dentro.

Una sociedad no se sostiene solo con leyes, elecciones o discursos. Se sostiene con confianza, con instituciones que funcionen, con hábitos de cooperación, con memoria compartida y con la certeza mínima de que el otro, aunque piense distinto, aunque venga de otra región, aunque hable desde otra experiencia cultural o social, no es necesariamente nuestro enemigo. Cuando esa certeza se pierde, la política deja de ser deliberación y se convierte en sospecha organizada. Y un país no puede vivir eternamente sospechando de sí mismo.

Bolivia arrastra heridas antiguas. Heridas coloniales, sociales, raciales, regionales, étnicas y culturales. Algunas fueron nombradas; otras fueron escondidas bajo la alfombra, que es una manera muy boliviana de ordenar la casa sin limpiarla. Por eso la reconciliación no puede ser una palabra bonita para discursos de ocasión. Reconciliar no es olvidar. No es decir “ya pasó” cuando para muchos todavía duele. Reconciliar es mirar de frente los agravios, nombrarlos con honestidad, repararlos hasta donde sea posible y reconstruir condiciones para que podamos volver a cooperar. No exige que seamos iguales. Exige algo más difícil, que podamos convivir siendo distintos.

Ahí está el punto central. Bolivia no será grande porque borre sus diferencias, sino porque aprenda a vivir con ellas. Tenemos un alma múltiple, hecha de montañas y llanuras, de lenguas, memorias, resentimientos, orgullos, miedos y esperanzas que no siempre han sabido encontrarse. El altiplano mira a la llanura con sospecha; la llanura mira al altiplano con resentimiento; el centro burocrático mira a las periferias como problema; las periferias miran al centro como abuso. ¿Puede caminar así un país, con una pierna desconfiando de la otra?

La escucha y el diálogo no son adornos de buena educación. Son instrumentos políticos. Sirven para construir un relato común sobre lo que fuimos, sobre lo que nos dolió, sobre aquello que debemos reparar y sobre el futuro que queremos compartir. Sin relato común, cada quien termina viviendo en su propia versión de la historia, y cuando eso ocurre, la patria deja de ser comunidad y se convierte en archipiélago de rencores.

Pero la reconciliación no puede quedarse en emoción. Debe convertirse en institución. Y aquí hay que distinguir dos tareas distintas, aunque profundamente complementarias. Una cosa es sanar el pasado; otra, construir el futuro. Para lo primero hace falta una Delegación de Estado para la Reconciliación, con autoridad política, capacidad de escucha y mandato claro para reconocer heridas, promover diálogo, reparar confianzas y reconstruir vínculos sociales. Para lo segundo hace falta un Consejo de Estado, como el que ha propuesto Rodrigo Paz Pereira en su esfuerzo por detenr las protestas y bloqueoas, donde la corresponsabilidad sea el principio ordenador de una nueva forma de gobernar, un espacio plural, permanente y serio, en el que Gobierno, regiones, sectores productivos, trabajadores, universidades, organizaciones sociales y ciudadanía puedan deliberar, acordar y asumir juntos las grandes tareas nacionales.

La reconciliación mira las heridas que debemos sanar. La corresponsabilidad mira el país que debemos construir. Una trabaja sobre la memoria; la otra, sobre el porvenir. Confundirlas sería un error. Separarlas del todo, también. Porque no habrá futuro compartido si seguimos usando el pasado como garrote, pero tampoco habrá reconciliación verdadera si no somos capaces de ofrecer a la sociedad un horizonte común hacia donde caminar.

Corresponsabilidad quiere decir responsabilidad compartida. Significa que el Estado no puede lavarse las manos, pero la sociedad tampoco puede limitarse a reclamar sin asumir deberes. El Gobierno debe gobernar, pero la ciudadanía debe participar. Los empresarios deben invertir, pero también respetar reglas. Los trabajadores deben defender sus derechos, pero también cuidar la productividad. Las regiones deben exigir autonomía, pero también garantizar una gestión responsable. Las organizaciones sociales deben ser escuchadas, pero también rendir cuentas ante la sociedad. La corresponsabilidad no diluye responsabilidades; las ordena.

Y todo esto debe aterrizar en una visión de país. No basta curar heridas si seguimos produciendo desigualdad, informalidad, abuso, centralismo y desconfianza. Bolivia necesita libertades económicas para producir riqueza, emprender, comerciar, invertir y generar empleo; pero esas libertades deben moverse dentro de una regulación justa, clara y predecible. Mercado sin reglas se vuelve privilegio. Estado sin eficiencia se vuelve tranca. Justicia social sin producción se vuelve discurso. Producción sin inclusión se vuelve resentimiento.

La visión democrática que necesitamos debe combinar mercado dinámico, Estado capaz, regulación firme, reducción de desigualdades, protección social inteligente y autonomías efectivas. No autonomías de papel, sino gobiernos territoriales con recursos, competencias, planificación, transparencia y responsabilidad. No un Estado que quiera hacerlo todo, sino uno que haga bien lo que debe hacer, garantizar reglas, proteger derechos, prestar servicios, corregir abusos y abrir oportunidades.

La democracia se consolida con estabilidad, empleo digno, servicios que funcionen, instituciones creíbles, participación ciudadana y un pacto social que pueda verificarse en la vida cotidiana de la gente. Reconciliarnos no es volver al pasado. Es dejar de usarlo como arma. Es convertir la memoria en aprendizaje y la diversidad en fuerza. Es pasar del país que se bloquea a sí mismo al país que conversa, acuerda y cumple.

La pregunta, entonces, es simple y difícil, ¿queremos seguir administrando grietas o queremos construir una casa común? Porque Bolivia no se va a reconciliar sola, ni por decreto, ni por cansancio, ni por milagro. Tendremos que hacerlo nosotros, con palabra pública, con instituciones, con memoria, con responsabilidad y con la humilde grandeza de aceptar que nadie salva un país por su cuenta. Ni el Estado sin la sociedad. Ni la sociedad contra el Estado. Ni una región contra otra. Ni unos bolivianos contra otros.

La reconciliación empieza cuando nos atrevemos a escuchar. La corresponsabilidad empieza cuando dejamos de esperar que otros hagan la parte que también nos toca.

LA SEGUNDA VUELTA, una senda peligrosa hacia la ingobernabilidad

La segunda vuelta electoral suele presentarse como una conquista democrática indiscutible. Parece simple, limpia, casi pedagógica, si nadie gana con mayoría suficiente en la primera votación, que el pueblo decida entre los dos primeros. Así, se dice, el Presidente llega con más legitimidad, con una mayoría clara y con un mandato popular más fuerte. En teoría suena impecable. En la práctica, sobre todo en regímenes presidencialistas fragmentados como el boliviano, puede convertirse en una trampa institucional, elegante, pero trampa al fin.

El problema no está en que el pueblo vote dos veces. El problema está en que la segunda vuelta puede producir una mayoría presidencial que no corresponde a una mayoría política real. El Presidente gana con más del cincuenta por ciento de los votos en la segunda ronda, pero su partido o alianza sigue siendo, en el Parlamento, lo que fue en la primera, una fuerza parcial, incompleta, minoritaria o apenas primera entre varias minorías. La ciudadanía le entrega la banda presidencial, pero no necesariamente le entrega una mayoría legislativa, ni una coalición social, ni un bloque territorial, ni una comunidad política suficientemente cohesionada para gobernar.

Ese es el nudo de la cuestión. En Bolivia, la segunda vuelta no corrige la fragmentación política producida en la primera; más bien puede encubrirla bajo la ilusión de una victoria contundente. El caso de Rodrigo Paz Pereira es ilustrativo. El Partido Demócrata Cristiano llegó primero en la primera vuelta, pero con alrededor de un tercio de los votos válidos, y luego ganó la Presidencia en el balotaje frente a Jorge “Tuto” Quiroga. Sin embargo, esa victoria presidencial no vino acompañada de una mayoría parlamentaria propia. El propio Órgano Electoral informó que el PDC (enrealidad una coalición variopinta)) alcanzó 60 legisladores sobre un total de 166, es decir, la primera fuerza, sí, pero no una mayoría capaz de sostener por sí sola un gobierno estable.

La segunda vuelta le dio a Rodrigo Paz una legitimidad formal indiscutible, pero no le dio una arquitectura de gobernabilidad. Y en política, como en las casas antiguas de La Paz, una fachada bonita no impide que se caigan las paredes si los cimientos están mal puestos. Un Presidente puede ganar la segunda vuelta y, al mismo tiempo, quedar prisionero de una Asamblea donde necesita negociar cada ley, cada crédito, cada reforma y cada salida de emergencia. Si negocia tarde, negocia débil. Si negocia mal, se vuelve rehén. Si no negocia, se queda solo.

Antes, con todos sus defectos, el sistema boliviano obligaba a resolver ese problema antes de la posesión presidencial. Cuando ningún candidato alcanzaba mayoría absoluta, el Congreso elegía al Presidente entre los más votados; hasta la reforma de 1994, entre los tres primeros, y luego entre los dos primeros. Era un mecanismo híbrido, una mezcla imperfecta de presidencialismo y parlamentarismo. Se lo criticó con razón por abrir paso al cuoteo, a pactos poco transparentes y a negociaciones entre cúpulas. Pero tenía una virtud que hoy empieza a verse con nostalgia institucional, obligaba a construir una mayoría antes de gobernar.

No se trataba solamente de repartir ministerios, aunque también se repartían, porque la política, digámoslo sin escandalizarnos demasiado, siempre distribuye poder. Se trataba de asegurar que el Ejecutivo naciera con respaldo parlamentario suficiente, con compromisos previos, con responsabilidades compartidas y con una coalición que, al menos durante un tiempo, asumiera el costo de gobernar. Ese acuerdo previo podía ser criticable, incluso antipático; pero era visible, reconocible y operaba como soporte de gobernabilidad.

El ejemplo clásico es Jaime Paz Zamora. Llegó tercero en las elecciones de 1989 y, sin embargo, fue elegido Presidente por el Congreso gracias a un acuerdo parlamentario con ADN y CONDEPA. A muchos les pareció una pirueta inadmisible de la democracia pactada. Y, sin embargo, su gobierno terminó siendo, si no el mejor de la etapa democrática, probablemente uno de los más estables y con menor conflictividad relativa. No porque el país hubiera dejado de tener problemas, sino porque el gobierno había nacido de un pacto político previo, con actores que ya sabían qué ganaban, qué cedían y qué responsabilidad asumían.

La comparación con Rodrigo Paz Pereira resulta inevitable, casi cruel, aunque políticamente necesaria. El padre llegó tercero, pero gobernó con una coalición armada antes de asumir. El hijo ganó la segunda vuelta, pero quedó atrapado en una gobernabilidad posterior, incierta, tardía y vulnerable. Jaime Paz tuvo que aceptar desde el inicio la lógica del acuerdo. Rodrigo Paz, en cambio, pareció creer que la victoria de balotaje bastaba para ordenar el país. Y no bastaba.

La segunda vuelta, además, produce otro efecto delicado, muchas veces transforma el voto afirmativo en voto defensivo. La gente no vota necesariamente por quien gana, sino contra quien podría ganar. En el caso de Rodrigo Paz, una parte muy importante de su victoria no expresó una adhesión doctrinaria a su candidatura, ni una confianza plena en su programa, ni una entrega emocional al nuevo liderazgo. Expresó, más bien, el deseo mayoritario de impedir el retorno de una derecha percibida por amplios sectores populares, andinos, indígenas y de izquierda democrática, como excluyente, oligárquica o restauradora.

Ahí comienza la fragilidad. Cuando un Presidente llega al poder por un voto defensivo, debe cuidar con especial delicadeza a quienes lo apoyaron sin pertenecerle. Debe entender que no recibió un cheque en blanco, sino un mandato condicionado, “te votamos para evitar algo peor, pero no para que luego gobiernes con aquello que quisimos evitar”. Si después de ganar se aproxima demasiado al adversario derrotado, si organiza su gobernabilidad alrededor de quienes no fueron la base decisiva de su triunfo, si parece rodearse de las élites que buena parte de su electorado temía, el vínculo moral con ese voto defensivo se rompe con rapidez.

Eso es lo que hoy parece estar ocurriendo. La población andina, sectores populares, organizaciones sociales y parte del mundo que votó por Rodrigo Paz para cerrar el paso a Tuto Quiroga sienten que su confianza fue utilizada y luego abandonada. No todos protestan por la misma razón, ni todos buscan lo mismo, ni todo puede explicarse por conspiraciones. Hay intereses, por supuesto; hay actores que quieren aprovechar el río revuelto; hay cálculo, presión, resentimiento y también defensa de privilegios heredados del tiempo masista recién acabado. Pero reducir todo a una maniobra oscura del Chapare es una comodidad analítica peligrosa. Las protestas expresan también una crisis de representación, de escucha y de confianza.

La situación actual muestra esa mezcla explosiva, bloqueos, demandas salariales, escasez de combustibles, presión de sectores campesinos, mineros, maestros, vecinos de El Alto y organizaciones sindicales, además de pedidos abiertos de renuncia. Es evidente que las protestas han afectado alimentos, combustibles, suministros médicos y operaciones bancarias, mientras el Presidente enfrenta el desafío sin una mayoría legislativa sólida y con un partido insuficiente para anclar su administración. 

Aquí conviene ser justos. La ingobernabilidad no es solamente culpa del sistema electoral. Rodrigo Paz también es responsable de parte de su propia fragilidad. Después de la segunda vuelta, conociendo sus vulnerabilidades parlamentarias, sociales, territoriales e ideológicas, pudo haber construido una alianza estable, explícita y verificable. Pudo convocar a una coalición nacional con método, no con fotografía; con compromisos, no solo con saludos; con una narrativa de escucha, diálogo y reconciliación, como se le propuso reiteradamente desde un inicio. Pudo incorporar a la izquierda democrática, a sectores indígenas, a organizaciones sociales moderadas, a regiones distintas, a empresarios responsables y a fuerzas parlamentarias dispuestas a sostener un programa común.

Prefirió, sin embargo, un camino más estrecho. Desde fuera, su gobierno aparece demasiado organizado alrededor de allegados, técnicos jóvenes y amistades políticas. Un gobierno entre amigos puede ser cómodo para conversar, pero no necesariamente sirve para gobernar un país fracturado. Bolivia no es una sobremesa de confianza; es una sociedad compleja, herida, plebeya, regionalizada, desconfiada y políticamente intensa. Para gobernarla no alcanza con eficiencia administrativa. Hay que construir representación. Hay que nombrar al país. Hay que repartir lugares en la mesa antes de que los que quedaron fuera pateen la puerta.

Por eso la vieja elección congresal, con todos sus pecados, ofrecía una ventaja, ya que obligaba a reconocer que la Presidencia no es solamente el resultado de contar votos, sino la capacidad de articular poder. La segunda vuelta, en cambio, puede crear la ilusión de que el ganador ya resolvió el problema de la mayoría, cuando en realidad apenas lo trasladó para después. Y después, en política, suele ser demasiado tarde.

No propongo idealizar la democracia pactada. Tuvo límites, exclusiones, excesos y costos que el país conoce bien. Pero tampoco conviene abrazar ingenuamente la segunda vuelta como si fuera una varita mágica de legitimidad. En presidencialismos fragmentados, el balotaje puede producir presidentes con mayoría electoral instantánea y minoría gubernamental permanente. Puede fabricar triunfos amplios en la urna y soledades profundas en el poder. Puede darle al Ejecutivo una corona brillante y, al mismo tiempo, encerrarlo en una jaula que parece de oro.

La lección boliviana es clara, ninguna segunda vuelta sustituye a un pacto de gobernabilidad. Ninguna mayoría de balotaje reemplaza a una coalición política. Ningún triunfo defensivo autoriza a gobernar como si se hubiera recibido una adhesión incondicional. Y ningún Presidente puede sobrevivir mucho tiempo si confunde el rechazo al adversario con amor a si mismo.

Bolivia necesita revisar con serenidad su diseño institucional. Tal vez haya que pensar nuevamente en fórmulas que obliguen a construir acuerdos antes de asumir el mando, no después de que el país ya esté incendiado. Tal vez la elección congresal entre los dos o tres primeros, debidamente modernizada, transparentada y regulada, no haya sido una anomalía vergonzosa, sino una forma boliviana —imperfecta pero inteligente— de parlamentarizar parcialmente un presidencialismo que, dejado a su suerte, tiende a producir presidentes fuertes en el papel y débiles en la realidad.

Porque al final, gobernar no consiste solo en ganar. Consiste en poder conducir. Y para conducir Bolivia no basta tener más votos que los otros en una segunda vuelta. Hace falta una mayoría política, una coalición social, una narrativa integradora y una mesa donde estén sentados también quienes dudan, discrepan o desconfían. Sin eso, la segunda vuelta puede terminar siendo apenas una ceremonia de entusiasmo breve, seguida por una larga pedagogía de ingobernabilidad.

CONTRA RUTA

Al comienzo, cuando se dijo que terminado el tiempo del MAS vendría el momento –histórico de verdad– para la escucha, el diálogo y la reconciliación nacional y social, el Gobierno de Rodrigo Paz argumentó que eso sería después; que lo verdaderamente  urgente para empezar era "ordenar la casa", y que ordenar la casa quería decir economía, subvenciones, empresas deficitarias, déficit fiscal, dólares y combustibles. Eso dijeron, como si la política pudiera esperar frente a la puerta, mientras se acomodan los números en una tablet.

Y ahora, cuando el momento apremia para poner orden de verdad, no solo en la economía y la gobernabilidad, sino también en las calles, sale nuestro Presidente llamando a la reconciliación; organiza una reunión con aquellos que no votaron por él en las elecciones, se fotografía con Tuto, J.P. y Camacho, y nos presenta ese gesto como un “Acuerdo Nacional”. La reconciliación no es un junte cuando el país se desordena, ni bautizar como Acuerdo una fotografía con quienes son una arista ante la complicada diversidad social boliviana.

Entre paréntesis: (y no creo que lo apoyen de verdad. Uno de ellos debe estar esperando que el gobierno de Rodrigo se caiga, se haga pedazos, y que Lara sea el Presidente, para llamar a elecciones, si es posible este mismo año, porque sabe que podría ser, ahora sí, su última oportunidad).

¿Y el otro lado? ¿Las y los que no estaban invitados, o quienes vieron por conveniente no asistir? Ahí está el soberano problema; quienes faltaron son los que votaron por Rodrigo, los que le dieron la victoria, pensando que eso podía parar el retorno de las oligarquías y la restauración de un régimen que los mantuvo excluidos hasta la llegada del pedófilo Morales. Deben sentirse traicionados; deben tener un empute en las entrañas difícil de sanar. Por eso las protestas y bloqueos no son solo fruto de un núcleo conspirador que planifica y organiza todo desde algún oscuro lugar en el Chapare, también nacen íntimamente embroncados y a los gritos, desde la autonomía relativa de cada movimiento social, cada agrupación, cada sindicato.

¿Qué no quieren perder los privilegios que tenían con el MAS? ¡Claro que no quieren! ¿Quién quiere perder sus privilegios en esta vida? Por eso la Reconciliación Nacional y Social era con los unos y los otros, para los unos y para los otros, para cada quien un pedacito y su lugar. Había un plan, había un método, estaba propuesto un camino a caminar... si de eso se trata la política al final de los finales; es saber repartir la torta entre todas y todos los comensales.

Pero bueno, quienes lo apoyamos (y lo seguimos apoyando) repetimos una y otra vez que se trata de un gobierno con profesionales jóvenes y buenos técnicos, aguerridos muchachos que legítimamente quieren hacer historia, aunque no tengan mucha experiencia, y de política no sepan gran cosa. Eso no consuela –dijimos los viejos–, pero ayuda a entender el por qué es que ellos no entienden. No entienden que la economía sin política se vuelve contabilidad del incendio; que el orden sin escucha termina siendo apenas administración del miedo; y que la reconciliación, cuando llega tarde y mal acompañada, deja de ser un horizonte nacional para convertirse en una coartada.

Ha llegado, entonces, el momento en que el Gobierno decida con quién va y hacia dónde. Ya no se puede seguir navegando entre dos aguas, esperando que todos los vientos soplen a favor mientras no se anuncia puerto alguno. Séneca lo dijo mejor que nadie: “A marinero que no sabe cuál es su puerto de destino, ningún viento le es favorable”. Definir y presentar un camino claro, definitivo y políticamente honesto no es ya una opción retórica, sino una necesidad vital para el inmediato futuro, para la solidez del propio Gobierno y para que pueda actuar consecuentemente y fiel a su discurso.

El problema es que nos hemos pasado ya como tres leguas del punto de no retorno.

LA TIERRA INEMBARGABLE

La tierra campesina fue protegida contra la venta y el embargo porque la historia ya había demostrado que, cuando la pequeña propiedad rural queda sometida sin protección al mercado, a la deuda y a la presión de los grandes propietarios, tiende a reconcentrarse. El resultado conocido fue expulsión campesina, migración empobrecida, crecimiento de mano de obra barata en las ciudades y reconstrucción de latifundios muchas veces improductivos. La inembargabilidad fue, por tanto, una barrera jurídica contra el retorno del latifundio.

Las restricciones a la venta y al embargo de la tierra campesina no nacieron de una fantasía ideológica, sino de una experiencia histórica verificable. En Inglaterra, entre 1604 y 1914, más de 5.200 leyes de cercamiento privatizaron unas 6,8 millones de acres, afectando más de una quinta parte del territorio inglés; al mismo tiempo, Inglaterra y Gales pasaron de 8,89 millones de habitantes en 1801 a 32,53 millones en 1901, mientras Gran Bretaña se convertía, hacia 1851, en la primera sociedad mayoritariamente urbana. Esa transformación alimentó la industrialización, pero también produjo desplazamiento campesino, proletarización y concentración de la propiedad rural.

En América Latina, el problema era todavía más agudo, en los años sesenta, cerca del 5% de las unidades agropecuarias latifundistas controlaba aproximadamente el 80% de la tierra, mientras el 80% de las unidades minifundistas disponía apenas del 5%. Por eso las reformas agrarias buscaron impedir que la tierra redistribuida volviera rápidamente al mercado, al embargo, a la usura o a la reconcentración latifundista.

México fue el gran modelo. Entre 1911 y 1992 distribuyó más de 100 millones de hectáreas y creó cerca de 30.000 ejidos y comunidades. Esa es la razón por la que la legislación mexicana protegió las tierras ejidales de uso común como inalienables, imprescriptibles e inembargables. En Bolivia, la lógica fue semejante, antes de la Reforma Agraria de 1953, el 4,5% de los hacendados concentraba el 70% de la propiedad agraria, y buena parte de esas tierras estaba subutilizada. La inembargabilidad y la indivisibilidad de la pequeña propiedad campesina buscaban, precisamente, que la reforma agraria no se destruyera a sí misma unas generaciones después.

No sostengo, con este argumento, que deba prohibirse toda posibilidad de vender pequeñas parcelas campesinas, menos aún cuando esa decisión es voluntaria, libre y tomada por sus propios titulares. Sería absurdo negar que una familia campesina pueda necesitar vender, asociarse, migrar o reorganizar su patrimonio según sus circunstancias. Lo que sí quiero advertir es otra cosa, la historia demuestra que, aun cuando esas ventas comienzan como decisiones individuales y voluntarias, el resultado acumulado suele ser la concentración de la tierra en pocas manos. La suma de muchas ventas pequeñas, impulsadas por necesidad económica, endeudamiento, falta de asistencia técnica o presión del mercado, termina reconstruyendo grandes propiedades y, en muchos casos, nuevos latifundios.

Por eso, el problema no está en juzgar moralmente al campesino que vende, sino en entender el efecto estructural del proceso. Cada venta puede ser legítima en sí misma; pero miles de ventas dispersas, en un mercado desigual, producen casi inevitablemente reconcentración de tierras. Esa es precisamente la razón histórica por la que las reformas agrarias establecieron límites, protecciones e inembargabilidad, no para castigar la libertad individual, sino para impedir que la tierra redistribuida por razones de justicia social volviera, lentamente y por la vía del mercado, a manos de quienes tienen más capital, más información y más poder de compra.

Dicho en pocas palabras, no se trata de estar contra la voluntad de los pequeños propietarios, sino de ser conscientes de que, sin mecanismos de protección, la libre venta de pequeñas parcelas tiende a producir un resultado conocido: menos campesinos con tierra, más concentración de propiedad y el retorno de grandes latifundios, muchas veces improductivos. Esa consecuencia no debe sorprendernos después; hay que verla desde ahora.

UN ACUERDO NACIONAL SE CONSTRUYE

En mi corto entender, y desde esa limitada experiencia personal que uno va acumulando más por vivir la vida que por haberla leído, conozco dos procesos de convergencia política que pueden llamarse, con propiedad, acuerdos o pactos nacionales, porque ambos tuvieron consecuencias históricas importantes, trascendentes y, en términos generales, positivas; los Pactos de la Moncloa, en España, bajo la presidencia de Adolfo Suárez, en 1977, y los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz, en Bolivia, bajo la presidencia de Jaime Paz Zamora, suscritos en julio de 1992.

Los Pactos de la Moncloa reunieron al Gobierno español y a los principales partidos con representación parlamentaria de entonces, junto a los sindicatos más representativos, además de las organizaciones empresariales agrupadas en la Patronal Española. No todos fueron firmantes formales en el sentido jurídico, pero todos formaron parte del clima político, social y económico que hizo posible aquella concertación. Lo notable fue que sus actores comprendieron que nadie podía ganar solo. Ni el Gobierno podía imponer la transición desde arriba, ni la oposición podía exigirlo todo desde la calle, ni los sindicatos podían sostener una lógica puramente reivindicativa, ni los empresarios podían encerrarse en la nostalgia del viejo orden y sus privilegios. Cada quien tuvo que ceder algo para ganar algo mayor.

Otros procesos de escucha, diálogo y reconciliación nacional se han vivido, con menos éxito, aunque igual son importantes y constituyen buenos ejemplos de como se hicieron la cosas hasta alcanzar resultados relevantes: Sudáfrica, Irlanda del Norte; Chile después d la dictadura o el proceso de paz en Colombia en nuestro subcontinente.

En Bolivia, los Acuerdos Mariscal Andrés de Santa Cruz cumplieron, a su manera una función parecida. Fueron suscritos por los jefes de los partidos con representación parlamentaria y tuvieron como propósito modernizar el andamiaje institucional del Estado y comprometer varias reformas que trascendieran a un solo gobierno. Esas reformas sentaron las bases de los cambios que luego impulsaría el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y que desembocaron en la reforma constitucional de 1994. Después vendrían otras tensiones, otros errores, otros excesos y también otras frustraciones, pero sería injusto negar que ese ciclo tuvo una voluntad institucionalizadora importante.

¿Qué tuvieron en común esos dos procesos? No la perfección, porque ningún pacto histórico es perfecto; tampoco la pureza ideológica de sus participantes, porque la política no se hace con ángeles, sino con actores de carne y hueso, sus intereses, temores, ambiciones y límites. Lo que tuvieron en común fue algo más importante, preparación, método y una narrativa con sentido de futuro. Ambos acuerdos fueron trabajados con anticipación; los participantes tuvieron tiempo para consultar, discutir, resistir, negociar, entrar en conflicto y resolver parcialmente sus diferencias. Ninguno llegó a una mesa sin saber qué se esperaba de él. Detrás de esos procesos existía una narrativa política: una explicación del momento histórico, una lectura de la crisis, una propuesta de país y una distribución de roles. Cada actor sabía por qué estaba sentado allí y qué podía ganar, no solo para sí mismo, sino para la parte del país que decía representar.

La convocatoria del actual gobierno, encabezado por Rodrigo Paz Pereira, pareció no conocer los éxitos de Jaime Paz Zamora en materia de concertación y acuerdos. El actual “Acuerdo Nacional” que Paz Pereira propone, terminó confirmando, lamentablemente, los límites de una iniciativa amplia en número, pero débil en representación, método y sentido político.

El Gobierno presentó el encuentro como un espacio para “sentar las bases de un acuerdo nacional para la estabilidad” y reunir a autoridades, líderes políticos, sectores sociales, empresarios y representantes institucionales. Se habló de 592 invitaciones, entre gobernadores, alcaldes, parlamentarios, jefes políticos, iglesias y sectores productivos. Pero la cantidad de invitados no garantiza, por sí sola, la calidad política de un pacto. Una mesa numerosa puede ser muy vistosa y, al mismo tiempo, insuficiente para representar de verdad la complejidad del país.

Las ausencias fueron demasiado importantes como para tratarlas como un detalle menor. Samuel Doria Medina no asistió y calificó el encuentro como un camino inadecuado, incluso como un acto “para la foto”. También se reportó la ausencia de la gobernadora de Tarija, María René Soruco, y de Andrónico Rodríguez, mientras que otros actores relevantes asistieron con advertencias explícitas sobre el carácter más simbólico que resolutivo de la reunión. Esa combinación de ausencias, reservas y presencias escépticas debilitó desde el inicio la pretensión de presentar el evento como una verdadera convergencia nacional.

El problema principal es que Bolivia no estuvo plenamente representada. Estuvo una parte de Bolivia, pero no Bolivia entera. Y, más aún, predominó una parte del país que, en buena medida, no votó por Rodrigo Paz Pereira (ese dato es terrible), la derecha, en sus distintas versiones, desde la democrática hasta la más dura. Asistieron actores políticos, regionales, empresariales y sectoriales importantes, sin duda; pero eso no equivale a una presencia equilibrada del conjunto nacional. Tuto Quiroga y la bancada de Libre, por ejemplo, se hizo presente, mientras que algunos de sus propios voceros advirtieron que el encuentro corría el rieasgo de convertirse en propaganda o en una simple fotografía de respaldo al Gobierno; y parece que con ello logró su objetivo.

Hay, además, un dato político que no debería pasar inadvertido, la convergencia entre Rodrigo Paz Pereira y Jorge “Tuto” Quiroga Ramírez puede leerse como un cierre de un ciclo dentro del propio gobierno, una señal de que la administración ha optado por un camino que la desplaza hacia la derecha, con todas las consecuencias políticas, sociales y económicas que ello supone. El problema no es dialogar con la derecha, porque en democracia se debe conversar entre todos y todas; el problema es entregar el rumbo del país a esa convergencia. Rodrigo Paz llegó a la Presidencia con un voto más amplio, heterogéneo y, en buena medida, proveniente del centro y y la izquierda, de sectores que no querían un retorno puro y duro de la derecha tradicional; por eso, esta definición puede ser percibida por una parte de su electorado como una forma de abandono, cuando no de traición política. Y, al mismo tiempo, lo deja cada vez más condicionado por los intereses de la derecha organizada, del agronegocio y de los poderes fácticos, incluidos esos espacios informales de influencia que en Bolivia todos conocen, aunque pocas veces las logias cruceñas se nombren con claridad.

La parte progresista y la izquierda democrática, los movimientos sociales, los sindicatos, en cambio, no estuvieron presentes de manera significativa. Y quienes asistieron desde esos espacios, parecieron hacerlo más porque no les quedaba otra, o por educación, gentileza institucional o sentido de responsabilidad, sin por una convicción real en la eficacia del encuentro. El escepticismo fue más visible que el entusiasmo. Esa es una señal política delicada, un Acuerdo Nacional no puede nacer con media Bolivia sentada en la mesa y la otra media mirando desde lejos, con desconfianza o abierta disidencia.

A ello se suma otro problema de fondo, no quedó claro cuál era la arquitectura del acuerdo. El Gobierno habló de estabilidad, reformas, institucionalidad, economía, pacto fiscal, redistribución de recursos, crisis energética, seguridad jurídica y agenda 50-50. Son temas importantes, incluso urgentes. Pero una lista de temas no es una visión de país. Un pacto necesita una narrativa ordenadora, qué crisis se quiere resolver, qué futuro se propone, qué sacrificios se piden, qué compromisos asume cada actor y qué mecanismos harán verificable el cumplimiento de lo acordado.

Lo ocurrido mostró, más bien, una dificultad previsible: reunir a centenares de personas, cada una con su agenda, su territorio, su sector y sus demandas, hace muy difícil construir un acuerdo real. El propio alcalde anfitrión en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, había advertido que con 400 o 500 asistentes (yo añado en apenas ocho horas de trabajo) sería complicado abordar todos los temas y llegar a consensos, porque cada región y cada sector llevaría sus propios intereses. Eso fue precisamente lo que terminó pesando sobre la reunión; demasiadas voces, poco método y escasa capacidad para ordenar prioridades.

Las intervenciones fueron breves, limitadas y dispersas. En pocas horas se escucharon más quejas que soluciones, más diagnósticos de la crisis que rutas concretas para enfrentarla, más demandas sectoriales o regionales que compromisos nacionales. En lugar de construir una base común para un pacto, el encuentro pareció reunir una suma de malestares. Hubo pedidos, reclamos, advertencias, preocupaciones legítimas y demandas específicas; pero no apareció con claridad una voluntad común capaz de convertir todo eso en una hoja de ruta compartida.

Por eso, el resultado se parece más a una lista de buenas intenciones que a un verdadero pacto político. Incluso podría terminar pareciéndose a otro pliego petitorio, semejante al de la Central Obrera Boliviana, solo que formulado por otros actores, con otro lenguaje y desde otros intereses. Pero un pliego de demandas no es un Acuerdo Nacional.

No se trata de negar el valor del gesto. Que un Presidente convoque a dialogar siempre es mejor que encerrar al país en el monólogo del poder. Tampoco se trata de desconocer la legitimidad de Rodrigo Paz Pereira, ni la necesidad urgente de que Bolivia encuentre acuerdos mínimos para enfrentar su crisis económica, institucional, energética y social. El problema es otro, una convocatoria no reemplaza al trabajo político previo; una reunión masiva no sustituye a la construcción paciente de confianza; y una fotografía amplia no produce, por sí sola, gobernabilidad.

Los grandes pactos nacionales no se improvisan. Se preparan. Se conversan antes. Se negocian con anticipación. Se ordenan con método. Se sostienen con una narrativa. Los participantes deben saber para qué están sentados, qué se espera de ellos, qué pueden aportar, qué deben ceder y qué responsabilidades asumen. Aquí, en cambio, pareció faltar una explicación clara del lugar que cada sector ocuparía en el acuerdo y del rol que debía cumplir para sostenerlo. Bolivia necesita acuerdos serios, no ceremonias de aproximación; necesita diálogo, pero también método; necesita representación, pero también legitimidad; necesita escuchar demandas, pero sobre todo convertirlas en compromisos responsables. Y necesita una visión de país que convoque no solo a quienes ya están cerca del Gobierno, sino también a quienes dudan, discrepan, desconfían o piensan distinto.

Un Acuerdo Nacional no consiste en sentar a muchos alrededor de una mesa. Consiste en lograr que, al levantarse de ella, todos sepan que han asumido una responsabilidad compartida. Eso, por ahora, no ocurrió.